ROSALíA VERGARA
El gobierno del presidente Felipe Calderón, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, pretende acabar con Luz y Fuerza del Centro para privatizarla y apropiarse de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica, infraestructura que utilizaría para realizar negocios multimillonarios con los colosos de las telecomunicaciones. Este es, asegura a Proceso el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el trasfondo del conflicto, en apariencia laboral-sindical, que ha llevado al gobierno calderonista a intentar destruir a esa organización.
Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– se encuentra la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.
Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones S.A. de C.V. la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.
En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.
Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.
Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general de SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.
Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esta naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.
El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.
De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraestructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.
Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba S.C.
Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.
–¿Cómo puede estar seguro de ello? –se le pregunta.
–Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con estas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1719 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo11 de octubre.
kikka-roja.blogspot.com/
Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– se encuentra la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.
Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones S.A. de C.V. la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.
En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.
Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.
Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general de SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.
Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esta naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.
El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.
De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraestructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.
Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba S.C.
Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.
–¿Cómo puede estar seguro de ello? –se le pregunta.
–Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con estas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1719 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo11 de octubre.
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