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lunes, 30 de abril de 2012

ENTERRADO VIVO... Jethro Ramsés ¡fue enterrado vivo!


Soldados del ejercito mexicano lo mataron, lo arrestaron por ser testigo de un pleito en una taquería de cuernavaca
Tags: puebla, jethro ramsés, cuernavaca

Jethro Ramsés ¡fue enterrado vivo!
Por Proceso
29/04/2012

Un moño negro empolvado sobre el marco de la puerta de la casa de la familia Sánchez Santana muestra el dolor que han padecido los padres y hermanas de Jethro Ramsés, un joven ingeniero asesinado e inhumado por soldados del 21 Batallón de Infantería con sede en Cuernavaca.

El 1 de mayo de 2011, el joven fue detenido ilegalmente. Las autoridades municipales lo entregaron a policías federales y éstos a los militares. Durante dos meses el joven ingeniero permaneció en calidad de desaparecido, hasta que su familia exigió la aplicación de pruebas de ADN para saber si un cadáver hallado en Atlixco, Puebla, era el del joven; la identidad se confirmó.

Junto con Jethro Ramsés fue arrestado Horacio Hernández Demesa, tras presenciar un pleito en una taquería de feria en Cuernavaca. Ninguno iba armado, pero policías municipales bajo el mando de Manrique González Acosta afirmaron que los jóvenes se ostentaron como miembros de la banda del Negro Radilla, presunto autor intelectual del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más.
Aclarados los hechos, en julio de 2011 fueron detenidos el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, integrantes de la Fuerza de Reacción del 21 Batallón de Infantería y procesados por tortura y homicidio calificado.

El 13 de noviembre fue arrestado el coronel del batallón, José Guadalupe Arias Agredano, quien estaba prófugo desde el 20 de julio. Sobre él pesan cargos de encubrimiento de primera clase en los delitos de lesiones causando homicidio e inhumación clandestina, así como por deserción y abandono del servicio.

El mismo mes fue sometido a proceso por falsedad de declaraciones el policía municipal González Acosta, en libertad bajo caución.

De acuerdo con las declaraciones iniciales de los militares, después que los policías entregaron a Jethro y Horacio al 21 Batallón de Infantería, el primero fue “interrogado” en la herrería y murió, pese a los supuestos intentos de personal de sanidad por ayudarlo.

El general Leopoldo Díaz Pérez, quien era responsable de la XXIV Zona Militar (a la que está adscrito el mencionado batallón), fue removido de su cargo en julio de 2011.

El caso derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, en la que se establece la responsabilidad de los policías municipales por la detención arbitraria, y se pide la reparación del daño a la familia afectada y sanción a los funcionarios locales involucrados, lo que hasta ahora no ha cumplido el Ayuntamiento.

Tortura y ejecución

Asesorado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), don Héctor Sánchez busca justicia.

Para la familia Sánchez Santana fue doloroso enterarse de que Jethro fue torturado y enterrado vivo. Así se establece en la necropsia 574, realizada el 8 de mayo de 2011 por el doctor Abad Zamora, del Servicio Médico Legal del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

La necropsia asienta que el cuerpo fue descubierto en un paraje de la carretera a Tochimizolco conocido como La Ocotera: “Se encontraba en una fosa rústica con el tórax y la cabeza cubierta de tierra y dos grandes rocas encima del tórax y abdomen y el miembro inferior izquierdo descubierto”.

En el cuerpo, de un metro 83 centímetros y de entre 110 y 120 kilos, se apreciaron “cuerpos extraños en el interior compatibles con tierra y pequeñas rocas similares a las encontradas en el lugar de los hechos”.

El perito halló que “de la región del muslo y genitales se desprende un olor fuerte comparado con el que produce el ácido muriático”.

Entre otros usos, anota, el ácido muriático es “utilizado como agente oxidante en talleres de herrería y metalurgia”. Jethro fue retenido en el taller de herrería del 21 Batallón de Infantería. Pero según el examen, las causas de la muerte fueron “traumatismo craneoencefálico” y “asfixia por enterramiento”.

Un perito determinó que “se trata de un homicidio en el que participó más de una persona” y que, de confirmarse que los autores fueron servidores públicos, “estaríamos ante un caso, además de homicidio, de tortura y de ejecución arbitraria”.

El experto añade que si es ácido muriático “la sustancia encontrada, y de corresponder a las lesiones en genitales y muslo, se podría inferir que se sometió a sufrimientos muy graves al ahora difunto”.

Con base en los datos de la necropsia, el especialista concluye que “la víctima fue golpeada en múltiples ocasiones en la cabeza y en otras parte del cuerpo por más de una persona, lo que además del traumatismo craneoencefálico y otras contusiones en el cuerpo le produjeron pérdida del conocimiento”.

El perito considera probable que, después de ser desnudada “aún con vida, la víctima fue enterrada... la víctima de manera automática trata de continuar respirando, pero al tener cubierta la nariz y la boca con tierra y piedras, aspira estas sustancias y se produce la asfixia”.

Justicia mocha

Cuando Jethro Ramsés desapareció, su madre, Silvia Santana, esperaba que lo tuvieran arraigado en la PGR.

Don Héctor cuenta: “Alguien nos dijo que seguramente Jethro estaba en el centro de arraigos de la SIEDO. Cuando fuimos a preguntar, unas señoras que tenían familiares arraigados se acercaron y le dijeron a mi esposa que no se reporta a todos los detenidos, por lo que le recomendaron acudir al centro de arraigo y gritar el nombre de mi hijo para que él buscara la forma de comunicarse con nosotros. Durante una semana o poco más mi esposa gritaba desesperada a las ventanas, tenía tanta esperanza de recibir respuesta”…

La familia colocó carteles en las calles de Cuernavaca con un número de teléfono. Ahí entró una llamada anónima que grabaron: “El muchacho fue detenido en la feria. Los municipales se lo llevaron, se lo dieron a la estatal, la estatal se la pasó a la federal y la federal se la pasó a los guachos de la XXIV Zona Militar”.

Al principio la familia Sánchez Santana no se tomó muy en serio la llamada porque durante dos meses el general Leopoldo Díaz Pérez negó en el juicio de amparo interpuesto por ellos, y también ante el Congreso local, que Jethro hubiera sido detenido por sus subordinados.

En junio de 2011, una persona a quien Jethro había citado en la feria de Cuernavaca el 1 de mayo les mostró los mensajes de texto que se enviaron esa noche, mientras lo esperaba. El último que salió del teléfono de Jethro, a las 18:48, decía textualmente: “Me acana d detener la milotar”.

Sus deudos no saben quién envió el mensaje. De acuerdo con las primeras investigaciones, una vez que Jethro y Horacio fueron detenidos por los policías municipales a las 18:00 horas, los despojaron de sus identificaciones y aparatos de comunicación, que fueron entregados 30 minutos después a los federales.

Unos 20 minutos después de que los federales recibieron en custodia a Jethro y a Horacio, llegaron tres camionetas con más de 20 soldados bajo el mando del teniente José Guadalupe Orizaga. Los agentes federales entregaron a los detenidos y sus pertenencias sin ningún protocolo.

Con la grabación de la llamada anónima y la relación de mensajes del aparato de radiocomunicación de su hijo, don Héctor Sánchez acudió a la XXIV Zona Militar.

Como la familia Sánchez Santana se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para reclamar justicia, y con los indicios que aportó el padre de la víctima, la Procuraduría General de Justicia Militar se vio obligada a integrar la averiguación previa SC/180/2011/V.

También gracias a la presión del movimiento pacifista fundado por Javier Sicilia, don Héctor pudo acercarse con funcionarios de Províctima, quienes se ofrecieron como intermediarios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para solicitar que se atendiera el caso.

“Me ofrecieron 150 mil pesos de parte de la Sedena, pero yo no acepté el dinero, porque es lo que menos necesito. Lo que quiero es justicia, que todos los que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo paguen lo que tengan que pagar según lo que dice el Derecho. No quiero venganza”, dice.

Pese a que en los hechos participaron ocho policías municipales de Cuernavaca, 10 policías federales y al menos 20 militares, sin contar con el general Díaz Pérez, sólo cuatro personas están procesadas: el policía local Manrique González y los tres oficiales del Ejército.
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