Javier González Garza
2 May. 09
Basta recordar que los trabajadores no son la prioridad del actual gobierno para entender la defensa del modelo económico que en los últimos 25 años han impulsado el PRI y el PAN. La decisión de las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje consistente en desaparecer la relación laboral de los mineros de Cananea en plena huelga representa un retroceso de más de 100 años en materia laboral.
Frente a la preocupante emergencia sanitaria hay quienes pretenden desdeñar los problemas más graves del país. Pero la realidad nos alcanza cada vez que eso se intenta. La conmemoración del día internacional del trabajo nos refiere, en nuestro país, a una sombría realidad. Para este 1o. de mayo tenemos, según cifras oficiales, 2 millones y medio de desempleados y una expectativa de contracción del PIB de casi 5 por ciento para 2009, esto sin tomar en cuenta las consecuencias económicas por el brote de influenza.
Hemos dicho aquí que los derechos y la legislación son fruto no sólo de la correlación de fuerzas legislativas, sino fundamentalmente de grandes luchas populares. Cananea es uno de los más nítidos ejemplos. El artículo 123 constitucional es heredero directo de la huelga y de la lucha del "Pueblo Obrero" que en 1906 tuvo lugar en ese municipio de Sonora. La participación y la organización de los obreros a partir de las matanzas en Cananea y Río Blanco fueron decisivas en la gestación de la Revolución Mexicana, su triunfo y la instauración del Constituyente.
Aquel Congreso, en enero de 1917, aprobó por unanimidad el dictamen de este artículo, reconociendo las demandas del pliego petitorio de la huelga en la Constitución: el derecho a huelga, el salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, el principio laboral que postula que a trabajo igual corresponde pago igual, por mencionar algunos. El artículo 123 representó en 1917 la vanguardia en el reconocimiento de derechos laborales.
La historia de la mina de Cananea parece repetirse trágicamente: saqueo de recursos naturales, ambición, complicidad judicial y la alianza de empresarios corruptos y el gobierno. No existe en nuestra legislación la posibilidad de anular o desconocer los contratos colectivos de trabajo cuando los trabajadores se han declarado en huelga, y menos aún cuando ésta ha sido reiteradamente reconocida como existente por instancias del Poder Judicial.
Más allá de las fobias que despierten algunos dirigentes sindicales, los derechos consagrados en la Constitución, en instrumentos internacionales y en leyes federales se han violado flagrantemente cuando pretenden terminar una huelga mediante ardides, además de evidenciar vergonzosas complicidades del gobierno con el Grupo México y Germán Larrea, quien debería ser investigado por la forma en que se adquirió la histórica mina de Cananea.
La conmemoración oficial del día del trabajo, que evoca al movimiento obrero que hace 123 años exigía la jornada laboral de ocho horas, fue cancelada por el Congreso del Trabajo y la Confederación Trabajadores de México ante la emergencia sanitaria y no significó ninguna noticia. El problema es que desde hace años se han ido desmantelando estos eventos porque ante la realidad laboral no hay nada que festejar, al contrario, cada vez más se restringen los derechos laborales.
El origen de múltiples males que hoy enfrentamos es, claramente, el modelo económico que en los últimos 25 años han defendido PRI y PAN, aunado al sistema de corrupción sindical que también han sostenido. Además de privatizaciones, desregulación y liberalización, la lógica de adelgazamiento del Estado disminuyó drásticamente los presupuestos de instituciones de previsión, salud y seguridad social al tiempo que contrajo el salario real de millones trabajadores. El paradigma que impusieron entonces, y aún hoy defienden, planteaba privilegiar a los empresarios desde el Estado para que fuesen competitivos a nivel internacional. Los trabajadores ya no son una prioridad para el gobierno. Basta recordar cómo Fox, en el 2000, designó al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en un claro conflicto de intereses, a quien fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Aunque el mito de la mano de obra barata como "ventaja comparativa" de México pronto se esfumó, la devastación del salario, las prestaciones y condiciones trabajo permanecen. Mientras esto ocurría, cada vez más líderes sindicales se enriquecían inexplicablemente para aparecer más tarde dócilmente domesticados ante el poder del gobierno o los empresarios.
Pero el destino de los pueblos es determinado por los pueblos mismos y las leyes deben ser legítimamente para su beneficio. Como en la experiencia de Cananea, las leyes condensan aspiraciones y reivindicaciones populares y cualquier gobierno presupone un pueblo dispuesto a luchar por ellas y contra las ilegales decisiones laborales, como en el caso de Cananea; con la destrucción de instituciones de previsión y seguridad social se orilla al pueblo a reaccionar.
La situación actual de Cananea es una recordatorio vivo de cómo las condiciones sociales y legales pueden retroceder en un país. La conquista de derechos alcanzados requiere una defensa permanente, no sólo para ampliarlos, también para preservarlos.
kikka-roja.blogspot.com/
Frente a la preocupante emergencia sanitaria hay quienes pretenden desdeñar los problemas más graves del país. Pero la realidad nos alcanza cada vez que eso se intenta. La conmemoración del día internacional del trabajo nos refiere, en nuestro país, a una sombría realidad. Para este 1o. de mayo tenemos, según cifras oficiales, 2 millones y medio de desempleados y una expectativa de contracción del PIB de casi 5 por ciento para 2009, esto sin tomar en cuenta las consecuencias económicas por el brote de influenza.
Hemos dicho aquí que los derechos y la legislación son fruto no sólo de la correlación de fuerzas legislativas, sino fundamentalmente de grandes luchas populares. Cananea es uno de los más nítidos ejemplos. El artículo 123 constitucional es heredero directo de la huelga y de la lucha del "Pueblo Obrero" que en 1906 tuvo lugar en ese municipio de Sonora. La participación y la organización de los obreros a partir de las matanzas en Cananea y Río Blanco fueron decisivas en la gestación de la Revolución Mexicana, su triunfo y la instauración del Constituyente.
Aquel Congreso, en enero de 1917, aprobó por unanimidad el dictamen de este artículo, reconociendo las demandas del pliego petitorio de la huelga en la Constitución: el derecho a huelga, el salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, el principio laboral que postula que a trabajo igual corresponde pago igual, por mencionar algunos. El artículo 123 representó en 1917 la vanguardia en el reconocimiento de derechos laborales.
La historia de la mina de Cananea parece repetirse trágicamente: saqueo de recursos naturales, ambición, complicidad judicial y la alianza de empresarios corruptos y el gobierno. No existe en nuestra legislación la posibilidad de anular o desconocer los contratos colectivos de trabajo cuando los trabajadores se han declarado en huelga, y menos aún cuando ésta ha sido reiteradamente reconocida como existente por instancias del Poder Judicial.
Más allá de las fobias que despierten algunos dirigentes sindicales, los derechos consagrados en la Constitución, en instrumentos internacionales y en leyes federales se han violado flagrantemente cuando pretenden terminar una huelga mediante ardides, además de evidenciar vergonzosas complicidades del gobierno con el Grupo México y Germán Larrea, quien debería ser investigado por la forma en que se adquirió la histórica mina de Cananea.
La conmemoración oficial del día del trabajo, que evoca al movimiento obrero que hace 123 años exigía la jornada laboral de ocho horas, fue cancelada por el Congreso del Trabajo y la Confederación Trabajadores de México ante la emergencia sanitaria y no significó ninguna noticia. El problema es que desde hace años se han ido desmantelando estos eventos porque ante la realidad laboral no hay nada que festejar, al contrario, cada vez más se restringen los derechos laborales.
El origen de múltiples males que hoy enfrentamos es, claramente, el modelo económico que en los últimos 25 años han defendido PRI y PAN, aunado al sistema de corrupción sindical que también han sostenido. Además de privatizaciones, desregulación y liberalización, la lógica de adelgazamiento del Estado disminuyó drásticamente los presupuestos de instituciones de previsión, salud y seguridad social al tiempo que contrajo el salario real de millones trabajadores. El paradigma que impusieron entonces, y aún hoy defienden, planteaba privilegiar a los empresarios desde el Estado para que fuesen competitivos a nivel internacional. Los trabajadores ya no son una prioridad para el gobierno. Basta recordar cómo Fox, en el 2000, designó al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en un claro conflicto de intereses, a quien fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Aunque el mito de la mano de obra barata como "ventaja comparativa" de México pronto se esfumó, la devastación del salario, las prestaciones y condiciones trabajo permanecen. Mientras esto ocurría, cada vez más líderes sindicales se enriquecían inexplicablemente para aparecer más tarde dócilmente domesticados ante el poder del gobierno o los empresarios.
Pero el destino de los pueblos es determinado por los pueblos mismos y las leyes deben ser legítimamente para su beneficio. Como en la experiencia de Cananea, las leyes condensan aspiraciones y reivindicaciones populares y cualquier gobierno presupone un pueblo dispuesto a luchar por ellas y contra las ilegales decisiones laborales, como en el caso de Cananea; con la destrucción de instituciones de previsión y seguridad social se orilla al pueblo a reaccionar.
La situación actual de Cananea es una recordatorio vivo de cómo las condiciones sociales y legales pueden retroceder en un país. La conquista de derechos alcanzados requiere una defensa permanente, no sólo para ampliarlos, también para preservarlos.
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