En un reporte presentado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Lotería Nacional, se informa que este organismo de asistencia pública acumula una pérdida de mil 230 millones de pesos entre el primer año de gobierno de Vicente Fox y 2011, por la intensa competencia de empresas privadas y la proliferación de casinos y casas de juego, algunas de ellas ilegales. A renglón seguido, el documento sostiene que el gobierno federal deberá inyectar recursos públicos al organismo, a efecto de reponer fondos que se utilizaron para el pago de premios y evitar que el déficit continúe durante 2012.
Aun concediendo que la Lotería Nacional esté siendo afectada por la competencia de particulares, la afirmación de que ese organismo opera con pérdidas y de que requiere de dinero público para sostenerse es inadmisible: los juegos de azar y los sorteos, en general, y los que son organizados por el Estado, en particular, son modelos de negocio diseñados para generar grandes utilidades de forma sencilla y rápida, y constituyen una de las actividades lícitas más redituables. Por añadidura, las supuestas pérdidas experimentadas por la Lotería Nacional colisionan con lo dicho hace unos meses por el director del organismo, Benjamín González Roaro, de que en 2010 obtuvo los ingresos más altos en una década. Es inevitable recordar, asimismo, que esa entidad pública ha sido históricamente considerada la caja chica de la Presidencia de la República, no necesariamente porque lo sea, sino por el vasto margen de ganancias que genera y por la falta de controles y mecanismos de fiscalización sobre las mismas.
Así pues, más que a la competencia legal o ilegal, el mal desempeño financiero de la lotería puede atribuirse a un grado escandaloso de ineficiencia en el manejo de sus recursos; a un nivel análogo de corrupción en sus oficinas; a un intento gubernamental por hacerse de una coartada para trasladarlo a manos privadas, o bien una combinación de estos factores.
Durante el sexenio de Fox, esta conjunción entre opacidad y presumible corrupción en la administración del organismo se saldó con escándalos como la investigación en contra de su ex directora Laura Valdés, acusada de trasladar recursos a la fundación Vamos México, presidida por la esposa del ex presidente, Martha Sahagún.
Según puede verse, las citadas desviaciones en el manejo de la Lotería Nacional se han visto acentuadas en la actual administración, con la entrega del control de ese organismo a funcionarios cercanos a la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, como parte de un pago de facturas políticas negociado desde la administración anterior, según reconoció el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en julio del año pasado. Al amparo de ese impresentable arreglo patrimonialista, la Lotería Nacional ha vivido nuevos episodios escandalosos durante el presente gobierno: en 2008, bajo la dirección de Francisco Yáñez, el organismo entregó en condiciones poco transparentes un contrato millonario al empresario Jorge Kawaghi –otro de los incondicionales de Gordillo– para el manejo del servicio médico de los trabajadores, lo que provocó un severo rechazo por parte de su sindicato; un año después, el sucesor de Yáñez, Miguel Ángel Jiménez, fue acusado de intentar sobornar a un diario para generar publicidad en favor del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche.
Por tanto, antes de solicitar la inyección de recursos públicos a la Lotería Nacional, lo procedente y necesario es que se esclarezcan las causas del déficit que arrastra ese organismo, y que se establezcan las sanciones administrativas o penales a que haya lugar para los funcionarios y ex funcionarios responsables. Ante la pretensión de trasladar a los ciudadanos el costo de la ineficiencia y la presumible corrupción de autoridades federales en la conducción de la Lotería Nacional, corresponde al Legislativo realizar las investigaciones correspondientes e informar a la sociedad, en forma oportuna y transparente, los resultados de las mismas.
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Aun concediendo que la Lotería Nacional esté siendo afectada por la competencia de particulares, la afirmación de que ese organismo opera con pérdidas y de que requiere de dinero público para sostenerse es inadmisible: los juegos de azar y los sorteos, en general, y los que son organizados por el Estado, en particular, son modelos de negocio diseñados para generar grandes utilidades de forma sencilla y rápida, y constituyen una de las actividades lícitas más redituables. Por añadidura, las supuestas pérdidas experimentadas por la Lotería Nacional colisionan con lo dicho hace unos meses por el director del organismo, Benjamín González Roaro, de que en 2010 obtuvo los ingresos más altos en una década. Es inevitable recordar, asimismo, que esa entidad pública ha sido históricamente considerada la caja chica de la Presidencia de la República, no necesariamente porque lo sea, sino por el vasto margen de ganancias que genera y por la falta de controles y mecanismos de fiscalización sobre las mismas.
Así pues, más que a la competencia legal o ilegal, el mal desempeño financiero de la lotería puede atribuirse a un grado escandaloso de ineficiencia en el manejo de sus recursos; a un nivel análogo de corrupción en sus oficinas; a un intento gubernamental por hacerse de una coartada para trasladarlo a manos privadas, o bien una combinación de estos factores.
Durante el sexenio de Fox, esta conjunción entre opacidad y presumible corrupción en la administración del organismo se saldó con escándalos como la investigación en contra de su ex directora Laura Valdés, acusada de trasladar recursos a la fundación Vamos México, presidida por la esposa del ex presidente, Martha Sahagún.
Según puede verse, las citadas desviaciones en el manejo de la Lotería Nacional se han visto acentuadas en la actual administración, con la entrega del control de ese organismo a funcionarios cercanos a la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, como parte de un pago de facturas políticas negociado desde la administración anterior, según reconoció el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en julio del año pasado. Al amparo de ese impresentable arreglo patrimonialista, la Lotería Nacional ha vivido nuevos episodios escandalosos durante el presente gobierno: en 2008, bajo la dirección de Francisco Yáñez, el organismo entregó en condiciones poco transparentes un contrato millonario al empresario Jorge Kawaghi –otro de los incondicionales de Gordillo– para el manejo del servicio médico de los trabajadores, lo que provocó un severo rechazo por parte de su sindicato; un año después, el sucesor de Yáñez, Miguel Ángel Jiménez, fue acusado de intentar sobornar a un diario para generar publicidad en favor del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche.
Por tanto, antes de solicitar la inyección de recursos públicos a la Lotería Nacional, lo procedente y necesario es que se esclarezcan las causas del déficit que arrastra ese organismo, y que se establezcan las sanciones administrativas o penales a que haya lugar para los funcionarios y ex funcionarios responsables. Ante la pretensión de trasladar a los ciudadanos el costo de la ineficiencia y la presumible corrupción de autoridades federales en la conducción de la Lotería Nacional, corresponde al Legislativo realizar las investigaciones correspondientes e informar a la sociedad, en forma oportuna y transparente, los resultados de las mismas.
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