El gobierno de Felipe Calderón anuló el decreto expropiatorio de los terrenos de Altamira, Tamaulipas, donde se asienta uno de los más importantes puertos industriales del país, el cual fue expedido en 1981 por el entonces presidente, José López Portillo.
La determinación del Ejecutivo que, de acuerdo con fuentes gubernamentales y judiciales consultadas, fue firmada por Calderón en marzo pasado, y notificada a un juez federal de Tamaulipas apenas hace tres semanas, se dio en cumplimiento a una ejecutoria de amparo definitivo obtenido el 5 noviembre de 2008 por dos grupos ejidales representados por el ex senador del PAN Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, también panista, socios en un bufete jurídico.
Con la resolución del amparo concedido por un tribunal colegiado de Tamaulipas, el gobierno calderonista, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), estaba obligado a devolver a los ejidatarios varios terrenos de la zona expropiados hace casi tres décadas o a indemnizar a los quejosos con más mil 500 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de las mismas fuentes.
La respuesta del gobierno federal, a fin de no incurrir en desacato judicial, fue la declaratoria de insubsistencia del decreto expropiatorio del suelo de Altamira. A decir de las fuentes consultadas ayer, la anulación del decreto presidencial no significa que se vayan a devolver los terrenos expropiados a los dos núcleos ejidales amparados –eso pondría en riesgo la viabilidad del centro portuario, asiento de casi 60 empresas mexicanas y extranjeras, entre ellas la alemana Basf de México, la española Gas Natural y la colombiana Biofilm–, sino que representa que la autoridad responsable admitió el fallo judicial y optó por llegar a un cumplimiento sustituto de la sentencia, mediante la indemnización a los ejidatarios, calculada a valor actual de los terrenos expropiados hace tres décadas.
Los avalúos son emitidos por la Dirección Portuaria Integral de Altamira, por instrucciones de la SCT –según consta en el oficio APIALT-DG 198/ 2009, copia del cual tiene este diario–, instancia que ya efectúa el levantamiento topográfico, con cuadros de construcción de la superficie de las compañías ubicadas en Altamira. Las empresas afectadas con el amparo litigan también en tribunales federales en busca de la protección de la justicia y que su asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues alegan que en el juicio que ganó el Jefe Diego no se les citó a comparecer como terceros perjudicados. Las fuentes indicaron que el pasado 15 de junio en el juzgado décimo de distrito de Tamaulipas, en el expediente 881-2007, el gobierno federal notificó al juez de amparo del cumplimiento de la sentencia que benefició a los integrantes de los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón, con lo cual quedó prácticamente anulado el decreto que expropió las tierras de esos núcleos campesinos a principios de la década de los 80.
La Jornada consultó ayer la lista de resoluciones de ese juzgado, que se publica en la página web del Consejo de la Judicatura Federal y, efectivamente, existe un acuerdo del 15 de junio que señala: se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa (dos ejidos), el proveído de 19 de junio del año en curso, en el que se da vista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cumplimiento que la autoridad responsable dice haber dado a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Apenas el 11 de junio pasado, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, aseguró a un diario de circulación nacional que no estamos dispuestos a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira.
Advirtió que en la defensa de los intereses sociales vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico para evitar que litigantes obtengan ganancias incorrectas. Para entonces Molinar ya sabía de la anulación del decreto expropiatorio firmado por su jefe; sin embargo, lo omitió.
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El Jefe” Diego gana demanda 1,500 mdp : Diego Fernández de Cevallos se roba el erario y se apropia terrenos en Altamira Tamaulipas
La demanda es por tierras donde se ubica el puerto de Altamira
“El Jefe” Diego gana 1,500 mdp a la SCT
TERRENOS EN DISPUTA Tierras cuyo litigio es llevado por Diego Fernández de Ceballos
Altamira, en riesgo por fallo judicial
Francisco Gómez El Universal Martes 09 de junio de 2009 francisco.gomez@eluniversal.com.mx
El ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia obtuvieron un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima. La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
En entrevista, el ex senador Fernández aceptó que junto con el ex procurador llevaron la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron el juicio. Agregó que están a la espera de la sentencia favorable a los ejidatarios, y confió en que sea en el sentido del pleno goce de los derechos sobre las tierras. Altamira recibió en nueve años inversión por 2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta. Ahora, la resolución abre la puerta para que otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar, en momentos de crisis, indemnizaciones millonarias.
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“No estamos dispuestos a pagar doble por Altamira”Un millonario litigio tiene frente a frente a dos conspicuos panistas. Diego Fernández de Cevallos, el abogado, pretende obtener un pago del Estado. Juan Molinar, el secretario, opnina que es un abuso Francisco Gómez El Universal Jueves 11 de junio de 2009El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, aseguró que “no estamos dispuestos a que se pague dos veces” por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Advirtió que en la defensa de los intereses de la sociedad mexicana “vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico” para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este caso, y otros que hay en los tribunales, se pretenda obtener ganancias “incorrectas”.
No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios que lo tenían hace 28 años, terrenos que —indicó— el Estado mexicano ha destinado a un uso socialmente provechoso, señaló el funcionario federal durante una entrevista con EL UNIVERSAL en sus oficinas de la SCT en la ciudad de México.
“No vamos a volver a pagar por ese predio ni mucho menos vamos a perder el puerto de Altamira”, definió Molinar al precisar que por los terrenos expropiados a los ejidatarios “se les pagó el debido precio y es muy importante que la gente sepa que ese pago no fue una cantidad menor, porque equivaldría hoy en día a cerca de 500 millones de pesos. Fue una cantidad muy importante”. Molinar Horcasitas habló así al tratar el tema del amparo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas concedió a ejidatarios defendidos por los abogados y miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández Cevallos y Antonio Lozano Gracia, contra el decreto expropiatorio de terrenos donde se edificó el puerto industrial de Altamira y que podría implicar un pago de mil 500 millones de pesos al erario.
Al respecto, Molinar, también un conspicuo miembro del PAN, comentó que “no vamos a entrar en desacato ni en desobediencia al Poder Judicial, pero —aclaró— el pago de mil 500 millones de pesos no es la única acción. “He instruido al cuerpo jurídico de la secretaría para proteger los intereses del Estado y vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico que protejan los intereses de la sociedad para que no tenga que hacer esta segunda erogación por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, remarcó. Al recordar que el caso que recién se abrió en 2007 y el sentido del fallo se dio por deficiencias técnicas, no por la falta de pago. Es decir, añadió, la autoridad en ese entonces omitió la justificación adecuada de la causa por la cual debían expropiarse esos predios, el beneficio social que se producirían en caso de que se expropiaran y por esa razón se concedió el amparo, sentencia en la cual no hay mención alguna respecto a algún pago.
Rechazó que este sea un caso de injusticia contra campesinos o ejidatarios pobres. “Hoy en día hay una gran cantidad de juicios que en los tribunales mexicanos, abusando de deficiencias técnicas y de acciones que se pudieron haber tomado en el pasado, con el objeto de obtener ganancias que yo considero incorrectas”, señalo. Si uno se pone a revisar con buen ojo jurídico y buen ojo también para la oportunidad de obtener una indemnización a cargo del Estado, pues debe haber una gran cantidad de actos que haya realizado el Estado mexicano en el pasado que pudiera tener deficiencias técnicas como estas, comentó. Acompañado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, el funcionario aceptó que “desde luego, hay quien puede tratar de aprovechar esas deficiencias técnicas para burlar la ley y obtener un beneficio de ello. No lo vamos a tolerar en la secretaría”, aseguró.
El titular de Comunicaciones y Transportes se reservó cuáles serán las acciones jurídicas que se adoptarán en este caso, pero destacó que no sólo en este caso sino en cualquier otro en que se observe un abuso de la ley aprovechando deficiencias técnicas para trastocar la sustancia de la misma, se actuará en forma decidida contra ello. El caso de Altamira no se puede ver como un problema de “los indefensos ejidatarios contra la poderosa secretaría. Por el contario es la SCT defendiendo los intereses de la sociedad en un caso en el cual abogados que encontraron deficiencias técnicas en un decreto expropiatorio, pudieran hacernos querer que paguemos por segunda vez lo que ya se pagó hace 28 años”. Nosotros vamos a cumplir la sentencia en los términos que se nos señala, que no incluye ningún pago, porque usted imagínese si la Suprema Corte va a querer que el Puerto de Altamira se revierta a otros propietarios y que deje de prestar sus servicios. Eso no está en la sentencia ni se les van a regresar las tierras ni se les va a pagar esa cantidad de dinero y el Puerto de Altamira va a aseguir creciendo y funcionando para beneficiara a la sociedad mexicana, concluyó el funcionario.
