Gran golpe o gran puesta en escena
Miguel Ángel Granados Chapa
31 May. 09
Rafael Cedeño, integrante de La Familia Michoacana, capturado el 18 de abril pasado, pudo ser el detonante de la información que llevó a la PGR a realizar el operativo del pasado 26 de mayo en Michoacán
Si los funcionarios detenidos en Michoacán el martes 26, por sus nexos con el narcotráfico, efectivamente mantenían ligas con La Familia Michoacana, el poderoso clan delincuencial oriundo de esa entidad (y con otras bandas), el gobierno federal asestó un golpe formidable a la delincuencia organizada, que debe ser valorado y aplaudido por la sociedad. Es demasiado temprano para saberlo a ciencia cierta, y por lo tanto está abierta la posibilidad de que se trate de un gran montaje, cuyo fallido desenlace provoque una enorme decepción en la sociedad, una porción de la cual se ha apresurado a dar como definitivas las informaciones oficiales que, desde la legalidad penal, ni siquiera han entrado en sus fases iniciales.
Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales -de tal rango que incluye al procurador de Justicia del estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías. Se sabe de antiguo que el permanente cultivo de marihuana y amapola en suelo michoacano ha sido posible por la protección policiaca. Se trata de una realidad tan pesada, tan densa, que no ha podido ser aminorada por el poderoso mecanismo de fuerzas federales desplegado en Michoacán desde diciembre de 2006. Por lo tanto, es creíble que una diligente tarea de información hubiera reunido elementos bastantes para acotar ese fenómeno conocido en líneas generales, barruntado aun por la población, pero que ahora habría adquirido perfiles precisos, contornos exactos, suficientes para iniciar la acción penal que ponga fin al contubernio entre gobernantes y funcionarios por un lado, y la delincuencia organizada por otra parte.
Sin embargo, no parece haber por ahora la evidencia necesaria para dar por cierta la hipótesis de que los alcaldes de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan y Zitácuaro, los jefes y comandantes policiales de tres de esos municipios así como de Lázaro Cárdenas y Morelia, un juez de primera instancia, el procurador, el subprocurador, un ex subprocurador y otros funcionarios estatales, entre ellos la reciente ex secretaria de Seguridad Pública del estado, se han coludido con el crimen organizado. La Procuraduría General de la República no cuenta con esa evidencia al día de hoy. Por ello los pasos dados hasta ahora son inciertos. Al menos podría ocurrir, como lo resumió el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, que no están todos los que son ni sean todos los que están.
Las detenciones se practicaron sin fuerza legal suficiente. Los agentes de la Policía Federal (el boletín de la PGR la llama todavía Preventiva) y los miembros del Ejército portaban órdenes de localización y de presentación, que no autorizan a detener a los involucrados. Como bien se sabe, sólo en dos circunstancias puede ser aprehendida una persona: en flagrancia, es decir mientras comete el ilícito, o mediante una orden judicial. Las órdenes de localización y presentación son ministeriales, no judiciales. Por lo tanto, desde el martes en que fueron privados de su libertad hasta ayer sábado, los detenidos padecían una especie de secuestro en los separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. La PGR solicitó el jueves la participación judicial y el juez sexto federal penal especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones (una nueva especie de miembros de la judicatura), acaso actuando sobre la premisa de que un arraigo no se le niega a nadie, concedió a la Procuraduría su pedido: las 30 personas privadas de su libertad el martes quedarán hospedadas durante 40 días en el Centro Federal de Investigaciones, esa suerte de cárcel ilegal -porque no está sujeta a los lineamientos del sistema penitenciario federal a pesar de que haya en ella prisioneros. Hacia las tres de la tarde del sábado, sin embargo, los defensores de los inculpados no habían recibido la notificación correspondiente.
Fue también irregular, por no llamarla ilegal y peligrosa, la intrusión de la fuerza federal, cuyos miembros iban encapuchados, en el Palacio de Gobierno, para detener a Citlalli Fernández González. Su irrupción en el edificio donde despacha el gobernador pudo haber provocado un enfrentamiento con la guardia policiaca del establecimiento. Preocupa a este respecto, y no abona la credibilidad de la operación en su conjunto, que el procurador Eduardo Medina Mora niegue esa invasión. Con todas sus letras, como si ignorara la cantidad de testimonios de los empleados en las oficinas federales y aun grabaciones de las cámaras de seguridad, dijo el viernes pasado que "es falso que los efectivos federales hayan irrumpido en Palacio de Gobierno y es preciso aclarar que no fueron actos de cateo sino órdenes de localización, por lo que la PGR actuó bajo la acción constitucional y legal (sic) y no se violentó el Estado de derecho". No es legal y mucho menos constitucional lo acontecido a Miguel García Hurtado, que se despojó de su condición de procurador y se presentó ante el Ministerio Público federal por lo que pudiera ofrecerse, y se le detuvo, y se le esposó. Cualquier estudiante de derecho, y toda persona que atribuya a las palabras su significado elemental, sabe que una cosa es localizar y otra aprehender; aquella acción puede ser un preparativo para la segunda.
La detención de un conspicuo integrante de La Familia Michoacana, Rafael Cedeño (apodado El Cede, por su apellido y no por su afición a los discos compactos), lograda el 18 de abril pasado, parece haber dado a la PGR la clave final para realizar la magna operación del martes pasado. Él mismo, o los cuatro subalternos que con él fueron capturados en un bautizo en una operación que movilizó a 400 agentes, pudo haberse convertido en el testigo protegido que ofreció a la Procuraduría parte de los informes en que fundó su espectacular acción. Otra, según lo han sabido defensores de los detenidos, es una nómina en que figuran todos los ahora arraigados, donde junto a sus nombres aparecen cantidades, presumiblemente las que se pagaban a los alcaldes y funcionarios. Se trata de una hoja impresa que cualquiera puede preparar para cualquier propósito. Por eso acudió la PGR a esa suerte de intermedio procesal que es el arraigo. Como no puede consignar a los detenidos, por falta de elementos de prueba, se da un nuevo plazo para obtenerlos, a pesar de que se dice que la operación fue cuidadosamente preparada a lo largo de medio año.
De los 10 alcaldes detenidos, seis pertenecen al PRI, dos al PRD y dos al PAN. Los funcionarios estatales acaso sean miembros del partido que gobierna, encabezado por el perredista Leonel Godoy Rangel, cuyo ánimo ha oscilado esta semana entre el desencanto de no ser considerado digno de la confianza del presidente Calderón pese a su esfuerzo por mantener con él una relación fluida, hasta la súbita pretensión de que el asunto quede atrás y se dé vuelta a la hoja. En algún punto de ese tránsito protestó por la violación a la soberanía estatal y por no haber recibido aviso de la operación. No le hubiera hecho mal recordar, y aun reproducir en la porción que fuera pertinente, la enérgica protesta del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas causada por una inconsulta incursión de la policía judicial federal al municipio de Zamora. Eran los tiempos en que los gobernadores, priistas todos, se sometían al gobierno federal y al presidente de la República. Resultó insoportable para Cárdenas, en ese contexto, que los federales asesinaran a una familia en el rancho El Mareño, en el camino Zamora-La Barca, presuntamente en busca del cadáver de Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en febrero de 1985 por Rafael Caro Quintero y su gente.
Aunque se haya cuidado que entre los detenidos hubiera también panistas, es difícil no ver las implicaciones partidarias y electorales de la magna operación del 26 de mayo. En situación semejante, el gobernador de Morelos, panista, recibió información que se negó al perredista Godoy. Y el arraigo termina después del 5 de julio, por lo que si el gran operativo se frustrara, no generaría ya efectos electorales como los que causó su espectacular comienzo.
Si los funcionarios detenidos en Michoacán el martes 26, por sus nexos con el narcotráfico, efectivamente mantenían ligas con La Familia Michoacana, el poderoso clan delincuencial oriundo de esa entidad (y con otras bandas), el gobierno federal asestó un golpe formidable a la delincuencia organizada, que debe ser valorado y aplaudido por la sociedad. Es demasiado temprano para saberlo a ciencia cierta, y por lo tanto está abierta la posibilidad de que se trate de un gran montaje, cuyo fallido desenlace provoque una enorme decepción en la sociedad, una porción de la cual se ha apresurado a dar como definitivas las informaciones oficiales que, desde la legalidad penal, ni siquiera han entrado en sus fases iniciales.
Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales -de tal rango que incluye al procurador de Justicia del estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías. Se sabe de antiguo que el permanente cultivo de marihuana y amapola en suelo michoacano ha sido posible por la protección policiaca. Se trata de una realidad tan pesada, tan densa, que no ha podido ser aminorada por el poderoso mecanismo de fuerzas federales desplegado en Michoacán desde diciembre de 2006. Por lo tanto, es creíble que una diligente tarea de información hubiera reunido elementos bastantes para acotar ese fenómeno conocido en líneas generales, barruntado aun por la población, pero que ahora habría adquirido perfiles precisos, contornos exactos, suficientes para iniciar la acción penal que ponga fin al contubernio entre gobernantes y funcionarios por un lado, y la delincuencia organizada por otra parte.
Sin embargo, no parece haber por ahora la evidencia necesaria para dar por cierta la hipótesis de que los alcaldes de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan y Zitácuaro, los jefes y comandantes policiales de tres de esos municipios así como de Lázaro Cárdenas y Morelia, un juez de primera instancia, el procurador, el subprocurador, un ex subprocurador y otros funcionarios estatales, entre ellos la reciente ex secretaria de Seguridad Pública del estado, se han coludido con el crimen organizado. La Procuraduría General de la República no cuenta con esa evidencia al día de hoy. Por ello los pasos dados hasta ahora son inciertos. Al menos podría ocurrir, como lo resumió el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, que no están todos los que son ni sean todos los que están.
Las detenciones se practicaron sin fuerza legal suficiente. Los agentes de la Policía Federal (el boletín de la PGR la llama todavía Preventiva) y los miembros del Ejército portaban órdenes de localización y de presentación, que no autorizan a detener a los involucrados. Como bien se sabe, sólo en dos circunstancias puede ser aprehendida una persona: en flagrancia, es decir mientras comete el ilícito, o mediante una orden judicial. Las órdenes de localización y presentación son ministeriales, no judiciales. Por lo tanto, desde el martes en que fueron privados de su libertad hasta ayer sábado, los detenidos padecían una especie de secuestro en los separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. La PGR solicitó el jueves la participación judicial y el juez sexto federal penal especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones (una nueva especie de miembros de la judicatura), acaso actuando sobre la premisa de que un arraigo no se le niega a nadie, concedió a la Procuraduría su pedido: las 30 personas privadas de su libertad el martes quedarán hospedadas durante 40 días en el Centro Federal de Investigaciones, esa suerte de cárcel ilegal -porque no está sujeta a los lineamientos del sistema penitenciario federal a pesar de que haya en ella prisioneros. Hacia las tres de la tarde del sábado, sin embargo, los defensores de los inculpados no habían recibido la notificación correspondiente.
Fue también irregular, por no llamarla ilegal y peligrosa, la intrusión de la fuerza federal, cuyos miembros iban encapuchados, en el Palacio de Gobierno, para detener a Citlalli Fernández González. Su irrupción en el edificio donde despacha el gobernador pudo haber provocado un enfrentamiento con la guardia policiaca del establecimiento. Preocupa a este respecto, y no abona la credibilidad de la operación en su conjunto, que el procurador Eduardo Medina Mora niegue esa invasión. Con todas sus letras, como si ignorara la cantidad de testimonios de los empleados en las oficinas federales y aun grabaciones de las cámaras de seguridad, dijo el viernes pasado que "es falso que los efectivos federales hayan irrumpido en Palacio de Gobierno y es preciso aclarar que no fueron actos de cateo sino órdenes de localización, por lo que la PGR actuó bajo la acción constitucional y legal (sic) y no se violentó el Estado de derecho". No es legal y mucho menos constitucional lo acontecido a Miguel García Hurtado, que se despojó de su condición de procurador y se presentó ante el Ministerio Público federal por lo que pudiera ofrecerse, y se le detuvo, y se le esposó. Cualquier estudiante de derecho, y toda persona que atribuya a las palabras su significado elemental, sabe que una cosa es localizar y otra aprehender; aquella acción puede ser un preparativo para la segunda.
La detención de un conspicuo integrante de La Familia Michoacana, Rafael Cedeño (apodado El Cede, por su apellido y no por su afición a los discos compactos), lograda el 18 de abril pasado, parece haber dado a la PGR la clave final para realizar la magna operación del martes pasado. Él mismo, o los cuatro subalternos que con él fueron capturados en un bautizo en una operación que movilizó a 400 agentes, pudo haberse convertido en el testigo protegido que ofreció a la Procuraduría parte de los informes en que fundó su espectacular acción. Otra, según lo han sabido defensores de los detenidos, es una nómina en que figuran todos los ahora arraigados, donde junto a sus nombres aparecen cantidades, presumiblemente las que se pagaban a los alcaldes y funcionarios. Se trata de una hoja impresa que cualquiera puede preparar para cualquier propósito. Por eso acudió la PGR a esa suerte de intermedio procesal que es el arraigo. Como no puede consignar a los detenidos, por falta de elementos de prueba, se da un nuevo plazo para obtenerlos, a pesar de que se dice que la operación fue cuidadosamente preparada a lo largo de medio año.
De los 10 alcaldes detenidos, seis pertenecen al PRI, dos al PRD y dos al PAN. Los funcionarios estatales acaso sean miembros del partido que gobierna, encabezado por el perredista Leonel Godoy Rangel, cuyo ánimo ha oscilado esta semana entre el desencanto de no ser considerado digno de la confianza del presidente Calderón pese a su esfuerzo por mantener con él una relación fluida, hasta la súbita pretensión de que el asunto quede atrás y se dé vuelta a la hoja. En algún punto de ese tránsito protestó por la violación a la soberanía estatal y por no haber recibido aviso de la operación. No le hubiera hecho mal recordar, y aun reproducir en la porción que fuera pertinente, la enérgica protesta del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas causada por una inconsulta incursión de la policía judicial federal al municipio de Zamora. Eran los tiempos en que los gobernadores, priistas todos, se sometían al gobierno federal y al presidente de la República. Resultó insoportable para Cárdenas, en ese contexto, que los federales asesinaran a una familia en el rancho El Mareño, en el camino Zamora-La Barca, presuntamente en busca del cadáver de Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en febrero de 1985 por Rafael Caro Quintero y su gente.
Aunque se haya cuidado que entre los detenidos hubiera también panistas, es difícil no ver las implicaciones partidarias y electorales de la magna operación del 26 de mayo. En situación semejante, el gobernador de Morelos, panista, recibió información que se negó al perredista Godoy. Y el arraigo termina después del 5 de julio, por lo que si el gran operativo se frustrara, no generaría ya efectos electorales como los que causó su espectacular comienzo.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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