El pasado fin de semana, en el curso de una expedición de cacería de elefantes en Botsuana, el rey de España, Juan Carlos de Borbón, sufrió una fractura de cadera. El accidente, que por ironía del azar coincidió con la fecha en que se conmemora la República Española –derrocada por Francisco Franco para reinstaurar la monarquía en la persona del actual huésped de La Zarzuela–, ha desatado un avispero de comentarios críticos de diverso signo.
Por una parte, organizaciones ambientalistas y grupos de prevención de la crueldad contra animales censuraron a Juan Carlos por tomar parte en actividades de esparcimiento contrarias a la corrección ecológica y ética –por no decir política– que tiende a generalizarse en el siglo XXI.
Por la otra, el safari del rey, que se inscribe en una de las modalidades más costosas del turismo de élites, ha sido visto como un gesto de flagrante insensibilidad y de falta de solidaridad con la sociedad española, postrada por la severa crisis económica, el desempleo y la falta de recursos fiscales para cubrir necesidades apremiantes en los rubros de salud y educación. El actual no es, ciertamente, el momento más oportuno para que el jefe de Estado se gaste cerca de 60 mil dólares, el doble del promedio salarial anual de su país, en una actividad recreativa que, por lo demás, resulta cada vez menos presentable.
Aunque, en rigor, el monarca no cometió ningún ilícito al viajar al país africano a matar elefantes, sí incurrió en un desfiguro difícilmente compatible con su investidura. Lo expuso con claridad meridiana el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM, filial del PSOE), Tomás Gómez, quien exigió a Juan Carlos que elija entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas y una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente.
Para colmo, el infortunado episodio permitió conocer que el Palacio de La Zarzuela no informa al gobierno ni al parlamento de los viajes privados del monarca, el cual, a falta de embajada española en Botsuana, hubo de ser repatriado por la representación de Madrid en la vecina Namibia. Oficialmente, pues, el Estado español no tenía noticia del paradero de su máxima autoridad.
La evidenciada frivolidad del rey se suma a los quebrantos que ha venido experimentado la corona española a últimas fechas, particularmente el escándalo por los turbios manejos financieros de uno de sus yernos, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, actualmente imputado por corrupción y desvío de fondos públicos.
Éstas y otras circunstancias han reanimado el nunca superado debate sobre la viabilidad y la pertinencia de la monarquía, institución onerosa y caduca que, para colmo, introduce distorsiones inocultables en la lógica democrática de la que se reclama el Estado español contemporáneo. A guisa de ejemplo, la Constitución vigente (1978) afirma en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pero luego se contradice a sí misma: “La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad […] La Corona de España es hereditaria en los sucesores de SM Don Juan Carlos I de Borbón” (artículo 56). Por añadidura, el Código Penal ordena la criminalización discriminatoria de cualquier calumnia o injuria contra la nobleza española con penas de prisión de seis meses a dos años (artículo 490.3).
En su mayoría, los segmentos progresistas peninsulares han guardado un reconocimiento histórico a Juan Carlos de Borbón por haber permitido, o incluso propiciado, un desmantelamiento parcial y pacífico de la dictadura franquista, en tanto que entre los sectores conservadores se le agradece que ese desmantelamiento haya distado mucho de ser total. Asimismo, el lugar común histórico le atribuye un papel protagónico en la derrota de la intentona fascista de febrero de 1981, conocida como El Tejerazo. Investigaciones y testimonios recientes han puesto en duda, sin embargo, el papel del rey en aquellos acontecimientos, hasta el punto de ubicarlo no como salvador de la democracia, sino como beneficiario, o incluso instigador, de la asonada.
Pero, incluso sin recurrir a la revisión histórica, una parte de España, aún minoritaria al parecer, ha cambiado la percepción del rey como pilar de la transición democrática para verlo como figura cada vez más irascible y frívola y con creciente dificultad para encontrar un sitio sustantivo en el siglo XXI. En lo inmediato, la lesión sufrida por Juan Carlos de Borbón en Botsuana parece simbolizar una corona fracturada, cuando menos en su imagen pública.
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