Sergio Aguayo Quezada
4 Mar. 09 reforma.com
Ante lo inevitable de la escandalera, saquémosle algún beneficio. ¿Qué lecciones deja el fallido intento de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) de elevar sus ingresos al Olimpo presupuestario?
Sinopsis de los hechos. Excepción hecha de Alfredo Figueroa, los otros consejeros del IFE se erigieron en campeones de la legalidad e indiferentes, al pensar de las mayorías, decidieron llevar sus ingresos a los generosos niveles que tienen los ministros de la Suprema Corte. El rechazo fue tan generalizado que a las pocas horas decidieron, por unanimidad y en buena hora, dar marcha atrás.
Primera lección. La decisión del IFE confirma la frecuencia con la cual nuestra élite política confunde la "jerarquía" con la "autoridad". Cuando alguien ocupa un cargo espera recibir, siempre y en todo momento, el respeto de la ciudadanía. No entienden que, en una democracia, la "autoridad" se concede a quien utiliza con sensibilidad el cargo. El consejero Virgilio Andrade hizo explícitamente esta distinción cuando explicó, en entrevista para Francisco Zea de Grupo Imagen, que el consejo rectificó porque el IFE "vive de su credibilidad y del contacto con la ciudadanía" y que, cuando se pusieron en el "papel del ciudadano", se dieron cuenta de lo errado que era el incremento salarial.
Segunda lección. Es también frecuente la confusión entre "legalidad" y "justicia". Obsérvese con cuidado el siguiente diálogo entre un consejero del IFE y un periodista.
Periodista Alonso Urrutia de La Jornada (26 de febrero del 2009): -"¿Es un buen momento para el aumento salarial, en medio de una crisis económica?".
-Consejero Marco Antonio Gómez Alcántar: -"Sí, con la ley siempre es un buen momento para cumplirla".
Periodista: -"Hace muchos años que no se cumplía esta disposición".
Consejero: -"Pero ya se está cumpliendo. Cumplir con la ley y la Constitución es siempre un deber".
Gómez Alcántar se atrincheró en la legalidad sin darse cuenta que ésta depende de la percepción de justicia que tiene una sociedad. En el México de antaño eran legales y justos los sacrificios humanos, que ahora son inaceptables. Y en momentos como los actuales se adelgaza la tolerancia frente a los salarios excesivos o los derroches, aun cuando éstos sean legales.
Tercera y última lección. Cuando discutían en el consejo si subirse o no el ingreso, ¿por qué sólo uno de ellos, Alfredo Figueroa, se opuso abiertamente? Parte de la respuesta está en el origen de Figueroa, quien construyó buena parte de su carrera pública en organismos civiles; estuvo entre los fundadores de Alianza Cívica en Puebla, y cuando decidió competir por el cargo de consejero que ahora ocupa una de sus principales bases de apoyo fueron organismos y personas de esa corriente agrupadas, por ejemplo, en el Comité Conciudadano que encabeza Clara Jusidman. Cuando rechazó el aumento lo hizo porque sabía lo que su "base social" esperaba de él, porque sabe que no es lo mismo "jerarquía" y "autoridad", "legalidad" y "justicia".
El problema que enfrenta el país es mayúsculo porque, salvo excepciones como las de Figueroa y algunos otros entre los que destaca el gobierno del Distrito Federal, la mayor parte de nuestros políticos y gobernantes consideran legítimo percibir ingresos altos, y derrochar sus presupuestos en gastos superfluos. Ningún partido en el gobierno está libre de la insensibilidad y el dispendio.
Tomemos las inserciones pagadas en los medios, esa forma tan mexicana en que los gobernantes se "comunican" con la sociedad. Chiapas tiene como gobernador a Juan Sabines, quien triunfó en las elecciones con las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD); el jueves 26 de febrero su gobierno contrató una media plana en La Jornada para difundir una foto suya con un texto, insulso y plano, en el cual se explica a los lectores de ese diario la alianza de su gobierno con unos colombianos para instalar en Chiapas una planta de biocombustibles. Ese mismo día, el alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, gastó una parte de su presupuesto de comunicación para publicar en Reforma una foto suya junto a la tenista Venus Williams y "El Güero" Burillo Azcárraga. Revisé las fotos y los textos, observé con detenimiento a Sabines de frente con las manos cruzadas y a Añorve de perfil y viendo al cielo, y no encontré, por ningún lado, algún beneficio para chiapanecos o guerrerenses.
Al grueso de nuestra clase política se le descompuso la brújula de lo que es el interés general. No acaban de entender cuánto ofenden sus excesos, y con cuánta ansia esperamos de ellos eficiencia en resultados y sapiencia en el uso de los presupuestos. Urge que quienes llegan a esos cargos entiendan las diferencias entre "jerarquía" y "autoridad", entre "legalidad" y "justicia". Sobre todo ahora que la carestía, el desempleo y la inseguridad sepultan cualquier asomo de optimismo.
Una forma concreta de demostrarlo sería que el Legislativo aprobara, ya, la ley de salarios máximos; si la tuviéramos se evitaría que los funcionarios recibieran un ingreso superior al del jefe del Estado, y lograríamos que cualquier excepción fuera aprobada por el Congreso. Otra manera de probar su compromiso es que el Congreso apruebe, con carácter de urgente, la propuesta del PRD de reducir en un 15 por ciento los salarios de todos los altos funcionarios. No es lo mismo enfrentar la tempestad desde el búnker del presupuesto, que hacerlo a cielo abierto...
La Miscelánea
El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, también llegó enarbolando el estandarte del PRD. Como el costo en vidas pagado por ese partido ha sido tan alto, uno esperaría de sus gobernantes una mayor prestancia en el combate de agravios como la ejecución de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que trabaja muy cerca de Tlachinollan, un entrañable organismo guerrerense de derechos humanos. Pues bien, cuando le preguntaron a Torreblanca qué pensaba hacer respondió con un honesto: "se me ocurre proponer" la creación de una "Fiscalía Especial" lo cual, ya lo sabemos, es una forma clásica de evadir el problema. Ahora que el PRD anda postulando candidatos, debía asegurarse que en lugar de ocurrencias como las de Zeferino Torreblanca tuvieran posiciones claras sobre qué hacer ante los frecuentes asesinatos y hostigamientos de los defensores de derechos humanos.
Correo electrónico: saguayo@colmex.mx
kikka-roja.blogspot.com/
Sinopsis de los hechos. Excepción hecha de Alfredo Figueroa, los otros consejeros del IFE se erigieron en campeones de la legalidad e indiferentes, al pensar de las mayorías, decidieron llevar sus ingresos a los generosos niveles que tienen los ministros de la Suprema Corte. El rechazo fue tan generalizado que a las pocas horas decidieron, por unanimidad y en buena hora, dar marcha atrás.
Primera lección. La decisión del IFE confirma la frecuencia con la cual nuestra élite política confunde la "jerarquía" con la "autoridad". Cuando alguien ocupa un cargo espera recibir, siempre y en todo momento, el respeto de la ciudadanía. No entienden que, en una democracia, la "autoridad" se concede a quien utiliza con sensibilidad el cargo. El consejero Virgilio Andrade hizo explícitamente esta distinción cuando explicó, en entrevista para Francisco Zea de Grupo Imagen, que el consejo rectificó porque el IFE "vive de su credibilidad y del contacto con la ciudadanía" y que, cuando se pusieron en el "papel del ciudadano", se dieron cuenta de lo errado que era el incremento salarial.
Segunda lección. Es también frecuente la confusión entre "legalidad" y "justicia". Obsérvese con cuidado el siguiente diálogo entre un consejero del IFE y un periodista.
Periodista Alonso Urrutia de La Jornada (26 de febrero del 2009): -"¿Es un buen momento para el aumento salarial, en medio de una crisis económica?".
-Consejero Marco Antonio Gómez Alcántar: -"Sí, con la ley siempre es un buen momento para cumplirla".
Periodista: -"Hace muchos años que no se cumplía esta disposición".
Consejero: -"Pero ya se está cumpliendo. Cumplir con la ley y la Constitución es siempre un deber".
Gómez Alcántar se atrincheró en la legalidad sin darse cuenta que ésta depende de la percepción de justicia que tiene una sociedad. En el México de antaño eran legales y justos los sacrificios humanos, que ahora son inaceptables. Y en momentos como los actuales se adelgaza la tolerancia frente a los salarios excesivos o los derroches, aun cuando éstos sean legales.
Tercera y última lección. Cuando discutían en el consejo si subirse o no el ingreso, ¿por qué sólo uno de ellos, Alfredo Figueroa, se opuso abiertamente? Parte de la respuesta está en el origen de Figueroa, quien construyó buena parte de su carrera pública en organismos civiles; estuvo entre los fundadores de Alianza Cívica en Puebla, y cuando decidió competir por el cargo de consejero que ahora ocupa una de sus principales bases de apoyo fueron organismos y personas de esa corriente agrupadas, por ejemplo, en el Comité Conciudadano que encabeza Clara Jusidman. Cuando rechazó el aumento lo hizo porque sabía lo que su "base social" esperaba de él, porque sabe que no es lo mismo "jerarquía" y "autoridad", "legalidad" y "justicia".
El problema que enfrenta el país es mayúsculo porque, salvo excepciones como las de Figueroa y algunos otros entre los que destaca el gobierno del Distrito Federal, la mayor parte de nuestros políticos y gobernantes consideran legítimo percibir ingresos altos, y derrochar sus presupuestos en gastos superfluos. Ningún partido en el gobierno está libre de la insensibilidad y el dispendio.
Tomemos las inserciones pagadas en los medios, esa forma tan mexicana en que los gobernantes se "comunican" con la sociedad. Chiapas tiene como gobernador a Juan Sabines, quien triunfó en las elecciones con las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD); el jueves 26 de febrero su gobierno contrató una media plana en La Jornada para difundir una foto suya con un texto, insulso y plano, en el cual se explica a los lectores de ese diario la alianza de su gobierno con unos colombianos para instalar en Chiapas una planta de biocombustibles. Ese mismo día, el alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, gastó una parte de su presupuesto de comunicación para publicar en Reforma una foto suya junto a la tenista Venus Williams y "El Güero" Burillo Azcárraga. Revisé las fotos y los textos, observé con detenimiento a Sabines de frente con las manos cruzadas y a Añorve de perfil y viendo al cielo, y no encontré, por ningún lado, algún beneficio para chiapanecos o guerrerenses.
Al grueso de nuestra clase política se le descompuso la brújula de lo que es el interés general. No acaban de entender cuánto ofenden sus excesos, y con cuánta ansia esperamos de ellos eficiencia en resultados y sapiencia en el uso de los presupuestos. Urge que quienes llegan a esos cargos entiendan las diferencias entre "jerarquía" y "autoridad", entre "legalidad" y "justicia". Sobre todo ahora que la carestía, el desempleo y la inseguridad sepultan cualquier asomo de optimismo.
Una forma concreta de demostrarlo sería que el Legislativo aprobara, ya, la ley de salarios máximos; si la tuviéramos se evitaría que los funcionarios recibieran un ingreso superior al del jefe del Estado, y lograríamos que cualquier excepción fuera aprobada por el Congreso. Otra manera de probar su compromiso es que el Congreso apruebe, con carácter de urgente, la propuesta del PRD de reducir en un 15 por ciento los salarios de todos los altos funcionarios. No es lo mismo enfrentar la tempestad desde el búnker del presupuesto, que hacerlo a cielo abierto...
La Miscelánea
El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, también llegó enarbolando el estandarte del PRD. Como el costo en vidas pagado por ese partido ha sido tan alto, uno esperaría de sus gobernantes una mayor prestancia en el combate de agravios como la ejecución de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que trabaja muy cerca de Tlachinollan, un entrañable organismo guerrerense de derechos humanos. Pues bien, cuando le preguntaron a Torreblanca qué pensaba hacer respondió con un honesto: "se me ocurre proponer" la creación de una "Fiscalía Especial" lo cual, ya lo sabemos, es una forma clásica de evadir el problema. Ahora que el PRD anda postulando candidatos, debía asegurarse que en lugar de ocurrencias como las de Zeferino Torreblanca tuvieran posiciones claras sobre qué hacer ante los frecuentes asesinatos y hostigamientos de los defensores de derechos humanos.
Correo electrónico: saguayo@colmex.mx
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