Zacatecas y Morelos: inseguridad y corrupción: Miguel Ángel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA Zacatecas y Morelos: inseguridad y corrupción Miguel Ángel Granados Chapa 24 May. 09 La evasión de 53 presos en Zacatecas fue posible gracias a complicidades; el que un convoy haya transitado no lejos de edificios de la PGR y de la Policía Federal sin que nadie advirtiera su presencia permite pensar que personal de estas autoridades tuvo participación Alejandro Rojas Chalico dejó de ser el jueves pasado secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas. Apenas designado el 3 de marzo, después de ser subsecretario durante casi un año, fue destituido a causa de la escandalosa evasión de 53 presos ocurrida en el penal de Cieneguillas, en Zacatecas, al alba del 16 de mayo. No se le ha fincado responsabilidad penal ninguna respecto de ese hecho, por lo que su renuncia es más bien un acto de responsabilidad política asumido por la gobernadora Amalia García Medina. Otro gobernador, el de Morelos, Marco Antonio Adame, anunció el viernes 15 de mayo la dimisión de su propio secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Al mismo tiempo Adame avisó del retiro de su procurador de Justicia, Francisco Coronato. Aunque no explicó la causa de las remociones, pronto se supo que Cabeza de Vaca estaba señalado por mantener vínculos con el narcotráfico, específicamente con la banda de los Beltrán Leyva, que como otros jefes delincuenciales conspicuos han escogido a Morelos y a Cuernavaca en particular para vivir tranquilos, sin que nadie los moleste. Aunque el propio Adame dijo que el ex secretario de Seguridad Pública estaba "atendiendo una orden de presentación" de la PGR, para todo efecto práctico había sido aprehendido el propio viernes. Fue detenido en la Torre Morelos, una formidable instalación inaugurada en enero de 2008 para mejorar el combate a la delincuencia. Como al parecer el jefe policiaco estaba obrando en sentido contrario, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, solicitó su arraigo y un juez lo concedió por 40 días. Siguió esa suerte el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Sánchez González. Los sucesos recientes en sus respectivas entidades, por los cuales tuvieron que abandonar su función los secretarios de Seguridad Pública de Zacatecas y de Morelos -cuya situación no es en modo alguno comparable-, nos ponen de nuevo frente a la terrible evidencia no sólo de la corrupción que pudre a organismos policiales y de ejecución de sentencias, sino al todavía más peligroso fenómeno por el cual se truecan los papeles y los encargados de perseguir delincuentes son ellos mismos delincuentes. La evasión de presos en Cieneguillas pudo realizarse por la capacidad logística de quienes la urdieron y pusieron en práctica, pero también porque contaron con obvias complicidades y otras que no son tan evidentes. Entre estas últimas hay que considerar la posibilidad de que personal de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal participaran por omisión deliberada en la breve ocupación de la cárcel y la fuga de medio centenar de sus reclusos. El aparatoso convoy de siete vehículos, ornados con torretas que despedían sus luces en la oscuridad de la madrugada, llegó al penal después de transitar frente a los nada distantes edificios de la PGR y la PF, sin que allí nadie se percatara de esa peculiar presencia o, a sabiendas de lo que se trataba, los agentes federales simularon no darse cuenta de lo que ocurría en su entorno, antes y después de la aséptica operación de cuyo curso se tuvo conocimiento público por las grabaciones logradas por las cámaras instaladas dentro y fuera de la prisión, y que fueron difundidas por Reforma y la televisión el jueves pasado. Allí quedó registrada la colaboración prestada al comando que libró a los reos por los custodios. Por ello 44 miembros del personal carcelario, más el director del penal, Eduardo Romero García, están arraigados en la Ciudad de México. Esa complicidad viene de lejos, según denuncian ahora algunos celadores que están libres. Recordaron que la presencia de reos federales de alta peligrosidad había generado tensiones y amenazas al personal, que fueron comunicadas en noviembre pasado al director Romero por el comandante de custodios Tomás Garay Rojas, quien fue levantado el 16 de enero y desde entonces no se sabe de él. Quizá desde aquel noviembre se preparaba la fuga, pues a consecuencia de un motín suscitado por Los Zetas -la brigada de corte militar al servicio del narcotráfico-, se confinó en el área de separos a los amotinados, justamente los 53 que tranquilamente se marcharon ayer hizo ocho días (La Jornada, 22 de mayo). También en Morelos data de meses la liga de la delincuencia organizada con el ex secretario Cabeza de Vaca, si hemos de creer al senador perredista Graco Ramírez, quien asegura haber recibido, hace un año, noticia de ese vínculo, proveniente de la Policía Federal Preventiva y del Ejército. Desde entonces también el gobernador Adame sabía de esa conexión, afirma el legislador, quien recordó que el ahora depuesto secretario fue nombrado por el gobernador precedente, Sergio Estrada Cajigal, y confirmado en el cargo por Adame (Reforma, 22 de mayo). El propio Estrada Cajigal, que renunció al PAN hace algunas semanas, en un rompimiento con Adame que podría surgir no sólo por diferencias de política electoral sino por intereses nada claros, fue señalado en su momento por la actuación delictuosa de personal a sus órdenes. Un subprocurador y el director de la policía ministerial, Alejandro Hernández Arjona y Agustín Montiel, fueron mantenidos en sus puestos por Estrada Cajigal no obstante la frecuencia con que se les señaló como responsables de actos delictuosos, algunos de ellos terribles. Hernández Arjona y cuatro agentes ministeriales que dependían de Montiel fueron aprehendidos en abril de 2004 porque proporcionaron las armas para asesinar a un narcomenudista, en un ajuste de cuentas en que los funcionarios participaron como si gestionaran un asunto propio. Montiel, por su parte, está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano por sus nexos con Juan José Esparragoza Moreno, apodado El Azul. Estrada Cajigal tuvo que cesar, como ha hecho ahora Adame, a colaboradores cercanos quienes de alguna manera, no demostrable penalmente, estaban involucrados en esos turbios asuntos, por lo menos porque coincidieron con Estrada Cajigal en no darse por enterados de lo que ocurría en la procuración de justicia. Renunciaron el secretario de gobierno Eduardo Becerra y el procurador Guillermo Tenorio. El propio gobernador enfrentó por esas causas un juicio político del que lo salvó su habilidad para cooptar a diputados que desistieron de culparlo, así como el apoyo del presidente Fox y de su partido. Un agente ministerial indiciado junto con Montiel declaró que éste, su jefe, "se encarga de recibir pagos de diversos narcotraficantes de Morelos". También dijo saber "porque así se platica, que el gobernador tiene un lazo sentimental con Nadia Esparragoza, hija de El Azul, y que probablemente de aquí venga la custodia que tiene Montiel con respecto a esta persona". En aquel momento, escribí en este mismo espacio que "la alusión al nexo personal entre esa joven y el gobernador Sergio Estrada Cajigal... puede ser un vulgar y ofensivo chisme. La información sobre la escolta asignada a ella no lo es. La PGR la comprobó, al punto de que sus agentes tuvieron conocimiento del domicilio de la joven precisamente por el testimonio de" ese agente ministerial (Reforma, 13 de abril de 2004). Esparragoza es uno de los principales jefes del narcotráfico en México. Purgó una breve pena de prisión de 1986 a 1992 y desde entonces se mueve con toda libertad pese a que participa activamente en el negocio de las drogas. Junto con su compadre Amado Carrillo Fuentes se estableció en Cuernavaca hacia 1994: "No tardó en ser pública la presencia en la capital de Morelos de esos jefes del narcotráfico. Era imposible que pasara inadvertida, así fuera sólo por las nubes de guardaespaldas que protegían sus casas y sus personas. A esa multiplicación de guaruras se debió el auge que hace una década tuvieron los secuestros en esa entidad, pues ese delito se convirtió en una especie de deporte para mantenerse en forma o un medio para ganar más dinero: lo practicaban los guardias en sus ratos de ocio". Durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea el auge del secuestro contó con un factor más: lo practicaban agentes policiacos encargados de combatirlo. El principal de ellos fue Armando Martínez Salgado, que cayó en prisión poco antes de que a su vez cayera de la gubernatura en relación con esos casos el propio Carrillo Olea. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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