Presupuesto de Egresos 2014: el típico “agandalle” priista
Proceso Carlos Acosta Córdova
Prerrogativa exclusiva de la Cámara de Diputados, la confección del Presupuesto de Egresos para el próximo año fue, sin embargo, una imposición orquestada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su equipo de la Subsecretaría de Egresos, que ignoraron a los legisladores. Es decir, no hubo negociación real ni los jaloneos de años previos. Con la aprobación del presupuesto el jueves 14, el PRI y sus partidos pactistas confirmaron su cómoda vocación acrítica.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, efectuada el jueves 14 –un día antes de la fecha límite legal–, significó el regreso del viejo PRI con sus formas y modos habituales y el clásico agandalle a la hora del reparto de los dineros.
El secretario de Hacienda, el priista Luis Videgaray, y su equipo de la Subsecretaría de Egresos ni vieron ni oyeron a los diputados. Ni a la hora de revisar el grueso documento y hacerle mínimas modificaciones ni –mucho menos– a la hora de confeccionar el dictamen del presupuesto, que es prerrogativa exclusiva, por ley, de la Cámara de Diputados.
En los hechos no hubo una negociación real ni aquellos jaloneos ríspidos de otros tiempos. Es más, ni siquiera hubo aquellas jornadas, casi festivas, en que gobernadores, presidentes municipales, rectores de universidades, representantes de organizaciones sociales, entre otros, acudían a la Cámara a hacer sus peticiones de recursos.
Esta vez todo lo hizo la Secretaría de Hacienda, la mayor parte del tiempo en sus distintas oficinas o en restaurantes. A ellas acudían principalmente gobernadores, líderes de los partidos y coordinadores parlamentarios; siempre a ver a Luis Videgaray y a su subsecretario de Egresos.
En San Lázaro sólo se armó una carpa, cerrada y bien resguardada, en la parte sur del basamento de la Cámara de Diputados, donde se instaló el equipo de la Subsecretaría de Egresos, al mando de su titular Fernando Galindo, para la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos.
El salón destinado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que inició su sesión permanente dos semanas antes, siempre lució vacío. Sólo se usó la noche del miércoles 13 para “discutir” y aprobar el dictamen… en apenas 20 minutos, como nunca había pasado.
Llegó el dictamen al pleno de la cámara, con más de 80 reservas, pasadas las 10 de la noche. Se consumieron ocho horas de “debate” en el pleno. Sin objeciones que implicaran recursos de impugnación –y en consecuencia, modificaciones y reasignaciones de los mismos–, fue aprobada. El mayoriteo aplastó cualquier propuesta de cambio.
Desvelados, casi dormidos, los diputados –la mayoría no había leído el dictamen ni conocía los artículos reservados– aprobaron el presupuesto pasadas las seis de la mañana del jueves 14. De los 487 diputados presentes, 465 –es decir, 95%– votaron a favor.
Más tarde, en conferencia de prensa, el secretario Videgaray celebraría el hecho con una gran sonrisa.
“Es una estrategia típica del PRI: no dejar que el grueso de diputados tengan tiempo para revisar el dictamen y llevar éste al pleno cuando todos están medio dormidos”, dice el doctor en economía Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario del PRD desde la administración del presidente Ernesto Zedillo.
Moreno, quien relata todo lo anterior, refiere que esta vez “se vio acotada en extremo, como nunca, la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para discutir y modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo”.
Los diputados participaron cuando mucho en la discusión de “minúsculas partes” del proyecto, en el reparto de “pequeñas bolsas de recursos diseñadas con ese propósito por la Secretaría de Hacienda”, sostiene el entrevistado, quien es licenciado y maestro por la UNAM y doctor en historia económica por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Por el bisturí de Hacienda
En efecto, el gasto público aprobado por los diputados asciende a 4 billones 467 mil 226 millones de pesos, superior en 8.8% en términos reales respecto del aprobado para el ejercicio 2013, pero inferior en 12 mil 728 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo debido a los recortes que hicieron las cámaras a los ingresos presupuestarios por los impuestos que no pasaron cuando se discutió la miscelánea fiscal.
El presupuesto, entonces, tenía que pasar por el bisturí de la Secretaría de Hacienda. En unos cuantos días, mediante una operación sencilla y sin contratiempos –la cámara no tiene un equipo técnico que pueda pelearle a Hacienda la distribución de los recursos–, la gente de Videgaray logró lo siguiente:
–Hacerle frente a ese faltante de casi 12 mil 730 millones.
–Fijar partidas para organismos nuevos que apenas empiezan a operar y que no tenían ninguna asignación, como la Comisión Nacional de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
–Darle salida a compromisos adquiridos por el gobierno después de que el Ejecutivo envió el paquete económico al Congreso, como el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, el Fondo Guerrero apara atender los desastres ocasionados por los huracanes Manuel e Ingrid, y el Fondo de Fronteras, para paliar el descontento de los estados fronterizos por la homologación del IVA a 16%.
–Y dejar una piscachita para que los diputados se pelearan y jalonearan por migajas, y permitirle a Luis Videgaray –horas más tarde, en Palacio Nacional– decir, con cierta sorna, que el presupuesto aprobado resultó del “ejercicio democrático de escuchar a toda la sociedad mexicana”.
Para todo ello, los técnicos de Hacienda debieron hacer reducciones, ampliaciones y reasignaciones en múltiples partidas presupuestales. En pocas palabras, quitar aquí, poner allá, y reacomodar acá, y cuidando siempre que no se alteraran los parámetros establecidos en el proyecto original.
De acuerdo con el análisis que hace Juan Moreno Pérez, único entre asesores parlamentarios que es experto en programación financiera –trabajó en los años ochenta en la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto–, los funcionarios decidieron hacer reducciones por 81 mil 918 millones de pesos para cubrir la disminución por 12 mil 728 millones producto de los menores ingresos fiscales y ampliaciones que aquellos decidieron por un monto de 69 mil 190 millones de pesos.
Pero esas ampliaciones –que apenas son 1.5% del total del presupuesto de casi 4.5 billones–, que en un principio entusiasmaron a los diputados pues pensaron que era lo que se iban a repartir, se las agandalló Hacienda en casi en dos terceras partes –unos 47 mil millones–, pues esos recursos fueron a parar al Ramo 23 (“Provisiones Salariales y Económicas”) y que son manejados directamente por la secretaría.
De ese Ramo 23 saldrán los recursos para saldar algunos compromisos del gobierno: 3 mil millones de pesos para el Fondo de Capitalidad del Distrito Federal, solicitado por el PRD y el gobierno capitalino; la misma cantidad para el Fondo de Fronteras, con el que se quiere compensar el impacto, en la zona, de la homologación del IVA… que, a cambio, le dejará a Hacienda una recaudación superior a 15 mil millones de pesos.
Y para que los estados del sur y sureste no se quejen, Hacienda destinó 500 millones para el Fondo Sur-Sureste.
También en ese ramo están los recursos para el Fondo Guerrero, 7 mil millones, que se sumarán a los 7 mil 640 millones para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Si bien el gobierno federal había decidido apoyar al estado de Guerrero ante la magnitud de los daños causados por los huracanes, fueron el gobernador y legisladores del PRD quienes empujaron la creación de un fondo especial.
Dice el análisis de Juan Moreno, quien el viernes 15 –un día después de la aprobación– lo envió a los diputados del PRD:
“Una mención especial merecen tres fondos también ubicados en el Ramo 23: el Fondo de Pavimentación a Municipios, con 3 mil millones de pesos (adicionales a los 2 mil propuestos por el Ejecutivo); el Fondo de Cultura (diferente al manejado por el Conaculta), con 2 mil 728 millones, y el Fondo de Infraestructura Deportiva, con 3 mil 211 millones de pesos.
“Estos tres fondos se fragmentaron entre todos los municipios y demarcaciones territoriales del país, constituyendo en realidad unas ‘bolsas’ diseñadas para ser ‘negociadas’ y ‘repartidas’ entre cada uno de los diputados.”
El especialista dice que es preocupante “no sólo la existencia de estos fondos y la distribución de los montos de recursos públicos ubicados ahí, sino, sobre todo, la manera como serán administrados”.
Explica: “A diferencia de lo sucedido en el ejercicio de 2013, cuando el Fondo de Cultura fue manejado por el Conaculta, y el Fondo de Infraestructura Deportiva por la SEP, como corresponde, ahora serán administrados directamente por la Secretaría de Hacienda, a través del Ramo 23, que se comprometió además a ‘facilitar’ las erogaciones sin intermediarios ni mayores trámites”.
Considera que si no hay una fiscalización cuidadosa de estos recursos, es muy probable que se cometan desvíos y otros actos de corrupción.
En resumen, de los 69 mil 190 millones de pesos en ampliaciones, Hacienda le dejó a los diputados apenas unos 9 mil millones, 13% –o 0.26% del total del gasto programable, la parte del presupuesto que sí se puede modificar– para que se los disputaran y se jalonearan entre sí.
Los recortes que permitieron las ampliaciones provinieron de diversos ajustes: primero, a las participaciones y aportaciones federales a estados y municipios –obligados por la baja en la recaudación participable que dejarán los menores ingresos fiscales.
Después, recortes “ficticios”, dice Juan Moreno, al Fondo para la Administración de la Nómina Educativa, que es de nueva creación y con el cual será el gobierno federal, y no los estatales, el que se encargue del pago a los maestros, y recortes a los pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas), a los pagos de intereses de la deuda y al presupuesto de entidades sujetas a control presupuestal.
El entrevistado explica por qué considera ficticios estos recortes: “Los recursos del fondo para el pago de los maestros nunca existieron, pues es una partida que se incluyó por primera vez en el proyecto de presupuesto.
“Y los recortes a adefas, a intereses y a entidades podrán ser recuperados por la Secretaría de Hacienda al principio del año, ya que la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria autoriza el uso de los primeros ingresos excedentes que se registren, para compensar faltantes, precisamente en esos rubros.”
Otros recortes sí fueron efectivos –por poco más de 37 mil 175 millones de pesos–, pero Hacienda prefirió sacrificar algunas partidas –sobre todo en organismos autónomos, como el IFE y la Auditoría Superior de la Federación– antes que recortar una serie de gastos superfluos que bien pudieron eliminarse y que hubieran permitido un ahorro de 35 mil millones de pesos, según otro análisis del entrevistado.
De acuerdo con ese análisis, pudieron eliminarse, entre otras, las partidas asignadas al seguro médico privado y al seguro de separación individualizado, que son auténticas prebendas de las que gozan los funcionarios del gobierno, aun cuando tienen el servicio del ISSSTE y un sueldo suficiente para pagarlos. Con ello se pudieron ahorrar unos 14 mil 331 millones de pesos.
También se pudieron ahorrar otros 5 mil 800 millones al eliminar el concepto Provisiones Salariales y Económicas (Operación), que es –según Juan Moreno– “una bolsa de recursos sin destino específico”.
De hecho, esta partida, que se inventó Hacienda a finales del año pasado –con el PRI ya en el gobierno–, transgrede a la Constitución, pues ésta señala que corresponde a los diputados definir el destino de todas las partidas del presupuesto, acota Juan Moreno.
Tampoco tiene justificación ni destino expreso legalmente la partida 13406 Compensación de Servicios, incluida en la Presidencia de la República.
Por el estilo está la partida 43101 Subsidios a la Producción, por mil 555 millones de pesos que está en el presupuesto de la nueva Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social y que pudo haberse eliminado.
“Sin duda, esta nueva oficina recupera el sentido y objetivo de los antiguos despachos gubernamentales de ‘participación social’, que eran para propósitos clientelares, para cooptar a líderes de organizaciones sociales, del campo sobre todo”, agrega Moreno.
Así, procesado el Presupuesto 2014 sin contratiempos y aprobado como cuchillo en mantequilla, el secretario Luis Videgaray pudo volver a presentarse públicamente y recuperar la sonrisa que le robó la malograda “reforma hacendaria” que tanto encono popular concitó.
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kikka-roja.blogspot.com
Proceso Carlos Acosta Córdova
Prerrogativa exclusiva de la Cámara de Diputados, la confección del Presupuesto de Egresos para el próximo año fue, sin embargo, una imposición orquestada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su equipo de la Subsecretaría de Egresos, que ignoraron a los legisladores. Es decir, no hubo negociación real ni los jaloneos de años previos. Con la aprobación del presupuesto el jueves 14, el PRI y sus partidos pactistas confirmaron su cómoda vocación acrítica.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, efectuada el jueves 14 –un día antes de la fecha límite legal–, significó el regreso del viejo PRI con sus formas y modos habituales y el clásico agandalle a la hora del reparto de los dineros.
El secretario de Hacienda, el priista Luis Videgaray, y su equipo de la Subsecretaría de Egresos ni vieron ni oyeron a los diputados. Ni a la hora de revisar el grueso documento y hacerle mínimas modificaciones ni –mucho menos– a la hora de confeccionar el dictamen del presupuesto, que es prerrogativa exclusiva, por ley, de la Cámara de Diputados.
En los hechos no hubo una negociación real ni aquellos jaloneos ríspidos de otros tiempos. Es más, ni siquiera hubo aquellas jornadas, casi festivas, en que gobernadores, presidentes municipales, rectores de universidades, representantes de organizaciones sociales, entre otros, acudían a la Cámara a hacer sus peticiones de recursos.
Esta vez todo lo hizo la Secretaría de Hacienda, la mayor parte del tiempo en sus distintas oficinas o en restaurantes. A ellas acudían principalmente gobernadores, líderes de los partidos y coordinadores parlamentarios; siempre a ver a Luis Videgaray y a su subsecretario de Egresos.
En San Lázaro sólo se armó una carpa, cerrada y bien resguardada, en la parte sur del basamento de la Cámara de Diputados, donde se instaló el equipo de la Subsecretaría de Egresos, al mando de su titular Fernando Galindo, para la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos.
El salón destinado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que inició su sesión permanente dos semanas antes, siempre lució vacío. Sólo se usó la noche del miércoles 13 para “discutir” y aprobar el dictamen… en apenas 20 minutos, como nunca había pasado.
Llegó el dictamen al pleno de la cámara, con más de 80 reservas, pasadas las 10 de la noche. Se consumieron ocho horas de “debate” en el pleno. Sin objeciones que implicaran recursos de impugnación –y en consecuencia, modificaciones y reasignaciones de los mismos–, fue aprobada. El mayoriteo aplastó cualquier propuesta de cambio.
Desvelados, casi dormidos, los diputados –la mayoría no había leído el dictamen ni conocía los artículos reservados– aprobaron el presupuesto pasadas las seis de la mañana del jueves 14. De los 487 diputados presentes, 465 –es decir, 95%– votaron a favor.
Más tarde, en conferencia de prensa, el secretario Videgaray celebraría el hecho con una gran sonrisa.
“Es una estrategia típica del PRI: no dejar que el grueso de diputados tengan tiempo para revisar el dictamen y llevar éste al pleno cuando todos están medio dormidos”, dice el doctor en economía Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario del PRD desde la administración del presidente Ernesto Zedillo.
Moreno, quien relata todo lo anterior, refiere que esta vez “se vio acotada en extremo, como nunca, la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para discutir y modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo”.
Los diputados participaron cuando mucho en la discusión de “minúsculas partes” del proyecto, en el reparto de “pequeñas bolsas de recursos diseñadas con ese propósito por la Secretaría de Hacienda”, sostiene el entrevistado, quien es licenciado y maestro por la UNAM y doctor en historia económica por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Por el bisturí de Hacienda
En efecto, el gasto público aprobado por los diputados asciende a 4 billones 467 mil 226 millones de pesos, superior en 8.8% en términos reales respecto del aprobado para el ejercicio 2013, pero inferior en 12 mil 728 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo debido a los recortes que hicieron las cámaras a los ingresos presupuestarios por los impuestos que no pasaron cuando se discutió la miscelánea fiscal.
El presupuesto, entonces, tenía que pasar por el bisturí de la Secretaría de Hacienda. En unos cuantos días, mediante una operación sencilla y sin contratiempos –la cámara no tiene un equipo técnico que pueda pelearle a Hacienda la distribución de los recursos–, la gente de Videgaray logró lo siguiente:
–Hacerle frente a ese faltante de casi 12 mil 730 millones.
–Fijar partidas para organismos nuevos que apenas empiezan a operar y que no tenían ninguna asignación, como la Comisión Nacional de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
–Darle salida a compromisos adquiridos por el gobierno después de que el Ejecutivo envió el paquete económico al Congreso, como el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, el Fondo Guerrero apara atender los desastres ocasionados por los huracanes Manuel e Ingrid, y el Fondo de Fronteras, para paliar el descontento de los estados fronterizos por la homologación del IVA a 16%.
–Y dejar una piscachita para que los diputados se pelearan y jalonearan por migajas, y permitirle a Luis Videgaray –horas más tarde, en Palacio Nacional– decir, con cierta sorna, que el presupuesto aprobado resultó del “ejercicio democrático de escuchar a toda la sociedad mexicana”.
Para todo ello, los técnicos de Hacienda debieron hacer reducciones, ampliaciones y reasignaciones en múltiples partidas presupuestales. En pocas palabras, quitar aquí, poner allá, y reacomodar acá, y cuidando siempre que no se alteraran los parámetros establecidos en el proyecto original.
De acuerdo con el análisis que hace Juan Moreno Pérez, único entre asesores parlamentarios que es experto en programación financiera –trabajó en los años ochenta en la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto–, los funcionarios decidieron hacer reducciones por 81 mil 918 millones de pesos para cubrir la disminución por 12 mil 728 millones producto de los menores ingresos fiscales y ampliaciones que aquellos decidieron por un monto de 69 mil 190 millones de pesos.
Pero esas ampliaciones –que apenas son 1.5% del total del presupuesto de casi 4.5 billones–, que en un principio entusiasmaron a los diputados pues pensaron que era lo que se iban a repartir, se las agandalló Hacienda en casi en dos terceras partes –unos 47 mil millones–, pues esos recursos fueron a parar al Ramo 23 (“Provisiones Salariales y Económicas”) y que son manejados directamente por la secretaría.
De ese Ramo 23 saldrán los recursos para saldar algunos compromisos del gobierno: 3 mil millones de pesos para el Fondo de Capitalidad del Distrito Federal, solicitado por el PRD y el gobierno capitalino; la misma cantidad para el Fondo de Fronteras, con el que se quiere compensar el impacto, en la zona, de la homologación del IVA… que, a cambio, le dejará a Hacienda una recaudación superior a 15 mil millones de pesos.
Y para que los estados del sur y sureste no se quejen, Hacienda destinó 500 millones para el Fondo Sur-Sureste.
También en ese ramo están los recursos para el Fondo Guerrero, 7 mil millones, que se sumarán a los 7 mil 640 millones para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Si bien el gobierno federal había decidido apoyar al estado de Guerrero ante la magnitud de los daños causados por los huracanes, fueron el gobernador y legisladores del PRD quienes empujaron la creación de un fondo especial.
Dice el análisis de Juan Moreno, quien el viernes 15 –un día después de la aprobación– lo envió a los diputados del PRD:
“Una mención especial merecen tres fondos también ubicados en el Ramo 23: el Fondo de Pavimentación a Municipios, con 3 mil millones de pesos (adicionales a los 2 mil propuestos por el Ejecutivo); el Fondo de Cultura (diferente al manejado por el Conaculta), con 2 mil 728 millones, y el Fondo de Infraestructura Deportiva, con 3 mil 211 millones de pesos.
“Estos tres fondos se fragmentaron entre todos los municipios y demarcaciones territoriales del país, constituyendo en realidad unas ‘bolsas’ diseñadas para ser ‘negociadas’ y ‘repartidas’ entre cada uno de los diputados.”
El especialista dice que es preocupante “no sólo la existencia de estos fondos y la distribución de los montos de recursos públicos ubicados ahí, sino, sobre todo, la manera como serán administrados”.
Explica: “A diferencia de lo sucedido en el ejercicio de 2013, cuando el Fondo de Cultura fue manejado por el Conaculta, y el Fondo de Infraestructura Deportiva por la SEP, como corresponde, ahora serán administrados directamente por la Secretaría de Hacienda, a través del Ramo 23, que se comprometió además a ‘facilitar’ las erogaciones sin intermediarios ni mayores trámites”.
Considera que si no hay una fiscalización cuidadosa de estos recursos, es muy probable que se cometan desvíos y otros actos de corrupción.
En resumen, de los 69 mil 190 millones de pesos en ampliaciones, Hacienda le dejó a los diputados apenas unos 9 mil millones, 13% –o 0.26% del total del gasto programable, la parte del presupuesto que sí se puede modificar– para que se los disputaran y se jalonearan entre sí.
Los recortes que permitieron las ampliaciones provinieron de diversos ajustes: primero, a las participaciones y aportaciones federales a estados y municipios –obligados por la baja en la recaudación participable que dejarán los menores ingresos fiscales.
Después, recortes “ficticios”, dice Juan Moreno, al Fondo para la Administración de la Nómina Educativa, que es de nueva creación y con el cual será el gobierno federal, y no los estatales, el que se encargue del pago a los maestros, y recortes a los pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas), a los pagos de intereses de la deuda y al presupuesto de entidades sujetas a control presupuestal.
El entrevistado explica por qué considera ficticios estos recortes: “Los recursos del fondo para el pago de los maestros nunca existieron, pues es una partida que se incluyó por primera vez en el proyecto de presupuesto.
“Y los recortes a adefas, a intereses y a entidades podrán ser recuperados por la Secretaría de Hacienda al principio del año, ya que la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria autoriza el uso de los primeros ingresos excedentes que se registren, para compensar faltantes, precisamente en esos rubros.”
Otros recortes sí fueron efectivos –por poco más de 37 mil 175 millones de pesos–, pero Hacienda prefirió sacrificar algunas partidas –sobre todo en organismos autónomos, como el IFE y la Auditoría Superior de la Federación– antes que recortar una serie de gastos superfluos que bien pudieron eliminarse y que hubieran permitido un ahorro de 35 mil millones de pesos, según otro análisis del entrevistado.
De acuerdo con ese análisis, pudieron eliminarse, entre otras, las partidas asignadas al seguro médico privado y al seguro de separación individualizado, que son auténticas prebendas de las que gozan los funcionarios del gobierno, aun cuando tienen el servicio del ISSSTE y un sueldo suficiente para pagarlos. Con ello se pudieron ahorrar unos 14 mil 331 millones de pesos.
También se pudieron ahorrar otros 5 mil 800 millones al eliminar el concepto Provisiones Salariales y Económicas (Operación), que es –según Juan Moreno– “una bolsa de recursos sin destino específico”.
De hecho, esta partida, que se inventó Hacienda a finales del año pasado –con el PRI ya en el gobierno–, transgrede a la Constitución, pues ésta señala que corresponde a los diputados definir el destino de todas las partidas del presupuesto, acota Juan Moreno.
Tampoco tiene justificación ni destino expreso legalmente la partida 13406 Compensación de Servicios, incluida en la Presidencia de la República.
Por el estilo está la partida 43101 Subsidios a la Producción, por mil 555 millones de pesos que está en el presupuesto de la nueva Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social y que pudo haberse eliminado.
“Sin duda, esta nueva oficina recupera el sentido y objetivo de los antiguos despachos gubernamentales de ‘participación social’, que eran para propósitos clientelares, para cooptar a líderes de organizaciones sociales, del campo sobre todo”, agrega Moreno.
Así, procesado el Presupuesto 2014 sin contratiempos y aprobado como cuchillo en mantequilla, el secretario Luis Videgaray pudo volver a presentarse públicamente y recuperar la sonrisa que le robó la malograda “reforma hacendaria” que tanto encono popular concitó.
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