Fouché en México
Miguel Ángel Granados Chapa
13 Ago. 09
Por lo visto, la Secretaría de Seguridad Pública federal busca hacerse imprescindible aun falseando los hechos. Acaso por eso habló el lunes de un posible atentado al Presidente en un anuncio del que se arrepintió, quizá por la fragilidad del argumento expuesto
Ignoro la causa pero a menudo, ante ciertos episodios de la lucha contra la delincuencia organizada, pienso en José Fouché, el ministro de policía de Napoleón, desde que era cónsul y se mantuvo en el cargo aun después de la caída de su jefe, a quien no vaciló en traicionar. Previamente, durante el áspero ejercicio de su función, Fouché descansó en la información de que lo proveía una vasta red de espías (orejas les llamamos en México durante un tiempo) y en la exageración y aun creación de problemas, para hacerse indispensable. Esa inclinación parece inevitable en los responsables de la política interior y la seguridad nacional o pública, pues de hacer creer en la existencia de peligros para la patria o sus personeros depende su permanencia y su prosperidad.
El domingo fue asesinada en Monterrey la abogada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, contra la cual se habían lanzado varios ataques, que resultaron fallidos. Es obligado indagar en su tarea profesional para hallar el móvil que explica su eliminación. La litigante se hizo famosa por defender a jefes del narcotráfico, pero no era esa su dedicación exclusiva. Desde hace poco era la defensora de Javier Herrera Valles, un mando en la Policía Federal de Caminos que después llegó a ser coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva. Ahora está bajo proceso, sin que pueda asegurarse que a su detención y enjuiciamiento es ajena la severa denuncia que lanzó contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Un paso previo a la persecución que sufrió fue su expulsión de la PFP, decretada por una junta de honor formada por tres funcionarios muy próximos a García Luna. Uno de ellos, Ramón Eduardo Pequeño García, aparecería unas horas después como fuente de una información relevante.
El lunes, mientras en Guadalajara el presidente Calderón se reunía con el presidente Obama y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, la Secretaría de Seguridad Pública expidió un comunicado, que fue leído y explicado por Pequeño García, un móvil funcionario de esa dependencia y de la Policía Federal que de ella depende. La médula de esa información era la captura de Dimas Díaz Ramos, a quien el cártel del Pacífico habría encomendado "los pormenores para un posible atentado" contra el presidente Calderón. La detención de ese delincuente fue posible al cabo de una investigación destinada a establecer el origen de una amenaza contra el propio primer mandatario. Esa indagación permitió saber que "la amenaza fue realizada por el cártel del Pacífico (o Sinaloa)".
Horas más tarde se podó el comunicado, omitiéndose la referencia al atentado. Sin embargo, a partir del boletín de la mañana, una vez concluida la Cumbre el presidente Calderón se refirió al asunto en una conferencia de prensa y por lo menos en una entrevista, la que por la noche sostuvo con Joaquín López Dóriga. En ambos momentos Calderón declaró que no se intimidaría ni echaría para atrás. Naturalmente no aportó información adicional a la breve línea donde se mencionó la posibilidad de un atentado, línea que a esas horas ya había sido suprimida.
El comunicado original y la autocensura provocan varias reflexiones. Una es que quizá la SSP quiso ofrecer material de relieve a la prensa internacional, sobre todo norteamericana y canadiense, interesada en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Una vez que la mayor parte de los enviados y corresponsales retornaron a sus países carecía de sentido la cláusula, acaso destinada a subrayar la valentía del presidente de la República, a la que se habían referido los dos mandatarios invitados. También pudo ser que alguien con autoridad hubiera reparado en la forma trivial y desaprensiva, como de paso, de referirse a un asunto de extrema delicadeza como es la seguridad personal del Jefe del Estado. Es irresponsable mencionar de esa manera la posibilidad de un atentado porque el tema se vuelve materia de las hablillas comunes como algo hacedero y viable, tanto que había sido encomendado a un miembro del narcotráfico de segundo nivel, que había sido agente de la Policía Ministerial en Sinaloa por lo cual es posible que sus datos consten en algún registro.
Cuesta trabajo creer que el cártel de Sinaloa haya emitido la amenaza y dispuesto atacar al Ejecutivo, como asegura la SSP. Lo último que quiere el perpetrador de un crimen es atraer sobre sus actos la atención de las autoridades. Quien amenaza casi nunca tiene el propósito real de conducirse conforme a su amago. Quien ataca no avisa: en la sorpresa radica buena parte del éxito de su encomienda.
Es también llamativa la oportunidad de la detención de Dimas Díaz Ramos, muy a tiempo de notificarla al público cuando se efectuaba la cumbre. Fabricar una noticia ha sido un modo de actuación del secretario García Luna, quien ha pretendido más de una vez mostrar su eficacia a los medios. El caso más sobresaliente de esa inclinación es el de Florence Cassez. Haber simulado su detención y el simultáneo rescate de sus presuntas víctimas por agentes de la AFI, encabezada entonces por García Luna, restó verosimilitud a las imputaciones contra la ciudadana francesa y dio pábulo al conflicto internacional en torno a su cautiverio.
Pequeño García, el funcionario desautorizado o autocensurado, es parte del círculo más cercano al titular de la SSP. Surgido del Cisen, su especialidad es la inteligencia, es decir la información privilegiada. Quizá es apto para obtenerla, no para emitirla.
Cajón de Sastre
La matanza de Acteal, 45 personas brutalmente asesinadas al cabo de un largo periodo de hostigamiento que había desplazado a miles de personas temerosas por su vida, parecía un exceso más allá del cual era imposible llegar. Y sin embargo, ese extremo distante se concretó. Las autoridades locales y federales, que habían propiciado el crimen colectivo por acción directa o por omisión, fingieron hacer justicia, para aliviar el ánimo exacerbado por la indignación de los deudos de las víctimas, sus compañeros, vecinos y, sobre todo, los sobrevivientes. Por una variedad de circunstancias que no es posible soslayar, 11 años después se ha venido a saber que la averiguación previa y los procesos fueron deliberadamente erróneos. Por consecuencia se ha mantenido en prisión injustamente a personas inocentes y no se castiga a quienes efectivamente participaron en el atroz asesinato del 22 de diciembre de 1997. Por si todo eso fuera poco, la decisión de la Suprema Corte destinada formalmente a impartir justicia acaso genere lo contrario, una vuelta atrás en el tiempo, un reavivamiento de las crueles tensiones que aun hoy se viven en Chenalhó, Chiapas.
Ignoro la causa pero a menudo, ante ciertos episodios de la lucha contra la delincuencia organizada, pienso en José Fouché, el ministro de policía de Napoleón, desde que era cónsul y se mantuvo en el cargo aun después de la caída de su jefe, a quien no vaciló en traicionar. Previamente, durante el áspero ejercicio de su función, Fouché descansó en la información de que lo proveía una vasta red de espías (orejas les llamamos en México durante un tiempo) y en la exageración y aun creación de problemas, para hacerse indispensable. Esa inclinación parece inevitable en los responsables de la política interior y la seguridad nacional o pública, pues de hacer creer en la existencia de peligros para la patria o sus personeros depende su permanencia y su prosperidad.
El domingo fue asesinada en Monterrey la abogada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, contra la cual se habían lanzado varios ataques, que resultaron fallidos. Es obligado indagar en su tarea profesional para hallar el móvil que explica su eliminación. La litigante se hizo famosa por defender a jefes del narcotráfico, pero no era esa su dedicación exclusiva. Desde hace poco era la defensora de Javier Herrera Valles, un mando en la Policía Federal de Caminos que después llegó a ser coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva. Ahora está bajo proceso, sin que pueda asegurarse que a su detención y enjuiciamiento es ajena la severa denuncia que lanzó contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Un paso previo a la persecución que sufrió fue su expulsión de la PFP, decretada por una junta de honor formada por tres funcionarios muy próximos a García Luna. Uno de ellos, Ramón Eduardo Pequeño García, aparecería unas horas después como fuente de una información relevante.
El lunes, mientras en Guadalajara el presidente Calderón se reunía con el presidente Obama y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, la Secretaría de Seguridad Pública expidió un comunicado, que fue leído y explicado por Pequeño García, un móvil funcionario de esa dependencia y de la Policía Federal que de ella depende. La médula de esa información era la captura de Dimas Díaz Ramos, a quien el cártel del Pacífico habría encomendado "los pormenores para un posible atentado" contra el presidente Calderón. La detención de ese delincuente fue posible al cabo de una investigación destinada a establecer el origen de una amenaza contra el propio primer mandatario. Esa indagación permitió saber que "la amenaza fue realizada por el cártel del Pacífico (o Sinaloa)".
Horas más tarde se podó el comunicado, omitiéndose la referencia al atentado. Sin embargo, a partir del boletín de la mañana, una vez concluida la Cumbre el presidente Calderón se refirió al asunto en una conferencia de prensa y por lo menos en una entrevista, la que por la noche sostuvo con Joaquín López Dóriga. En ambos momentos Calderón declaró que no se intimidaría ni echaría para atrás. Naturalmente no aportó información adicional a la breve línea donde se mencionó la posibilidad de un atentado, línea que a esas horas ya había sido suprimida.
El comunicado original y la autocensura provocan varias reflexiones. Una es que quizá la SSP quiso ofrecer material de relieve a la prensa internacional, sobre todo norteamericana y canadiense, interesada en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Una vez que la mayor parte de los enviados y corresponsales retornaron a sus países carecía de sentido la cláusula, acaso destinada a subrayar la valentía del presidente de la República, a la que se habían referido los dos mandatarios invitados. También pudo ser que alguien con autoridad hubiera reparado en la forma trivial y desaprensiva, como de paso, de referirse a un asunto de extrema delicadeza como es la seguridad personal del Jefe del Estado. Es irresponsable mencionar de esa manera la posibilidad de un atentado porque el tema se vuelve materia de las hablillas comunes como algo hacedero y viable, tanto que había sido encomendado a un miembro del narcotráfico de segundo nivel, que había sido agente de la Policía Ministerial en Sinaloa por lo cual es posible que sus datos consten en algún registro.
Cuesta trabajo creer que el cártel de Sinaloa haya emitido la amenaza y dispuesto atacar al Ejecutivo, como asegura la SSP. Lo último que quiere el perpetrador de un crimen es atraer sobre sus actos la atención de las autoridades. Quien amenaza casi nunca tiene el propósito real de conducirse conforme a su amago. Quien ataca no avisa: en la sorpresa radica buena parte del éxito de su encomienda.
Es también llamativa la oportunidad de la detención de Dimas Díaz Ramos, muy a tiempo de notificarla al público cuando se efectuaba la cumbre. Fabricar una noticia ha sido un modo de actuación del secretario García Luna, quien ha pretendido más de una vez mostrar su eficacia a los medios. El caso más sobresaliente de esa inclinación es el de Florence Cassez. Haber simulado su detención y el simultáneo rescate de sus presuntas víctimas por agentes de la AFI, encabezada entonces por García Luna, restó verosimilitud a las imputaciones contra la ciudadana francesa y dio pábulo al conflicto internacional en torno a su cautiverio.
Pequeño García, el funcionario desautorizado o autocensurado, es parte del círculo más cercano al titular de la SSP. Surgido del Cisen, su especialidad es la inteligencia, es decir la información privilegiada. Quizá es apto para obtenerla, no para emitirla.
Cajón de Sastre
La matanza de Acteal, 45 personas brutalmente asesinadas al cabo de un largo periodo de hostigamiento que había desplazado a miles de personas temerosas por su vida, parecía un exceso más allá del cual era imposible llegar. Y sin embargo, ese extremo distante se concretó. Las autoridades locales y federales, que habían propiciado el crimen colectivo por acción directa o por omisión, fingieron hacer justicia, para aliviar el ánimo exacerbado por la indignación de los deudos de las víctimas, sus compañeros, vecinos y, sobre todo, los sobrevivientes. Por una variedad de circunstancias que no es posible soslayar, 11 años después se ha venido a saber que la averiguación previa y los procesos fueron deliberadamente erróneos. Por consecuencia se ha mantenido en prisión injustamente a personas inocentes y no se castiga a quienes efectivamente participaron en el atroz asesinato del 22 de diciembre de 1997. Por si todo eso fuera poco, la decisión de la Suprema Corte destinada formalmente a impartir justicia acaso genere lo contrario, una vuelta atrás en el tiempo, un reavivamiento de las crueles tensiones que aun hoy se viven en Chenalhó, Chiapas.
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