Proceso Marcela Turati
En 2006, cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se cometió un millonario fraude con los fondos del Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias. Los partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo la de Felipe Calderón. Y aun cuando diversas autoridades detectaron las anomalías, que implicaban a la hoy virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República, las indagatorias jamás prosperaron.
“Dijo el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí seguimos esperando”, explica, desde la caseta telefónica de su pueblo, el campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las miles de familias damnificadas por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2005. El programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado hacia las campañas políticas de 2006. “Apenas construimos. La casa que tenemos la hice con mis propias manos. Construimos así, a poquito, trabajando en el cafetal y de chalanes”, explica Fidel. En la línea apenas se distingue su voz. Atrás se escucha la discusión, en mixe, que sostienen los funcionarios municipales de Ixhuatlán de Madero sobre la faena comunitaria del día siguiente en los cafetales. Fidel y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de adobe donde viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del suegro. Fantasean con que algún día volverá el señor que les prometió una casa de material, de esas con cemento colado, grava y tabiques.
Donata Robles López aparece en el padrón que en 2005 presentó la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa), ante la Sedesol para tramitar, a través del diputado panista José Luis Preciado, recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron. Preciado no fue el único legislador tramitador; formaba parte de una camada de legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que aprendieron a ordeñar los programas sociales. Las reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año antes de las elecciones de 2006, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la Sedesol. Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que los legisladores de cualquier partido solicitaran. A inicios de 2006 comenzaron a publicarse pruebas contundentes según las cuales legisladores panistas habían creado empresas fachada –dirigidas por sus secretarias, choferes u operadores– para desviar el dinero del programa de vivienda a sus campañas. Según el denunciante principal, Arnulfo Montes Cuen, titular de la Fenpa, esos recursos llegaron a la campaña del mismo Felipe Calderón, candidato a la Presidencia de la República, campaña de la cual era coordinadora la propia Vázquez Mota. Sin embargo, la denuncia penal 62/UEIDCSPCAJ/2006, presentada ante la PGR contra Vázquez Mota; contra su sucesora en la Sedesol, Ana Teresa Aranda; contra sus subalternos y un par de legisladores, fue desechada. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tampoco consideró que hubiera delito en lo expuesto en los expedientes AP/FEPADE/048/2006 y 368/2006. Al interior de la Sedesol tampoco pasó nada. Y aun cuando la contraloría de la dependencia integró un expediente de seguimiento de responsabilidades (SI/035/06), no se aplicaron sanciones legales a ninguno de los involucrados. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública de 2005, sólo encontró sancionables a dos agrupaciones campesinas que incumplieron con los campesinos, pero exoneró a los funcionarios que, aun cuando no cumplieron las reglas, les soltaron el dinero. Algo más: el responsable del programa en tiempos del fraude, Isaac Rojkind Orleansky, actualmente trabaja en una dirección de esa Auditoría. Así se cerró la pinza del fraude más documentado que arrastra la virtual candidata presidencial del PAN. El PVR fue considerado “la caja chica” de los panistas en campaña, aunque el fraude salpica a todos los partidos políticos.
Cola larga
La indígena Benita Sánchez Pérez era otra de las beneficiarias de vivienda en Quetzaltepec. Su comunidad, de menos de 5 mil habitantes y considerada de altísima marginación, cumplía con todas las condiciones para la recepción de apoyo. Según documentos que conserva la reportera, debieron entregarle material para construir un cuarto de 4×4 metros con techo de lámina. Ante la Sedesol, la organización Huehuetépetl Comunitaria documentó que a Benita le dieron 10 mil 791 pesos; en otro recibo se descubrió que pretendían darle sólo 5 mil 651 pesos. Al igual que Benita, 5 mil 437 familias que habían tramitado paquetes de apoyo a través de Fenpa también fueron defraudadas. El monto de los recursos aprobados era de 50 millones de pesos, que fueron desviados a Huehuetépetl, integrada por el candidato a diputado panista Benjamín Chacón, quien fungió como enlace del diputado Preciado ante la Sedesol. En San Martín Texmelucan, Puebla, también hubo denuncias en su contra. El fraude se descubrió a raíz de que Montes Cuen –representante legal de Fenpa y contratado por el PAN por ser un experto “tramitólogo” de programas para el PRI– presentó una acusación ante la Sedesol por el despojo de 55 millones de pesos que debían haberle otorgado para viviendas pero que, de última hora, se canalizaron a Huehuetépetl, una organización fantasma creada por los panistas. Con oficios, copias de movimientos bancarios, fotografías y expedientes, el denunciante exhibió a un grupo de legisladores federales y locales panistas de 17 estados que se convirtieron en gestores de recursos ante la Sedesol, dependencia que debió haber atendido 5 mil 437 solicitudes de casa. Incluso, comenta que días antes de que la secretaría abriera la competencia por los recursos para vivienda se creó Fenpa con el propósito de recibir el dinero.
Con cartas membretadas, Montes Cuen evidencia que los panistas Jorge Luis Preciado Rodríguez y Armando Rangel Hernández mantenían un acuerdo con funcionarios de la Sedesol –entre ellos la propia Vázquez Mota– para que la institución atendiera las demandas de 35 diputados; incluso, dice, habían acordado un techo presupuestario.De esto, según los documentos, estaba al tanto el entonces diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien aparece incluso como uno de los destinatarios, así como funcionarios de Gobernación. En una carta del 10 de noviembre de 2005, por ejemplo, Preciado solicitó al subsecretario de Gobierno, Felipe González González, dar cumplimiento al acuerdo de Vázquez Mota con los legisladores para “apoyar las poco más de 13 mil solicitudes para el Programa de Vivienda Rural que se han hecho desde el año pasado a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros”. Documentos similares fueron enviados a Rojkind Orleansky, director de Opciones Productivas, área encargada del programa.
Los panistas consultados señalaron que desviaron el dinero de Fenpa a Huehuetépetl porque desconfiaron de Montes Cuen, quien al momento de que la Sedesol liberó los recursos estaba encarcelado.
Montes Cuen, quien fue secretario técnico de la bancada del PAN, reveló entonces que en 2004 ese partido creó siete organizaciones para que sus legisladores obtuvieran al menos 20 millones de pesos, en dos años, de los programas sociales dedicados al campo y para allegarse votos. Lo hacían a través de la organización Plantar, la “CNC panista”, que tenía entre sus consejeros a los extitulares de la Sedesol, Agricultura, Reforma Agraria, Economía y Medio Ambiente, secretarías de las que obtenían recursos. La mencionada central campesina servía de paraguas al Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícola Nacional (OPAGAN); la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (ANPAC); al Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), y a Unimoss, entre otros. OPAGAN y ANPAC, por ejemplo, eran liderados por el diputado Javier Castelo Parada; Unimoss, por el exfuncionario Javier López Macías, y el diputado panista Diego Palmero Andrade operaba a través del Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), por mencionar algunos. El documento interno denominado Programa de Capacitación en Programas Federales del Consejo de Política Agropecuaria del Grupo Parlamentario del PAN, cuya copia obtuvo la reportera, indica que la estrategia electoral de 2006 comenzaría a partir de la creación de organizaciones que tramitaran recursos de programas federales para distribuirlos entre los beneficiarios que les redituaran en votos. La meta era crear 10 organismos de la sociedad civil por cada oficina de enlace legislativo; “tener acceso a los padrones nacionales de Abasto Social de Leche, Abasto Rural, Adultos Mayores y Oportunidades” de la Sedesol, y crear una base de datos de funcionarios involucrados en la entrega de apoyos y hacer acuerdos con ellos.
El documento mencionaba la necesidad de aprender a gestionar recursos de los programas sociales de mayor impacto e integrar a los campesinos a organizaciones identificadas con Acción Nacional para crear contrapesos al PRI y al PRD en el sector agropecuario y rural. En la estrategia del PAN en San Lázaro se menciona la aplicación “inmediata” del Programa de Vivienda Rural, Liconsa, Diconsa y Adultos Mayores, y la necesidad de “diseñar cientos de microproyectos con el padrón de Oportunidades”. El proyecto fue concebido, según el documento, para “eventualmente tener un beneficio político a favor del partido en cada uno de los municipios y distritos en todo el país”.
Salpicadera común
Cuestionados en su momento en torno a este escándalo, los panistas señalaron que no tenía nada de malo tramitar recursos para los más pobres, y se justificaron: eso –aseguraron– lo hacen todos los partidos.
En 2005, cuando la reportera pidió una explicación sobre el particular, la Sedesol entregó un documento interno que revela que los 438 millones de pesos de Vivienda Rural de ese año fueron repartidos entre 58 organizaciones campesinas “presumiblemente” vinculadas al PAN, PRI, PRD, PAS y PT. En la relación consta que las 15 agrupaciones vinculadas con el PRI fueron las más beneficiadas (41%), seguidas por 12 del PRD (28%) y por las siete panistas (18%); el PT obtuvo 6% de los recursos, el PAS 2.4% y el restante 3.3% se dividió entre 10 grupos sin filiación partidista. El tramitador más mencionado en el documento fue el petista José Narro, quien hizo gestiones a través de 11 organizaciones, y el líder campesino priista Heladio Ramírez, entonces al frente de la Confederación Nacional Campesina (CNC). En la lista también se mencionaba a los senadores Gerardo Buganza, del PAN; Marcos Cruz, Víctor Suárez y Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD, y a Julián Orozco, del PRI, así como al líder agrario Rafael Galindo Jaime. De manera extraña, los nombres de los diputados Trejo y Tirado fueron omitidos. Los únicos fiscalizados y denunciados penalmente fueron los panistas, por sus lazos con el partido en el poder. En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación exoneró a la Sedesol, aun cuando estableció que la Dirección General de Opciones Productivas otorgó recursos a una asociación civil por 9.4 millones de pesos que los desvió. Asimismo, 15 organizaciones no habían comprobado el destino de 42.6 millones de pesos; nueve más habían incumplido la regla que les exigía abrir una cuenta bancaria para esos recursos, y una segunda tanda de recursos por 50 millones de pesos se entregaron a agrupaciones que no habían reportado avances.La Auditoría investigó sólo a dos organizaciones: la panista Huehuetépetl y la priista Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNE), representada por Héctor Ortega de la Cruz, quien hoy es funcionario de la CNC. Comprobó también que no entregaron 707 mil pesos destinados a la compra de materiales; que no acreditaron las transferencias bancarias y pagos a través de cheques por 18.4 millones de pesos, y que no se localizaron recibos de entrega de paquetes de materiales por 3.8 millones. En resumen, Huehuetépetl y la CNC eran un cochinero.
La Contraloría Interna de la Sedesol estableció responsabilidades por malos manejos únicamente a la Unión General de Obreros y Campesinos de México “Jacinto López”, representada por José Luis González Aguilera, miembro del Consejo Agrario Permanente. Sin embargo, nadie pisó la cárcel. Hoy, el director del programa, Rojkind Orleansky, trabaja como director de área y auditor especial de desempeño.
El escándalo estalló en 2006, cuando Vázquez Mota ya había saltado a la campaña de Calderón. Para tapar habladurías, la Sedesol modificó otra vez las reglas del programa, con lo que cerró la llave a las organizaciones campesinas y abrió la puerta a organizaciones civiles y empresas privadas para que se encargaran de la construcción de viviendas para las comunidades más pobres.
Lo cierto es que Fidel, Donata, Benita y miles de campesinos más siguen esperando casa…
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. . . kikka-roja.blogspot.com/
Quisiera poder compartir este artículo en face para que la gente sepa a quien están eligiendo.
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