LA JORNADA
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por el Banco de México (BdeM) entre empresas del sector privado, las entidades bancarias que operan en el país –en su mayoría de propiedad extranjera– aportaron, en el primer trimestre del año, sólo 20 por ciento del financiamiento al sector productivo. El mismo estudio muestra que el 80 por ciento restante de los recursos que las compañías obtuvieron para financiarse proviene de los proveedores, de la banca de desarrollo y de las filiales o matrices.
Es innegable que un país como el nuestro requiere de una banca privada que otorgue servicios financieros confiables y accesibles, que alienten las actividades productivas y que incentiven, con ello, la creación de empleos, el desarrollo de la economía y el mercado internos y el asentamiento de bases sólidas para un crecimiento sostenido. En el caso de México, sin embargo, estas condiciones sencillamente no se cumplen; por el contrario y en términos generales, la banca que opera en el país, reprivatizada durante el gobierno de Carlos Salinas y entregada a un grupo de banqueros temporales, saneada posteriormente con cargo al erario y revendida –la mayor parte– a grandes corporaciones extranjeras –en algunos casos sin pagar un solo centavo de impuestos–, ha resultado por demás onerosa para el conjunto de la población: al día de hoy, el Estado mexicano subsidia, de forma inverosímil, a consorcios financieros estadunidenses, europeos y asiáticos a través de los bonos del Fobaproa-IPAB.
En contraste, el aporte de los bancos al desarrollo nacional ha sido por demás raquítico: fuera de una oleada irresponsable de crédito al consumo, las instituciones financieras han tenido una escasa participación en la inversión en actividades productivas, como lo muestra la encuesta del BdeM, así como en el financiamiento para la construcción de infraestructura y créditos inmobiliarios.
Todo ello a pesar de que la mayor parte de las instituciones financieras que operan en México han vivido en una especie de paraíso, en el que gozan de condiciones mucho más favorables que en sus entornos de origen, y en donde se les permite, entre otras cosas, realizar cobros exorbitantes por concepto de intereses y comisiones por servicios y productos bancarios. Detrás de ello se encuentra la ostensible falta de voluntad de entidades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el propio BdeM para regular el sistema financiero y la aplicación del dogma según el cual el establecimiento de topes a los costos de los servicios financieros restringiría el acceso de los sectores medios y bajos a éstos –algo que de cualquier forma ocurre–, con lo cual esas dependencias burocráticas se han erigido en defensoras de los banqueros, no de los usuarios.
Por añadidura, y en momentos en los que el país sufre los estragos de más de dos décadas de una política económica desastrosa; de una recesión de coyuntura –reconocida apenas el pasado jueves por los encargados del manejo de la economía, pero que comenzó muchos meses antes–, y de una emergencia sanitaria que no ha terminado de superarse y que ha tenido un impacto sumamente nocivo en la economía, la banca en México ha declinado adoptar una actitud comprometida con la impostergable reactivación económica del país: por el contrario, la actual crisis ha resultado una oportunidad propicia para que algunas de esas instituciones se hagan de grandes sumas de divisas, por la vía de las subastas y de los procesos de asignación directa de dólares que ha celebrado el BdeM para contener –sin mucho éxito– la devaluación del peso.
En suma, en la circunstancia presente es necesario que las autoridades cobren conciencia de que la situación de privilegio que gozan los bancos privados en el país –muchos beneficios, pocas aportaciones– es insostenible, y que la población requiere de servicios bancarios regulados, suficientes y eficaces, a la altura de las necesidades nacionales y en correspondencia con el enorme costo que el rescate bancario del zedillismo ha implicado para los contribuyentes.
kikka-roja.blogspot.com/
Es innegable que un país como el nuestro requiere de una banca privada que otorgue servicios financieros confiables y accesibles, que alienten las actividades productivas y que incentiven, con ello, la creación de empleos, el desarrollo de la economía y el mercado internos y el asentamiento de bases sólidas para un crecimiento sostenido. En el caso de México, sin embargo, estas condiciones sencillamente no se cumplen; por el contrario y en términos generales, la banca que opera en el país, reprivatizada durante el gobierno de Carlos Salinas y entregada a un grupo de banqueros temporales, saneada posteriormente con cargo al erario y revendida –la mayor parte– a grandes corporaciones extranjeras –en algunos casos sin pagar un solo centavo de impuestos–, ha resultado por demás onerosa para el conjunto de la población: al día de hoy, el Estado mexicano subsidia, de forma inverosímil, a consorcios financieros estadunidenses, europeos y asiáticos a través de los bonos del Fobaproa-IPAB.
En contraste, el aporte de los bancos al desarrollo nacional ha sido por demás raquítico: fuera de una oleada irresponsable de crédito al consumo, las instituciones financieras han tenido una escasa participación en la inversión en actividades productivas, como lo muestra la encuesta del BdeM, así como en el financiamiento para la construcción de infraestructura y créditos inmobiliarios.
Todo ello a pesar de que la mayor parte de las instituciones financieras que operan en México han vivido en una especie de paraíso, en el que gozan de condiciones mucho más favorables que en sus entornos de origen, y en donde se les permite, entre otras cosas, realizar cobros exorbitantes por concepto de intereses y comisiones por servicios y productos bancarios. Detrás de ello se encuentra la ostensible falta de voluntad de entidades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el propio BdeM para regular el sistema financiero y la aplicación del dogma según el cual el establecimiento de topes a los costos de los servicios financieros restringiría el acceso de los sectores medios y bajos a éstos –algo que de cualquier forma ocurre–, con lo cual esas dependencias burocráticas se han erigido en defensoras de los banqueros, no de los usuarios.
Por añadidura, y en momentos en los que el país sufre los estragos de más de dos décadas de una política económica desastrosa; de una recesión de coyuntura –reconocida apenas el pasado jueves por los encargados del manejo de la economía, pero que comenzó muchos meses antes–, y de una emergencia sanitaria que no ha terminado de superarse y que ha tenido un impacto sumamente nocivo en la economía, la banca en México ha declinado adoptar una actitud comprometida con la impostergable reactivación económica del país: por el contrario, la actual crisis ha resultado una oportunidad propicia para que algunas de esas instituciones se hagan de grandes sumas de divisas, por la vía de las subastas y de los procesos de asignación directa de dólares que ha celebrado el BdeM para contener –sin mucho éxito– la devaluación del peso.
En suma, en la circunstancia presente es necesario que las autoridades cobren conciencia de que la situación de privilegio que gozan los bancos privados en el país –muchos beneficios, pocas aportaciones– es insostenible, y que la población requiere de servicios bancarios regulados, suficientes y eficaces, a la altura de las necesidades nacionales y en correspondencia con el enorme costo que el rescate bancario del zedillismo ha implicado para los contribuyentes.
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