Arturo Rodríguez García
Encarcelado apenas en abril último acusado de haber recibido millonarios sobornos de empresas estadunidenses a cambio de otorgarles jugosos contratos de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno Díaz, quien ocupara, entre otros, el cargo de director de Operaciones de la paraestatal, tiene tras de sí un largo historial de corrupción. Por lo menos desde hace 12 años existían evidencias documentadas de que incurría en manejos irregulares dentro de la CFE para enriquecerse. En contraparte, el proceso que se le seguía en Estados Unidos por los cargos citados se vino abajo hace unas semanas luego de que las autoridades de ese país decidieron exonerarlo.
Exonerado en Estados Unidos aunque preso en México, el exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz incurrió en presuntos actos de corrupción desde hace por lo menos 12 años, lo que indica que el funcionario siempre contó con la protección de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, mientras que el de Felipe Calderón lo procesó solamente a raíz del escándalo detonado en aquel país por los presuntos sobornos que recibió de empresas estadunidenses a cambio de jugosos contratos de la paraestatal.
Cuando comenzó el juicio en Estados Unidos, se le acusó de recibir sobornos, entre éstos el yate Dream Seeker, cuyo valor se estima en 1 millón 800 mil dólares, así como un automóvil Ferrari Spyder de 297 mil dólares y dinero depositado a través de su cuenta American Express.
En septiembre pasado libró un intento de detención en la ciudad de Toluca, y fue hasta el 7 de abril último cuando la Procuraduría General de la República (PGR) lo arrestó; días después una juez federal le dictó auto de formal prisión por presunto enriquecimiento ilícito en un monto cercano a los 34 millones de pesos.
Pero en Estados Unidos el caso tomó otro curso: la noche del pasado 25 de mayo el Departamento de Justicia se desistió del enjuiciamiento contra Moreno, acusado de recibir sobornos en ese país para asignar contratos durante su desempeño en la paraestatal.
Empleado de la CFE desde los años setenta, Moreno mantuvo su influencia hasta septiembre de 2010, un año después de que iniciara la investigación estadunidense.
La única mancha en su expediente público data de 1998, cuando fue sujeto a una breve inhabilitación que, según declaró el entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Salvador Vega Casillas, se produjo por un caso de maltrato a un subordinado.
Moreno se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde el pasado 9 de abril. Cuando se le someta a juicio, las autoridades buscarán comprobar que entre 2005 y 2010 y en su calidad de funcionario de la CFE recibió sobornos para asignar contratos.
Investigaciones anteriores
Las denuncias e investigaciones contra Moreno no son nuevas. Se remontan al 2000, cuando un equipo de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo –Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública– detectó que en la CFE había contratos irregulares y se habían adquirido suministros inservibles.
El 14 de abril de 2000, la Contraloría Interna de la paraestatal recibió una denuncia anónima que aportó datos de modo, tiempo y lugar. Dos semanas después ordenó el inicio de una investigación, que quedó registrada en el oficio 18/164/CFE/CI/QAC/378/00.
En la acusación se indicaba que Néstor Moreno, así como su antecesor en la dirección de Operaciones, Arturo Hernández, mostraron favoritismo con las empresas Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Control S.A. de C.V. (Sepac) y Surtidores Eléctricos del Noreste S.A. de C.V. (Sensa), a las que les asignaron contratos para la instalación de equipos destinados a las subestaciones urbanas del país y otras áreas de distribución de electricidad.
Arturo Hernández dejó la Dirección de Operaciones en 2007 y el cargo fue asumido por Néstor Moreno. Ambos estuvieron implicados en el juicio en Estados Unidos, un asunto distinto a la indagatoria de la Contraloría del año 2000, en la que también figuran como presuntos responsables de ilícitos.
La denuncia anónima recibida en marzo de 2000 establecía que Sepac y Sensa eran propiedad de Moreno. En el caso de la primera se dijo que operaba con un prestanombres identificado como Maurice de Chevalier, quien en los noventa fue jefe de departamento en el Área de Transmisión, y, por lo tanto, subordinado de Moreno, entonces titular de la Coordinación de Transmisión, Transformación y Control en la CFE.
Con base en revisiones de los contratos con Sepac se determinó que, en el caso del 98-1-0048-PEE, radicado en la región Golfo-Centro de la CFE, los equipos suministrados por esa compañía no cumplían con la calidad requerida; incluso muchos fueron pagados aun cuando no funcionaron, por lo que quedaron confinados en bodegas, mal instalados o instalados pero sin operar.
Lo anterior debió motivar la rescisión del contrato y la aplicación de multas por el incumplimiento. Para entonces se sabía, de acuerdo con el expediente DR/044/00, que las adquisiciones amañadas y las irregularidades se extendían a todas las divisiones de la CFE.
A mediados de 2000 los hallazgos fueron revelando que el asunto se perfilaba como un fraude a gran escala.
Mediante las indagatorias DR/044/00 y DR/045/00 se documentaron numerosos movimientos irregulares, entre éstos modificaciones a contratos violatorios de la ley de Adquisiciones y Obras Públicas y desviaciones en la adjudicación.
Además, durante los procesos de adjudicación se alteraron de manera ilegal montos y porcentajes. En lo que respecta al contrato mencionado se autorizó la entrega de anticipos ilegales. Es el caso de la licitación pública nacional 18164041-012/98, en la que se adjudicó la compra de tableros Siscoprom por 91 millones 451 mil pesos. El contrato asignó de manera indebida 30% de anticipo. Se establecieron seis fechas de entrega, comprendidas entre 1998 y 1999, pero en todos los casos los equipos se entregaron hasta con 113 días de retraso.
Por el retraso en las entregas, la Contraloría estableció que se debió aplicar a Sepac una multa por 1 millón 616 mil pesos, pero la CFE no quiso aplicarla.
Otra licitación irregular fue la 181640 31-019/98, en la que se realizaron cuatro modificaciones a los montos establecidos en las bases de un contrato cuyo monto fue superior a los 17 millones 647 mil pesos. Las variaciones implicaron el incremento en los pagos convenidos. También se comprobó que los equipos entregados no eran los contratados y que se entregaron con 60 días de retraso.
En este caso también debieron aplicarse dos multas al proveedor Sepac, por un monto total de 3 millones 280 mil pesos, que fueron perdonadas por la CFE.
Empresas “hermanas”
Por lo que toca a Sensa, la documentación revisada mostró el mismo mecanismo de otorgamiento de contratos. Por ejemplo, en la asignación del 97-1-00405-DD5, mediante el cual la CFE le compró “equipos de supervisión, control y automatización para mejorar el servicio”, por un monto de 26 millones de pesos, se incurrió prácticamente en las mismas anomalías que en el caso de Sepac.
Este contrato fue asignado en noviembre de 1997 y debió cumplirse en febrero de 1998; sin embargo, 27 meses después, al momento de la investigación, Sensa no había entregado los equipos. En la revisión de las licitaciones pudo advertirse que esta empresa ganó el contrato por haber ofrecido el menor tiempo de entrega.
De los 26 millones de pesos previstos en la licitación mencionada, de manera irregular se firmó un contrato por 41 millones 123 mil pesos.
Lo peor: los equipos adquiridos, supuestamente especializados y de alta tecnología, en realidad eran computadoras Acer de 200 Mhz y un software especializado que no se entregó. Aunque los equipos tenían un valor comercial de 25 mil pesos, fueron presupuestados hasta en 81 mil. Además, al momento de la entrega ya eran obsoletos. La compra se terminó de pagar en febrero de 2000, pero los recursos no estaban considerados en ese ejercicio fiscal.
Los expedientes establecen que los contratos revisados, que sumaban cerca de 200 millones de pesos, fueron inversiones ociosas pues los equipos nunca entraron en operación.
En los mismos documentos, sin embargo, se consigna que no se había logrado “confirmar lo asentado en el sentido de que dichas empresas sean propiedad del ingeniero Néstor Moreno Díaz, ya que no aparece en las actas constitutivas, aun cuando se percibe un trato preferencial a las mismas”.
Otra consideración importante en el expediente se relaciona con las subcontrataciones forzadas a otros proveedores de empresas grandes con contratos de los llamados Pidiregas, sobre lo cual se asentó:
“La ingeniería está a cargo del constructor, por lo que consideramos aventurado presumir un direccionamiento a las mismas (empresas de Pidiregas), sin embargo dicha línea de acción continúa pendiente.”
Durante la investigación Moreno intentó falsear el acta de un proceso de verificación de equipos “relevadores ABB”. Convocada por el propio Moreno, la prueba no se efectuó pero él quiso obligar a los asistentes a firmar un acta en la que se asentaba su buen funcionamiento.
Lo anterior fue denunciado mediante el oficio MPDG-124-00, elaborado por Marco Polo Díaz García, quien se desempeñaba como gerente de Protecciones, Comunicaciones y Control.
Al margen del caso de 2000, la trasnacional suiza ABB fue una de las empresas que dieron sobornos a Moreno. Inclusive, en 2010, esta compañía pagó 2 millones 300 mil dólares a la CFE como indemnización tras aceptar que había sobornado al funcionario.
Protección transexenal
Cuando el entonces director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, se enteró de la investigación contra Moreno, estalló. Acusó a los funcionarios de la Contraloría de detener la distribución de electricidad, los amenazó con cesarlos y procuró adelantarse a las acusaciones penales por corrupción al denunciar al contralor Marco Antonio Díaz Tobías por un delito que no había cometido.
La investigación en torno a Néstor Moreno y Arturo Hernández ocurrió en las postrimerías del gobierno de Ernesto Zedillo; es decir, en el primer semestre de 2000, cuando el titular de la Secodam era Arsenio Farell Cubillas, quien ocupó la dirección de la CFE en los setenta. De acuerdo con diferentes referencias periodísticas, en su círculo cercano estaba Moreno Díaz.
Aun así, con la llegada del gobierno foxista y de Francisco Barrio Terrazas a la Secodam, el poder de Alfredo Elías y Néstor Moreno aumentó, a tal grado que el contralor Díaz Tobías fue despedido y se le dio carpetazo a la indagatoria.
En entrevista con Proceso, Díaz Tobías reitera lo expuesto en la investigación que tuvo a su cargo en 2000 y 2001. Para sustentar sus argumentos muestra informes oficiales y oficios con sello de recibido en los que informó a distintos funcionarios acerca de los casos de corrupción, pues además del de Néstor Moreno había identificado un fraude en la central eléctrica de Petacalco, entre otros.
El exfuncionario sostiene que entre las intimidaciones que recibieron tanto él como otros auditores por parte de Elías Ayub hubo una denuncia de la CFE en la que se les acusó de usar electricidad doméstica sin pagarla; al final, aclara, la demanda fue desechada. Menciona que a él se le acusó de sustraer ilegalmente un documento de la comisión. Se trataba, dice, de un contrato original de la paraestatal con Sepac; documento que, según se demostró, estaba integrado al expediente que seguía abierto por el caso.
“El mensaje era evidente: el contrato en realidad había servido para sancionar a funcionarios y se encontraba en un expediente dentro del área sancionadora; ellos lo sabían y querían que todo se frenara”, explica.
Díaz Tobías llegó a la CFE tras haber denunciado otros casos de corrupción en Pemex en 1999. Su primer encargo fue indagar la denuncia anónima contra Néstor Moreno y Arturo Hernández; como consecuencia de esta investigación, afirma, Elías Ayub reaccionó ante él de manera virulenta. El entrevistado asegura que recibió amenazas directas del titular de la CFE, las cuales grabó y entregó a una comisión de diputados que al final, asegura, no hizo nada.
“Los funcionarios de Barrio me prometieron resolver todo. Pero lo que hicieron fue enviarme a Tampico, donde finalmente me removieron. Hice el acta de entrega-recepción, incluyendo los asuntos y el avance de Sensa, Sepac y Petacalco, pero el acta fue alterada, por lo que interpuse una denuncia penal.”
El caso fue expuesto a funcionarios de la Secodam, todos prominentes panistas, como Rogelio Sada Zambrano y Rosendo Villarreal. Tras lo ocurrido en la CFE y su remoción, Díaz Tobías ingresó al área de auditoría en Pemex, donde entre otros asuntos documentó el caso de una prevaricación millonaria en la que incurrió César Nava, a la sazón abogado de Pemex.
“Entonces todos los casos que había documentado fueron archivados; me persiguieron infructuosamente por la vía penal, y como no pudieron encontrarme nada me jubilaron a los 40 años”, lamenta.
Por lo que toca a Moreno, su influencia creció. Fue cercano a Felipe Calderón cuando éste ocupó la titularidad de la Secretaría de Energía. Cuando fue presidente lo designó, en 2007, director de Operaciones de la CFE, hasta que el escándalo en Estados Unidos en 2010 motivó su renuncia y la tambaleante investigación por enriquecimiento ilícito que sólo considera sus actividades a partir de 2005.
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kikka-roja.blogspot.com
Encarcelado apenas en abril último acusado de haber recibido millonarios sobornos de empresas estadunidenses a cambio de otorgarles jugosos contratos de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno Díaz, quien ocupara, entre otros, el cargo de director de Operaciones de la paraestatal, tiene tras de sí un largo historial de corrupción. Por lo menos desde hace 12 años existían evidencias documentadas de que incurría en manejos irregulares dentro de la CFE para enriquecerse. En contraparte, el proceso que se le seguía en Estados Unidos por los cargos citados se vino abajo hace unas semanas luego de que las autoridades de ese país decidieron exonerarlo.
Exonerado en Estados Unidos aunque preso en México, el exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz incurrió en presuntos actos de corrupción desde hace por lo menos 12 años, lo que indica que el funcionario siempre contó con la protección de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, mientras que el de Felipe Calderón lo procesó solamente a raíz del escándalo detonado en aquel país por los presuntos sobornos que recibió de empresas estadunidenses a cambio de jugosos contratos de la paraestatal.
Cuando comenzó el juicio en Estados Unidos, se le acusó de recibir sobornos, entre éstos el yate Dream Seeker, cuyo valor se estima en 1 millón 800 mil dólares, así como un automóvil Ferrari Spyder de 297 mil dólares y dinero depositado a través de su cuenta American Express.
En septiembre pasado libró un intento de detención en la ciudad de Toluca, y fue hasta el 7 de abril último cuando la Procuraduría General de la República (PGR) lo arrestó; días después una juez federal le dictó auto de formal prisión por presunto enriquecimiento ilícito en un monto cercano a los 34 millones de pesos.
Pero en Estados Unidos el caso tomó otro curso: la noche del pasado 25 de mayo el Departamento de Justicia se desistió del enjuiciamiento contra Moreno, acusado de recibir sobornos en ese país para asignar contratos durante su desempeño en la paraestatal.
Empleado de la CFE desde los años setenta, Moreno mantuvo su influencia hasta septiembre de 2010, un año después de que iniciara la investigación estadunidense.
La única mancha en su expediente público data de 1998, cuando fue sujeto a una breve inhabilitación que, según declaró el entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Salvador Vega Casillas, se produjo por un caso de maltrato a un subordinado.
Moreno se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde el pasado 9 de abril. Cuando se le someta a juicio, las autoridades buscarán comprobar que entre 2005 y 2010 y en su calidad de funcionario de la CFE recibió sobornos para asignar contratos.
Investigaciones anteriores
Las denuncias e investigaciones contra Moreno no son nuevas. Se remontan al 2000, cuando un equipo de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo –Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública– detectó que en la CFE había contratos irregulares y se habían adquirido suministros inservibles.
El 14 de abril de 2000, la Contraloría Interna de la paraestatal recibió una denuncia anónima que aportó datos de modo, tiempo y lugar. Dos semanas después ordenó el inicio de una investigación, que quedó registrada en el oficio 18/164/CFE/CI/QAC/378/00.
En la acusación se indicaba que Néstor Moreno, así como su antecesor en la dirección de Operaciones, Arturo Hernández, mostraron favoritismo con las empresas Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Control S.A. de C.V. (Sepac) y Surtidores Eléctricos del Noreste S.A. de C.V. (Sensa), a las que les asignaron contratos para la instalación de equipos destinados a las subestaciones urbanas del país y otras áreas de distribución de electricidad.
Arturo Hernández dejó la Dirección de Operaciones en 2007 y el cargo fue asumido por Néstor Moreno. Ambos estuvieron implicados en el juicio en Estados Unidos, un asunto distinto a la indagatoria de la Contraloría del año 2000, en la que también figuran como presuntos responsables de ilícitos.
La denuncia anónima recibida en marzo de 2000 establecía que Sepac y Sensa eran propiedad de Moreno. En el caso de la primera se dijo que operaba con un prestanombres identificado como Maurice de Chevalier, quien en los noventa fue jefe de departamento en el Área de Transmisión, y, por lo tanto, subordinado de Moreno, entonces titular de la Coordinación de Transmisión, Transformación y Control en la CFE.
Con base en revisiones de los contratos con Sepac se determinó que, en el caso del 98-1-0048-PEE, radicado en la región Golfo-Centro de la CFE, los equipos suministrados por esa compañía no cumplían con la calidad requerida; incluso muchos fueron pagados aun cuando no funcionaron, por lo que quedaron confinados en bodegas, mal instalados o instalados pero sin operar.
Lo anterior debió motivar la rescisión del contrato y la aplicación de multas por el incumplimiento. Para entonces se sabía, de acuerdo con el expediente DR/044/00, que las adquisiciones amañadas y las irregularidades se extendían a todas las divisiones de la CFE.
A mediados de 2000 los hallazgos fueron revelando que el asunto se perfilaba como un fraude a gran escala.
Mediante las indagatorias DR/044/00 y DR/045/00 se documentaron numerosos movimientos irregulares, entre éstos modificaciones a contratos violatorios de la ley de Adquisiciones y Obras Públicas y desviaciones en la adjudicación.
Además, durante los procesos de adjudicación se alteraron de manera ilegal montos y porcentajes. En lo que respecta al contrato mencionado se autorizó la entrega de anticipos ilegales. Es el caso de la licitación pública nacional 18164041-012/98, en la que se adjudicó la compra de tableros Siscoprom por 91 millones 451 mil pesos. El contrato asignó de manera indebida 30% de anticipo. Se establecieron seis fechas de entrega, comprendidas entre 1998 y 1999, pero en todos los casos los equipos se entregaron hasta con 113 días de retraso.
Por el retraso en las entregas, la Contraloría estableció que se debió aplicar a Sepac una multa por 1 millón 616 mil pesos, pero la CFE no quiso aplicarla.
Otra licitación irregular fue la 181640 31-019/98, en la que se realizaron cuatro modificaciones a los montos establecidos en las bases de un contrato cuyo monto fue superior a los 17 millones 647 mil pesos. Las variaciones implicaron el incremento en los pagos convenidos. También se comprobó que los equipos entregados no eran los contratados y que se entregaron con 60 días de retraso.
En este caso también debieron aplicarse dos multas al proveedor Sepac, por un monto total de 3 millones 280 mil pesos, que fueron perdonadas por la CFE.
Empresas “hermanas”
Por lo que toca a Sensa, la documentación revisada mostró el mismo mecanismo de otorgamiento de contratos. Por ejemplo, en la asignación del 97-1-00405-DD5, mediante el cual la CFE le compró “equipos de supervisión, control y automatización para mejorar el servicio”, por un monto de 26 millones de pesos, se incurrió prácticamente en las mismas anomalías que en el caso de Sepac.
Este contrato fue asignado en noviembre de 1997 y debió cumplirse en febrero de 1998; sin embargo, 27 meses después, al momento de la investigación, Sensa no había entregado los equipos. En la revisión de las licitaciones pudo advertirse que esta empresa ganó el contrato por haber ofrecido el menor tiempo de entrega.
De los 26 millones de pesos previstos en la licitación mencionada, de manera irregular se firmó un contrato por 41 millones 123 mil pesos.
Lo peor: los equipos adquiridos, supuestamente especializados y de alta tecnología, en realidad eran computadoras Acer de 200 Mhz y un software especializado que no se entregó. Aunque los equipos tenían un valor comercial de 25 mil pesos, fueron presupuestados hasta en 81 mil. Además, al momento de la entrega ya eran obsoletos. La compra se terminó de pagar en febrero de 2000, pero los recursos no estaban considerados en ese ejercicio fiscal.
Los expedientes establecen que los contratos revisados, que sumaban cerca de 200 millones de pesos, fueron inversiones ociosas pues los equipos nunca entraron en operación.
En los mismos documentos, sin embargo, se consigna que no se había logrado “confirmar lo asentado en el sentido de que dichas empresas sean propiedad del ingeniero Néstor Moreno Díaz, ya que no aparece en las actas constitutivas, aun cuando se percibe un trato preferencial a las mismas”.
Otra consideración importante en el expediente se relaciona con las subcontrataciones forzadas a otros proveedores de empresas grandes con contratos de los llamados Pidiregas, sobre lo cual se asentó:
“La ingeniería está a cargo del constructor, por lo que consideramos aventurado presumir un direccionamiento a las mismas (empresas de Pidiregas), sin embargo dicha línea de acción continúa pendiente.”
Durante la investigación Moreno intentó falsear el acta de un proceso de verificación de equipos “relevadores ABB”. Convocada por el propio Moreno, la prueba no se efectuó pero él quiso obligar a los asistentes a firmar un acta en la que se asentaba su buen funcionamiento.
Lo anterior fue denunciado mediante el oficio MPDG-124-00, elaborado por Marco Polo Díaz García, quien se desempeñaba como gerente de Protecciones, Comunicaciones y Control.
Al margen del caso de 2000, la trasnacional suiza ABB fue una de las empresas que dieron sobornos a Moreno. Inclusive, en 2010, esta compañía pagó 2 millones 300 mil dólares a la CFE como indemnización tras aceptar que había sobornado al funcionario.
Protección transexenal
Cuando el entonces director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, se enteró de la investigación contra Moreno, estalló. Acusó a los funcionarios de la Contraloría de detener la distribución de electricidad, los amenazó con cesarlos y procuró adelantarse a las acusaciones penales por corrupción al denunciar al contralor Marco Antonio Díaz Tobías por un delito que no había cometido.
La investigación en torno a Néstor Moreno y Arturo Hernández ocurrió en las postrimerías del gobierno de Ernesto Zedillo; es decir, en el primer semestre de 2000, cuando el titular de la Secodam era Arsenio Farell Cubillas, quien ocupó la dirección de la CFE en los setenta. De acuerdo con diferentes referencias periodísticas, en su círculo cercano estaba Moreno Díaz.
Aun así, con la llegada del gobierno foxista y de Francisco Barrio Terrazas a la Secodam, el poder de Alfredo Elías y Néstor Moreno aumentó, a tal grado que el contralor Díaz Tobías fue despedido y se le dio carpetazo a la indagatoria.
En entrevista con Proceso, Díaz Tobías reitera lo expuesto en la investigación que tuvo a su cargo en 2000 y 2001. Para sustentar sus argumentos muestra informes oficiales y oficios con sello de recibido en los que informó a distintos funcionarios acerca de los casos de corrupción, pues además del de Néstor Moreno había identificado un fraude en la central eléctrica de Petacalco, entre otros.
El exfuncionario sostiene que entre las intimidaciones que recibieron tanto él como otros auditores por parte de Elías Ayub hubo una denuncia de la CFE en la que se les acusó de usar electricidad doméstica sin pagarla; al final, aclara, la demanda fue desechada. Menciona que a él se le acusó de sustraer ilegalmente un documento de la comisión. Se trataba, dice, de un contrato original de la paraestatal con Sepac; documento que, según se demostró, estaba integrado al expediente que seguía abierto por el caso.
“El mensaje era evidente: el contrato en realidad había servido para sancionar a funcionarios y se encontraba en un expediente dentro del área sancionadora; ellos lo sabían y querían que todo se frenara”, explica.
Díaz Tobías llegó a la CFE tras haber denunciado otros casos de corrupción en Pemex en 1999. Su primer encargo fue indagar la denuncia anónima contra Néstor Moreno y Arturo Hernández; como consecuencia de esta investigación, afirma, Elías Ayub reaccionó ante él de manera virulenta. El entrevistado asegura que recibió amenazas directas del titular de la CFE, las cuales grabó y entregó a una comisión de diputados que al final, asegura, no hizo nada.
“Los funcionarios de Barrio me prometieron resolver todo. Pero lo que hicieron fue enviarme a Tampico, donde finalmente me removieron. Hice el acta de entrega-recepción, incluyendo los asuntos y el avance de Sensa, Sepac y Petacalco, pero el acta fue alterada, por lo que interpuse una denuncia penal.”
El caso fue expuesto a funcionarios de la Secodam, todos prominentes panistas, como Rogelio Sada Zambrano y Rosendo Villarreal. Tras lo ocurrido en la CFE y su remoción, Díaz Tobías ingresó al área de auditoría en Pemex, donde entre otros asuntos documentó el caso de una prevaricación millonaria en la que incurrió César Nava, a la sazón abogado de Pemex.
“Entonces todos los casos que había documentado fueron archivados; me persiguieron infructuosamente por la vía penal, y como no pudieron encontrarme nada me jubilaron a los 40 años”, lamenta.
Por lo que toca a Moreno, su influencia creció. Fue cercano a Felipe Calderón cuando éste ocupó la titularidad de la Secretaría de Energía. Cuando fue presidente lo designó, en 2007, director de Operaciones de la CFE, hasta que el escándalo en Estados Unidos en 2010 motivó su renuncia y la tambaleante investigación por enriquecimiento ilícito que sólo considera sus actividades a partir de 2005.
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