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En vísperas de su arribo a Ciudad Juárez, Chihuahua, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, defendió la presencia de las fuerzas armadas en esa convulsionada localidad fronteriza; señaló que "contra lo que algunos, equivocada o malintencionadamente han dicho, la violencia en esa ciudad no obedece a la presencia de las fuerzas federales (sino que) la presencia de las fuerzas federales obedece a la violencia que había y que hay en esa ciudad", y dijo que el despliegue de efectivos militares en ese territorio fronterizo es en respuesta "al llamado de auxilio de los poderes y gobiernos locales que pidieron su apoyo porque se vieron totalmente rebasados por la criminalidad".
Por su parte, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, indicó ayer mismo que Ciudad Juárez vive un estado de emergencia social "más grave que la que se pudiera declarar", y sostuvo que aquella urbe se ha convertido en un punto emblemático, donde "el éxito o fracaso de la lucha contra el narcotráfico será del Estado mexicano".
Las declaraciones de ambos funcionarios dan cuenta de un jaloneo entre los ámbitos federal y estatal en torno a la violencia que se vive cotidianamente en Ciudad Juárez, fenómeno que se gesta sobre el dolor, la tragedia humana y el sentir generalizado de temor y zozobra que padecen los habitantes de esa urbe, y que tiene, como componente central, la manifiesta incapacidad de los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública en ese y en otros puntos del territorio nacional: significativamente, en las primeras horas de ayer, y pese a los controles emprendidos debido a la visita presidencial, seis personas más habían sido asesinadas en la localidad fronteriza, incluyendo un agente policiaco estatal, en tanto que el baño de sangre continúa su ritmo habitual en otras entidades del país, como Sinaloa, donde el pasado martes murieron 14 personas, con lo que suman más de 200 ejecuciones en los primeros 40 días del año en curso.
La circunstancia descrita se ve agravada por la ausencia de una visión sensata e integral en el combate a la violencia que se padece en Ciudad Juárez, y por la adopción de medidas que, lejos de aportar respuesta a tales problemáticas, constituyen gestos retóricos y hasta demagógicos por parte de las autoridades; un botón de muestra de tal actitud es el anuncio, realizado por el mandatario chihuahuense el pasado fin de semana, del traslado de poderes estatales a esa localidad fronteriza, una medida que parece obedecer a cálculos meramente político-electorales, a juzgar por la ligereza y la falta de rigor con que se elaboró y presentó. Es esclarecedor, al respecto, lo dicho ayer por legisladores de oposición en el Congreso de Chihuahua, en el sentido de que no hay una solicitud formal de traslado de poderes en esa entidad, sino simplemente de "presencia" de representantes de los mismos.
Otro tanto puede decirse de los señalamientos, formulados ayer mismo por Calderón Hinojosa, sobre la necesidad de "redoblar y reforzar nuestra estrategia de seguridad en esa urbe con medidas integrales, que no abarquen únicamente aspectos policiacos y operativos, sino también aspectos de desarrollo humano", una decisión que tendría que haber sido tomada hace por lo menos tres años, a efecto de evitar, o por lo menos reducir, el elevado número de muertes violentas y el deterioro social e institucional que se viven en esa localidad y en otros puntos del país.
En la circunstancia actual, una responsabilidad principal de los distintos niveles de gobierno es la contención, mediante acciones sensatas, eficaces y dentro del marco de la ley, del derramamiento de sangre que sacude a ese conflictivo punto del territorio nacional. Si las autoridades federales y estatales no rectifican cuanto antes las políticas económicas, sociales y de seguridad pública que –a contrapelo de lo expresado ayer por el jefe del Ejecutivo– ahondan y extienden la violencia y el sentir de vacío de poder en esa franja fronteriza, difícilmente podrán revertir un colapso mayúsculo en su propia credibilidad ante la sociedad juarense y la opinión pública nacional.
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Por su parte, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, indicó ayer mismo que Ciudad Juárez vive un estado de emergencia social "más grave que la que se pudiera declarar", y sostuvo que aquella urbe se ha convertido en un punto emblemático, donde "el éxito o fracaso de la lucha contra el narcotráfico será del Estado mexicano".
Las declaraciones de ambos funcionarios dan cuenta de un jaloneo entre los ámbitos federal y estatal en torno a la violencia que se vive cotidianamente en Ciudad Juárez, fenómeno que se gesta sobre el dolor, la tragedia humana y el sentir generalizado de temor y zozobra que padecen los habitantes de esa urbe, y que tiene, como componente central, la manifiesta incapacidad de los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública en ese y en otros puntos del territorio nacional: significativamente, en las primeras horas de ayer, y pese a los controles emprendidos debido a la visita presidencial, seis personas más habían sido asesinadas en la localidad fronteriza, incluyendo un agente policiaco estatal, en tanto que el baño de sangre continúa su ritmo habitual en otras entidades del país, como Sinaloa, donde el pasado martes murieron 14 personas, con lo que suman más de 200 ejecuciones en los primeros 40 días del año en curso.
La circunstancia descrita se ve agravada por la ausencia de una visión sensata e integral en el combate a la violencia que se padece en Ciudad Juárez, y por la adopción de medidas que, lejos de aportar respuesta a tales problemáticas, constituyen gestos retóricos y hasta demagógicos por parte de las autoridades; un botón de muestra de tal actitud es el anuncio, realizado por el mandatario chihuahuense el pasado fin de semana, del traslado de poderes estatales a esa localidad fronteriza, una medida que parece obedecer a cálculos meramente político-electorales, a juzgar por la ligereza y la falta de rigor con que se elaboró y presentó. Es esclarecedor, al respecto, lo dicho ayer por legisladores de oposición en el Congreso de Chihuahua, en el sentido de que no hay una solicitud formal de traslado de poderes en esa entidad, sino simplemente de "presencia" de representantes de los mismos.
Otro tanto puede decirse de los señalamientos, formulados ayer mismo por Calderón Hinojosa, sobre la necesidad de "redoblar y reforzar nuestra estrategia de seguridad en esa urbe con medidas integrales, que no abarquen únicamente aspectos policiacos y operativos, sino también aspectos de desarrollo humano", una decisión que tendría que haber sido tomada hace por lo menos tres años, a efecto de evitar, o por lo menos reducir, el elevado número de muertes violentas y el deterioro social e institucional que se viven en esa localidad y en otros puntos del país.
En la circunstancia actual, una responsabilidad principal de los distintos niveles de gobierno es la contención, mediante acciones sensatas, eficaces y dentro del marco de la ley, del derramamiento de sangre que sacude a ese conflictivo punto del territorio nacional. Si las autoridades federales y estatales no rectifican cuanto antes las políticas económicas, sociales y de seguridad pública que –a contrapelo de lo expresado ayer por el jefe del Ejecutivo– ahondan y extienden la violencia y el sentir de vacío de poder en esa franja fronteriza, difícilmente podrán revertir un colapso mayúsculo en su propia credibilidad ante la sociedad juarense y la opinión pública nacional.
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