La historia encubierta del militar que ejecutó a una adolescente secuestrada por Los Zetas
MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 7 de abril, a las 22:40 horas, el teniente de infantería del Ejército, César Eleuterio Chávez Soto ingresó a la prisión del Campo Militar Número Uno de esta ciudad, como “probable responsable del delito de violencia contra las personas causando homicidio”.
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando, en la carretera que conduce a la ciudad de Monterrey, el mando castrense marcó el alto a un vehículo en el que viajaban presuntos sicarios de Los Zetas con la adolescente de 15 años, Betzi Gabriela Rodríguez, a quien habían plagiado momentos antes.
Al no detener la marcha, Chávez Soto ordenó a sus subalternos perseguir a la unidad, la persecución se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las patrullas embistió el auto de Los Zetas y éste terminó volcado a la orilla de la carretera frente a una procesadora de jugo de naranja, decenas de cuyos trabajadores salieron de la planta y observaron lo ocurrido después de la volcadura. (Proceso 1936).
Uno de los delincuentes abandonó el vehículo y echó a correr. Pudo huir entre la maleza pese a que los militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en una pierna. Entonces el teniente Chávez Soto se acercó al auto de Los Zetas y acribilló al resto de los tripulantes que seguían en el interior.
Betzi Gabriela estaba tirada afuera pero con una pierna atrapada con el Tsuru. Aun así, el mando castrense le disparó siete veces, una de ellas en la cabeza.
Los subalternos de Chávez Soto manipularon la escena del crimen e incluso contaminaron con pólvora la mano de la adolescente, quien aspiraba a enlistarse en la Policía Federal al concluir sus estudios.
Enterados de la muerte de su hija, sus familiares interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de entonces comenzó otro calvario: el acoso militar para que se desistiera de esa denuncia, según publicó el semanario Proceso en su edición del 8 de diciembre pasado.
De acuerdo con el oficio 007013 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el teniente de infantería fue detenido casi un mes después de ese suceso. El parte militar consigna que ingreso al Campo Militar Número Uno de esta ciudad y que fue puesto a disposición del Juez Primero Militar para los efectos legales que se confirmen en su contra, derivados de la averiguación previa número 8ZM/50/2013.
El teniente es investigado por ejecutar sumariamente a la adolescente y a tres jóvenes sicarios.
La masacre
La tragedia de Betzi Gabriela, estudiante del tercer año de secundaria, comenzó el pasado 10 de marzo, cuando salió a caminar en calles de su barrio. Apenas había recorrido pocas cuadras, cuando un grupo de hombres armados que se desplazaban en un vehículo la privó de su libertar, frente a la mirada de asustados vecinos.
Cuando sus familiares salieron a buscarla, los testigos de los hechos les contaron el secuestro de la adolescente. El plagio se denunció en la Agencia Primera del Ministerio Público estatal. A partir de entonces comenzó un calvario para la familia y sus amigos, quienes comenzaron a buscarla por su cuenta.
Las pesquisas terminaron diez días después. Betzi Gabriela había permanecido todo ese tiempo en dos casas de seguridad junto con otros grupos de al menos diez menores que también habían sido secuestradas, para venderlas sexualmente, por el grupo del crimen organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.
La pesadilla de la menor continuó cuando sus raptores ordenaron llevarla a otra casa de seguridad afuera de la ciudad. Fue trasladada alrededor de las 18:00 horas en un Tsuru, escoltada por 4 miembros del grupo. Avanzaron por la avenida que conduce la carretera a Monterrey cuando el vehículo se encontró frente a un retén militar, ubicado en los límites de la ciudad frente al complejo de la cadena Liverpool.
Los tripulantes del auto hicieron caso omiso al alto que les marcaron los soldados y comenzaron a huir a toda velocidad por la carretera rumbo a Monterrey. Fueron perseguidos por dos patrullas militares. Rápidamente se le sumaron dos más de la Policía Municipal que también está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.
El teniente César Eleuterio Chávez Soto, quien dirigía las patrullas militares, se dirigió al auto volcado. El resto de los tripulantes habían quedado heridos afuera del auto. Betzi Gabriela estaba tirada, pero con una pierna atrapada por el vehículo. Testigos refieren que la niña gritaba que llamaran a su madre, ya que había sido secuestrada.
El oficial comenzó a acribillar a quemarropa primero a los tres jóvenes. La niña desesperada le gritó: “a mí no, a mí no”. En respuesta, el teniente le disparó en siete ocasiones, uno de ellos en la cabeza.
Posteriormente ordenó a un cabo que escondiera los casquillos de su arma y junto con el resto de los militares movieron la escena del crimen. Untaron con pólvora la mano de la adolescente. Argumentaron ante las autoridades civiles que ellos se defendieron ya que la tierra que levantó la volcadura les impidió ver si estaban armados.
Los 19 solados que componían el Pelotón fueron trasladados a la Ciudad de Reynosa para que rindieran su declaración en la Sede de la Octava Zona. La cortada del teniente fue desmentida por algunos de sus compañeros y quedó detenido.
Sin embargo, gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica eventos relacionados con el crimen organizado, los mandos del Ejército en complicidad con las autoridades estatales pudieron mantener el secreto el crimen. Para justificar a los muertos, los presentaron como víctimas de un accidente de tránsito.
Los mandos de la Octava Zona Militar realizaron todas las maniobras necesarias para que el asesinato no trascendiera: Oficiales de alto rango se apostaron en las casas de algunos de los familiares de Betzi Gabriela para que se desistieran de interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Peor aún, también acosaron a las tres familias de los delincuentes ejecutados, para que firmaran un documento donde se desistían a presentar denuncias ante el organismo defensor de Derechos Humanos.
Además, miembros del Ejército acudieron a la fábrica de jugos para intimidar a los testigos y se abstuvieran en denunciar la manera como ocurrió el asesinato de Betzi, contaron a esta agencia trabajadores de esa empresa.
Para “calmar” a la familia de la adolescente asesinada, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a dos generales y una capitana para ofrecerles 45 mil pesos como “reparación del daño”.
En respuesta, la familia le aseguró al general Héctor Aragón Zapata, jefe adjunto de vinculación ciudadana de la Sedena, que su principal demanda es la Justicia por el crimen de Betzi. Ellos temen que el teniente al final sea liberado, o resulte con una leve condena, en un “obscuro” juicio militar que se realiza entre las murallas de las cortes militares y que se esconde a la supervisión de la sociedad civil.
Con esas acciones de los militares, el caso pudo ser mantenido en secreto durante varios meses.
Apro solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre el proceso jurídico actual del oficial Chávez Soto. La dependencia que dirige el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario simplemente se negó a responder a la petición.
La negativa deja claro que los mandos de Sedena continúan en su intento por mantener oculto el crimen, hasta donde les sea posible.
.proceso.com.mx
kikka-roja.blogspot.com
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando, en la carretera que conduce a la ciudad de Monterrey, el mando castrense marcó el alto a un vehículo en el que viajaban presuntos sicarios de Los Zetas con la adolescente de 15 años, Betzi Gabriela Rodríguez, a quien habían plagiado momentos antes.
Al no detener la marcha, Chávez Soto ordenó a sus subalternos perseguir a la unidad, la persecución se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las patrullas embistió el auto de Los Zetas y éste terminó volcado a la orilla de la carretera frente a una procesadora de jugo de naranja, decenas de cuyos trabajadores salieron de la planta y observaron lo ocurrido después de la volcadura. (Proceso 1936).
Uno de los delincuentes abandonó el vehículo y echó a correr. Pudo huir entre la maleza pese a que los militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en una pierna. Entonces el teniente Chávez Soto se acercó al auto de Los Zetas y acribilló al resto de los tripulantes que seguían en el interior.
Betzi Gabriela estaba tirada afuera pero con una pierna atrapada con el Tsuru. Aun así, el mando castrense le disparó siete veces, una de ellas en la cabeza.
Los subalternos de Chávez Soto manipularon la escena del crimen e incluso contaminaron con pólvora la mano de la adolescente, quien aspiraba a enlistarse en la Policía Federal al concluir sus estudios.
Enterados de la muerte de su hija, sus familiares interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de entonces comenzó otro calvario: el acoso militar para que se desistiera de esa denuncia, según publicó el semanario Proceso en su edición del 8 de diciembre pasado.
De acuerdo con el oficio 007013 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el teniente de infantería fue detenido casi un mes después de ese suceso. El parte militar consigna que ingreso al Campo Militar Número Uno de esta ciudad y que fue puesto a disposición del Juez Primero Militar para los efectos legales que se confirmen en su contra, derivados de la averiguación previa número 8ZM/50/2013.
El teniente es investigado por ejecutar sumariamente a la adolescente y a tres jóvenes sicarios.
La masacre
La tragedia de Betzi Gabriela, estudiante del tercer año de secundaria, comenzó el pasado 10 de marzo, cuando salió a caminar en calles de su barrio. Apenas había recorrido pocas cuadras, cuando un grupo de hombres armados que se desplazaban en un vehículo la privó de su libertar, frente a la mirada de asustados vecinos.
Cuando sus familiares salieron a buscarla, los testigos de los hechos les contaron el secuestro de la adolescente. El plagio se denunció en la Agencia Primera del Ministerio Público estatal. A partir de entonces comenzó un calvario para la familia y sus amigos, quienes comenzaron a buscarla por su cuenta.
Las pesquisas terminaron diez días después. Betzi Gabriela había permanecido todo ese tiempo en dos casas de seguridad junto con otros grupos de al menos diez menores que también habían sido secuestradas, para venderlas sexualmente, por el grupo del crimen organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.
La pesadilla de la menor continuó cuando sus raptores ordenaron llevarla a otra casa de seguridad afuera de la ciudad. Fue trasladada alrededor de las 18:00 horas en un Tsuru, escoltada por 4 miembros del grupo. Avanzaron por la avenida que conduce la carretera a Monterrey cuando el vehículo se encontró frente a un retén militar, ubicado en los límites de la ciudad frente al complejo de la cadena Liverpool.
Los tripulantes del auto hicieron caso omiso al alto que les marcaron los soldados y comenzaron a huir a toda velocidad por la carretera rumbo a Monterrey. Fueron perseguidos por dos patrullas militares. Rápidamente se le sumaron dos más de la Policía Municipal que también está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.
El teniente César Eleuterio Chávez Soto, quien dirigía las patrullas militares, se dirigió al auto volcado. El resto de los tripulantes habían quedado heridos afuera del auto. Betzi Gabriela estaba tirada, pero con una pierna atrapada por el vehículo. Testigos refieren que la niña gritaba que llamaran a su madre, ya que había sido secuestrada.
El oficial comenzó a acribillar a quemarropa primero a los tres jóvenes. La niña desesperada le gritó: “a mí no, a mí no”. En respuesta, el teniente le disparó en siete ocasiones, uno de ellos en la cabeza.
Posteriormente ordenó a un cabo que escondiera los casquillos de su arma y junto con el resto de los militares movieron la escena del crimen. Untaron con pólvora la mano de la adolescente. Argumentaron ante las autoridades civiles que ellos se defendieron ya que la tierra que levantó la volcadura les impidió ver si estaban armados.
Los 19 solados que componían el Pelotón fueron trasladados a la Ciudad de Reynosa para que rindieran su declaración en la Sede de la Octava Zona. La cortada del teniente fue desmentida por algunos de sus compañeros y quedó detenido.
Sin embargo, gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica eventos relacionados con el crimen organizado, los mandos del Ejército en complicidad con las autoridades estatales pudieron mantener el secreto el crimen. Para justificar a los muertos, los presentaron como víctimas de un accidente de tránsito.
Los mandos de la Octava Zona Militar realizaron todas las maniobras necesarias para que el asesinato no trascendiera: Oficiales de alto rango se apostaron en las casas de algunos de los familiares de Betzi Gabriela para que se desistieran de interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Peor aún, también acosaron a las tres familias de los delincuentes ejecutados, para que firmaran un documento donde se desistían a presentar denuncias ante el organismo defensor de Derechos Humanos.
Además, miembros del Ejército acudieron a la fábrica de jugos para intimidar a los testigos y se abstuvieran en denunciar la manera como ocurrió el asesinato de Betzi, contaron a esta agencia trabajadores de esa empresa.
Para “calmar” a la familia de la adolescente asesinada, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a dos generales y una capitana para ofrecerles 45 mil pesos como “reparación del daño”.
En respuesta, la familia le aseguró al general Héctor Aragón Zapata, jefe adjunto de vinculación ciudadana de la Sedena, que su principal demanda es la Justicia por el crimen de Betzi. Ellos temen que el teniente al final sea liberado, o resulte con una leve condena, en un “obscuro” juicio militar que se realiza entre las murallas de las cortes militares y que se esconde a la supervisión de la sociedad civil.
Con esas acciones de los militares, el caso pudo ser mantenido en secreto durante varios meses.
Apro solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre el proceso jurídico actual del oficial Chávez Soto. La dependencia que dirige el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario simplemente se negó a responder a la petición.
La negativa deja claro que los mandos de Sedena continúan en su intento por mantener oculto el crimen, hasta donde les sea posible.
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Malditos militares de mierda!
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