13 de julio de 2012 • 06:36
CARMEN ARISTEGUI F.
Tal como sucedió el año pasado en el caso Morelia, cuando el TEPJF decidió invalidar la elección para la presidencia municipal, el Movimiento Progresista pretende, en ese mismo Tribunal, que se declare la invalidez de la elección por la Presidencia de la República. Ni más ni menos.
Como en el caso michoacano, se busca que el Tribunal acepte que hubo factores diversos que trastocaron el orden democrático y que, en consecuencia, violaron la Constitución.
Ayer se presentó ante el IFE, para ser remitido al Tribunal Electoral, el voluminoso expediente -de más de medio millar de hojas- con el que las fuerzas políticas que impulsaron a Andrés López Obrador en su candidatura presidencial pretenden desatar un debate legal y constitucional en ese órgano colegiado en busca de que se cumpla su objetivo.
No se busca la nulidad, sino la invalidez. Se busca que el proceso se repita, tal y como ocurrió en la capital michoacana el pasado 1o. de julio en una elección extraordinaria. No es la primera vez que se anula o invalida una elección en nuestro país. El Tribunal, hoy en funciones, ha anulado más de una veintena de procesos electorales entre internos de los partidos y constitucionales. Nunca ha sucedido con una presidencial.
Hoy, los expertos se dividen en dos grupos: el de los que apelan a que ninguna de las tres causales escritas en la ley para la nulidad se ha cumplido: no ocurrió que el 25 por ciento de las casillas haya sido anulado; tampoco dejaron de instalarse el 25 por ciento de las casillas y tampoco el candidato con más votos presenta condiciones de inelegibilidad. Todos saben que la de la anulación es una ruta intransitable, por eso, buscan la otra.
Dado que hay acusaciones reiteradas sobre graves irregularidades, se plantea que hay que limpiar la elección; identificar las prácticas ilegales, a los responsables, y sancionar a quienes corresponda. Desde esta lógica, se habla de aceptar resultados, dar paso a una nueva Presidencia, abrir paso a nuevas reformas y perfeccionar el sistema electoral.
En el otro extremo del debate jurídico, que es el que van a pelear los del Movimiento Progresista, se apela a una discusión más abstracta, que involucra una fuerte dosis interpretativa acompañada de centenares de videos, testimonios, documentos o evidencias cuyo valor radicará en demostrar que durante la elección por la Presidencia se violaron preceptos constitucionales.
El conteo pasó la prueba de fuego, con el más grande recuento de la historia. Los resultados del conteo rápido y del PREP quedaron inalterados. El tema no está ahí, tampoco.
La izquierda busca invalidar el proceso, alegando que se violó el artículo 41 de la Constitución, que establece que debe haber elecciones no sólo periódicas, sino libres y auténticas.
El PRI alega que toda la argumentación que se ha mostrado es falsa y que lo que se ha presentado es un dechado de subjetividades. La pregunta es ¿qué va a resolver el Tribunal?
El Movimiento Progresista afirma que puede demostrar que se compró y coaccionó masivamente el voto, que se utilizaron recursos públicos e inconfesables desmedidos, que se contó con la ayuda de medios de comunicación para posicionar, indebida y deliberadamente, a Peña Nieto, que el mercado de las encuestas fue corrompido y afectó las condiciones de la contienda, que hubo estructuras paralelas para financiar la operación de la campaña del PRI. López Obrador afirma, por ejemplo, que el 12 de junio se reunieron en Toluca 16 gobernadores, quienes se comprometieron a cumplir con la asignación de cuotas de votos para la elección. Afirma que en el caso del Estado de México se ofreció aportar 2 millones 900 mil votos y que ésa, precisamente, es la cifra que obtuvo el PRI en la entidad.
En el recurso presentado la noche de ayer se afirma que la compra masiva de votos alcanzó los 5 millones y que ese solo hecho desnaturaliza la noción básica de unas elecciones libres, al romperse el equilibrio y la equidad. Las bases para intentar la invalidez anunciadas radican también en la afirmación de que la campaña de Peña Nieto rebasó de forma desmedida el tope permitido por la ley, de 336 millones de pesos, en cantidades cercanas a los 4 mil 500 millones de pesos. Y ahí se entrará, es de suponerse, al gran tema del momento: el destino pero, sobre todo, el origen de los recursos que se presume fueron utilizados. Los casos Soriana pero, sobre todo Monex, dejan todavía muchas interrogantes abiertas.
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kikka-roja.blogspot.com
CARMEN ARISTEGUI F.
Tal como sucedió el año pasado en el caso Morelia, cuando el TEPJF decidió invalidar la elección para la presidencia municipal, el Movimiento Progresista pretende, en ese mismo Tribunal, que se declare la invalidez de la elección por la Presidencia de la República. Ni más ni menos.
Como en el caso michoacano, se busca que el Tribunal acepte que hubo factores diversos que trastocaron el orden democrático y que, en consecuencia, violaron la Constitución.
Ayer se presentó ante el IFE, para ser remitido al Tribunal Electoral, el voluminoso expediente -de más de medio millar de hojas- con el que las fuerzas políticas que impulsaron a Andrés López Obrador en su candidatura presidencial pretenden desatar un debate legal y constitucional en ese órgano colegiado en busca de que se cumpla su objetivo.
No se busca la nulidad, sino la invalidez. Se busca que el proceso se repita, tal y como ocurrió en la capital michoacana el pasado 1o. de julio en una elección extraordinaria. No es la primera vez que se anula o invalida una elección en nuestro país. El Tribunal, hoy en funciones, ha anulado más de una veintena de procesos electorales entre internos de los partidos y constitucionales. Nunca ha sucedido con una presidencial.
Hoy, los expertos se dividen en dos grupos: el de los que apelan a que ninguna de las tres causales escritas en la ley para la nulidad se ha cumplido: no ocurrió que el 25 por ciento de las casillas haya sido anulado; tampoco dejaron de instalarse el 25 por ciento de las casillas y tampoco el candidato con más votos presenta condiciones de inelegibilidad. Todos saben que la de la anulación es una ruta intransitable, por eso, buscan la otra.
Dado que hay acusaciones reiteradas sobre graves irregularidades, se plantea que hay que limpiar la elección; identificar las prácticas ilegales, a los responsables, y sancionar a quienes corresponda. Desde esta lógica, se habla de aceptar resultados, dar paso a una nueva Presidencia, abrir paso a nuevas reformas y perfeccionar el sistema electoral.
En el otro extremo del debate jurídico, que es el que van a pelear los del Movimiento Progresista, se apela a una discusión más abstracta, que involucra una fuerte dosis interpretativa acompañada de centenares de videos, testimonios, documentos o evidencias cuyo valor radicará en demostrar que durante la elección por la Presidencia se violaron preceptos constitucionales.
El conteo pasó la prueba de fuego, con el más grande recuento de la historia. Los resultados del conteo rápido y del PREP quedaron inalterados. El tema no está ahí, tampoco.
La izquierda busca invalidar el proceso, alegando que se violó el artículo 41 de la Constitución, que establece que debe haber elecciones no sólo periódicas, sino libres y auténticas.
El PRI alega que toda la argumentación que se ha mostrado es falsa y que lo que se ha presentado es un dechado de subjetividades. La pregunta es ¿qué va a resolver el Tribunal?
El Movimiento Progresista afirma que puede demostrar que se compró y coaccionó masivamente el voto, que se utilizaron recursos públicos e inconfesables desmedidos, que se contó con la ayuda de medios de comunicación para posicionar, indebida y deliberadamente, a Peña Nieto, que el mercado de las encuestas fue corrompido y afectó las condiciones de la contienda, que hubo estructuras paralelas para financiar la operación de la campaña del PRI. López Obrador afirma, por ejemplo, que el 12 de junio se reunieron en Toluca 16 gobernadores, quienes se comprometieron a cumplir con la asignación de cuotas de votos para la elección. Afirma que en el caso del Estado de México se ofreció aportar 2 millones 900 mil votos y que ésa, precisamente, es la cifra que obtuvo el PRI en la entidad.
En el recurso presentado la noche de ayer se afirma que la compra masiva de votos alcanzó los 5 millones y que ese solo hecho desnaturaliza la noción básica de unas elecciones libres, al romperse el equilibrio y la equidad. Las bases para intentar la invalidez anunciadas radican también en la afirmación de que la campaña de Peña Nieto rebasó de forma desmedida el tope permitido por la ley, de 336 millones de pesos, en cantidades cercanas a los 4 mil 500 millones de pesos. Y ahí se entrará, es de suponerse, al gran tema del momento: el destino pero, sobre todo, el origen de los recursos que se presume fueron utilizados. Los casos Soriana pero, sobre todo Monex, dejan todavía muchas interrogantes abiertas.
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