Estrictamente personal (13/07/2012)
Por Raymundo Rivapalacio | Julio 13, 2012
Control de daños
Las encuestas electorales se convirtieron en protagonistas centrales de la temporada post-electoral. No es algo que no hubieran calculado. Desde antes que iniciara la campaña presidencial Roy Campos, jefe de Consulta Mitofsky, decía con resignación que sabían que sobre de ellos habría muchas presiones y críticas, pero que estaban preparados para ellas. Lo que diagnosticó en aquel momento resultó tan fallido como el diagnóstico de puntos que le daban a Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador, y que es lo que precisamente tiene ubicadas a varias de ellas en el centro de la impugnación que ha hecho la coalición de izquierda sobre la victoria del priista.
La denuncia original incluía a 12 casas encuestadoras, que se redujo a menos de cinco. Metodológicamente, la queja ante el Tribunal Electoral no tendrá éxito porque no habrá forma de demostrar cómo el mismo método –que tuvieron que entregar al IFE- que duplicaba o más la ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador, era la misma que mostraba la diferencia de Miguel Mancera sobre Beatriz Paredes en la contienda por el gobierno del Distrito Federal, que se corroboró en las urnas. También utilizaron esa metodología en sus encuestas de salida, que coinciden con el resultado final del PREP.
En todo caso, para atacar al clima hostil que enfrentan, la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), que aglutina a la mayoría del gremio de las encuestadoras, decidió el miércoles que pedirían a tres organismos internacionales que revisen las metodologías y emitan un juicio al respecto. De acuerdo con Francisco Abundis de Parametría, esta auditoría incluirá los temas de financiamiento, bases de datos, diseño de investigación e inclusive el tratamiento de las encuestas en los medios de comunicación.
Consulta Mitofsky, Beltrán y Asociados, Buendía&Laredo y Asociados, GEA-ISA y Parametría, son las empresas cuestionadas públicamente, y algunas de ellas serán llevadas a tribunales por López Obrador, quien sostiene que fueron “instrumentos de propaganda” de la campaña de Peña Nieto. Coinciden Rafael Giménez, coordinador general adjunto de la campaña de Josefina Vázquez Mota, y Lorena Becerra, responsable de opinión pública, que escribieron en 24 HORAS que uno de los fenómenos negativos de la campaña presidencial fue “el uso de las encuestas electorales como elementos propagandísticos y ya no como herramientas estadísticas de investigación”. Giménez y Becerra revelaron que la población fue “bombardeada” por más de 200 encuestas nacionales, y que la de GEA-ISA, contratada por Milenio, se replicó 40 veces en su canal de televisión. La acusación de López Obrador que con la difusión de las encuestas se alteró el comportamiento electoral, coincide con el señalamiento de Giménez y Becerra que las encuestas que más se difundieron fueron aquellas que sobre estimaron sistemáticamente a Peña Nieto.
¿Es posible determinar que, como sostiene el coordinador de la campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, la diferencia de dos dígitos que mantuvieron esas empresas quitaron el principio de incertidumbre que debe regir en una democracia y crearon la profecía autorrealizable de inevitabilidad de la victoria de Peña Nieto? ¿Es posible demostrar que el impacto de esas encuestas, ampliamente reproducidas en medios electrónicos e impresos alteró el rumbo de la elección? Pese al spot de Peña Nieto donde mostraba las encuestas con ventaja de dos dígitos, ¿se puede probar que eran parte de la campaña del PRI? ¿Es posible argumentar, como alegó el PAN en la elección municipal en Morelia el año pasado con el logotipo del PRI en el calzoncillo del boxeador Juan Manuel Márquez, que esas imágenes violaron principios constitucionales por lo cual se puede invalidar la elección presidencial? Según Abundis, es imposible y no hay manera de probarlo. El problema de la AMAI, sugiere su petición de auditoría internacional, responde a un control de daños para que revisen la metodología. Eso, como anticipan, podrá resolver el factor técnico de las encuestas, pero no soluciona el clima de percepción pública y política adversa que existe contra ellos, metidos en el remolino de la política en una lucha por el poder donde los encuestadores, convertidos en miembros del star system en medios electrónicos, son el hilo más delgado del enjambre post-electoral, aunque algunos de ellos no se hayan dado cuenta.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx | twitter: @rivapa
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kikka-roja.blogspot.com
Por Raymundo Rivapalacio | Julio 13, 2012
Control de daños
Las encuestas electorales se convirtieron en protagonistas centrales de la temporada post-electoral. No es algo que no hubieran calculado. Desde antes que iniciara la campaña presidencial Roy Campos, jefe de Consulta Mitofsky, decía con resignación que sabían que sobre de ellos habría muchas presiones y críticas, pero que estaban preparados para ellas. Lo que diagnosticó en aquel momento resultó tan fallido como el diagnóstico de puntos que le daban a Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador, y que es lo que precisamente tiene ubicadas a varias de ellas en el centro de la impugnación que ha hecho la coalición de izquierda sobre la victoria del priista.
La denuncia original incluía a 12 casas encuestadoras, que se redujo a menos de cinco. Metodológicamente, la queja ante el Tribunal Electoral no tendrá éxito porque no habrá forma de demostrar cómo el mismo método –que tuvieron que entregar al IFE- que duplicaba o más la ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador, era la misma que mostraba la diferencia de Miguel Mancera sobre Beatriz Paredes en la contienda por el gobierno del Distrito Federal, que se corroboró en las urnas. También utilizaron esa metodología en sus encuestas de salida, que coinciden con el resultado final del PREP.
En todo caso, para atacar al clima hostil que enfrentan, la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), que aglutina a la mayoría del gremio de las encuestadoras, decidió el miércoles que pedirían a tres organismos internacionales que revisen las metodologías y emitan un juicio al respecto. De acuerdo con Francisco Abundis de Parametría, esta auditoría incluirá los temas de financiamiento, bases de datos, diseño de investigación e inclusive el tratamiento de las encuestas en los medios de comunicación.
Consulta Mitofsky, Beltrán y Asociados, Buendía&Laredo y Asociados, GEA-ISA y Parametría, son las empresas cuestionadas públicamente, y algunas de ellas serán llevadas a tribunales por López Obrador, quien sostiene que fueron “instrumentos de propaganda” de la campaña de Peña Nieto. Coinciden Rafael Giménez, coordinador general adjunto de la campaña de Josefina Vázquez Mota, y Lorena Becerra, responsable de opinión pública, que escribieron en 24 HORAS que uno de los fenómenos negativos de la campaña presidencial fue “el uso de las encuestas electorales como elementos propagandísticos y ya no como herramientas estadísticas de investigación”. Giménez y Becerra revelaron que la población fue “bombardeada” por más de 200 encuestas nacionales, y que la de GEA-ISA, contratada por Milenio, se replicó 40 veces en su canal de televisión. La acusación de López Obrador que con la difusión de las encuestas se alteró el comportamiento electoral, coincide con el señalamiento de Giménez y Becerra que las encuestas que más se difundieron fueron aquellas que sobre estimaron sistemáticamente a Peña Nieto.
¿Es posible determinar que, como sostiene el coordinador de la campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, la diferencia de dos dígitos que mantuvieron esas empresas quitaron el principio de incertidumbre que debe regir en una democracia y crearon la profecía autorrealizable de inevitabilidad de la victoria de Peña Nieto? ¿Es posible demostrar que el impacto de esas encuestas, ampliamente reproducidas en medios electrónicos e impresos alteró el rumbo de la elección? Pese al spot de Peña Nieto donde mostraba las encuestas con ventaja de dos dígitos, ¿se puede probar que eran parte de la campaña del PRI? ¿Es posible argumentar, como alegó el PAN en la elección municipal en Morelia el año pasado con el logotipo del PRI en el calzoncillo del boxeador Juan Manuel Márquez, que esas imágenes violaron principios constitucionales por lo cual se puede invalidar la elección presidencial? Según Abundis, es imposible y no hay manera de probarlo. El problema de la AMAI, sugiere su petición de auditoría internacional, responde a un control de daños para que revisen la metodología. Eso, como anticipan, podrá resolver el factor técnico de las encuestas, pero no soluciona el clima de percepción pública y política adversa que existe contra ellos, metidos en el remolino de la política en una lucha por el poder donde los encuestadores, convertidos en miembros del star system en medios electrónicos, son el hilo más delgado del enjambre post-electoral, aunque algunos de ellos no se hayan dado cuenta.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx | twitter: @rivapa
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