1. Las políticas fundadas en una abierta y permanente violación de la legalidad constitucional de un país, y que en el siglo XXI carecen del mínimo consenso social, no pueden de ninguna manera resolver los grandes problemas de una nación, pero la ultraderecha mexicana, en su obsesión de mantener el poder tras el 2012, no quiere dar marcha atrás en su descabellada “guerra contra el narco”, a pesar de los innumerables casos de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que sigue cometiendo en el curso de una guerra perdida de antemano, como acontece ahora con la Marina.
2. El desastre institucional al que ha llevado al país el gobierno de Felipe Calderón ha conducido a que las costas e islas de la República se hallen abandonadas a merced de la marina estadunidense, de las corporaciones trasnacionales y de los piratas pesqueros japoneses, mientras los marinos mexicanos andan desbocados por todo el país disfrazados de policías tras haber recibido una mínima capacitación por agencias de Estados Unidos.
3. La Marina ha estado en el centro de una serie de acusaciones muy graves en los años del panismo, al menos por cuatro motivos fundados: a) por no cumplir con sus tareas constitucionales y legales de salvaguardar la soberanía nacional, vigilando las costas y el mar territorial de México; b) por actuar en “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón en absoluta transgresión al marco constitucional, asumiendo tareas que no le competen; c) por haber abandonado, en el marco de esta guerra de los panistas, su papel constitucional como una institución de la nación, para actuar en los hechos en abierta subordinación a las agencias de seguridad de Estados Unidos; y d) ahora, más recientemente, por estar cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que constituyen delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Marina había tenido ante esos señalamientos un elocuente silencio, hasta que en días pasados ha brincado ante las acusaciones que se le han hecho de violaciones a los derechos humanos en ejercicio indebido de funciones que no le corresponden.
4. En el curso de estos años ha sido evidente que la Secretaría de Marina-Armada de México, como ahora le ha dado por llamarse, ha actuado por su indolencia en abierta complicidad con intereses públicos y privados de otros países, dejando desprotegidas las costas, las islas y el mar territorial, lo que evidencia esta colusión de sus altos oficiales con intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, Japón y otros países. La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de junio de 2009 establece, sin embargo, en su artículo 30, fracción IV, que a la Secretaría de Marina compete ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio y vigilar las zonas marinas mexicanas, lo que no hace, dedicándose a lo que por otra parte expresamente le prohíbe hacer el artículo 21 constitucional: investigar los delitos y actuar como cuerpo policiaco.
5. La presunta guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ahora éste pretende que no lo es, aunque así la llamó durante años, dio un papel relevante a los marinos mexicanos porque, según revelaron los papeles de Wikileaks en 2010, éstos aparecieron mucho más confiables que los militares mexicanos a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, relegando así a un Ejército que la administración Obama puso bajo sospecha, aunque quizás debieron decir más dúctiles o entreguistas. Así aparecieron los marinos mexicanos en escena con toda su barbarie e ilegalidad el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, ejecutando por órdenes superiores al presunto capo Arturo Beltrán Leyva en un operativo que fue ampliamente condenado por mútilples sectores por los delitos que ahí cometieron elementos de la Secretaría de Marina, que están ya siendo denunciados por la CNDH, y desde entonces no han ocultado su papel como los consentidos de la DEA y el Departamento de Estado.
6. La reacción hace unos días del almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, negándose a atender las recomendaciones 72 y 83 de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad criminal de varios marinos en la muerte de dos civiles, escudándose en la razón de Estado, anteponiendo los privilegios que se otorga a sí mismo a los derechos de los mexicanos, afirmando que no se pondrá en riesgo a marinos y exigiendo plena libertad para sus operativos (La Jornada, 19 de enero), así como la campaña subsecuente en los medios oficialistas para descalificar a la CNDH, no son por consiguiente más que nuevos signos ominosos de la fascistización creciente del régimen calderonista.
7. No debe olvidarse que el papel de los marinos al actuar como cuerpos policiacos o al intervenir en golpes de Estado en diversos casos en América Latina ha sido con frecuencia mucho más nefasto que el de los ejércitos, como lo evidenció entre otros el caso de Chile, donde en 1973 el almirante Toribio Merino actuó con la misma lógica que tiene hoy el almirante Francisco Saynez, que con razón Julio Hernández llamaba ayer en su columna de La Jornada una variante de las fórmulas de la llamada obediencia debida.
8. El origen de la situación cada vez más desastrosa a la que se está llevando al país se halla sin duda en el desprecio que los panistas tienen desde 1939 –año en que se funda su partido– por la Constitución General de la República, que sustentó al régimen político mexicano del siglo XX, el que se hallan empeñados en destruir, sin tener otra propuesta para sustituirlo que la que se observa todos los días: propiciar por un lado que la Iglesia católica acreciente su poderío material e ideológico y por el otro entregar ciegamente a México a la especulación de las grandes corporaciones trasnacionales, lo que los ha llevado a subordinar las instituciones de la República al gobierno de Washington, como es el caso de la Marina-Armada de México.
9. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante el desastre institucional cada vez mayor en el que hunde a México con sus desastrosas decisiones no ha sido otro que el de seguir exigiendo, por un lado, que en materia de seguridad nacional se expidan leyes que permitan todas sus tropelías: acotando los derechos humanos, cancelando el federalismo y el municipio libre y haciendo viable el funcionamiento de las agencias estadunidenses en México. Y que en materia económica y social se acelere el desmantelamiento de la Constitución de 1917 para hacer inexistentes los derechos originarios de la nación y poder eliminar trabas para que el capital multinacional se apodere del país. Eso y no otra cosa es lo que llaman las reformas modernizadoras, que están urgiendo al Congreso aprobar.
10. El retorno del país a la legalidad es por todo esto un presupuesto fundamental para que México pueda iniciar su reconstrucción y esa tarea es la que aguarda al próximo gobierno, que moral y políticamente no puede estar ya en manos de la derecha.
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