Podredumbre Javier González Garza 16 May. 09 Lo dicho por De la Madrid sobre el ex presidente Salinas en una entrevista con Carmen Aristegui se queda corto. Se trata de algo conocido: en México la corrupción empieza en el poder político Miguel de la Madrid Hurtado tiene razón en todo lo dicho sobre Carlos Salinas de Gortari, y se queda corto. Si le preguntáramos a todos los mexicanos sobre el actuar de los Salinas, la inmensa mayoría opinaría lo mismo. La impactante entrevista que realizó Carmen Aristegui para su libro y las presurosas cartas despachadas para intentar descalificar, no la entrevista o a la entrevistadora -cosa que no podrían hacer-, sino al ex Presidente, dibujan de cuerpo completo algo que todos sabemos: la corrupción y la injusticia empiezan en el poder político de nuestro país. El sistema político mexicano está podrido porque es incapaz de generar instituciones funcionales con la democracia, e incluso desmantela las pocas que funcionan con el propósito de mantener sus privilegios. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública son claros ejemplos de esta podredumbre, porque en lugar de investigar los delitos y faltas que deberían perseguir, cuando se trata del poder político, son empleados de quienes los cometen. En la sociedad hay la percepción de que los Salinas son corruptos, pero lo triste es que aun ahora, cuando uno de los hombres con más información oficial del país afirma que Raúl se comunicaba con narcotraficantes y que ellos "le dieron el dinero para llevárselo a Suiza", tenemos la certeza de que este gobierno no hará nada por investigar al ex Presidente ni a su hermano, cumpliendo a cabalidad con las reglas del régimen que persiste hasta hoy. Aún más, las mismas prácticas de desvío de recursos, de licitaciones amañadas, de porcentajes ilegales en contratos, de enigmáticos enriquecimientos de familiares y amigos presidenciales se sostienen en este gobierno. Nuestras instituciones son cada vez más una ruina, se utilizan desde el poder a favor de los mismos poderosos, para mantener privilegios y cubrir fechorías. Ellos las destruyen no sólo cuando saquean aquellas que construimos con esfuerzos proverbiales, como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, CFE y muchas otras, sino que también las destruyen cuando esos poderes las usan para imponer decisiones o justificar ultrajes, como hicieron con el IFE en 2006. Por más que se definan estructuras, funciones y se tipifiquen delitos, mientras las decisiones que se toman en esas instituciones sigan pasando por el tamiz de los grupos de poder, destruyen el entramado social y la vida política del país. Un caso paradigmático y actual es el del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien fue secretario de Seguridad Pública federal cuando se perpetró la agresión a los pobladores de Atenco en el estado de México. Por esos hechos se presentó una denuncia ante la PGR donde a él mismo se le señalaba como probable responsable. Meses después asumió la Procuraduría y ante el claro conflicto de intereses se le exigió se excusara de intervenir en la investigación de aquella denuncia, lo que nunca hizo. Entonces le exigimos su renuncia, pues no podía conducir imparcialmente una investigación donde él mismo estaría implicado. El resultado es que hay varios pobladores de Atenco cumpliendo vergonzosas condenas y él sigue tan campante. Salinas tiene razón cuando afirma que los han investigado y absuelto de todo lo que se les acusa. Pero las investigaciones hechas por instituciones que se inclinan ante poderes que él mismo representa no pueden más que redimirlo. Es un hecho que Salinas de Gortari sigue siendo uno de los más poderosos actores en la escena política mexicana, pues da órdenes a varios grupos en distintos partidos políticos y grupos empresariales. Nombres como Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther Gordillo, Manuel Andrade, Jorge Kahwagi, Roberto Hernández, Carlos Peralta, y mucho otros más han aparecido en diversos momentos involucrados con Salinas en presuntos ilícitos. La pregunta que surge es si realmente es posible realizar investigaciones veraces y llevar a cabo procesos justos en nuestro país, y muy pronto nos damos cuenta de que el sistema de intereses, del que son parte o al que sirven los altos funcionarios, castra a las instituciones porque les quita la posibilidad de cumplir cabalmente aquello para lo que fueron creadas. Así, podemos encontrar en distintos momentos de la historia instituciones, que van desde la Presidencia hasta el Cisen, sirviendo de manera inmoral e ilegal a intereses particulares, por ejemplo para impedir que alguien contrario a sus intereses llegue a la Presidencia o para negociar ilegalmente la libertad de un criminal o para recuperar dinero incautado. Una de las cosas que tenemos que hacer para empezar a desmontar este sórdido escenario es tener claro que hay ciertas instituciones, como la PGR o la SFP, que por sus encomiendas deben ser independientes y no subordinarse a poder alguno. Así, castigando los abusos que se dan desde el poder, podríamos empezar a combatir la impunidad y la corrupción del sistema político mexicano, que con toda lucidez De la Madrid describió en la entrevista que difundió Carmen. Nuestro país tiene futuro, este sistema político no. |
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