Secuestros
Miguel Ángel Granados Chapa
18 May. 09
Los secuestros de dos jovencitos, de 16 años cada uno, cometidos en el Distrito Federal y en Chihuahua, y concluidos de manera por entero diferente, obligan a preguntar por la eficacia de la estrategia antisecuestros que presuntamente despliegan el gobierno federal y los de las entidades federativas. También conducen a reflexionar sobre la actitud de la sociedad frente a ese delito. Y esos secuestros mercenarios, perpetrados con fines de lucro, nos fuerzan a pensar en otro tipo de privaciones ilegales de la libertad, como los levantones y la desaparición forzada de personas.
Antonio Equihua Peralta fue secuestrado el 22 de abril, camino de su casa a la escuela, en el sur de la Ciudad de México. Los delincuentes que se lo llevaron pidieron una muy alta cantidad por su rescate. El padre de la víctima decidió negociar personalmente, sin intervención de las autoridades, la libertad de su hijo. Al parecer logró cubrir parte de la suma convenida, y continuaba en la fatigosa interlocución con los secuestradores cuando su hijo fue asesinado, sin que sus captores dijeran nada. El domingo 10 de mayo fue localizado en Tlalpan (él vivía en Coyoacán) el cadáver de Antonio, probablemente muerto una semana atrás. Se conjetura que fue ultimado por reconocer a los autores de su cautiverio, que serían parte del entorno social o económico de la familia.
La noticia cundió el martes pasado, pero estuvo lejos de generar la conmoción provocada en agosto de 2008, cuando una suerte semejante corrió el joven Fernando Martí. Tanto sacudió esa noticia no sólo a la población capitalina sino al país entero, que el 21 de ese mes se signó un Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que ponía el énfasis en el combate al secuestro. Aminorada la espectacularidad de la reunión donde se signó el acuerdo (durante la cual Alejandro Martí, padre de Fernando, pidió a los funcionarios marcharse, si no podían cumplir su tarea), en el DF y en el resto del país se ha vuelto a esa extraña, inmoral normalidad, que mezcla resignación, cinismo e indiferencia, en que la comisión de esos delitos y otros semejantes se percibe como inevitable, como parte del paisaje social, que nadie intenta siquiera modificar a sabiendas de que esa tarea es sobrehumana.
Pero no es verdad que esa reacción sea de alcance general, y la única frente a los secuestros. En el municipio de Galeana, en Chihuahua, se gestó una actitud de otra índole, ante el secuestro de un jovencito, también de 16 años. Eric LeBaron, hijo del pastor de una singular comunidad mormona asentada en aquella porción serrana de Chihuahua. Su padre recibió de los secuestradores la orden de pagar un millón de dólares, una suma imposible para su economía. Los LeBaron forman una comunidad disidente de la Iglesia de los Santos del Último Día y se rigen por sus propias normas, entre las cuales descuellan el trabajo y la solidaridad. Joel LeBaron, el padre del chico secuestrado, intentó colectar el monto exigido por los delincuentes, pero al hablar del caso con sus feligreses y otros habitantes de Galeana, todos llegaron a la conclusión de no pagar. No habrá dinero que alcance si lo hacemos, razonaron. Entregar dinero estimulará nuevos secuestros. Al adoptar la riesgosa conclusión, escogieron una táctica ciudadana que permitiera el rescate de la víctima.
Se trató de una exigencia colectiva a las autoridades para que actuaran y localizaran a Eric y sus captores. El lunes 4, a bordo de más de 60 vehículos se trasladaron a la capital del estado y se asentaron en la Plaza del Ángel. Recibió a sus representantes el secretario de Gobierno, Sergio Granados, a quien comunicaron su decisión de no pagar el rescate, y su exigencia de pronta acción policial. Mientras ellos permanecían allí, la procuradora Patricia González se trasladó a Galeana para impulsar la averiguación ministerial.
Quizá debido a esa doble movilización, la comunitaria y la gubernamental, los secuestradores lo pensaron mejor y para no exponerse a ser aprehendidos, dejaron en libertad a Eric LeBaron, que tuvo que caminar unas cuatro horas hasta llegar a un punto en que pudo comunicarse con su familia. Sería irresponsable y torpe convertir la valiente decisión de los mormones de Galeana en una regla que, de observarse en todo secuestro, abatiría la práctica de ese delito aunque en no pocos casos generaría homicidios. La actitud que sí puede ser presentada como ejemplar, digna de aplauso, es la mostrada por la comunidad agraviada, que se unió en una demanda eficaz.
En cambio, otras formas de privar de su libertad a las personas quedan en la impunidad, sobre todo cuando están involucradas autoridades y más aún cuando éstas son militares. En la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República se recibió la denuncia de la desaparición de dos médicos veterinarios, Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, que a la medianoche del domingo 5 de abril salieron del domicilio del primero y en el vehículo del segundo, en Torreón, a hacer una compra de la que ya no volvieron. Al día siguiente fue hallada la camioneta de Alvarado. Mostraba siete impactos de bala y rastros de sangre en los asientos. Testigos informaron que en la madrugada se hicieron disparos desde un vehículo militar (una tanqueta improvisada), probablemente contra los veterinarios.
Las familias peregrinan desde entonces de autoridad en autoridad sin que ninguna acepte tener noticias de Uribe y Alvarado, que deben aparecer vivos cuanto antes.
Cajón de Sastre
La lista de levantados y desaparecidos es interminable. Este fin de semana se cumplieron dos años de la desaparición de dirigentes petroleros en Cadereyta. No eran personas contrarias al sistema. Habían apoyado en su hora a Carlos Romero Deschamps y sin embargo no aparecen sin que al líder sindical le importe el suceso. El jueves pasado una atribulada señora, Mercedes de Ruiz Arévalo, clamó en público lo que ya ha pedido en privado al presidente Calderón; su ayuda para que su esposo, Enrique Ruiz Arévalo, aparezca, ya que nada se sabe de él desde hace dos años también. No lo dice el mensaje publicado en Reforma el 14 de mayo, pero Ruiz Arévalo, director de investigaciones sobre secuestro y crimen organizado en Coahuila, fue privado de su libertad en Torreón por un comando dotado de armas largas y vestimenta de la AFI.
Antonio Equihua Peralta fue secuestrado el 22 de abril, camino de su casa a la escuela, en el sur de la Ciudad de México. Los delincuentes que se lo llevaron pidieron una muy alta cantidad por su rescate. El padre de la víctima decidió negociar personalmente, sin intervención de las autoridades, la libertad de su hijo. Al parecer logró cubrir parte de la suma convenida, y continuaba en la fatigosa interlocución con los secuestradores cuando su hijo fue asesinado, sin que sus captores dijeran nada. El domingo 10 de mayo fue localizado en Tlalpan (él vivía en Coyoacán) el cadáver de Antonio, probablemente muerto una semana atrás. Se conjetura que fue ultimado por reconocer a los autores de su cautiverio, que serían parte del entorno social o económico de la familia.
La noticia cundió el martes pasado, pero estuvo lejos de generar la conmoción provocada en agosto de 2008, cuando una suerte semejante corrió el joven Fernando Martí. Tanto sacudió esa noticia no sólo a la población capitalina sino al país entero, que el 21 de ese mes se signó un Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que ponía el énfasis en el combate al secuestro. Aminorada la espectacularidad de la reunión donde se signó el acuerdo (durante la cual Alejandro Martí, padre de Fernando, pidió a los funcionarios marcharse, si no podían cumplir su tarea), en el DF y en el resto del país se ha vuelto a esa extraña, inmoral normalidad, que mezcla resignación, cinismo e indiferencia, en que la comisión de esos delitos y otros semejantes se percibe como inevitable, como parte del paisaje social, que nadie intenta siquiera modificar a sabiendas de que esa tarea es sobrehumana.
Pero no es verdad que esa reacción sea de alcance general, y la única frente a los secuestros. En el municipio de Galeana, en Chihuahua, se gestó una actitud de otra índole, ante el secuestro de un jovencito, también de 16 años. Eric LeBaron, hijo del pastor de una singular comunidad mormona asentada en aquella porción serrana de Chihuahua. Su padre recibió de los secuestradores la orden de pagar un millón de dólares, una suma imposible para su economía. Los LeBaron forman una comunidad disidente de la Iglesia de los Santos del Último Día y se rigen por sus propias normas, entre las cuales descuellan el trabajo y la solidaridad. Joel LeBaron, el padre del chico secuestrado, intentó colectar el monto exigido por los delincuentes, pero al hablar del caso con sus feligreses y otros habitantes de Galeana, todos llegaron a la conclusión de no pagar. No habrá dinero que alcance si lo hacemos, razonaron. Entregar dinero estimulará nuevos secuestros. Al adoptar la riesgosa conclusión, escogieron una táctica ciudadana que permitiera el rescate de la víctima.
Se trató de una exigencia colectiva a las autoridades para que actuaran y localizaran a Eric y sus captores. El lunes 4, a bordo de más de 60 vehículos se trasladaron a la capital del estado y se asentaron en la Plaza del Ángel. Recibió a sus representantes el secretario de Gobierno, Sergio Granados, a quien comunicaron su decisión de no pagar el rescate, y su exigencia de pronta acción policial. Mientras ellos permanecían allí, la procuradora Patricia González se trasladó a Galeana para impulsar la averiguación ministerial.
Quizá debido a esa doble movilización, la comunitaria y la gubernamental, los secuestradores lo pensaron mejor y para no exponerse a ser aprehendidos, dejaron en libertad a Eric LeBaron, que tuvo que caminar unas cuatro horas hasta llegar a un punto en que pudo comunicarse con su familia. Sería irresponsable y torpe convertir la valiente decisión de los mormones de Galeana en una regla que, de observarse en todo secuestro, abatiría la práctica de ese delito aunque en no pocos casos generaría homicidios. La actitud que sí puede ser presentada como ejemplar, digna de aplauso, es la mostrada por la comunidad agraviada, que se unió en una demanda eficaz.
En cambio, otras formas de privar de su libertad a las personas quedan en la impunidad, sobre todo cuando están involucradas autoridades y más aún cuando éstas son militares. En la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República se recibió la denuncia de la desaparición de dos médicos veterinarios, Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, que a la medianoche del domingo 5 de abril salieron del domicilio del primero y en el vehículo del segundo, en Torreón, a hacer una compra de la que ya no volvieron. Al día siguiente fue hallada la camioneta de Alvarado. Mostraba siete impactos de bala y rastros de sangre en los asientos. Testigos informaron que en la madrugada se hicieron disparos desde un vehículo militar (una tanqueta improvisada), probablemente contra los veterinarios.
Las familias peregrinan desde entonces de autoridad en autoridad sin que ninguna acepte tener noticias de Uribe y Alvarado, que deben aparecer vivos cuanto antes.
Cajón de Sastre
La lista de levantados y desaparecidos es interminable. Este fin de semana se cumplieron dos años de la desaparición de dirigentes petroleros en Cadereyta. No eran personas contrarias al sistema. Habían apoyado en su hora a Carlos Romero Deschamps y sin embargo no aparecen sin que al líder sindical le importe el suceso. El jueves pasado una atribulada señora, Mercedes de Ruiz Arévalo, clamó en público lo que ya ha pedido en privado al presidente Calderón; su ayuda para que su esposo, Enrique Ruiz Arévalo, aparezca, ya que nada se sabe de él desde hace dos años también. No lo dice el mensaje publicado en Reforma el 14 de mayo, pero Ruiz Arévalo, director de investigaciones sobre secuestro y crimen organizado en Coahuila, fue privado de su libertad en Torreón por un comando dotado de armas largas y vestimenta de la AFI.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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