J. Jesús Esquivel
WASHINGTON., 14 de diciembre (apro).- El aumento de la violencia generada por el narcotráfico pone en duda “la fortaleza” del gobierno de Felipe Calderón, y a México lo coloca en la posibilidad de convertirse en “un Estado fallido”, advierte una investigación ordenada por el Congreso de Estados Unidos.
Con el título: Relaciones México-Estados Unidos: Asuntos para el Congreso, el estudio de 36 páginas –una copia del cual tiene Proceso– presenta un escenario caótico debido a la inseguridad que ha generado en todo el país la guerra de Calderón contra los cárteles de la droga.
Los especialistas en temas latinoamericanos del Servicio de Investigaciones del Congreso (Congressional Research Service, CRS) Clare Ribando Seelke, Mark P. Sullivan y June S. Beittel recuerdan que un reporte dado a conocer en diciembre de 2008 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos señaló que “México potencialmente puede enfrentar en el futuro un rápido y súbito colapso porque su gobierno, sus políticos, policía y su infraestructura judicial están bajo un asalto constante por parte de bandas criminales y los cárteles de la droga”.
Unos meses después, a finales de marzo de 2009, continúan, “Dennis Blair, el director nacional de Inteligencia, aseguró a la prensa que México no estaba en peligro de convertirse en un Estado fallido”.
Y es que, explican en su reporte, la simple mención de que México corre riesgo de convertirse en un Estado fallido causó mucha molestia al gobierno de Calderón y tensión en la relación bilateral.
Ante ello, “el gobierno de México reconoce que el país enfrenta un reto significativo ante las bien financiadas bandas de criminales, debido a la corrupción y la violencia, pero asegura que la descripción de México como un Estado fallido es una distorsión grotesca de los hechos que acontecen en el país”.
No obstante, el documento del CRS que fue distribuido el 10 de septiembre pasado entre los miembros de los comités y subcomités de las cámaras de Senadores y de Representantes a cargo de los asuntos relativos a la relación con México, asienta:
“…El aumento y el carácter tan dramático de la violencia ha llevado a que algunos observadores cuestionen la fortaleza del gobierno de México, hasta caracterizarlo potencialmente como un Estado fallido.”
La investigación, realizada por órdenes del Poder Legislativo estadunidense, y cuyas conclusiones son tomadas en cuenta por los congresistas para la formulación de leyes y presupuestos relacionados con México, como los fondos que autoriza el Capitolio para apoyar con dinero y asistencia técnica y militar la Iniciativa Mérida, apunta que en 2008 la rivalidad entre los cárteles del narcotráfico, más la campaña militarizada que contra ellos lanzó Felipe Calderón, provocaron una escalada de violencia muy fuerte en la mayoría de las poblaciones y ciudades aledañas a la frontera con Estados Unidos.
“Entre principios del año 2008 y el mes de mayo de 2009 –puntualiza el documento– murieron unos 7 mil 500 mexicanos, incluidos cientos de policías y oficiales del Ejercito, por la violencia relacionada con el tráfico de drogas”.
En el mismo periodo “también aumentó el número de asesinatos de mandos policiacos de alto nivel, de crímenes grotescos, como decapitaciones, y hubo por lo menos un incidente que involucró el asesinato indiscriminado de civiles”, dice, para concluir que “el problema del narcotráfico y la violencia en México” es posiblemente el asunto de la relación bilateral más importante y el que más preocupa a la presidencia de Barack Obama.
Consigna el hecho de que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la visita que realizó el 25 y 26 de marzo de este año a la Ciudad de México y a Monterrey, advirtió a la canciller mexicana, Patricia Espinosa, que en la lucha contra el narcotráfico “se requiere de una sociedad fuerte y duradera basada en un involucramiento amplio, de gran equilibrio, de responsabilidad compartida y de esfuerzos conjuntos”.
E indica que, a partir de entonces, el gobierno de Calderón aceptó la creación y ubicación en la capital mexicana de “la Oficina Bilateral de Implementación” (Proceso 1693), por medio de la cual el gobierno estadunidense participa físicamente y de manera directa en el diseño, la ejecución y la supervisión de políticas y estrategias antinarcóticos del gobierno calderonista.
“La Oficina Bilateral de Implementación es donde trabajarán juntos funcionarios de México y de Estados Unidos para combatir a los traficantes de drogas y a la violencia asociada con éstos”, enfatiza.
Posteriormente, en un balance de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, los investigadores subrayan que el año pasado disminuyeron notablemente las cantidades de drogas decomisadas en México. “En 2008 –calculan– el gobierno mexicano decomisó poco más de 19 toneladas de cocaína, contra las 47 toneladas que confiscó en 2007, al tiempo que también disminuyeron de manera significativa las confiscaciones de mariguana, heroína y metanfetaminas”.
Algunas agencias federales de Estados Unidos, prosiguen, han atribuido la reducción en las cantidades de drogas decomisadas a una mejor estrategia antinarcóticos por parte del gobierno de Calderón, lo que ha obligado a que los narcotraficantes busquen rutas alternativas para el trasiego de los narcóticos.
Pero no dejan de aludir a la corresponsabilidad que implica la Iniciativa Mérida, a raíz de la cual el Pentágono firmó un contrato para donar cinco helicópteros tipo Bell 412 que se entregarán a México este 17 de diciembre.
“La asistencia militar que se da a México bajo la Iniciativa Mérida está condicionada a la preservación de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico, y a que la Procuraduría General de la República resuelva el caso del asesinato del periodista estadunidense Bradley Will (conocido como Brad Will), que ocurrió en 2006 durante las manifestaciones de maestros en el estado de Oaxaca.”
Como parte del compromiso bilateral que tiene Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, el CRS informa asimismo a los legisladores que “México pasó a ser uno de los países del hemisferio que más dinero reciben” de Washington.
El año fiscal 2007, precisa, México recibió 65 millones de dólares del gobierno estadunidense, cifra que se elevó a 406 millones en 2008 y a 786.78 millones en 2009, además de que la cantidad correspondiente al año fiscal de 2010 –que termina el 1 de octubre próximo– será de 502 millones de dólares.
La investigación resalta la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano –distintos a los que se encuentran en la Oficina Bilateral de Implementación–, los cuales desarrollan una tarea de apoyo (no solicitado) contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“La Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha trabajado con el gobierno mexicano por varias décadas y ahora cuenta con 11 oficinas en México”, apunta, para luego aclarar que la misma DEA “está aumentando el número de sus agentes ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, y está formando unidades móviles dedicadas a combatir las operaciones de los cárteles mexicanos que trafican metanfetaminas”.
El trasiego de las drogas de México a Estados Unidos es un negocio ilícito tan lucrativo para el crimen organizado que “genera ganancias anuales de 15 mil a 25 mil millones de dólares”, anota el documento, según el cual la crisis económica mexicana es otra de las preocupaciones estadunidenses, pues ante la recesión económica el gobierno de Calderón tuvo que destinar “miles de millones de dólares de sus reservas internacionales para salvaguardar la viabilidad de su moneda”.
La investigación concluye que otro de los aspectos que deben captar la atención del Capitolio es la epidemia del virus de la influenza A/H1N1, que “sigue teniendo un gran potencial de alerta y alarma, por lo que el Congreso y el gobierno de Obama deben seguir considerando la posibilidad y preparación para cerrar totalmente toda la frontera con México”.
* Este texto se publica en la edición 1728 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de diciembre.
kikka-roja.blogspot.com/
Con el título: Relaciones México-Estados Unidos: Asuntos para el Congreso, el estudio de 36 páginas –una copia del cual tiene Proceso– presenta un escenario caótico debido a la inseguridad que ha generado en todo el país la guerra de Calderón contra los cárteles de la droga.
Los especialistas en temas latinoamericanos del Servicio de Investigaciones del Congreso (Congressional Research Service, CRS) Clare Ribando Seelke, Mark P. Sullivan y June S. Beittel recuerdan que un reporte dado a conocer en diciembre de 2008 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos señaló que “México potencialmente puede enfrentar en el futuro un rápido y súbito colapso porque su gobierno, sus políticos, policía y su infraestructura judicial están bajo un asalto constante por parte de bandas criminales y los cárteles de la droga”.
Unos meses después, a finales de marzo de 2009, continúan, “Dennis Blair, el director nacional de Inteligencia, aseguró a la prensa que México no estaba en peligro de convertirse en un Estado fallido”.
Y es que, explican en su reporte, la simple mención de que México corre riesgo de convertirse en un Estado fallido causó mucha molestia al gobierno de Calderón y tensión en la relación bilateral.
Ante ello, “el gobierno de México reconoce que el país enfrenta un reto significativo ante las bien financiadas bandas de criminales, debido a la corrupción y la violencia, pero asegura que la descripción de México como un Estado fallido es una distorsión grotesca de los hechos que acontecen en el país”.
No obstante, el documento del CRS que fue distribuido el 10 de septiembre pasado entre los miembros de los comités y subcomités de las cámaras de Senadores y de Representantes a cargo de los asuntos relativos a la relación con México, asienta:
“…El aumento y el carácter tan dramático de la violencia ha llevado a que algunos observadores cuestionen la fortaleza del gobierno de México, hasta caracterizarlo potencialmente como un Estado fallido.”
La investigación, realizada por órdenes del Poder Legislativo estadunidense, y cuyas conclusiones son tomadas en cuenta por los congresistas para la formulación de leyes y presupuestos relacionados con México, como los fondos que autoriza el Capitolio para apoyar con dinero y asistencia técnica y militar la Iniciativa Mérida, apunta que en 2008 la rivalidad entre los cárteles del narcotráfico, más la campaña militarizada que contra ellos lanzó Felipe Calderón, provocaron una escalada de violencia muy fuerte en la mayoría de las poblaciones y ciudades aledañas a la frontera con Estados Unidos.
“Entre principios del año 2008 y el mes de mayo de 2009 –puntualiza el documento– murieron unos 7 mil 500 mexicanos, incluidos cientos de policías y oficiales del Ejercito, por la violencia relacionada con el tráfico de drogas”.
En el mismo periodo “también aumentó el número de asesinatos de mandos policiacos de alto nivel, de crímenes grotescos, como decapitaciones, y hubo por lo menos un incidente que involucró el asesinato indiscriminado de civiles”, dice, para concluir que “el problema del narcotráfico y la violencia en México” es posiblemente el asunto de la relación bilateral más importante y el que más preocupa a la presidencia de Barack Obama.
Consigna el hecho de que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la visita que realizó el 25 y 26 de marzo de este año a la Ciudad de México y a Monterrey, advirtió a la canciller mexicana, Patricia Espinosa, que en la lucha contra el narcotráfico “se requiere de una sociedad fuerte y duradera basada en un involucramiento amplio, de gran equilibrio, de responsabilidad compartida y de esfuerzos conjuntos”.
E indica que, a partir de entonces, el gobierno de Calderón aceptó la creación y ubicación en la capital mexicana de “la Oficina Bilateral de Implementación” (Proceso 1693), por medio de la cual el gobierno estadunidense participa físicamente y de manera directa en el diseño, la ejecución y la supervisión de políticas y estrategias antinarcóticos del gobierno calderonista.
“La Oficina Bilateral de Implementación es donde trabajarán juntos funcionarios de México y de Estados Unidos para combatir a los traficantes de drogas y a la violencia asociada con éstos”, enfatiza.
Posteriormente, en un balance de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, los investigadores subrayan que el año pasado disminuyeron notablemente las cantidades de drogas decomisadas en México. “En 2008 –calculan– el gobierno mexicano decomisó poco más de 19 toneladas de cocaína, contra las 47 toneladas que confiscó en 2007, al tiempo que también disminuyeron de manera significativa las confiscaciones de mariguana, heroína y metanfetaminas”.
Algunas agencias federales de Estados Unidos, prosiguen, han atribuido la reducción en las cantidades de drogas decomisadas a una mejor estrategia antinarcóticos por parte del gobierno de Calderón, lo que ha obligado a que los narcotraficantes busquen rutas alternativas para el trasiego de los narcóticos.
Pero no dejan de aludir a la corresponsabilidad que implica la Iniciativa Mérida, a raíz de la cual el Pentágono firmó un contrato para donar cinco helicópteros tipo Bell 412 que se entregarán a México este 17 de diciembre.
“La asistencia militar que se da a México bajo la Iniciativa Mérida está condicionada a la preservación de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico, y a que la Procuraduría General de la República resuelva el caso del asesinato del periodista estadunidense Bradley Will (conocido como Brad Will), que ocurrió en 2006 durante las manifestaciones de maestros en el estado de Oaxaca.”
Como parte del compromiso bilateral que tiene Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, el CRS informa asimismo a los legisladores que “México pasó a ser uno de los países del hemisferio que más dinero reciben” de Washington.
El año fiscal 2007, precisa, México recibió 65 millones de dólares del gobierno estadunidense, cifra que se elevó a 406 millones en 2008 y a 786.78 millones en 2009, además de que la cantidad correspondiente al año fiscal de 2010 –que termina el 1 de octubre próximo– será de 502 millones de dólares.
La investigación resalta la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano –distintos a los que se encuentran en la Oficina Bilateral de Implementación–, los cuales desarrollan una tarea de apoyo (no solicitado) contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“La Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha trabajado con el gobierno mexicano por varias décadas y ahora cuenta con 11 oficinas en México”, apunta, para luego aclarar que la misma DEA “está aumentando el número de sus agentes ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, y está formando unidades móviles dedicadas a combatir las operaciones de los cárteles mexicanos que trafican metanfetaminas”.
El trasiego de las drogas de México a Estados Unidos es un negocio ilícito tan lucrativo para el crimen organizado que “genera ganancias anuales de 15 mil a 25 mil millones de dólares”, anota el documento, según el cual la crisis económica mexicana es otra de las preocupaciones estadunidenses, pues ante la recesión económica el gobierno de Calderón tuvo que destinar “miles de millones de dólares de sus reservas internacionales para salvaguardar la viabilidad de su moneda”.
La investigación concluye que otro de los aspectos que deben captar la atención del Capitolio es la epidemia del virus de la influenza A/H1N1, que “sigue teniendo un gran potencial de alerta y alarma, por lo que el Congreso y el gobierno de Obama deben seguir considerando la posibilidad y preparación para cerrar totalmente toda la frontera con México”.
* Este texto se publica en la edición 1728 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de diciembre.
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