Acentos
Ricardo Monreal Ávila
2009-10-13•Acentos
El decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro y, por lo tanto, la relación laboral derivada de la misma, es un auténtico bumerán: desnuda como ningún otro acto de gobierno la naturaleza antisindical, privatizadora y autoritaria del actual régimen.
De entrada, la violación flagrante a la Constitución y a la legislación laboral. Un solo dato ilustrativo: la ocupación de facto de las instalaciones de la empresa por parte de la fuerza policial se dio con horas de anticipación a la publicación del decreto de extinción. Lo primero ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, mientras que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el domingo 11. “Primero ocupo y luego justifico” es el modus operandi de un gobierno autoritario en cualquier parte del planeta. Así actuó Roberto Micheletti durante el reciente cierre de medios de comunicación opositores en Honduras y así lo hizo en su momento Hugo Chávez en Venezuela, frente a las televisoras críticas a su gobierno.
Por otra parte, el texto del decreto no alude en ningún momento (ni en los considerandos ni en los siete artículos centrales ni en los tres transitorios) a los argumentos de fraude electoral sindical que durante días manejó la autoridad laboral para negar la “toma de nota” y desconocer a la dirigencia nacional electa, lo que vino a demostrar que se creó de manera artificiosa un conflicto sindical para ocultar la verdadera intención de extinguir a la empresa pública y, sobre todo, a su sindicato. En otras palabras, la cacareada “democratización sindical” nunca fue el verdadero objetivo del gobierno, sino la desaparición de un sindicato que desde su origen ha vinculado las demandas de reivindicación salarial y laboral a un cambio del modelo económico vigente.
El argumento central del decreto, repetido a lo largo del texto, es que “el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”, para lo cual se retoman las cifras sobre subsidios, déficits y niveles de incompetencia que caracterizan a la empresa. El problema de este argumento bumerán es que cifras exponencialmente mayores podrían argumentarse en el caso de empresas públicas como Pemex o de servicios públicos como la educación y salud (incluidos IMSS e ISSSTE), cuyos sindicatos deberían ser sometidos ahora al mismo tratamiento por parte de su “patrón”, para evitar la sospecha de que se está actuando bajo consigna selectiva y discriminatoria. La productividad de Pemex es de las más bajas del mundo, según el propio Pemex. La deficiencia de los servicios de salud y seguridad social ofrecidos por el IMSS y el ISSSTE está certificada por el propio gobierno. La calidad de la educación pública es reprobatoria para la OCDE. ¿Seguirá la revisión de estas instituciones y la desaparición de sus organizaciones sindicales?
Las prebendas, canonjías y prestaciones de los trabajadores sindicalizados del SME son directamente proporcionales a las prebendas, canonjías y prestaciones de los empleados de confianza de su patrón, el gobierno. La “aristocracia obrera” del SME es la contracara salarial de la “burocracia dorada” del gobierno. De 250 mandos medios y altos que tenía el gobierno federal hace nueva años, hoy cuenta con más de 600, y mil empleados de confianza de la Federación cuestan al erario mil millones de pesos al año, en sueldos, bonos, seguros y prestaciones laborales. Por si fuera poca cosa, 63 por ciento de estos mandos gubernamentales son adherentes, militantes y consejeros del PAN a escala nacional, estatal o municipal. ¿Esta burocracia azuldorada es funcional “a la economía nacional y al interés público” o también deberá extinguirse?
Sin embargo, el fondo de esta embestida antisindical y autoritaria no debe perderse de vista: la privatización del sector energético. Primero se intentó con Pemex. Se quiso abrir al 100 por ciento la explotación de hidrocarburos, logrando únicamente abrir una rendija. En la CFE, bajo el esquema Pidiregas se ha privatizado de facto la generación de electricidad. El costo financiero de este esquema, que de manera creciente presiona a las finanzas públicas, representa tres veces más los 40 mil mdp de subsidio de LFC. ¿Cuándo saldrá el decreto que extinga los Pidiregas y los renegocie como lo que realmente son: deuda pública disfrazada?
Con la economía en crisis, las finanzas públicas quebradas, una severa derrota electoral a cuestas y una legitimidad social erosionada, el gobierno busca reposicionarse sobre los hombros de un actor que había estado al margen de los vaivenes de la crisis sistémica que vive el país: el sindicalismo independiente y opositor. Abre un nuevo frente y lanza un bumerán de trayectoria reservada. Después de este lance, el gobierno, el sindicalismo y el país mismo no volverán a ser lo mismo.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxDe entrada, la violación flagrante a la Constitución y a la legislación laboral. Un solo dato ilustrativo: la ocupación de facto de las instalaciones de la empresa por parte de la fuerza policial se dio con horas de anticipación a la publicación del decreto de extinción. Lo primero ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, mientras que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el domingo 11. “Primero ocupo y luego justifico” es el modus operandi de un gobierno autoritario en cualquier parte del planeta. Así actuó Roberto Micheletti durante el reciente cierre de medios de comunicación opositores en Honduras y así lo hizo en su momento Hugo Chávez en Venezuela, frente a las televisoras críticas a su gobierno.
Por otra parte, el texto del decreto no alude en ningún momento (ni en los considerandos ni en los siete artículos centrales ni en los tres transitorios) a los argumentos de fraude electoral sindical que durante días manejó la autoridad laboral para negar la “toma de nota” y desconocer a la dirigencia nacional electa, lo que vino a demostrar que se creó de manera artificiosa un conflicto sindical para ocultar la verdadera intención de extinguir a la empresa pública y, sobre todo, a su sindicato. En otras palabras, la cacareada “democratización sindical” nunca fue el verdadero objetivo del gobierno, sino la desaparición de un sindicato que desde su origen ha vinculado las demandas de reivindicación salarial y laboral a un cambio del modelo económico vigente.
El argumento central del decreto, repetido a lo largo del texto, es que “el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”, para lo cual se retoman las cifras sobre subsidios, déficits y niveles de incompetencia que caracterizan a la empresa. El problema de este argumento bumerán es que cifras exponencialmente mayores podrían argumentarse en el caso de empresas públicas como Pemex o de servicios públicos como la educación y salud (incluidos IMSS e ISSSTE), cuyos sindicatos deberían ser sometidos ahora al mismo tratamiento por parte de su “patrón”, para evitar la sospecha de que se está actuando bajo consigna selectiva y discriminatoria. La productividad de Pemex es de las más bajas del mundo, según el propio Pemex. La deficiencia de los servicios de salud y seguridad social ofrecidos por el IMSS y el ISSSTE está certificada por el propio gobierno. La calidad de la educación pública es reprobatoria para la OCDE. ¿Seguirá la revisión de estas instituciones y la desaparición de sus organizaciones sindicales?
Las prebendas, canonjías y prestaciones de los trabajadores sindicalizados del SME son directamente proporcionales a las prebendas, canonjías y prestaciones de los empleados de confianza de su patrón, el gobierno. La “aristocracia obrera” del SME es la contracara salarial de la “burocracia dorada” del gobierno. De 250 mandos medios y altos que tenía el gobierno federal hace nueva años, hoy cuenta con más de 600, y mil empleados de confianza de la Federación cuestan al erario mil millones de pesos al año, en sueldos, bonos, seguros y prestaciones laborales. Por si fuera poca cosa, 63 por ciento de estos mandos gubernamentales son adherentes, militantes y consejeros del PAN a escala nacional, estatal o municipal. ¿Esta burocracia azuldorada es funcional “a la economía nacional y al interés público” o también deberá extinguirse?
Sin embargo, el fondo de esta embestida antisindical y autoritaria no debe perderse de vista: la privatización del sector energético. Primero se intentó con Pemex. Se quiso abrir al 100 por ciento la explotación de hidrocarburos, logrando únicamente abrir una rendija. En la CFE, bajo el esquema Pidiregas se ha privatizado de facto la generación de electricidad. El costo financiero de este esquema, que de manera creciente presiona a las finanzas públicas, representa tres veces más los 40 mil mdp de subsidio de LFC. ¿Cuándo saldrá el decreto que extinga los Pidiregas y los renegocie como lo que realmente son: deuda pública disfrazada?
Con la economía en crisis, las finanzas públicas quebradas, una severa derrota electoral a cuestas y una legitimidad social erosionada, el gobierno busca reposicionarse sobre los hombros de un actor que había estado al margen de los vaivenes de la crisis sistémica que vive el país: el sindicalismo independiente y opositor. Abre un nuevo frente y lanza un bumerán de trayectoria reservada. Después de este lance, el gobierno, el sindicalismo y el país mismo no volverán a ser lo mismo.
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