Luis Javier Garrido
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se halla en entredicho por tres casos que han estremecido a México y que habrán de ser objeto de fallos de la justicia federal en los próximos días, los que van a revestir indudablemente un carácter histórico por las consecuencias jurídicas, sociales y políticas que entrañarán, y de los que depende el futuro del país.
1. La sociedad mexicana, agraviada como pocas veces luego de 2000 por las políticas de los gobiernos panistas que han violado de manera impune derechos fundamentales de muchas personas, grupos y sectores, y de la mayoría del pueblo mexicano, ha esperado en vano en estos 10 años la intervención de la SCJN haciendo justicia, sin que haya habido más respuesta de los pretenciosos ministros que ignorar el marco constitucional de la República con tal de servir al poder, pero ahora las cosas son mucho más graves.
2. Los tres casos en cuestión tienen algo en común, pues entrañan bochornosas violaciones del gobierno de Felipe Calderón a los derechos individuales y colectivos de varios grupos de mexicanos, pero constituyen al mismo tiempo atentados de la administración de facto panista contra los intereses fundamentales de la nación y, por ende, de todos los mexicanos, en su afán de entregar riquezas estratégicas al capital trasnacional violando abiertamente lo establecido en la Constitución General: a) el atentado contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, privados de su fuente de trabajo al desaparecer, sin tener facultades para ello, a Luz y Fuerza del Centro, y a los que se les han cancelado en los hechos sus derechos laborales constitucionales en un afán de Calderón y sus amigos de entregar el sector eléctrico a corporaciones extranjeras a las que los panistas se hallan asociados; b) el ataque contra los más de mil 200 trabajadores mineros de Cananea (Sonora), la más importante mina de cobre de la República, a los que se está cesando negándoseles el derecho de huelga en un afán de destruir al sindicato minero con el propósito de satisfacer los privilegios de una mafia de empresarios asociados a Germán Larrea y a Carlos Salinas de Gortari que fungen en el denominado Grupo México como prestanombres de intereses del exterior; y c) el encarcelamiento aberrante tras un proceso monstruoso de 12 detenidos políticos, la mayor parte de ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezados por Ignacio del Valle, por la mera pretensión del gobierno del PAN de volver a echar a andar el proyecto de destruir la comunidad de San Salvador Atenco (estado de México) para entregar sus tierras a los intereses trasnacionales ansiosos de volver a echar a andar el proyecto de construir un aeropuerto internacional en sus tierras.
3. Los ministros de la SCJN han sido negligentes al negarse a emitir su decisión sobre las cuestiones centrales planteadas por los agraviados y, como en muchos otros casos, han apostado al desgaste de su lucha tratando de evadir sus responsabilidades mediante una serie de sentencias y opiniones de diversos tribunales que sólo buscan hacer tiempo y confundir a los mexicanos, pero que hasta ahora no han logrado sacar a la SCJN del enorme desprestigio en el que se halla y de la responsabilidad que tiene de emitir fallos que habrán de ser fundamentales en el devenir del país.
4. La realidad del Poder Judicial de nuestro país no se le oculta a nadie, ya que en México, como en el resto del mundo occidental sometido a las políticas del neoliberalismo, los grupos minoritarios que detentan el poder le han asignado también al más alto tribunal el papel de ser el supremo guardián de los intereses de las compañías multinacionales.
5. Noam Chomsky escribía hace poco en Público Internacional (7/2/10) que el 21 de enero de 2010 pasaría a la historia estadunidense como uno de sus días más oscuros por el fallo aberrante de la Corte Suprema de su país de equiparar a las grandes corporaciones a personas físicas y reconocerles los mismos derechos de éstas en materia electoral y en especial el de contribuir al financiamiento de candidatos y partidos, lo que en sus palabras constituía "un golpe en pleno corazón a la democracia", pues en el futuro les sería más fácil a los consorcios comprar las elecciones e intimidar y subordinar a los funcionarios, lo que evidenciaba el papel de la Corte.
6. Este papel de perros guardianes de intereses espurios lo han desempeñado en México de manera sistemática la SCJN, que de manera constante ha fallado, al menos desde 1994, en favor de los intereses trasnacionales y de la mafia en el poder y en contra de los derechos del pueblo mexicano, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que avaló el fraude electoral de 2006 que llevó al poder en México a un gobierno ilegítimo, y que, entre otras tropelías, ha intervenido en la vida interna de los partidos.
7. Al menos desde 1994, año en que Ernesto Zedillo recompuso la integración de la Corte para formarla mayoritariamente con oscuros abogados fascistas y reaccionarios, serviles a los intereses multinacionales, ahora sometidos a los gobiernos panistas, todo dentro del proyecto de "la alternancia política" impulsado por Washington, en México no ha existido un Poder Judicial autónomo, sino un tribunal de consigna que reviste las decisiones políticas como fallos jurisdiccionales, generando una situación más grave que la existente en otros periodos de nuestra historia, incluyendo los años del porfirismo o del priísmo.
8. Un régimen político no puede ser democrático ni republicano si no está sustentado en un Poder Judicial autónomo, independiente del Ejecutivo, que cuente con tribunales de derecho y no de consigna, y ése no es el caso de México, donde la SCJN y el TEPJF –que son las más altas instancias de la judicatura– no fungen más que como instrumento de los intereses económicos y políticos de la mafia en el poder.
9. El gobierno espurio de Felipe Calderón, que está entregando los recursos de la nación al exterior, no es el único responsable de la crisis nacional. Lo es también de manera significativa el Poder Judicial, que también se halla hundido en la corrupción, y sus próximos fallos van a dejar las cosas claras: el país va a observar si otorga la protección de la justicia a los mexicanos cuyos derechos han sido pisoteados o sigue obsecuente a la mafia gobernante.
10. La lucha de un pueblo que tiene, como en 1910, "hambre y sed de justicia", va a marcar de cualquier forma los meses por venir y el reclamo es absoluto. México requiere de un verdadero Poder Judicial autónomo, que actúe como un defensor de la Constitución y, asumiendo su responsabilidad fundamental, como un freno y contrapeso del poder político.
1. La sociedad mexicana, agraviada como pocas veces luego de 2000 por las políticas de los gobiernos panistas que han violado de manera impune derechos fundamentales de muchas personas, grupos y sectores, y de la mayoría del pueblo mexicano, ha esperado en vano en estos 10 años la intervención de la SCJN haciendo justicia, sin que haya habido más respuesta de los pretenciosos ministros que ignorar el marco constitucional de la República con tal de servir al poder, pero ahora las cosas son mucho más graves.
2. Los tres casos en cuestión tienen algo en común, pues entrañan bochornosas violaciones del gobierno de Felipe Calderón a los derechos individuales y colectivos de varios grupos de mexicanos, pero constituyen al mismo tiempo atentados de la administración de facto panista contra los intereses fundamentales de la nación y, por ende, de todos los mexicanos, en su afán de entregar riquezas estratégicas al capital trasnacional violando abiertamente lo establecido en la Constitución General: a) el atentado contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, privados de su fuente de trabajo al desaparecer, sin tener facultades para ello, a Luz y Fuerza del Centro, y a los que se les han cancelado en los hechos sus derechos laborales constitucionales en un afán de Calderón y sus amigos de entregar el sector eléctrico a corporaciones extranjeras a las que los panistas se hallan asociados; b) el ataque contra los más de mil 200 trabajadores mineros de Cananea (Sonora), la más importante mina de cobre de la República, a los que se está cesando negándoseles el derecho de huelga en un afán de destruir al sindicato minero con el propósito de satisfacer los privilegios de una mafia de empresarios asociados a Germán Larrea y a Carlos Salinas de Gortari que fungen en el denominado Grupo México como prestanombres de intereses del exterior; y c) el encarcelamiento aberrante tras un proceso monstruoso de 12 detenidos políticos, la mayor parte de ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezados por Ignacio del Valle, por la mera pretensión del gobierno del PAN de volver a echar a andar el proyecto de destruir la comunidad de San Salvador Atenco (estado de México) para entregar sus tierras a los intereses trasnacionales ansiosos de volver a echar a andar el proyecto de construir un aeropuerto internacional en sus tierras.
3. Los ministros de la SCJN han sido negligentes al negarse a emitir su decisión sobre las cuestiones centrales planteadas por los agraviados y, como en muchos otros casos, han apostado al desgaste de su lucha tratando de evadir sus responsabilidades mediante una serie de sentencias y opiniones de diversos tribunales que sólo buscan hacer tiempo y confundir a los mexicanos, pero que hasta ahora no han logrado sacar a la SCJN del enorme desprestigio en el que se halla y de la responsabilidad que tiene de emitir fallos que habrán de ser fundamentales en el devenir del país.
4. La realidad del Poder Judicial de nuestro país no se le oculta a nadie, ya que en México, como en el resto del mundo occidental sometido a las políticas del neoliberalismo, los grupos minoritarios que detentan el poder le han asignado también al más alto tribunal el papel de ser el supremo guardián de los intereses de las compañías multinacionales.
5. Noam Chomsky escribía hace poco en Público Internacional (7/2/10) que el 21 de enero de 2010 pasaría a la historia estadunidense como uno de sus días más oscuros por el fallo aberrante de la Corte Suprema de su país de equiparar a las grandes corporaciones a personas físicas y reconocerles los mismos derechos de éstas en materia electoral y en especial el de contribuir al financiamiento de candidatos y partidos, lo que en sus palabras constituía "un golpe en pleno corazón a la democracia", pues en el futuro les sería más fácil a los consorcios comprar las elecciones e intimidar y subordinar a los funcionarios, lo que evidenciaba el papel de la Corte.
6. Este papel de perros guardianes de intereses espurios lo han desempeñado en México de manera sistemática la SCJN, que de manera constante ha fallado, al menos desde 1994, en favor de los intereses trasnacionales y de la mafia en el poder y en contra de los derechos del pueblo mexicano, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que avaló el fraude electoral de 2006 que llevó al poder en México a un gobierno ilegítimo, y que, entre otras tropelías, ha intervenido en la vida interna de los partidos.
7. Al menos desde 1994, año en que Ernesto Zedillo recompuso la integración de la Corte para formarla mayoritariamente con oscuros abogados fascistas y reaccionarios, serviles a los intereses multinacionales, ahora sometidos a los gobiernos panistas, todo dentro del proyecto de "la alternancia política" impulsado por Washington, en México no ha existido un Poder Judicial autónomo, sino un tribunal de consigna que reviste las decisiones políticas como fallos jurisdiccionales, generando una situación más grave que la existente en otros periodos de nuestra historia, incluyendo los años del porfirismo o del priísmo.
8. Un régimen político no puede ser democrático ni republicano si no está sustentado en un Poder Judicial autónomo, independiente del Ejecutivo, que cuente con tribunales de derecho y no de consigna, y ése no es el caso de México, donde la SCJN y el TEPJF –que son las más altas instancias de la judicatura– no fungen más que como instrumento de los intereses económicos y políticos de la mafia en el poder.
9. El gobierno espurio de Felipe Calderón, que está entregando los recursos de la nación al exterior, no es el único responsable de la crisis nacional. Lo es también de manera significativa el Poder Judicial, que también se halla hundido en la corrupción, y sus próximos fallos van a dejar las cosas claras: el país va a observar si otorga la protección de la justicia a los mexicanos cuyos derechos han sido pisoteados o sigue obsecuente a la mafia gobernante.
10. La lucha de un pueblo que tiene, como en 1910, "hambre y sed de justicia", va a marcar de cualquier forma los meses por venir y el reclamo es absoluto. México requiere de un verdadero Poder Judicial autónomo, que actúe como un defensor de la Constitución y, asumiendo su responsabilidad fundamental, como un freno y contrapeso del poder político.
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