Milenio
Billetazo, legalidad y legitimidad
Pablo Gómez
El mejor término para designar la compra masiva de votos y el gasto ilegal por parte del PRI ha sido el usado por Gustavo Madero, presidente del PAN: billetazo. No sabemos cuántos votos fueron comprados ni cuánto fue lo gastado, pero evidentemente las denuncias no son montajes, como las ha calificado Peña Nieto.
Antes de las elecciones se hicieron varios señalamientos al respecto. Se presentaron quejas que fueron tildadas de maniobras preelectorales. Después de la jornada comicial, las denuncias han sido mayores. Los monederos y tarjetas prepagadas fueron instrumentos modernos para la compra de votos, pero acusan un defecto que no tienen los pagos en efectivo: dejan huella. Las compras de dichas tarjetas no las hizo el PRI como tampoco éste era propietario del dinero en efectivo. Fueron gobiernos estatales priistas -como antes los organismos descentralizados- quienes se encargaron de cobrar los cheques expedidos por ellos mismos y también compraron las tarjetas. Así funciona el sistema.
Cuando la autoridad electoral se asome a las cuentas del PRI no va a encontrar nada, tal como jamás ingresaron a la contabilidad priista los mil millones que le envió Zedillo a Labastida a través de Pemex y su sindicato en el año 2000. Se trata de abusos realizados por personas calificadas, no estamos ante operaciones consumadas por idiotas. Sin embargo, ahora tuvieron algunas fallas bajo el ensayo de modernizar la compra de votos. Está claro que los emisores de las tarjetas tienen que decir que ellos son ajenos al propósito de sus clientes, pero el PRI les llevó a ser instrumentos de un atraco electoral.
Un partido que compra votos viola la ley, sin importar la cantidad efectivamente pagada y el número de votos obtenido. Pero el PRI siempre ha estado seguro de que sus fechorías van a quedar impunes, tanto por sus influencias en los órganos de autoridad como por la impotencia de los mismos.
La legitimidad puede tener varios sentidos. Existe el sentido histórico, pero también el que se produce en la coyuntura política. Peña no es un líder popular ni nacional, es un político corriente. Su legitimidad está vinculada a su actuación como candidato. Es por ello que la compra de votos y el derroche ilícito de recursos adquieren la mayor importancia. No importa tanto cuántos votos hayan sido ni cuánto el dinero, sino el abuso y la ilegalidad. ¿Puede un político gobernar con tranquilidad varios años ininterrumpidos después de ser evidenciado como compra-votos y violador del tope de gasto? Sí, sí puede... en México.
Consumado el propósito del PRI y sus fechorías, la cuestión se centrará en el acuerdo de Peña con el PAN. Así como en 1988 Acción Nacional declaró que Salinas era ilegítimo pero podía legitimarse con actos de gobierno, ahora se podría decir algo igual desde el mismo partido. Si va a haber acuerdo en la privatización parcial de Pemex, en la política fiscal regresiva, en la reforma laboral y en los presupuestos, habrá legitimación por parte de un panismo ubicado en la oposición leal. Mas existe otro motivo para otorgar la legitimidad del PAN a un gobierno priista: no acercarse a la izquierda y dejar a ésta sola en el desgaste de una oposición atropellada en el Congreso.
Sin embargo, para el PAN se presenta el problema un tanto difícil porque si ese partido ha denunciado la compra de votos y el derroche de dinero de parte del PRI y de Peña, ¿cómo podría olvidarlo todo? La cara dura de los políticos no es algo difícil de encontrar, pero el responder a un electorado fiel a una bandera con evasivas o amnesia no es cualquier cosa. Sin embargo, todo indica que así será. Mas también todo indica que la oposición va a surgir en las calles. No vengan después las buenas conciencias con sus lamentos y condenas.
kikka-roja.blogspot.com
Billetazo, legalidad y legitimidad
Pablo Gómez
El mejor término para designar la compra masiva de votos y el gasto ilegal por parte del PRI ha sido el usado por Gustavo Madero, presidente del PAN: billetazo. No sabemos cuántos votos fueron comprados ni cuánto fue lo gastado, pero evidentemente las denuncias no son montajes, como las ha calificado Peña Nieto.
Antes de las elecciones se hicieron varios señalamientos al respecto. Se presentaron quejas que fueron tildadas de maniobras preelectorales. Después de la jornada comicial, las denuncias han sido mayores. Los monederos y tarjetas prepagadas fueron instrumentos modernos para la compra de votos, pero acusan un defecto que no tienen los pagos en efectivo: dejan huella. Las compras de dichas tarjetas no las hizo el PRI como tampoco éste era propietario del dinero en efectivo. Fueron gobiernos estatales priistas -como antes los organismos descentralizados- quienes se encargaron de cobrar los cheques expedidos por ellos mismos y también compraron las tarjetas. Así funciona el sistema.
Cuando la autoridad electoral se asome a las cuentas del PRI no va a encontrar nada, tal como jamás ingresaron a la contabilidad priista los mil millones que le envió Zedillo a Labastida a través de Pemex y su sindicato en el año 2000. Se trata de abusos realizados por personas calificadas, no estamos ante operaciones consumadas por idiotas. Sin embargo, ahora tuvieron algunas fallas bajo el ensayo de modernizar la compra de votos. Está claro que los emisores de las tarjetas tienen que decir que ellos son ajenos al propósito de sus clientes, pero el PRI les llevó a ser instrumentos de un atraco electoral.
Un partido que compra votos viola la ley, sin importar la cantidad efectivamente pagada y el número de votos obtenido. Pero el PRI siempre ha estado seguro de que sus fechorías van a quedar impunes, tanto por sus influencias en los órganos de autoridad como por la impotencia de los mismos.
La legitimidad puede tener varios sentidos. Existe el sentido histórico, pero también el que se produce en la coyuntura política. Peña no es un líder popular ni nacional, es un político corriente. Su legitimidad está vinculada a su actuación como candidato. Es por ello que la compra de votos y el derroche ilícito de recursos adquieren la mayor importancia. No importa tanto cuántos votos hayan sido ni cuánto el dinero, sino el abuso y la ilegalidad. ¿Puede un político gobernar con tranquilidad varios años ininterrumpidos después de ser evidenciado como compra-votos y violador del tope de gasto? Sí, sí puede... en México.
Consumado el propósito del PRI y sus fechorías, la cuestión se centrará en el acuerdo de Peña con el PAN. Así como en 1988 Acción Nacional declaró que Salinas era ilegítimo pero podía legitimarse con actos de gobierno, ahora se podría decir algo igual desde el mismo partido. Si va a haber acuerdo en la privatización parcial de Pemex, en la política fiscal regresiva, en la reforma laboral y en los presupuestos, habrá legitimación por parte de un panismo ubicado en la oposición leal. Mas existe otro motivo para otorgar la legitimidad del PAN a un gobierno priista: no acercarse a la izquierda y dejar a ésta sola en el desgaste de una oposición atropellada en el Congreso.
Sin embargo, para el PAN se presenta el problema un tanto difícil porque si ese partido ha denunciado la compra de votos y el derroche de dinero de parte del PRI y de Peña, ¿cómo podría olvidarlo todo? La cara dura de los políticos no es algo difícil de encontrar, pero el responder a un electorado fiel a una bandera con evasivas o amnesia no es cualquier cosa. Sin embargo, todo indica que así será. Mas también todo indica que la oposición va a surgir en las calles. No vengan después las buenas conciencias con sus lamentos y condenas.
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