Javier González Garza
3 Oct. 09
El pacto social debería hacer que el pago de impuestos sea redistributivo; pagan más los que más tienen, pero en México sucede al contrario
El gobierno de México sostiene desde hace muchos años una transferencia de recursos, que se obtienen de la venta del petróleo, a los grandes capitalistas del país.
Esto constituye objetivamente un dadivoso subsidio a los más ricos, que se explica por diversas razones: es bien conocido que la recaudación fiscal representa entre el 10 y el 11 por ciento del Producto Interno Bruto en nuestro país, lo que lo convierte en uno de los países con menor recaudación fiscal. Sabemos también que completamos alrededor del 40 por ciento del presupuesto federal con la venta de petróleo y derechos de extracción que genera Pemex.
El gasto del gobierno es de casi el doble de lo que se ingresa por impuestos, ello significa que todo lo que se obtiene por la vía de venta del petróleo se dilapide en gasto corriente, cuando debería obtenerse cobrando impuestos. Gastamos mucho más de lo que recaudamos y recaudamos poco por mantener privilegios.
México es, en los hechos, un paraíso fiscal, en el que pagan más impuestos los trabajadores, con sus salarios, que los grandes empresarios con sus millonarias utilidades, particularidad que debería avergonzar a nuestros funcionarios fiscales.
En América Latina, para no hablar de los países más ricos del mundo, el promedio de la recaudación por impuestos es de casi el doble que en México, hay países como Brasil, Argentina o Chile en que esa proporción de ingresos fiscales cuando menos se triplica.
Es así que en México el gobierno se gasta el producto de las ventas de nuestro petróleo para evitar molestar a grandes empresarios cobrándoles los impuestos que les corresponden.
El grado de dependencia económica que tiene nuestro país respecto a Estados Unidos sigue creciendo, lo que podría explicar el origen de la contracción económica actual. La crisis repercute en todo el mundo, pero según el Banco Mundial no habrá un país al que le vaya peor que a México. La contracción en la actividad económica implica menos ingresos para el gobierno vía impuestos. Eso pasa en todos los países, pero aquí se agudiza pues lo que pagan por impuestos los dueños de grandes consorcios es mucho menor que lo pagado por ese sector en casi cualquier otra parte del mundo.
Una de las principales funciones sociales de los impuestos es su papel redistributivo. Es decir, quienes más tienen pagan más para ayudar a quienes lo necesitan, de manera solidaria. Es parte esencial del pacto social, así sucede en los países con más alto grado de desarrollo humano. Evidentemente en nuestro país sucede al contrario, pues el esfuerzo de las mayorías sirve para que los más poderosos se beneficien.
Además de la magra recaudación, el decremento de la producción petrolera y la caída internacional de los precios del petróleo provocarán que el gobierno tenga todavía menos dinero que gastar, profundizando aún más esta crisis. Este gobierno ha sido incapaz de frenar la corrupción y la ineficiencia en el ejercicio público, de contener el despilfarro y, obviamente, no va a recaudar más donde debe.
Aumentar la recaudación se convierte incluso en un asunto de seguridad nacional, pues el presupuesto del gobierno federal no puede seguir dependiendo, en tan alta medida, de la venta de petróleo. La producción está cayendo a un ritmo no previsto, los ingresos petroleros serán cada día más escasos mientras no se invierta en ciencia y tecnología propia que permitan la exploración y explotación rentable.
Es imperativo, se debe despetrolizar el presupuesto y ésta es una buena oportunidad para hacer pagar lo justo, lo legal, a todos.
Para empezar, se deben suprimir los regímenes de excepción que permiten a industrias completas no pagar impuestos, además de eliminar la consolidación fiscal que es un insultante fraude a la nación y empezar a cobrar impuestos a las utilidades en la Bolsa de Valores.
La consolidación fiscal permite "juntar" varias empresas para el pago de impuestos, calculando la utilidad a partir de las ganancias de unas pero restando las pérdidas de otras. La "virtud" de un consorcio es declararse siempre en ceros. Nivelar sus ganancias con pérdidas, para ello utilizan todo tipo de artificios, desde abrir empresas fantasmas con pérdidas o, incluso, comprar empresas quebradas. Cuando calculan que una empresa va a ganar pueden venderla en la Bolsa, pues ahí no pagarán impuestos por las utilidades que obtendrán y con ese dinero comprar otra empresa o de plano sacarlo del país. Su juego es no pagar impuestos. Esto es un fraude al fisco y a todos los mexicanos, sobre todo a los causantes cautivos, es decir a los trabajadores del país.
Y para tapar ese gran hueco a Calderón sólo se le ocurre crear un nuevo impuesto al consumo de todos, empeorando otra vez la situación de los más pobres.
Ya no podemos permitirnos esa clase de insultos en una sociedad tan desigual y polarizada. Así, aun cuando hoy se descubriera un megayacimiento de petróleo en Tula, junto a la refinería, sin una reforma que implique, cuando menos, duplicar la recaudación fiscal cobrándole a los grandes empresarios, esto no sería ninguna solución para el país. Seguiría siendo sólo un regalo para los ricos.
kikka-roja.blogspot.com/
El gobierno de México sostiene desde hace muchos años una transferencia de recursos, que se obtienen de la venta del petróleo, a los grandes capitalistas del país.
Esto constituye objetivamente un dadivoso subsidio a los más ricos, que se explica por diversas razones: es bien conocido que la recaudación fiscal representa entre el 10 y el 11 por ciento del Producto Interno Bruto en nuestro país, lo que lo convierte en uno de los países con menor recaudación fiscal. Sabemos también que completamos alrededor del 40 por ciento del presupuesto federal con la venta de petróleo y derechos de extracción que genera Pemex.
El gasto del gobierno es de casi el doble de lo que se ingresa por impuestos, ello significa que todo lo que se obtiene por la vía de venta del petróleo se dilapide en gasto corriente, cuando debería obtenerse cobrando impuestos. Gastamos mucho más de lo que recaudamos y recaudamos poco por mantener privilegios.
México es, en los hechos, un paraíso fiscal, en el que pagan más impuestos los trabajadores, con sus salarios, que los grandes empresarios con sus millonarias utilidades, particularidad que debería avergonzar a nuestros funcionarios fiscales.
En América Latina, para no hablar de los países más ricos del mundo, el promedio de la recaudación por impuestos es de casi el doble que en México, hay países como Brasil, Argentina o Chile en que esa proporción de ingresos fiscales cuando menos se triplica.
Es así que en México el gobierno se gasta el producto de las ventas de nuestro petróleo para evitar molestar a grandes empresarios cobrándoles los impuestos que les corresponden.
El grado de dependencia económica que tiene nuestro país respecto a Estados Unidos sigue creciendo, lo que podría explicar el origen de la contracción económica actual. La crisis repercute en todo el mundo, pero según el Banco Mundial no habrá un país al que le vaya peor que a México. La contracción en la actividad económica implica menos ingresos para el gobierno vía impuestos. Eso pasa en todos los países, pero aquí se agudiza pues lo que pagan por impuestos los dueños de grandes consorcios es mucho menor que lo pagado por ese sector en casi cualquier otra parte del mundo.
Una de las principales funciones sociales de los impuestos es su papel redistributivo. Es decir, quienes más tienen pagan más para ayudar a quienes lo necesitan, de manera solidaria. Es parte esencial del pacto social, así sucede en los países con más alto grado de desarrollo humano. Evidentemente en nuestro país sucede al contrario, pues el esfuerzo de las mayorías sirve para que los más poderosos se beneficien.
Además de la magra recaudación, el decremento de la producción petrolera y la caída internacional de los precios del petróleo provocarán que el gobierno tenga todavía menos dinero que gastar, profundizando aún más esta crisis. Este gobierno ha sido incapaz de frenar la corrupción y la ineficiencia en el ejercicio público, de contener el despilfarro y, obviamente, no va a recaudar más donde debe.
Aumentar la recaudación se convierte incluso en un asunto de seguridad nacional, pues el presupuesto del gobierno federal no puede seguir dependiendo, en tan alta medida, de la venta de petróleo. La producción está cayendo a un ritmo no previsto, los ingresos petroleros serán cada día más escasos mientras no se invierta en ciencia y tecnología propia que permitan la exploración y explotación rentable.
Es imperativo, se debe despetrolizar el presupuesto y ésta es una buena oportunidad para hacer pagar lo justo, lo legal, a todos.
Para empezar, se deben suprimir los regímenes de excepción que permiten a industrias completas no pagar impuestos, además de eliminar la consolidación fiscal que es un insultante fraude a la nación y empezar a cobrar impuestos a las utilidades en la Bolsa de Valores.
La consolidación fiscal permite "juntar" varias empresas para el pago de impuestos, calculando la utilidad a partir de las ganancias de unas pero restando las pérdidas de otras. La "virtud" de un consorcio es declararse siempre en ceros. Nivelar sus ganancias con pérdidas, para ello utilizan todo tipo de artificios, desde abrir empresas fantasmas con pérdidas o, incluso, comprar empresas quebradas. Cuando calculan que una empresa va a ganar pueden venderla en la Bolsa, pues ahí no pagarán impuestos por las utilidades que obtendrán y con ese dinero comprar otra empresa o de plano sacarlo del país. Su juego es no pagar impuestos. Esto es un fraude al fisco y a todos los mexicanos, sobre todo a los causantes cautivos, es decir a los trabajadores del país.
Y para tapar ese gran hueco a Calderón sólo se le ocurre crear un nuevo impuesto al consumo de todos, empeorando otra vez la situación de los más pobres.
Ya no podemos permitirnos esa clase de insultos en una sociedad tan desigual y polarizada. Así, aun cuando hoy se descubriera un megayacimiento de petróleo en Tula, junto a la refinería, sin una reforma que implique, cuando menos, duplicar la recaudación fiscal cobrándole a los grandes empresarios, esto no sería ninguna solución para el país. Seguiría siendo sólo un regalo para los ricos.
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