Bajo reserva
Gurría pide reformas a Calderón 22 de enero de 2012
EL PRESIDENTE (espurio usurpador) Felipe Calderón ha confirmado a su círculo cercano que analiza la posibilidad de radicar en el extranjero una vez concluida su gestión, en diciembre próximo. Es sabido que la búsqueda de una nueva casa es conducida por Margarita Zavala. Una primera alternativa la constituyen diversas ciudades de Estados Unidos, y ya han existido señales desde Washington en el sentido de que ven bien tal posibilidad. Pero no se desecha a España como opción. Algunas instituciones académicas y multilaterales han tenido igualmente expresiones de interés para un acercamiento con el mandatario mexicano, lo que puede modificar la sede final de lo que sería su lugar de residencia al menos en los próximos años.
GASTOS DESPILFARRO 4 MILLONES EN BEBIDAS ALCOHOLICAS,
Mil millones de dólares: la partida secreta del gobierno mexicano
POLICÍA • 7 NOVIEMBRE 2011 - 10:16AM — VÍCTOR HUGO MICHEL/ @VHMICHEL
El gobierno de Felipe Calderón ha destinado 12 mil millones de pesos a operaciones encubiertas, como infiltrar al narcotráfico, tener una nómina de informantes o mantener en el exilio a testigos protegidos.
Ciudad de México • ¿Cuánto cuestan las operaciones más peligrosas del gobierno mexicano? ¿Qué tan caro sale infiltrar al narcotráfico? ¿O crear una nómina de informantes? ¿O tender trampas a narcos y mantener en el exilio a testigos protegidos? La respuesta: casi mil millones de dólares. Tras el escudo del secreto de Estado, el gobierno de Felipe Calderón ha destinado a lo largo del sexenio hasta 12 mil millones de pesos para financiar “gastos confidenciales” en el combate al crimen organizado, dinero que habría sido empleado en distintos rubros clasificados, desde pagar operaciones encubiertas y rentar casas de seguridad, hasta preparar operativos sorpresa para capturar a capos del narcotráfico.
Una investigación de MILENIO en torno a algunos de los programas más sensibles del gobierno mexicano revela que la administración calderonista ha echado mano de una partida presupuestal poco conocida, reservada por ley para “gastos de seguridad pública y nacional”, para complementar con dinero duro las partes más reservadas de su estrategia antidelincuencia. Se le conoce como la partida 33701 y opera bajo la más estricta reserva del Estado Mexicano. Su uso es tan confidencial que, por ley, sólo algunos secretarios, el procurador General de la República y el titular del CISEN tienen autorización para activarla. Y sólo ellos saben a qué exactamente ha sido destinada.
Pero si bien es secreta, su uso ha sido extenso y millonario: 9 dependencias del gobierno federal, incluidas las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, se han visto beneficiadas con acceso a cientos de millones de pesos provenientes de la partida, que pueden ser empleados para financiar una amplia gama de acciones, según se desprende de informes de la Auditoría Superior de la Federación, el Diario Oficial de la Federación y reglamentos internos gubernamentales. En realidad, es un gasto que queda a la libre interpretación de cada dependencia. Según distintos registros, para la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública la partida 33701 cubre los gastos en operaciones encubiertas y con usuarios simulados, además de financiar el costo de infiltrar agentes en redes criminales. Para la Presidencia de la República, conlleva la adquisición de equipo de seguridad adicional para la protección del presidente Felipe Calderón. En cambio, la PGR la emplea para el pago de recompensas por información que lleve a la captura de delincuentes y el mantenimiento de su programa de testigos protegidos.
Aun así, en otras áreas es aún más secreta. No existen registros públicos de cómo los recursos de la partida 33701 son empleados por el CISEN, la Marina y el Ejército, por ejemplo.
***
Luego de la intervención del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección a Datos Personales, MILENIO obtuvo vía la Ley Federal de Transparencia los únicos datos que existen públicamente en torno a la partida: una relación actualizada de los gastos que han sido asignados bajo su auspicio. La descripción oficial de la Secretaría de Hacienda sobre la partida da una idea general de su uso y de cómo puede ser empleada en la contratación. Sus recursos, establece el Clasificador por Objeto de Gasto Gubernamental, “serán destinados a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional (…) cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. Incluye los recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para tales efectos”.
La cifra del gasto ejercido dentro de esta partida es mayúscula. Tanto como difícil es definir en qué se invierten sus recursos por obvias razones: un cálculo realizado por este diario detalla que el monto asignado a erogaciones confidenciales desde 2006 es casi once veces el presupuesto de la Presidencia de la República (mil 700 millones) o dos veces más que el programa Oportunidades (5 mil millones de pesos). Algunas cifras adicionales evidencian el tamaño de los gastos de seguridad nacional de la actual administración. Superan al presupuesto asignado en 2010 a dependencias enteras como la PGR (11 mil millones de pesos), Energía (3 mil millones de pesos), Turismo (3 mil 953 millones de pesos), Reforma Agraria (5 mil millones de pesos), Función Pública (mil 284 millones de pesos) y hasta el presupuesto global de la Cámara de Diputados y el Senado, con cuatro mil 753 millones y tres mil millones de pesos, respectivamente.
***
De la información obtenida vía la Ley de Transparencia se desprende que una de las agencias más beneficiadas con fondos confidenciales ha sido la Policía Federal, que incluso trató en un principio de clasificar por seis años toda la información relativa a cuánto le ha sido presupuestado como parte de la partida 33701. En sus argumentos en contra de la solicitud de información 0413100034811 presentada por este diario, la Policía Federal advirtió que dar a conocer la cifra de lo recibido y gastado en la partida 33701 pondría en riesgo la seguridad nacional, al revelar el estado de fuerza de la agrupación y dar una idea general al crimen organizado sobre cómo defenderse de sus operativos.
En su negativa la PF dio algunos detalles adicionales de lo que se hace con gasto a la partida más secreta del gobierno: “El presupuesto ejercido en Gastos de Seguridad Pública y Nacional es utilizado para atender los requerimientos de los diversos operativos confidenciales (…) a través de operaciones encubiertas, trabajo de inteligencia, intercambio de información con otras instituciones de Seguridad Nacional y corporaciones policiales del ámbito estatal y municipal”. Conocidas comúnmente como “operaciones negras”, en la PF este tipo de actividades están a cargo de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, un área que de acuerdo a su reglamento interno puede trabajar con “usuarios simulados” y obtener información por vías diversas, como la infiltración de agentes encubiertos en estructuras criminales. Es decir, de la partida se pagan los salarios de un número altamente secreto de hombres y mujeres que han logrado infiltrar a las redes criminales del país. MILENIO recurrió la decisión de la Policía Federal ante el pleno del IFAI, al considerar que una cifra global no tendría por qué poner en riesgo la seguridad de las operaciones encubiertas en curso. Tras tres meses de deliberación, los comisionados del instituto ratificaron de forma unánime ese punto de vista y ordenaron a la PF revelar el monto de lo recibido. En consecuencia, la Policía Federal desclasificó la información y reveló que desde el 2006 se han transferido a sus operaciones confidenciales más de 5 mil 300 millones pesos, equivalente a casi 400 millones de dólares al tipo de cambio actual.
En una solicitud por separado, la Secretaría de Seguridad Pública informó –sin hacer uso del recurso de clasificación—que ha recibido también fuertes transferencias de fondos confidenciales: alcanzan los 5 mil 859 millones de pesos, o 438 millones de dólares. De manera pública, la PF sólo ha informado de dos operaciones encubiertas que han sido sufragadas con cargo a la partida confidencial. Una de ellas, con nombre clave “Colmena”, permitió en marzo pasado la captura de Víctor Manuel Félix, compadre de Joaquín el Chapo Guzmán y cabeza de una célula dedicada al tráfico de drogas entre Sudamérica y México. En 2010, otra operación encubierta –mediante la cual se crearon cuentas bancarias ficticias—llevó a la caída de Javier López Medina, lugarteniente de la Familia Michoacana.
RECUADRO
Recursos asignados por dependencia dentro de la partida 33701 a lo largo del sexenio:
*Secretaría de Gobernación: 642 millones 280 mil pesos
*Secretaría de la Defensa Nacional: 57 millones 608 mil pesos
*Secretaría de Marina: 29 millones 505 mil pesos
*Presidencia de la República: 11 millones 941 mil pesos
*CISEN: 563 millones 984 mil pesos
*SAT: 30 millones 819 mil pesos
*SSP: 5 mil 859 millones de pesos
*Policía Federal: 4 mil 294 millones 173 mil pesos
*INM: 119 millones 948 mil pesos
21-04-2010
14 instancias del gobierno federal, incluyendo la presidencia, han gastado 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Felipe Calderón llegó al poder. De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Contralínea, el gobierno federal alega que "es necesario organizar eventos sociales", pero realmente muchas veces a petición de un sólo funcionario y muchas veces nisiquiera se da una justificación para el gasto. Contralínea muestra, por ejemplo, facturas de la Secretaría de Gobernación por la compra de diversas botellas de vino Casa Madero de cepa Cavernet Sauvignon "Requerido para el comedor del Sr. Secretario" a la tienda La Europea, gastando miles de pesos por estas compras. También compraron dos botellas de rompope Santa Clara y una de ron Bacardí blanco. Estas compras ocurrieron cuando Francisco Ramírez Acuña fue titular de la SeGob y continuaron con el mismo proveedor cuando el titular era Juan Camilo Mouriño.
Igual ha pasado con la secretaría de la función pública, a acargo de Salvador Vega Casillas, la cual ordenó la compra de 2 docenas de botellas de vino. Otras dependendencias que compraron alcóhol con cargo al erario fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pemex, El Fondo de Cultura Económica, el Conacyt, y la propia presidencia de la república.
Otras bebidas embriagantes que se pagaron del erario fueron tequila, coñac, whisky y cerveza.
Contralínea señala la opinión de la especialista en estudios hacendarios, Violeta Rodríguez, quien señala que el problema del gasto en alcohol es que se divide entre muy pocos funcionarios, por lo cual el gasto por persona es muy alto. La revista pública una lista de las instancias que han gastado más en alcohol, en la cual aparece en primer lugar Pemex, con un gasto de 934 mil 477 pesos. En segundo lugar aparece la presidencia, con un gasto de 685 mil 837 pesos. Es decir, más de medio millón de pesos gastados en bebidas embriagantes por la presidencia. De hecho, Contralínea publica una de las facturas de compra de bebidas alcohólicas por la presidencia por 14 mil 210 pesos con 83 centavos que incluye botellas de ron Bacardí, tequila Maestro Tequilero, vodka Absolut, y otros embriagantes. Según la presidencia, las compras son por la partida 2201, de gastos alimenticios del ejército, fuerza aérea y armada, así como para los elementos que participen en programas de seguridad pública. El resto de las dependencias tienen gastos en bebidas embriagantes que van de los 417 mil 488 pesos, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los 4 mil 826 pesos, en el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La mayoría de estas instancias, sin embargo, rebasan los 200 mil pesos en el gasto de bebida.
En total, el gasto de la administración de Calderón en alcohol ha sido de 3 millones 867 mil 81 pesos.
Todo con cargo al erario.
Hubo subejercicio de 39 mil 98 millones de pesos en 2008, revela análisis de la cuenta pública
Se desconoce el destino de más de $34 mil millones del erario: ASF
Plantea reforma que obligue a partidos políticos a transparentar los recursos que manejan
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 5
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados señaló un subejercicio de 39 mil 98 millones de pesos en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón, de lo que sólo se recuperaron 4 mil 990 millones, desconociéndose hasta la fecha el destino del resto.
Las conclusiones del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –del que se tiene copia–, refieren:
Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 se determinaron recuperaciones (que deben hacerse) por 39 mil 98 millones de pesos. La ASF reporta que de ese monto se han operado 4 mil 990.1 millones de pesos y se consideran como recuperaciones probables 34 mil 108.8 millones de pesos. Dentro de las recuperaciones operadas, 4 mil 780 millones de pesos –equivalentes a 95.8 por ciento de lo reportado por la ASF– provinieron de las auditorías practicadas a recursos federales transferidos a estados y municipios. Con estos resultados, la ASF reporta que de manera acumulada, al considerar la revisión de las cuentas públicas 2001-2008, se han operado recuperaciones a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 35 mil 145.5 millones de pesos.
Como consecuencia del proceso de fiscalización en años recientes, la ASF ha identificado áreas de opacidad y riesgo en las que urgen acciones de gobierno:
En el rubro eficiencia recaudatoria del Estado se requiere dotar de mayores facultades a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, combatir la evasión y la elusión fiscales, eliminar el sector informal de la economía y el contrabando, simplificar y mejorar la progresividad del marco regulatorio impositivo y otorgar certidumbre jurídica al contribuyente. En relación con los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, es necesario impulsar mayor transparencia en su operación, fortalecer los controles y la supervisión de su administración y obligar sin excepciones a la rendición de cuentas del uso y el destino de los recursos públicos que se les transfieren, incorporando los resultados de su ejercicio y los remanentes en las cuentas públicas anuales respectivas. En el área educación pública se debe dar vigencia al mandato constitucional de universalidad, mediante una política de largo plazo que privilegie la calidad, la adecuada cobertura de los servicios y el mejoramiento de la infraestructura para el sector.
Advierte que en tanto no se modifique integralmente el sistema educativo nacional, continuarán la corrupción y la ineficiencia. La formación de los ciudadanos debe incluir los valores fundamentales de la cultura democrática y el respeto a la legalidad, los derechos humanos y a la preservación del medio ambiente. En el rubro de recursos federales transferidos a estados y municipios, plantea –entre otras acciones– actualizar las reglas de operación de los fondos del Ramo General 33 y, consecuentemente, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como homologar los marcos jurídicos y normativos de los estados con el del ámbito federal en materias de fiscalización superior, y de presentación, revisión y aprobación de la cuenta pública.
En materia de recursos destinados a procesos electorales, plantea un nuevo marco jurídico de carácter integral que permita ordenarlos y evitar el desvío de recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Advierte que se requiere avanzar en la fiscalización de recursos en la materia y que se deberá analizar una iniciativa de ley que obligue a los partidos políticos a rendir cuentas a los ciudadanos y a sus propios militantes, así como a transparentar de manera pública y obligatoria los considerables recursos que manejan.
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. . . kikka-roja.blogspot.com/
Gurría pide reformas a Calderón 22 de enero de 2012
GASTOS DESPILFARRO 4 MILLONES EN BEBIDAS ALCOHOLICAS,
- NO PUEDE SALIR SIN LA CUSTODIA DE MIL ELEMENTOS DEL EJÉRCITO.
- RECIBOS DE LUZ, ENERGIA ELÉCTRICA IMPAGABLES.
- NEGOCIOS EN PEMEX.
- $34 MIL MILLONES DE PESOS DESAPARECIDOS DEL ERARIO.
- HAN FALLECIDO 2 SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN.
- GUERRAS CON EL PRI, EL PACTO POR LA USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA.
- EMPRESARIOS E INDUSTRIALES TRAICIONADOS.
- EL PUEBLO POBRE, ES MÁS POBRE, 60 MILLONES DE PERSONAS EN LA POBREZA.
- 55 MIL MUERTOS EN LA GUERRA CONTRA EL NARCO.
- ESCUADRONES DE LA MUERTE, EN EL NORTE DEL PAIS.
- PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
- IETU, IVA, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TENENCIA.
- PARTIDAS SECRETAS. CAJA CHICA. 12 MIL MILLONES DE PESOS
- ATROPELLO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD LAICA Y GRATUITA.
- ENTREGA DE LOS BIENES DE LA NACIÓN A EXTRANJEROS, MINAS A CANADA.
- VIOLENCIA, POLARIZACIÓN, VIOLENCIA DE ESTADO. DICTADURA.
- BEBÉS MUERTOS, GUARDERÍA ABC, NEGOCIO DE LA FAMILIA DE SU ESPOSA
- ADMINISTRACIONES PANISTAS FRAUDULENTAS, BAÑO DE LUJO 388 mil 85 pesos
- Calderón Hinojosa gastó 87,228,311.58 pesos del 1 de diciembre de 2006 al 25 de septiembre del 2008 en 209 giras nacionales.
ES DUEÑO DE MEDIO MÉXICO, NO NECESITA VIVIR EN EL CHANGARRO, CUANDO SE PUEDE VIVIR A TODO LUJO EN EL EXTRANJERO.
Mil millones de dólares: la partida secreta del gobierno mexicano
POLICÍA • 7 NOVIEMBRE 2011 - 10:16AM — VÍCTOR HUGO MICHEL/ @VHMICHEL
El gobierno de Felipe Calderón ha destinado 12 mil millones de pesos a operaciones encubiertas, como infiltrar al narcotráfico, tener una nómina de informantes o mantener en el exilio a testigos protegidos.
Ciudad de México • ¿Cuánto cuestan las operaciones más peligrosas del gobierno mexicano? ¿Qué tan caro sale infiltrar al narcotráfico? ¿O crear una nómina de informantes? ¿O tender trampas a narcos y mantener en el exilio a testigos protegidos? La respuesta: casi mil millones de dólares. Tras el escudo del secreto de Estado, el gobierno de Felipe Calderón ha destinado a lo largo del sexenio hasta 12 mil millones de pesos para financiar “gastos confidenciales” en el combate al crimen organizado, dinero que habría sido empleado en distintos rubros clasificados, desde pagar operaciones encubiertas y rentar casas de seguridad, hasta preparar operativos sorpresa para capturar a capos del narcotráfico.
Una investigación de MILENIO en torno a algunos de los programas más sensibles del gobierno mexicano revela que la administración calderonista ha echado mano de una partida presupuestal poco conocida, reservada por ley para “gastos de seguridad pública y nacional”, para complementar con dinero duro las partes más reservadas de su estrategia antidelincuencia. Se le conoce como la partida 33701 y opera bajo la más estricta reserva del Estado Mexicano. Su uso es tan confidencial que, por ley, sólo algunos secretarios, el procurador General de la República y el titular del CISEN tienen autorización para activarla. Y sólo ellos saben a qué exactamente ha sido destinada.
Pero si bien es secreta, su uso ha sido extenso y millonario: 9 dependencias del gobierno federal, incluidas las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, se han visto beneficiadas con acceso a cientos de millones de pesos provenientes de la partida, que pueden ser empleados para financiar una amplia gama de acciones, según se desprende de informes de la Auditoría Superior de la Federación, el Diario Oficial de la Federación y reglamentos internos gubernamentales. En realidad, es un gasto que queda a la libre interpretación de cada dependencia. Según distintos registros, para la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública la partida 33701 cubre los gastos en operaciones encubiertas y con usuarios simulados, además de financiar el costo de infiltrar agentes en redes criminales. Para la Presidencia de la República, conlleva la adquisición de equipo de seguridad adicional para la protección del presidente Felipe Calderón. En cambio, la PGR la emplea para el pago de recompensas por información que lleve a la captura de delincuentes y el mantenimiento de su programa de testigos protegidos.
Aun así, en otras áreas es aún más secreta. No existen registros públicos de cómo los recursos de la partida 33701 son empleados por el CISEN, la Marina y el Ejército, por ejemplo.
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Luego de la intervención del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección a Datos Personales, MILENIO obtuvo vía la Ley Federal de Transparencia los únicos datos que existen públicamente en torno a la partida: una relación actualizada de los gastos que han sido asignados bajo su auspicio. La descripción oficial de la Secretaría de Hacienda sobre la partida da una idea general de su uso y de cómo puede ser empleada en la contratación. Sus recursos, establece el Clasificador por Objeto de Gasto Gubernamental, “serán destinados a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional (…) cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. Incluye los recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para tales efectos”.
La cifra del gasto ejercido dentro de esta partida es mayúscula. Tanto como difícil es definir en qué se invierten sus recursos por obvias razones: un cálculo realizado por este diario detalla que el monto asignado a erogaciones confidenciales desde 2006 es casi once veces el presupuesto de la Presidencia de la República (mil 700 millones) o dos veces más que el programa Oportunidades (5 mil millones de pesos). Algunas cifras adicionales evidencian el tamaño de los gastos de seguridad nacional de la actual administración. Superan al presupuesto asignado en 2010 a dependencias enteras como la PGR (11 mil millones de pesos), Energía (3 mil millones de pesos), Turismo (3 mil 953 millones de pesos), Reforma Agraria (5 mil millones de pesos), Función Pública (mil 284 millones de pesos) y hasta el presupuesto global de la Cámara de Diputados y el Senado, con cuatro mil 753 millones y tres mil millones de pesos, respectivamente.
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De la información obtenida vía la Ley de Transparencia se desprende que una de las agencias más beneficiadas con fondos confidenciales ha sido la Policía Federal, que incluso trató en un principio de clasificar por seis años toda la información relativa a cuánto le ha sido presupuestado como parte de la partida 33701. En sus argumentos en contra de la solicitud de información 0413100034811 presentada por este diario, la Policía Federal advirtió que dar a conocer la cifra de lo recibido y gastado en la partida 33701 pondría en riesgo la seguridad nacional, al revelar el estado de fuerza de la agrupación y dar una idea general al crimen organizado sobre cómo defenderse de sus operativos.
En su negativa la PF dio algunos detalles adicionales de lo que se hace con gasto a la partida más secreta del gobierno: “El presupuesto ejercido en Gastos de Seguridad Pública y Nacional es utilizado para atender los requerimientos de los diversos operativos confidenciales (…) a través de operaciones encubiertas, trabajo de inteligencia, intercambio de información con otras instituciones de Seguridad Nacional y corporaciones policiales del ámbito estatal y municipal”. Conocidas comúnmente como “operaciones negras”, en la PF este tipo de actividades están a cargo de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, un área que de acuerdo a su reglamento interno puede trabajar con “usuarios simulados” y obtener información por vías diversas, como la infiltración de agentes encubiertos en estructuras criminales. Es decir, de la partida se pagan los salarios de un número altamente secreto de hombres y mujeres que han logrado infiltrar a las redes criminales del país. MILENIO recurrió la decisión de la Policía Federal ante el pleno del IFAI, al considerar que una cifra global no tendría por qué poner en riesgo la seguridad de las operaciones encubiertas en curso. Tras tres meses de deliberación, los comisionados del instituto ratificaron de forma unánime ese punto de vista y ordenaron a la PF revelar el monto de lo recibido. En consecuencia, la Policía Federal desclasificó la información y reveló que desde el 2006 se han transferido a sus operaciones confidenciales más de 5 mil 300 millones pesos, equivalente a casi 400 millones de dólares al tipo de cambio actual.
En una solicitud por separado, la Secretaría de Seguridad Pública informó –sin hacer uso del recurso de clasificación—que ha recibido también fuertes transferencias de fondos confidenciales: alcanzan los 5 mil 859 millones de pesos, o 438 millones de dólares. De manera pública, la PF sólo ha informado de dos operaciones encubiertas que han sido sufragadas con cargo a la partida confidencial. Una de ellas, con nombre clave “Colmena”, permitió en marzo pasado la captura de Víctor Manuel Félix, compadre de Joaquín el Chapo Guzmán y cabeza de una célula dedicada al tráfico de drogas entre Sudamérica y México. En 2010, otra operación encubierta –mediante la cual se crearon cuentas bancarias ficticias—llevó a la caída de Javier López Medina, lugarteniente de la Familia Michoacana.
RECUADRO
Recursos asignados por dependencia dentro de la partida 33701 a lo largo del sexenio:
*Secretaría de Gobernación: 642 millones 280 mil pesos
*Secretaría de la Defensa Nacional: 57 millones 608 mil pesos
*Secretaría de Marina: 29 millones 505 mil pesos
*Presidencia de la República: 11 millones 941 mil pesos
*CISEN: 563 millones 984 mil pesos
*SAT: 30 millones 819 mil pesos
*SSP: 5 mil 859 millones de pesos
*Policía Federal: 4 mil 294 millones 173 mil pesos
*INM: 119 millones 948 mil pesos
- Gobierno de Calderón gastó casi 4 millones en bebidas alcohólicas
21-04-2010
14 instancias del gobierno federal, incluyendo la presidencia, han gastado 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Felipe Calderón llegó al poder. De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Contralínea, el gobierno federal alega que "es necesario organizar eventos sociales", pero realmente muchas veces a petición de un sólo funcionario y muchas veces nisiquiera se da una justificación para el gasto. Contralínea muestra, por ejemplo, facturas de la Secretaría de Gobernación por la compra de diversas botellas de vino Casa Madero de cepa Cavernet Sauvignon "Requerido para el comedor del Sr. Secretario" a la tienda La Europea, gastando miles de pesos por estas compras. También compraron dos botellas de rompope Santa Clara y una de ron Bacardí blanco. Estas compras ocurrieron cuando Francisco Ramírez Acuña fue titular de la SeGob y continuaron con el mismo proveedor cuando el titular era Juan Camilo Mouriño.
Igual ha pasado con la secretaría de la función pública, a acargo de Salvador Vega Casillas, la cual ordenó la compra de 2 docenas de botellas de vino. Otras dependendencias que compraron alcóhol con cargo al erario fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pemex, El Fondo de Cultura Económica, el Conacyt, y la propia presidencia de la república.
Otras bebidas embriagantes que se pagaron del erario fueron tequila, coñac, whisky y cerveza.
Contralínea señala la opinión de la especialista en estudios hacendarios, Violeta Rodríguez, quien señala que el problema del gasto en alcohol es que se divide entre muy pocos funcionarios, por lo cual el gasto por persona es muy alto. La revista pública una lista de las instancias que han gastado más en alcohol, en la cual aparece en primer lugar Pemex, con un gasto de 934 mil 477 pesos. En segundo lugar aparece la presidencia, con un gasto de 685 mil 837 pesos. Es decir, más de medio millón de pesos gastados en bebidas embriagantes por la presidencia. De hecho, Contralínea publica una de las facturas de compra de bebidas alcohólicas por la presidencia por 14 mil 210 pesos con 83 centavos que incluye botellas de ron Bacardí, tequila Maestro Tequilero, vodka Absolut, y otros embriagantes. Según la presidencia, las compras son por la partida 2201, de gastos alimenticios del ejército, fuerza aérea y armada, así como para los elementos que participen en programas de seguridad pública. El resto de las dependencias tienen gastos en bebidas embriagantes que van de los 417 mil 488 pesos, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los 4 mil 826 pesos, en el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La mayoría de estas instancias, sin embargo, rebasan los 200 mil pesos en el gasto de bebida.
En total, el gasto de la administración de Calderón en alcohol ha sido de 3 millones 867 mil 81 pesos.
Todo con cargo al erario.
Hubo subejercicio de 39 mil 98 millones de pesos en 2008, revela análisis de la cuenta pública
Se desconoce el destino de más de $34 mil millones del erario: ASF
Plantea reforma que obligue a partidos políticos a transparentar los recursos que manejan
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 5
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados señaló un subejercicio de 39 mil 98 millones de pesos en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón, de lo que sólo se recuperaron 4 mil 990 millones, desconociéndose hasta la fecha el destino del resto.
Las conclusiones del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –del que se tiene copia–, refieren:
Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 se determinaron recuperaciones (que deben hacerse) por 39 mil 98 millones de pesos. La ASF reporta que de ese monto se han operado 4 mil 990.1 millones de pesos y se consideran como recuperaciones probables 34 mil 108.8 millones de pesos. Dentro de las recuperaciones operadas, 4 mil 780 millones de pesos –equivalentes a 95.8 por ciento de lo reportado por la ASF– provinieron de las auditorías practicadas a recursos federales transferidos a estados y municipios. Con estos resultados, la ASF reporta que de manera acumulada, al considerar la revisión de las cuentas públicas 2001-2008, se han operado recuperaciones a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 35 mil 145.5 millones de pesos.
Como consecuencia del proceso de fiscalización en años recientes, la ASF ha identificado áreas de opacidad y riesgo en las que urgen acciones de gobierno:
En el rubro eficiencia recaudatoria del Estado se requiere dotar de mayores facultades a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, combatir la evasión y la elusión fiscales, eliminar el sector informal de la economía y el contrabando, simplificar y mejorar la progresividad del marco regulatorio impositivo y otorgar certidumbre jurídica al contribuyente. En relación con los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, es necesario impulsar mayor transparencia en su operación, fortalecer los controles y la supervisión de su administración y obligar sin excepciones a la rendición de cuentas del uso y el destino de los recursos públicos que se les transfieren, incorporando los resultados de su ejercicio y los remanentes en las cuentas públicas anuales respectivas. En el área educación pública se debe dar vigencia al mandato constitucional de universalidad, mediante una política de largo plazo que privilegie la calidad, la adecuada cobertura de los servicios y el mejoramiento de la infraestructura para el sector.
Advierte que en tanto no se modifique integralmente el sistema educativo nacional, continuarán la corrupción y la ineficiencia. La formación de los ciudadanos debe incluir los valores fundamentales de la cultura democrática y el respeto a la legalidad, los derechos humanos y a la preservación del medio ambiente. En el rubro de recursos federales transferidos a estados y municipios, plantea –entre otras acciones– actualizar las reglas de operación de los fondos del Ramo General 33 y, consecuentemente, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como homologar los marcos jurídicos y normativos de los estados con el del ámbito federal en materias de fiscalización superior, y de presentación, revisión y aprobación de la cuenta pública.
En materia de recursos destinados a procesos electorales, plantea un nuevo marco jurídico de carácter integral que permita ordenarlos y evitar el desvío de recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Advierte que se requiere avanzar en la fiscalización de recursos en la materia y que se deberá analizar una iniciativa de ley que obligue a los partidos políticos a rendir cuentas a los ciudadanos y a sus propios militantes, así como a transparentar de manera pública y obligatoria los considerables recursos que manejan.
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