Miguel Ángel Granados Chapa
15 Nov. 09
Las cifras de casi 3 millones sin empleo, que recién presentó el INEGI, ponen en evidencia el fracaso gubernamental frente a la crisis, ante las cifras el descontento social sigue en aumento
No se sabe quién influye a quién, pero el presidente Calderón parece estar imbuido del espíritu rijoso de su secretario del Trabajo, encargado de realizar, al modo de Mauricio Fernández Garza, el innovador alcalde de San Pedro Garza García, tareas rudas de limpieza laboral. La pugnacidad presidencial, sin embargo, no se ha limitado a embatir al SME sino que lo ha llevado a una sinuosa lucha de palabras contra los grandes empresarios, los mismos que contribuyeron poderosamente a encumbrarlo en 2006.
No es claro si en su actitud ante los capitanes de los negocios privados Calderón está haciendo política o se deja llevar por un ánimo cambiante. Las señales públicas indican que puede ser lo uno y lo otro. Si fuera lo primero, estaría errando su estrategia, estaría incurriendo en lo contrario de lo recomendado en los años setenta por Jesús Reyes Heroles, a la sazón dirigente del PRI. Alertó contra el tremendismo verbal, se manifestó contrario a alebrestar, a no afectar de palabra los intereses que no se pueda o no se quiera afectar de obra.
Eso es lo que está haciendo el Presidente, después de que fracasó su intento de cubrir buena parte del faltante de las finanzas públicas con dinero fiscal "jineteado" por grandes consorcios, que mediante el mecanismo de consolidación fiscal disminuyen la base gravable sobre la cual pagan el Impuesto Sobre la Renta (pues mezclan pérdidas y ganancias de diversas empresas) y obtienen la diferición del pago de los gravámenes resultantes. Urgido de dinero, Calderón propuso acelerar la cobranza de los adeudos acumulados. Proyectó en su iniciativa de Ley de Ingresos que en 2010 esos grupos privilegiados pagaran el 60 por ciento de los impuestos aplazados. Los empresarios concernidos reaccionaron públicamente en contra de esa afectación de su interés particular y, de creer a Calderón, ampliaron su objetivo y emprendieron una campaña "genérica, intensa, continua" contra la iniciativa presidencial en general.
El Presidente perdió la batalla. El oportunismo priista no sólo favoreció a los grandes contribuyentes en riesgo sino que ganó para sí a los aliados de Calderón, que reaccionó despechadamente. De la propuesta inicial de cobrar de súbito 60 por ciento se pasó a 40 por ciento y finalmente la cuota quedó en 25 por ciento, un considerable alivio de 35 puntos respecto de lo buscado por Calderón. Mientras el PRI cocinaba esa reducción, el Presidente dio en denunciar a los empresarios. Dos días seguidos al final de octubre los tachó de malos contribuyentes. "Rara, rara vez" pagan impuestos, dijo. Pero a poco mudó el tono y, en son de concordia, habló ante el Consejo de Comercio Exterior y, más recientemente, ante la Cumbre de Negocios en Monterrey, este lunes apenas. Los concurrentes no estaban en sintonía con el Presidente que, para colmo, se excedió en el tiempo de su alocución e impacientó a sus oyentes. Contra la costumbre, su discurso no fue interrumpido en ningún momento por aplausos aprobatorios. Ni siquiera los consiguió al referirse a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que semanas atrás le había merecido una ovación atronadora, lanzada por los industriales de radio y televisión.
Luego, el Consejo Coordinador Empresarial salió a defender la imagen de sus afiliados. En un mensaje pagado argumentó que los empresarios en general son cumplidores de la ley fiscal, y reprochó una grave inexactitud al Presidente, que había acusado a los grandes consorcios de pagar sólo 1.7 por ciento de sus ingresos al erario. El dato en sí mismo es correcto, pero no implica un abuso porque el Impuesto Sobre la Renta se causa sobre esa renta, es decir sobre utilidades, no sobre ingresos. Y conforme a esa base gravable, arguyeron los representantes empresariales, el pago es mucho mayor.
Quizá por eso Calderón volvió a la carga. Abandonó el tono sereno que apenas el lunes había utilizado y volvió el jueves al examen crítico de los empresarios, a los que culpó de que no prosperara su iniciativa tributaria, con lo que de nuevo exaltó el ánimo de los destinatarios de su desmesura, que resulta autoritaria porque condena a sus consuetudinarios aliados por no ser solidarios con su política.
Alejado de esa manera de esos compañeros de viaje, Calderón no ha llegado en ese frente al extremo a que ha llevado su lucha contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. A poco más de la mitad de los miembros de esa agrupación les regaló dinero público que no está facultado para aplicar a ese propósito, con el fin de desfondar al sindicato. Éste, sin embargo, permanece con poco menos de la mitad de sus integrantes y los jubilados, que dependen de la existencia y el vigor del SME para no ser lesionados con medidas arbitrarias que los despojaran de sus derechos adquiridos, una vez que el sindicato, como se pretende hacer con la empresa, hubiera sido liquidado.
Al cumplirse un mes del decreto de extinción la pugna entre el SME y el gobierno estaba en pleno fragor, sin que pudiera predecirse el desenlace, salvo que no será inmediato. Aunque la propaganda gubernamental, reforzada por la información sesgada con pretensiones de objetividad, insiste en demostrar una disminución de la militancia sindical y del apoyo al gremio, lo cierto es que el paro cívico nacional del miércoles pasado mostró la solidaridad que pueden ofrecer al SME sectores estratégicos como los telefonistas y los universitarios, así trabajadores como estudiantes. Es cierto que pasar de una falta colectiva por unas horas a una huelga nacional es un proceso difícil, pero también lo es que día a día aumentan las causas y los síntomas de un descontento social que puede ser aglutinado por una movilización específica. El fracaso gubernamental frente a la crisis queda crudamente revelado por el INEGI, que informa de casi 3 millones de personas sin empleo, un millón más que el año pasado, 625 mil más que en el trimestre anterior. Por más resignado, indolente, inerme que sea el segmento social golpeado de esa manera, será errado el cálculo que no incorpore esa variable, la masiva angustia por falta de trabajo, a los ingredientes de la situación social de este momento. También tendrá que contarse con la irritación de las porciones ciudadanas que reclaman airadamente una disminución del boato gubernamental cuando en las próximas horas se perciba que la exacción asestada a la sociedad a través de los nuevos y mayores gravámenes está destinada a sostener aparatos de gobierno y partidos cuyo gasto es crecientemente ofensivo.
Jurídicamente la pugna al menos irá para largo. No puede ser dictaminada la terminación de las relaciones de trabajo entre el SME y el organismo en liquidación por efecto de una suspensión en un juicio de amparo que, para efectos prácticos, ha sido una victoria sindical. Esa situación implica que ni la empresa ni el sindicato han dejado de existir, y demuestra que los electricistas no están metidos en una aventura, como con desdén hacia las instituciones califica el secretario del Trabajo al esfuerzo obrero por defender sus intereses y sus derechos. A su vez, hay que situar en su contexto los reveses sufridos por el sindicato de manos de la Suprema Corte. Por un lado, la negativa de realizar una investigación constitucional conforme al artículo 97, ante presuntas violaciones graves a las garantías individuales, era previsible y no concierne al caso específico ni supone, por lo tanto, una posición del máximo tribunal ante los procedimientos de amparo y laborales que están en curso y que eventualmente llegarán a su jurisdicción. Los ministros son claramente renuentes a activar el mecanismo del 97 y si aceptaron aplicarlo al caso de la guardería ABC fue porque la monstruosidad del acontecimiento y la indignación general lo hicieron insoslayable.
Las controversias constitucionales, por su lado, no están canceladas. El desechamiento de la presentada por la Asamblea Legislativa del DF es compresible y combatible. No se afectaron atribuciones de ese órgano legislativo, pero sí su capacidad de representar a la población afectada por la liquidación de la empresa que surte de energía eléctrica a la capital de la República. El oportunismo priista (otra vez) puede impedir que la Cámara de Diputados, ésa sí marginada por el decreto de extinción, lo impugne ante la Corte. Pero eso aún no ocurre.
No se sabe quién influye a quién, pero el presidente Calderón parece estar imbuido del espíritu rijoso de su secretario del Trabajo, encargado de realizar, al modo de Mauricio Fernández Garza, el innovador alcalde de San Pedro Garza García, tareas rudas de limpieza laboral. La pugnacidad presidencial, sin embargo, no se ha limitado a embatir al SME sino que lo ha llevado a una sinuosa lucha de palabras contra los grandes empresarios, los mismos que contribuyeron poderosamente a encumbrarlo en 2006.
No es claro si en su actitud ante los capitanes de los negocios privados Calderón está haciendo política o se deja llevar por un ánimo cambiante. Las señales públicas indican que puede ser lo uno y lo otro. Si fuera lo primero, estaría errando su estrategia, estaría incurriendo en lo contrario de lo recomendado en los años setenta por Jesús Reyes Heroles, a la sazón dirigente del PRI. Alertó contra el tremendismo verbal, se manifestó contrario a alebrestar, a no afectar de palabra los intereses que no se pueda o no se quiera afectar de obra.
Eso es lo que está haciendo el Presidente, después de que fracasó su intento de cubrir buena parte del faltante de las finanzas públicas con dinero fiscal "jineteado" por grandes consorcios, que mediante el mecanismo de consolidación fiscal disminuyen la base gravable sobre la cual pagan el Impuesto Sobre la Renta (pues mezclan pérdidas y ganancias de diversas empresas) y obtienen la diferición del pago de los gravámenes resultantes. Urgido de dinero, Calderón propuso acelerar la cobranza de los adeudos acumulados. Proyectó en su iniciativa de Ley de Ingresos que en 2010 esos grupos privilegiados pagaran el 60 por ciento de los impuestos aplazados. Los empresarios concernidos reaccionaron públicamente en contra de esa afectación de su interés particular y, de creer a Calderón, ampliaron su objetivo y emprendieron una campaña "genérica, intensa, continua" contra la iniciativa presidencial en general.
El Presidente perdió la batalla. El oportunismo priista no sólo favoreció a los grandes contribuyentes en riesgo sino que ganó para sí a los aliados de Calderón, que reaccionó despechadamente. De la propuesta inicial de cobrar de súbito 60 por ciento se pasó a 40 por ciento y finalmente la cuota quedó en 25 por ciento, un considerable alivio de 35 puntos respecto de lo buscado por Calderón. Mientras el PRI cocinaba esa reducción, el Presidente dio en denunciar a los empresarios. Dos días seguidos al final de octubre los tachó de malos contribuyentes. "Rara, rara vez" pagan impuestos, dijo. Pero a poco mudó el tono y, en son de concordia, habló ante el Consejo de Comercio Exterior y, más recientemente, ante la Cumbre de Negocios en Monterrey, este lunes apenas. Los concurrentes no estaban en sintonía con el Presidente que, para colmo, se excedió en el tiempo de su alocución e impacientó a sus oyentes. Contra la costumbre, su discurso no fue interrumpido en ningún momento por aplausos aprobatorios. Ni siquiera los consiguió al referirse a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que semanas atrás le había merecido una ovación atronadora, lanzada por los industriales de radio y televisión.
Luego, el Consejo Coordinador Empresarial salió a defender la imagen de sus afiliados. En un mensaje pagado argumentó que los empresarios en general son cumplidores de la ley fiscal, y reprochó una grave inexactitud al Presidente, que había acusado a los grandes consorcios de pagar sólo 1.7 por ciento de sus ingresos al erario. El dato en sí mismo es correcto, pero no implica un abuso porque el Impuesto Sobre la Renta se causa sobre esa renta, es decir sobre utilidades, no sobre ingresos. Y conforme a esa base gravable, arguyeron los representantes empresariales, el pago es mucho mayor.
Quizá por eso Calderón volvió a la carga. Abandonó el tono sereno que apenas el lunes había utilizado y volvió el jueves al examen crítico de los empresarios, a los que culpó de que no prosperara su iniciativa tributaria, con lo que de nuevo exaltó el ánimo de los destinatarios de su desmesura, que resulta autoritaria porque condena a sus consuetudinarios aliados por no ser solidarios con su política.
Alejado de esa manera de esos compañeros de viaje, Calderón no ha llegado en ese frente al extremo a que ha llevado su lucha contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. A poco más de la mitad de los miembros de esa agrupación les regaló dinero público que no está facultado para aplicar a ese propósito, con el fin de desfondar al sindicato. Éste, sin embargo, permanece con poco menos de la mitad de sus integrantes y los jubilados, que dependen de la existencia y el vigor del SME para no ser lesionados con medidas arbitrarias que los despojaran de sus derechos adquiridos, una vez que el sindicato, como se pretende hacer con la empresa, hubiera sido liquidado.
Al cumplirse un mes del decreto de extinción la pugna entre el SME y el gobierno estaba en pleno fragor, sin que pudiera predecirse el desenlace, salvo que no será inmediato. Aunque la propaganda gubernamental, reforzada por la información sesgada con pretensiones de objetividad, insiste en demostrar una disminución de la militancia sindical y del apoyo al gremio, lo cierto es que el paro cívico nacional del miércoles pasado mostró la solidaridad que pueden ofrecer al SME sectores estratégicos como los telefonistas y los universitarios, así trabajadores como estudiantes. Es cierto que pasar de una falta colectiva por unas horas a una huelga nacional es un proceso difícil, pero también lo es que día a día aumentan las causas y los síntomas de un descontento social que puede ser aglutinado por una movilización específica. El fracaso gubernamental frente a la crisis queda crudamente revelado por el INEGI, que informa de casi 3 millones de personas sin empleo, un millón más que el año pasado, 625 mil más que en el trimestre anterior. Por más resignado, indolente, inerme que sea el segmento social golpeado de esa manera, será errado el cálculo que no incorpore esa variable, la masiva angustia por falta de trabajo, a los ingredientes de la situación social de este momento. También tendrá que contarse con la irritación de las porciones ciudadanas que reclaman airadamente una disminución del boato gubernamental cuando en las próximas horas se perciba que la exacción asestada a la sociedad a través de los nuevos y mayores gravámenes está destinada a sostener aparatos de gobierno y partidos cuyo gasto es crecientemente ofensivo.
Jurídicamente la pugna al menos irá para largo. No puede ser dictaminada la terminación de las relaciones de trabajo entre el SME y el organismo en liquidación por efecto de una suspensión en un juicio de amparo que, para efectos prácticos, ha sido una victoria sindical. Esa situación implica que ni la empresa ni el sindicato han dejado de existir, y demuestra que los electricistas no están metidos en una aventura, como con desdén hacia las instituciones califica el secretario del Trabajo al esfuerzo obrero por defender sus intereses y sus derechos. A su vez, hay que situar en su contexto los reveses sufridos por el sindicato de manos de la Suprema Corte. Por un lado, la negativa de realizar una investigación constitucional conforme al artículo 97, ante presuntas violaciones graves a las garantías individuales, era previsible y no concierne al caso específico ni supone, por lo tanto, una posición del máximo tribunal ante los procedimientos de amparo y laborales que están en curso y que eventualmente llegarán a su jurisdicción. Los ministros son claramente renuentes a activar el mecanismo del 97 y si aceptaron aplicarlo al caso de la guardería ABC fue porque la monstruosidad del acontecimiento y la indignación general lo hicieron insoslayable.
Las controversias constitucionales, por su lado, no están canceladas. El desechamiento de la presentada por la Asamblea Legislativa del DF es compresible y combatible. No se afectaron atribuciones de ese órgano legislativo, pero sí su capacidad de representar a la población afectada por la liquidación de la empresa que surte de energía eléctrica a la capital de la República. El oportunismo priista (otra vez) puede impedir que la Cámara de Diputados, ésa sí marginada por el decreto de extinción, lo impugne ante la Corte. Pero eso aún no ocurre.
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