- Gravar todo y a todos con IVA
- Impopulares e ineficientes
Toma velocidad el debate en torno a la urgencia de una reforma fiscal, dado el raquitismo recaudatorio que reporta el país (aunque dicho apremio bien puede esperar a que pasen los comicios del próximo 5 de julio, no vaya a ser la de malas que los electores se enojen). Lamentablemente, tal discusión comienza por dónde siempre y con los argumentos de siempre: lo poco que se recauda, lo miserable que resulta el pago de impuestos, lo estrecha que es la base de contribuyentes y demás cantaletas que se analizan desde hace tres décadas, sin resolver nada ni mencionar siquiera la causa central de que México sea la nación de la OCDE con menor ingreso fiscal, pero también de América Latina, incluso por debajo de Haití, de acuerdo con las cifras del SAT.
Y ahora, como antes, ese debate apunta a lo mismo: superar las carencias con más impuestos y/o gravar todo y a todos con IVA, es decir, exprimir aún más a los causantes de siempre como solución mágica para combatir el raquitismo recaudatorio, sin tocar el fondo del problema, en el entendido de que el gobierno necesita dinero, liquidez, pero de ninguna manera broncas con el gran capital. Y qué mejor salida a esta ingrata situación que cargarle la mano otra vez a los causantes cautivos que no son beneficiarios de los sacrosantos regímenes especiales.
Parece que los participantes en este debate olvidan que ese ha sido el guión utilizado a lo largo de los últimos 29 años, tras registrar que el IVA –en ejercicio desde 1980, en el sexenio de José López Portillo– no sólo fue la última reforma fiscal real, que modificó todo el sistema recaudatorio, sino que al poco tiempo se dieron cuenta que el nuevo gravamen tampoco resolvía el raquitismo recaudatorio imperante en el país, aunque sí exprimió los bolsillos de los consumidores. Desde aquel año, la captación fiscal prácticamente no se ha alterado.
Le urge dinero, pero Ejecutivo y Legislativo se niegan rotundamente a que los barones se molesten (¿quién, entonces, financiaría las campañas políticas?) por obligarlos a pagar lo que deben pagar. Un detallado análisis del ITAM (alma mater de buena parte de los gabinetazos padecidos por México) nos da una idea precisa de qué se trata todo esto: el sistema impositivo ofrece una plétora de excepciones y de tratamientos especiales, complicando por consiguiente la administración impositiva y reduciendo la base fiscal. Y, adicionalmente, una distribución inequitativa del ingreso viene a complicar aún más la recaudación impositiva. Dos problemas cruciales del sistema impositivo mexicano son un importante grado de evasión fiscal y una reducida base impositiva. El resultado de este sistema es uno en el que aquéllos registrados en la base impositiva terminan con una muy pesada carga tributaria, mientras que, al mismo tiempo, una parte significativa de la población económicamente activa no paga impuestos.
Lo anterior se refuerza con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados: en 2009, alrededor de 733 mil millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas públicas por todo tipo de exenciones, reducciones, desgravaciones y conexos aplicados al impuesto sobre la renta, IVA, el naciente IETU, gravámenes especiales y estímulos fiscales, monto cuatro veces superior al déficit fiscal programado para el mismo. El problema es que 2009 no es un año excepcional en dicho sentido. Por el contrario, confirma la regla y se suma a la costosísima práctica (para el país y los mexicanos) de manejar clientelar y políticamente los impuestos.
Lo anterior se refuerza, cuando se conoce, con base en información oficial, que en el periodo 2002-2009, por las exenciones, desgravaciones, regímenes especiales y demás gracias que el gobierno tiene con sus amigos, las arcas nacionales dejaron de percibir más de 4.3 billones de pesos, 52 por ciento por ciento de los cuales corresponden a sacrificios fiscales a favor del capital y sus ganancias.
Así, el debate sobre una reforma fiscal real, de fondo, sin tomaduras de pelo, debe comenzar precisamente por ese punto. De nada sirve quejarse en público de la raquítica recaudación, si en lo privado se autoriza todo tipo de beneficios impositivos a un reducidísimo grupo de empresas y sus propietarios, nacionales y foráneos.
Al hilo, cinco inquilinos de Los Pinos (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) han celebrado sus respectivas reformas fiscales, pero en los 27 años involucrados la recaudación prácticamente no se ha movido. En ese lapso, ocho secretarios de Hacienda hicieron lo propio, aunque lo único que creció, y desmesuradamente, fue el número de exenciones y privilegios impositivos para los amigos del régimen; y los legisladores no dejan de mencionar la urgencia de una reforma fiscal, y nada.
Miguel de la Madrid aseguraba que su reforma fiscal revirtió la tendencia decreciente de la recaudación, aunque ésta se mantuvo en la lona. Por decreto, Carlos Salinas de Gortari despetrolizó las finanzas públicas, las cuales, a partir de ese momento, nunca fueron tan dependientes de los recursos petroleros. Entre tantas otras gracias, Ernesto Zedillo obsequió la Roque-señal a los mexicanos (el pasado primero de abril se cumplieron 14 años del regalito), al incrementar un modesto 50 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado (de 10 a 15 por ciento, tasa ésta vigente); Vicente Fox muy cerca estuvo de clavar el IVA a todos y a todo, mientras fortalecía los privilegios fiscales a los barones, y Felipe Calderón va por más de lo mismo, pero lo cierto es que ninguno de los cinco hizo el menor esfuerzo por erradicar los privilegios fiscales, incrementar el padrón de causantes y meter en orden al gran capital.
Eso sí, todos hablaron largo y tendido de la necesaria y urgente reforma fiscal, es decir, lo mismo que desde hace casi tres décadas se dice, pero nunca se hace. ¿Quieren dinero, les urge? Cobren donde hasta ahora no lo han hecho. ¿Quieren liquidez? Dejen de ser cómplices de los barones.
Las rebanadas del pastel
Asegura Zedillo que sólo habrá medidas impopulares para contrarrestar la crisis económica que se vive en México. No es así. No, si lo hacen como debe ser, si cobran donde deben cobrar, si incorporan al padrón de causantes a quienes por complicidad han dejado fuera tantos años. Si así proceden, constatarán que sí hay medidas con total apoyo popular para contrarrestar la crisis, pero si siguen aplicando sus medidas en los mismos sectores que han pagado todas las crisis, obvio es que serán igual de impopulares que de ineficientes.
Y ahora, como antes, ese debate apunta a lo mismo: superar las carencias con más impuestos y/o gravar todo y a todos con IVA, es decir, exprimir aún más a los causantes de siempre como solución mágica para combatir el raquitismo recaudatorio, sin tocar el fondo del problema, en el entendido de que el gobierno necesita dinero, liquidez, pero de ninguna manera broncas con el gran capital. Y qué mejor salida a esta ingrata situación que cargarle la mano otra vez a los causantes cautivos que no son beneficiarios de los sacrosantos regímenes especiales.
Parece que los participantes en este debate olvidan que ese ha sido el guión utilizado a lo largo de los últimos 29 años, tras registrar que el IVA –en ejercicio desde 1980, en el sexenio de José López Portillo– no sólo fue la última reforma fiscal real, que modificó todo el sistema recaudatorio, sino que al poco tiempo se dieron cuenta que el nuevo gravamen tampoco resolvía el raquitismo recaudatorio imperante en el país, aunque sí exprimió los bolsillos de los consumidores. Desde aquel año, la captación fiscal prácticamente no se ha alterado.
Le urge dinero, pero Ejecutivo y Legislativo se niegan rotundamente a que los barones se molesten (¿quién, entonces, financiaría las campañas políticas?) por obligarlos a pagar lo que deben pagar. Un detallado análisis del ITAM (alma mater de buena parte de los gabinetazos padecidos por México) nos da una idea precisa de qué se trata todo esto: el sistema impositivo ofrece una plétora de excepciones y de tratamientos especiales, complicando por consiguiente la administración impositiva y reduciendo la base fiscal. Y, adicionalmente, una distribución inequitativa del ingreso viene a complicar aún más la recaudación impositiva. Dos problemas cruciales del sistema impositivo mexicano son un importante grado de evasión fiscal y una reducida base impositiva. El resultado de este sistema es uno en el que aquéllos registrados en la base impositiva terminan con una muy pesada carga tributaria, mientras que, al mismo tiempo, una parte significativa de la población económicamente activa no paga impuestos.
Lo anterior se refuerza con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados: en 2009, alrededor de 733 mil millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas públicas por todo tipo de exenciones, reducciones, desgravaciones y conexos aplicados al impuesto sobre la renta, IVA, el naciente IETU, gravámenes especiales y estímulos fiscales, monto cuatro veces superior al déficit fiscal programado para el mismo. El problema es que 2009 no es un año excepcional en dicho sentido. Por el contrario, confirma la regla y se suma a la costosísima práctica (para el país y los mexicanos) de manejar clientelar y políticamente los impuestos.
Lo anterior se refuerza, cuando se conoce, con base en información oficial, que en el periodo 2002-2009, por las exenciones, desgravaciones, regímenes especiales y demás gracias que el gobierno tiene con sus amigos, las arcas nacionales dejaron de percibir más de 4.3 billones de pesos, 52 por ciento por ciento de los cuales corresponden a sacrificios fiscales a favor del capital y sus ganancias.
Así, el debate sobre una reforma fiscal real, de fondo, sin tomaduras de pelo, debe comenzar precisamente por ese punto. De nada sirve quejarse en público de la raquítica recaudación, si en lo privado se autoriza todo tipo de beneficios impositivos a un reducidísimo grupo de empresas y sus propietarios, nacionales y foráneos.
Al hilo, cinco inquilinos de Los Pinos (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) han celebrado sus respectivas reformas fiscales, pero en los 27 años involucrados la recaudación prácticamente no se ha movido. En ese lapso, ocho secretarios de Hacienda hicieron lo propio, aunque lo único que creció, y desmesuradamente, fue el número de exenciones y privilegios impositivos para los amigos del régimen; y los legisladores no dejan de mencionar la urgencia de una reforma fiscal, y nada.
Miguel de la Madrid aseguraba que su reforma fiscal revirtió la tendencia decreciente de la recaudación, aunque ésta se mantuvo en la lona. Por decreto, Carlos Salinas de Gortari despetrolizó las finanzas públicas, las cuales, a partir de ese momento, nunca fueron tan dependientes de los recursos petroleros. Entre tantas otras gracias, Ernesto Zedillo obsequió la Roque-señal a los mexicanos (el pasado primero de abril se cumplieron 14 años del regalito), al incrementar un modesto 50 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado (de 10 a 15 por ciento, tasa ésta vigente); Vicente Fox muy cerca estuvo de clavar el IVA a todos y a todo, mientras fortalecía los privilegios fiscales a los barones, y Felipe Calderón va por más de lo mismo, pero lo cierto es que ninguno de los cinco hizo el menor esfuerzo por erradicar los privilegios fiscales, incrementar el padrón de causantes y meter en orden al gran capital.
Eso sí, todos hablaron largo y tendido de la necesaria y urgente reforma fiscal, es decir, lo mismo que desde hace casi tres décadas se dice, pero nunca se hace. ¿Quieren dinero, les urge? Cobren donde hasta ahora no lo han hecho. ¿Quieren liquidez? Dejen de ser cómplices de los barones.
Las rebanadas del pastel
Asegura Zedillo que sólo habrá medidas impopulares para contrarrestar la crisis económica que se vive en México. No es así. No, si lo hacen como debe ser, si cobran donde deben cobrar, si incorporan al padrón de causantes a quienes por complicidad han dejado fuera tantos años. Si así proceden, constatarán que sí hay medidas con total apoyo popular para contrarrestar la crisis, pero si siguen aplicando sus medidas en los mismos sectores que han pagado todas las crisis, obvio es que serán igual de impopulares que de ineficientes.
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