Con el voto en contra de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Senadores ratificó el tratado sobre yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, suscrito por los gobiernos de México y Estados Unidos.
La ratificación se dio con 69 votos a favor (del PRI, del PAN y del PVEM), 21 en contra y una abstención, después que se desechó la propuesta del perredista Pablo Gómez de diferir la discusión para poder analizar a fondo el convenio firmado con el vecino país del norte.
El senador Pablo Gómez advirtió que el convenio no contiene seguridad jurídica ni garantías suficientes de que se respetará la riqueza petrolera que corresponde a México.
Sin embargo, el pleno rechazó la moción suspensiva.
En tribuna, el coordinador de los senadores de MC, Dante Delgado, acusó a PRI y PAN de actuar de nuevo juntos, como lo hicieron en otras reformas relevantes, y de cerrar la posibilidad de un simple esclarecimiento de dudas razonables.
El presidente de la Comisión de Energía, el priísta Francisco Labastida Ochoa, sostuvo que sería un error no ratificar el convenio, ya que se dejaría a México sin el marco legal necesario para defender sus intereses ante Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rosario Green (PRIÍSTA TAMBIÉN), sostuvo que el tratado signado por México y Estados Unidos el pasado 21 de febrero prevé “mecanismos para solucionar los problemas” que surjan de la explotación conjunta de yacimientos transfronterizos y cancela la posibilidad de una producción unilateral no regulada e inequitativa. Green recalcó que el Ejecutivo federal, por conducto de la cancillería, mantuvo informada a una comisión de senadores sobre el avance de las negociaciones.
Pablo Gómez refutó esa afirmación pues las dos últimas reuniones previstas fueron canceladas, y destacó que no está resuelto el problema del arbitraje, y eso deja a México en condición precaria, además de que Estados Unidos ha entregado más de 30 concesiones a empresas para operar en la línea transfronteriza, consorcios que no están obligados a acatar las disposiciones del convenio.
Advirtió que una vez hecho el cálculo de cuánto petróleo corresponde a cada nación, durante la exploración y la explotación del yacimiento puede variar la distribución de los hidrocarburos y no habrá compensación de ninguna especie. Además, agregó, la palabra reserva petrolera no existe en el tratado, por lo que los consorcios estadunidenses que participarán pueden apoderarse de ese bien que pertenece a la nación.
EL senador perredista pidió a los senadores de las demás fuerzas políticas actuar con responsabilidad y no ser sólo levantadedos. Insistió en que se pospusiera la ratificación del tratado, porque hay muchas preguntas sin respuesta. Y afirmó que ni siquiera se llamó a comparecer al secretario de Energía ni se ha realizado un trabajo de cabildeo con el Congreso de Estados Unidos para saber si los legisladores de ese país estarán en situación de modificar el convenio.
Dijo que entendía la prisa del partido en el gobierno (PAN) por aprobar el tratado sobre yacimientos transfronterizos, pero que el PRI también la tenga parece muy sospechoso. En respuesta, el senador panista Rubén Camarillo sostuvo que no se iban a dejar sorprender por peroratas, y el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, acusó al perredista de estar siempre en contra de todo.
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En la cumbre continental que se inauguró ayer en Cartagena de Indias, Colombia, fue evidente la divergencia entre los temas que pretenden priorizar Estados Unidos y Canadá y los que la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos quiere poner sobre la mesa.
Para el presidente Barack Obama no debe discutirse la estrategia contra el narcotráfico impuesta por Washington a las naciones del hemisferio hace cerca de cuatro décadas, a pesar del evidente, costosísimo y doloroso fracaso en que se ha traducido: cientos de miles de muertes, fortalecimiento de las organizaciones delictivas, incremento de las adicciones, descomposición institucional y debilitamiento de las estructuras estatales. En este punto, hasta gobernantes surgidos de las derechas, como el anfitrión Juan Manuel Santos y el guatemalteco Otto Pérez Molina, coinciden en la necesidad de revisar una política que se fundamenta en la persecución policial y militar de los grupos criminales y que ignora la complejidad de componentes sociales, económicos e históricos del fenómeno delictivo y, en particular, del tráfico de drogas.
El mandatario estadunidense no ha dejado margen para la duda en cuanto a su determinación de centrar el encuentro en asuntos económicos y, particularmente, en la búsqueda de un incremento de las exportaciones de su país hacia las naciones latinoamericanas; en segundo plano quedan el combate a la pobreza, la cooperación tecnológica y el diseño de medidas para enfrentar catástrofes. Por dictado estadunidense quedaron fuera de la agenda el ya referido tema del combate al narcotráfico, la inclusión de Cuba en esas reuniones hemisféricas y la reivindicación histórica de Argentina sobre las islas Malvinas.
Resulta meridianamente claro, en suma, que el gobierno estadunidense no tiene la menor disposición a abordar, en cónclaves como el que tiene lugar en Cartagena de Indias, los temas que resultan cruciales para América Latina, y que las cumbres americanas no responden a los intereses de la región, sino que constituyen un mecanismo más para aplicar las presiones neocolonialistas de Washington hacia el sur del río Bravo.
Lamentablemente, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, ha plegado la representación de México a los intereses y prioridades estadunidenses. Es sabido que el político michoacano es uno de los pocos gobernantes regionales que aún defienden la estrategia contra las drogas impuesta por la Casa Blanca a la región desde tiempos de Richard Nixon, lo que resulta coincidente con la postura de Obama de no someter a discusión y revisión esa estrategia. Por lo demás, a su llegada a Cartagena, en un encuentro con empresarios, Calderón se erigió en defensor del credo neoliberal, arremetió contra el fortalecimiento del sector estatal que caracteriza los proyectos gubernamentales en curso en buena parte de Sudamérica – justamente en momentos en que se libra una confrontación entre el gobierno soberano de Argentina y la trasnacional Repsol –, y reiteró su fe en la liberalización comercial como panacea para las trabas al desarrollo y a la prosperidad.
Cabe esperar que el gobierno que inicie el próximo 1º de diciembre, sea cual sea su signo partidista, sea capaz de reubicar a la institucionalidad mexicana en el ámbito de América Latina y de superar la creciente supeditación de la política nacional a los intereses de la Casa Blanca. (Editorial, La Jornada 15 / 04 / 12)
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Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 13 de abril de 2012, p. 7
kikka-roja.blogspot.com
La ratificación se dio con 69 votos a favor (del PRI, del PAN y del PVEM), 21 en contra y una abstención, después que se desechó la propuesta del perredista Pablo Gómez de diferir la discusión para poder analizar a fondo el convenio firmado con el vecino país del norte.
El senador Pablo Gómez advirtió que el convenio no contiene seguridad jurídica ni garantías suficientes de que se respetará la riqueza petrolera que corresponde a México.
Sin embargo, el pleno rechazó la moción suspensiva.
En tribuna, el coordinador de los senadores de MC, Dante Delgado, acusó a PRI y PAN de actuar de nuevo juntos, como lo hicieron en otras reformas relevantes, y de cerrar la posibilidad de un simple esclarecimiento de dudas razonables.
El presidente de la Comisión de Energía, el priísta Francisco Labastida Ochoa, sostuvo que sería un error no ratificar el convenio, ya que se dejaría a México sin el marco legal necesario para defender sus intereses ante Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rosario Green (PRIÍSTA TAMBIÉN), sostuvo que el tratado signado por México y Estados Unidos el pasado 21 de febrero prevé “mecanismos para solucionar los problemas” que surjan de la explotación conjunta de yacimientos transfronterizos y cancela la posibilidad de una producción unilateral no regulada e inequitativa. Green recalcó que el Ejecutivo federal, por conducto de la cancillería, mantuvo informada a una comisión de senadores sobre el avance de las negociaciones.
Pablo Gómez refutó esa afirmación pues las dos últimas reuniones previstas fueron canceladas, y destacó que no está resuelto el problema del arbitraje, y eso deja a México en condición precaria, además de que Estados Unidos ha entregado más de 30 concesiones a empresas para operar en la línea transfronteriza, consorcios que no están obligados a acatar las disposiciones del convenio.
Advirtió que una vez hecho el cálculo de cuánto petróleo corresponde a cada nación, durante la exploración y la explotación del yacimiento puede variar la distribución de los hidrocarburos y no habrá compensación de ninguna especie. Además, agregó, la palabra reserva petrolera no existe en el tratado, por lo que los consorcios estadunidenses que participarán pueden apoderarse de ese bien que pertenece a la nación.
EL senador perredista pidió a los senadores de las demás fuerzas políticas actuar con responsabilidad y no ser sólo levantadedos. Insistió en que se pospusiera la ratificación del tratado, porque hay muchas preguntas sin respuesta. Y afirmó que ni siquiera se llamó a comparecer al secretario de Energía ni se ha realizado un trabajo de cabildeo con el Congreso de Estados Unidos para saber si los legisladores de ese país estarán en situación de modificar el convenio.
Dijo que entendía la prisa del partido en el gobierno (PAN) por aprobar el tratado sobre yacimientos transfronterizos, pero que el PRI también la tenga parece muy sospechoso. En respuesta, el senador panista Rubén Camarillo sostuvo que no se iban a dejar sorprender por peroratas, y el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, acusó al perredista de estar siempre en contra de todo.
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- Cartagena: choque de agendas entre EU y AL
En la cumbre continental que se inauguró ayer en Cartagena de Indias, Colombia, fue evidente la divergencia entre los temas que pretenden priorizar Estados Unidos y Canadá y los que la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos quiere poner sobre la mesa.
Para el presidente Barack Obama no debe discutirse la estrategia contra el narcotráfico impuesta por Washington a las naciones del hemisferio hace cerca de cuatro décadas, a pesar del evidente, costosísimo y doloroso fracaso en que se ha traducido: cientos de miles de muertes, fortalecimiento de las organizaciones delictivas, incremento de las adicciones, descomposición institucional y debilitamiento de las estructuras estatales. En este punto, hasta gobernantes surgidos de las derechas, como el anfitrión Juan Manuel Santos y el guatemalteco Otto Pérez Molina, coinciden en la necesidad de revisar una política que se fundamenta en la persecución policial y militar de los grupos criminales y que ignora la complejidad de componentes sociales, económicos e históricos del fenómeno delictivo y, en particular, del tráfico de drogas.
El mandatario estadunidense no ha dejado margen para la duda en cuanto a su determinación de centrar el encuentro en asuntos económicos y, particularmente, en la búsqueda de un incremento de las exportaciones de su país hacia las naciones latinoamericanas; en segundo plano quedan el combate a la pobreza, la cooperación tecnológica y el diseño de medidas para enfrentar catástrofes. Por dictado estadunidense quedaron fuera de la agenda el ya referido tema del combate al narcotráfico, la inclusión de Cuba en esas reuniones hemisféricas y la reivindicación histórica de Argentina sobre las islas Malvinas.
Resulta meridianamente claro, en suma, que el gobierno estadunidense no tiene la menor disposición a abordar, en cónclaves como el que tiene lugar en Cartagena de Indias, los temas que resultan cruciales para América Latina, y que las cumbres americanas no responden a los intereses de la región, sino que constituyen un mecanismo más para aplicar las presiones neocolonialistas de Washington hacia el sur del río Bravo.
Lamentablemente, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, ha plegado la representación de México a los intereses y prioridades estadunidenses. Es sabido que el político michoacano es uno de los pocos gobernantes regionales que aún defienden la estrategia contra las drogas impuesta por la Casa Blanca a la región desde tiempos de Richard Nixon, lo que resulta coincidente con la postura de Obama de no someter a discusión y revisión esa estrategia. Por lo demás, a su llegada a Cartagena, en un encuentro con empresarios, Calderón se erigió en defensor del credo neoliberal, arremetió contra el fortalecimiento del sector estatal que caracteriza los proyectos gubernamentales en curso en buena parte de Sudamérica – justamente en momentos en que se libra una confrontación entre el gobierno soberano de Argentina y la trasnacional Repsol –, y reiteró su fe en la liberalización comercial como panacea para las trabas al desarrollo y a la prosperidad.
Cabe esperar que el gobierno que inicie el próximo 1º de diciembre, sea cual sea su signo partidista, sea capaz de reubicar a la institucionalidad mexicana en el ámbito de América Latina y de superar la creciente supeditación de la política nacional a los intereses de la Casa Blanca. (Editorial, La Jornada 15 / 04 / 12)
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Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 13 de abril de 2012, p. 7
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