Raymundo Riva Palacio
El mensaje de Obama
Viernes, 27 de Marzo de 2009
Detrás de la fanfarria, las sonrisas y todos los discursos de comprensión mutua, Hillary Clinton, la flamboyante secretaria de Estado, entregó un mensaje claro del presidente Barack Obama al presidente Felipe Calderón: queremos que redoble el combate a la corrupción dentro de su gobierno y en el Poder Judicial. Mucho podrán hacer ambos gobiernos en el combate, mediante la fuerza, de los cárteles de la droga, pero poco se alcanzará si el dinero de los barones del narcotráfico es más poderoso que la convicción de los funcionarios y el compromiso político para erradicarlos. Calderón tendrá que hacer algo, y rápido, si no quiere perder el momento de la relación bilateral y el apoyo público del nuevo gobierno estadounidense.
Pero no la tiene fácil. Mucha información que circula dentro de las diversas áreas del gobierno federal sobre corrupción en los niveles de gobierno, no puede ser utilizada porque las leyes no permiten que los métodos mediante los cuales se obtuvo la misma, sin importar que pueda ser altamente incriminatoria, tenga validez jurídica. Por estas razones, para citar un ejemplo actual, las autoridades no pueden proceder contra un alto funcionario que, de acuerdo con información en poder de la inteligencia militar, está involucrado con uno de los cárteles de la droga. Cualquier acción en su contra podría echar a perder la investigación que se le sigue hace meses.
Por las mismas deficiencias de la ley, hay comandantes de la policía federal que están detenidos, cuyos procesos no pueden avanzar porque las pruebas que se tienen en su contra no pueden ser consideradas por un juez como concluyentes para proceder en su contra. Igual sucedió con los funcionarios de la PGR que alertaron al propio Beltrán Leyva durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando salió una unidad para arrestarlo en su casa de seguridad al sur de la ciudad de México. Cuando los agentes de élite llegaron a esa residencia, encontraron todavía sobre la mesa los platos con comida caliente, dejados en la rápida huida por el capo y sus escoltas.
Hay un problema de insuficiencia de leyes que tiene que resolverse para poder utilizar la información incriminatoria obtenida por medio de los recursos tecnológicos con que cuentan los cuerpos de seguridad. Es un problema compartido entre el gobierno y el Congreso, donde están trabados ambos poderes por cuestiones que no son menores. El Congreso no quiere dar carta blanca al gobierno para actuar en todo lo que necesita ante el riesgo de que cometan excesos que afecten a personas inocentes. El gobierno tampoco ha podido presentar iniciativas que satisfagan las inquietudes legislativas sobre posibles violaciones a las garantías individuales. Los dos poderes tienen parte de razón, y existe el espacio para que puedan avanzar hacia leyes consensuadas que dejen tranquilos a ambas partes y al mismo tiempo legalicen, para efectos de procesos judiciales, métodos y tecnologías que usan los cuerpos de seguridad contra el crimen organizado.
Hay otras exigencias de Washington que no se resuelven con leyes, sino con voluntad política. Se trata de funcionarios sobre quienes pesan más que sospechas de nexos con el narcotráfico. Hay un ex alto funcionario de la PGR que quiere ser candidato a diputado por el PAN, que se encuentra en esa tesitura. Informes de inteligencia de México y Estados Unidos, lo acusan de proteger a dos cárteles. Uno es el del Golfo, en particular de su brazo armado de Los Zetas, a los cuales, de acuerdo con esa documentación, encubrió durante el foxismo. Otro es el del Cártel de Sinaloa, donde según los informes, fue pieza clave para evitar que meses después de que escapara Joaquín "El Chapo" Guzmán de una cárcel de máxima seguridad, lo detuvieran los agentes federales que lo habían ubicado. Cuando le pidieron la autorización para arrestarlo, demoró la operación más de 24 horas, tiempo suficiente para que escapara el todavía prófugo.
Los casos de esa naturaleza abundan. Un ex funcionario que también quiere ser diputado, pero por el PRI, tiene sobre su espalda informes de inteligencia que lo vinculan a él y a familiares cercanos con el Cártel de Sinaloa, como protector de sus líderes en operaciones directamente relacionadas con tráfico de metanfetaminas. Hay familiares de un gobernador y un ex gobernador, sobre los cuales existe la presunción de que están vinculados a los cárteles de la droga, tanto en protección política como en lavado de dinero. Hay otro más de un conocido presidente municipal, que tiene tras de sí una red de relaciones con el Cártel de Juárez, y otro sobre un alto jefe de policía estatal en funciones, que pese a que existe sobre él un voluminoso informe sobre su protección a cárteles de la droga y venta de plazas en el sexenio anterior, hoy ocupa esas mismas funciones en una de las ciudades más violentas del país.
Leyes y voluntad política es lo que se requiere. Las leyes puede ser lo menos difícil para el presidente Calderón, porque hay espacio para el compromiso con el legislativo. Falta voluntad política. Es cierto que ha demostrado un alto grado de voluntad política durante la primera parte de gobierno, pero no basta. El Presidente deberá tocar fuerte el tejido del sistema político, a sabiendas que ello generará muchas tensiones, con su partido y con los de la oposición. Pero no tiene opción alguna. La gangrena del narcotráfico la trae el sistema corriendo por el cuerpo. Aunque muy doloroso, hay que cortarse la pierna. De otra manera, avanzará hasta acabar con todo el cuerpo.
Pero no la tiene fácil. Mucha información que circula dentro de las diversas áreas del gobierno federal sobre corrupción en los niveles de gobierno, no puede ser utilizada porque las leyes no permiten que los métodos mediante los cuales se obtuvo la misma, sin importar que pueda ser altamente incriminatoria, tenga validez jurídica. Por estas razones, para citar un ejemplo actual, las autoridades no pueden proceder contra un alto funcionario que, de acuerdo con información en poder de la inteligencia militar, está involucrado con uno de los cárteles de la droga. Cualquier acción en su contra podría echar a perder la investigación que se le sigue hace meses.
Por las mismas deficiencias de la ley, hay comandantes de la policía federal que están detenidos, cuyos procesos no pueden avanzar porque las pruebas que se tienen en su contra no pueden ser consideradas por un juez como concluyentes para proceder en su contra. Igual sucedió con los funcionarios de la PGR que alertaron al propio Beltrán Leyva durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando salió una unidad para arrestarlo en su casa de seguridad al sur de la ciudad de México. Cuando los agentes de élite llegaron a esa residencia, encontraron todavía sobre la mesa los platos con comida caliente, dejados en la rápida huida por el capo y sus escoltas.
Hay un problema de insuficiencia de leyes que tiene que resolverse para poder utilizar la información incriminatoria obtenida por medio de los recursos tecnológicos con que cuentan los cuerpos de seguridad. Es un problema compartido entre el gobierno y el Congreso, donde están trabados ambos poderes por cuestiones que no son menores. El Congreso no quiere dar carta blanca al gobierno para actuar en todo lo que necesita ante el riesgo de que cometan excesos que afecten a personas inocentes. El gobierno tampoco ha podido presentar iniciativas que satisfagan las inquietudes legislativas sobre posibles violaciones a las garantías individuales. Los dos poderes tienen parte de razón, y existe el espacio para que puedan avanzar hacia leyes consensuadas que dejen tranquilos a ambas partes y al mismo tiempo legalicen, para efectos de procesos judiciales, métodos y tecnologías que usan los cuerpos de seguridad contra el crimen organizado.
Hay otras exigencias de Washington que no se resuelven con leyes, sino con voluntad política. Se trata de funcionarios sobre quienes pesan más que sospechas de nexos con el narcotráfico. Hay un ex alto funcionario de la PGR que quiere ser candidato a diputado por el PAN, que se encuentra en esa tesitura. Informes de inteligencia de México y Estados Unidos, lo acusan de proteger a dos cárteles. Uno es el del Golfo, en particular de su brazo armado de Los Zetas, a los cuales, de acuerdo con esa documentación, encubrió durante el foxismo. Otro es el del Cártel de Sinaloa, donde según los informes, fue pieza clave para evitar que meses después de que escapara Joaquín "El Chapo" Guzmán de una cárcel de máxima seguridad, lo detuvieran los agentes federales que lo habían ubicado. Cuando le pidieron la autorización para arrestarlo, demoró la operación más de 24 horas, tiempo suficiente para que escapara el todavía prófugo.
Los casos de esa naturaleza abundan. Un ex funcionario que también quiere ser diputado, pero por el PRI, tiene sobre su espalda informes de inteligencia que lo vinculan a él y a familiares cercanos con el Cártel de Sinaloa, como protector de sus líderes en operaciones directamente relacionadas con tráfico de metanfetaminas. Hay familiares de un gobernador y un ex gobernador, sobre los cuales existe la presunción de que están vinculados a los cárteles de la droga, tanto en protección política como en lavado de dinero. Hay otro más de un conocido presidente municipal, que tiene tras de sí una red de relaciones con el Cártel de Juárez, y otro sobre un alto jefe de policía estatal en funciones, que pese a que existe sobre él un voluminoso informe sobre su protección a cárteles de la droga y venta de plazas en el sexenio anterior, hoy ocupa esas mismas funciones en una de las ciudades más violentas del país.
Leyes y voluntad política es lo que se requiere. Las leyes puede ser lo menos difícil para el presidente Calderón, porque hay espacio para el compromiso con el legislativo. Falta voluntad política. Es cierto que ha demostrado un alto grado de voluntad política durante la primera parte de gobierno, pero no basta. El Presidente deberá tocar fuerte el tejido del sistema político, a sabiendas que ello generará muchas tensiones, con su partido y con los de la oposición. Pero no tiene opción alguna. La gangrena del narcotráfico la trae el sistema corriendo por el cuerpo. Aunque muy doloroso, hay que cortarse la pierna. De otra manera, avanzará hasta acabar con todo el cuerpo.
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