John M. Ackerman
Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una "victoria" emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su "objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales." Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir.
Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.
El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en "las zonas marinas mexicanas", situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.
Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una "afectación a la seguridad nacional" que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de "ajuste estructural", que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.
Mientras tanto, Calderón presenta como "logros" de su "guerra" cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?
La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: "A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes". Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.
El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en "las zonas marinas mexicanas", situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.
Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una "afectación a la seguridad nacional" que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de "ajuste estructural", que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.
Mientras tanto, Calderón presenta como "logros" de su "guerra" cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?
La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: "A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes". Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
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