Epidemia y responsabilidades
lajornada
La emergencia sanitaria que vivió el país en días pasados, y que no parece haberse disipado pese a la normalización de las actividades económicas y escolares en casi todo el territorio nacional, puso en evidencia, además de las vastas deficiencias estructurales del sistema nacional de salud pública –consecuencia del abandono presupuestario impuesto desde hace más de dos décadas por los gobiernos neoliberales–, un patrón de ineficiencia, imprevisión, desorganización y opacidad en el desempeño de las autoridades de todos los niveles.
Desde la declaración de la contingencia, el pasado 23 de abril, el gobierno federal ha carecido de un manejo eficiente y veraz de la información y, por el contrario, han sido habituales las contradicciones declarativas de sus funcionarios –por ejemplo, aquellas surgidas en torno a la adopción de medidas básicas de prevención, como el uso de tapabocas–, así como la ligereza y la imprecisión en el manejo de las cifras de muertes e infectados por el virus de la influenza humana. En relación con esto último, resultan significativos los estudios publicados recientemente en la revista Science, según los cuales podría haber en el país alrededor de 23 mil personas contagiadas por este padecimiento, es decir, 10 veces más casos de los que hasta ahora han sido confirmados por las autoridades federales de salud. Tales fallas han contribuido a la desorientación de la sociedad y han significado, en consecuencia, un lastre para la contención eficaz de la epidemia: cabe preguntarse cuántos contagios o defunciones habrían podido evitarse si el gobierno hubiese cumplido puntual y oportunamente con su responsabilidad de informar.
Por otra parte, el sistema de salud pública ha exhibido en los últimos 20 días una exasperante falta de capacidad en las tareas de identificación del padecimiento, diagnóstico oportuno, seguimiento de los contagios y hasta en la disposición de material de protección para el personal médico (situación que ha generado muestras comprensibles de descontento entre los empleados de los hospitales). Adicionalmente, la opinión pública se ha enterado, por vía de los testimonios de familiares de los enfermos y fallecidos, de la apatía, negligencia y desdén de algunas autoridades hospitalarias, así como de la aplicación, en centros de salud del gobierno, de cobros que, reglamentarios o no, están completamente fuera de lugar en situaciones de emergencia como la que se comenta.
A este conjunto de deficiencias del gobierno federal debe sumarse el descontrol y la falta de transparencia exhibidos por algunas administraciones estatales: en Veracruz, distintos sectores de la sociedad y de la oposición política han acusado al gobernador Fidel Herrera de ocultar información en torno a la situación de las granjas porcícolas en el valle de Perote –lugar donde, según algunas versiones, podría haberse originado el virus de la influenza humana–; en el estado de México, la administración que encabeza Enrique Peña Nieto enfrentó los primeros seis días de la emergencia sanitaria sin contar con un secretario de Salud, y el repunte del virus de la influenza en Jalisco, el fin de semana pasado, puso de manifiesto el descuido de las autoridades sanitarias de Guadalajara, encabezadas por Alfonso Gutiérrez Carranza, a la sazón ex chofer del gobernador Emilio González Márquez.
Por añadidura, en el ámbito internacional han proliferado señalamientos que alimentan la percepción generalizada de que el gobierno mexicano actuó de manera tardía, errática e indolente. El pasado 27 de abril, la directora del Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria de Francia, Françoise Weber, dijo que la epidemia de gripe humana circuló en México desde hace semanas y se detectó tardíamente, cuando llegaron los casos más graves y los decesos, y añadió que la falta de un mecanismo de detección preciso en nuestro país parecía ser la explicación de que la epidemia haya cobrado decenas de vidas en México y no en otros países. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que al menos desde el 11 de abril había alertado a las autoridades mexicanas de casos inusuales de neumonía en Veracruz, pero que éstas negaron que fuera una epidemia. En el mismo sentido, el ministro de Protección Social de Colombia, Diego Palacio, afirmó que el gobierno de nuestro país no tuvo las medidas en el momento adecuado o no las creyó necesarias, en tanto que el director de la Agencia Sanitaria de Brasil, Agenor Álvarez, dijo que en México hubo demora para declarar la alerta sanitaria internacional. Por último, no pueden obviarse las declaraciones del ex presidente cubano Fidel Castro, quien anteayer afirmó que el calderonismo ocultó el brote viral por la visita de Barack Obama a nuestro país. Son demasiadas declaraciones coincidentes como para suponerlas producto de animadversiones, desinformación o simple mala fe.
La crisis de salud pública ha arrojado sobrados indicios, en suma, de la indolencia, la desatención, la falta de celeridad y de transparencia, así como la incapacidad de los encargados de proteger la salud de la población en los ámbitos federal y varios estatales para desempeñar sus tareas. Tales consideraciones demandan una profunda investigación de los funcionarios involucrados, a efecto de deslindar responsabilidades o, en su caso, establecer las sanciones políticas y administrativas correspondientes.
kikka-roja.blogspot.com/
Desde la declaración de la contingencia, el pasado 23 de abril, el gobierno federal ha carecido de un manejo eficiente y veraz de la información y, por el contrario, han sido habituales las contradicciones declarativas de sus funcionarios –por ejemplo, aquellas surgidas en torno a la adopción de medidas básicas de prevención, como el uso de tapabocas–, así como la ligereza y la imprecisión en el manejo de las cifras de muertes e infectados por el virus de la influenza humana. En relación con esto último, resultan significativos los estudios publicados recientemente en la revista Science, según los cuales podría haber en el país alrededor de 23 mil personas contagiadas por este padecimiento, es decir, 10 veces más casos de los que hasta ahora han sido confirmados por las autoridades federales de salud. Tales fallas han contribuido a la desorientación de la sociedad y han significado, en consecuencia, un lastre para la contención eficaz de la epidemia: cabe preguntarse cuántos contagios o defunciones habrían podido evitarse si el gobierno hubiese cumplido puntual y oportunamente con su responsabilidad de informar.
Por otra parte, el sistema de salud pública ha exhibido en los últimos 20 días una exasperante falta de capacidad en las tareas de identificación del padecimiento, diagnóstico oportuno, seguimiento de los contagios y hasta en la disposición de material de protección para el personal médico (situación que ha generado muestras comprensibles de descontento entre los empleados de los hospitales). Adicionalmente, la opinión pública se ha enterado, por vía de los testimonios de familiares de los enfermos y fallecidos, de la apatía, negligencia y desdén de algunas autoridades hospitalarias, así como de la aplicación, en centros de salud del gobierno, de cobros que, reglamentarios o no, están completamente fuera de lugar en situaciones de emergencia como la que se comenta.
A este conjunto de deficiencias del gobierno federal debe sumarse el descontrol y la falta de transparencia exhibidos por algunas administraciones estatales: en Veracruz, distintos sectores de la sociedad y de la oposición política han acusado al gobernador Fidel Herrera de ocultar información en torno a la situación de las granjas porcícolas en el valle de Perote –lugar donde, según algunas versiones, podría haberse originado el virus de la influenza humana–; en el estado de México, la administración que encabeza Enrique Peña Nieto enfrentó los primeros seis días de la emergencia sanitaria sin contar con un secretario de Salud, y el repunte del virus de la influenza en Jalisco, el fin de semana pasado, puso de manifiesto el descuido de las autoridades sanitarias de Guadalajara, encabezadas por Alfonso Gutiérrez Carranza, a la sazón ex chofer del gobernador Emilio González Márquez.
Por añadidura, en el ámbito internacional han proliferado señalamientos que alimentan la percepción generalizada de que el gobierno mexicano actuó de manera tardía, errática e indolente. El pasado 27 de abril, la directora del Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria de Francia, Françoise Weber, dijo que la epidemia de gripe humana circuló en México desde hace semanas y se detectó tardíamente, cuando llegaron los casos más graves y los decesos, y añadió que la falta de un mecanismo de detección preciso en nuestro país parecía ser la explicación de que la epidemia haya cobrado decenas de vidas en México y no en otros países. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que al menos desde el 11 de abril había alertado a las autoridades mexicanas de casos inusuales de neumonía en Veracruz, pero que éstas negaron que fuera una epidemia. En el mismo sentido, el ministro de Protección Social de Colombia, Diego Palacio, afirmó que el gobierno de nuestro país no tuvo las medidas en el momento adecuado o no las creyó necesarias, en tanto que el director de la Agencia Sanitaria de Brasil, Agenor Álvarez, dijo que en México hubo demora para declarar la alerta sanitaria internacional. Por último, no pueden obviarse las declaraciones del ex presidente cubano Fidel Castro, quien anteayer afirmó que el calderonismo ocultó el brote viral por la visita de Barack Obama a nuestro país. Son demasiadas declaraciones coincidentes como para suponerlas producto de animadversiones, desinformación o simple mala fe.
La crisis de salud pública ha arrojado sobrados indicios, en suma, de la indolencia, la desatención, la falta de celeridad y de transparencia, así como la incapacidad de los encargados de proteger la salud de la población en los ámbitos federal y varios estatales para desempeñar sus tareas. Tales consideraciones demandan una profunda investigación de los funcionarios involucrados, a efecto de deslindar responsabilidades o, en su caso, establecer las sanciones políticas y administrativas correspondientes.
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