2 AÑOS de gobierno EPN PRI: México, al borde del estallido social: CRIMEN DE ESTADO Y LOS GRINGOS ESPERANDO COMO BUITRES PARA SAQUEAR MEXICO.
9 noviembre, 2014 Autor: Trabajo Conjunto D, P, Portada, Sociedad
A 2 años de su inicio, la gestión de Peña Nieto se cimbra por el caso Ayotzinapa. La creciente indignación por la desaparición forzada de 43 normalistas se amalgama con conflictos que la actual administración federal menospreció: casos como el del SME, el magisterio, la Tribu Yaqui, los afectados por megaproyectos, las víctimas de la “guerra” contra el narcotráfico, los inconformes por la imposición de las “reformas estructurales”… A la falta de canales institucionales para resolver los problemas se suman la violencia generalizada y la ingobernabilidad en estados como Michoacán y el propio Guerrero. “México es un volcán a punto de estallar: sólo busca las condiciones propicias para que se dé un estallido social equiparable a 1810 o a 1910”, opina el investigador Carlos Aguirre Rojas.
Mauricio Romero, @mauricio_contra/ Érika Ramírez, @erika_contra
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, podría convertirse en el detonante de una revuelta popular nacional. Además de la indignación que encarna el ataque policiaco –que también cobró la vida de seis civiles, tres de ellos normalistas–, las manifestaciones han abierto un espacio para expresar el descontento de sectores agraviados con anterioridad.
“México es una especie de volcán a punto de estallar, como una olla de presión que sólo busca las condiciones propicias para que se pueda dar un estallido social equiparable a 1810 o a 1910. No tanto por lo de Ayotzinapa, sino que esto podría ser la gota que derramara el vaso para que ese descontento acumulado por décadas irrumpa y se dé en grandes proporciones”, reflexiona el doctor en economía y especialista en movimientos sociales Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La descomposición social tiene su máxima expresión en la ingobernabilidad que se vive en estados como Guerrero y Michoacán, y en zonas como el llamado Triángulo de Oro (Chihuahua, Durango, Sinaloa) o Ciudad Juárez (Chihuahua), dominadas por la colusión entre el crimen organizado y el gobierno. También, en los miles de civiles asesinados y desaparecidos en el contexto de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, que inició el pasado gobierno de Felipe Calderón.
El doctor Aguirre Rojas observa que ante este panorama de violencia extrema el gobierno federal ha instrumentado una estrategia de recuperación del territorio, cuyo objetivo no es tanto el combate a la delincuencia sino la centralización del poder.
“Ahora, con lo ocurrido en la Normal de Ayotzinapa, el Estado utiliza esto como un mecanismo para hacerse presente en Guerrero y criminalizar la protesta social. Por eso eligieron muchachos que son gente crítica que no se contenta fácilmente con la situación, para restaurar un dominio autoritario, feroz.”
Estrategia que inició con la caída del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y la llegada del actual gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. Una táctica previamente ensayada en Michoacán, tras la salida de Fausto Vallejo y el interinato de Salvador Jara Guerrero.
Movimientos sociales
Aún con esas estrategias que buscan controlar la crisis de violencia que generó la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, el gobierno se enfrenta a un contexto adverso. Las protestas por la desaparición de los 43 normalistas han revivido e intensificado otros conflictos sociales.
Así, salen a flote problemas que el propio gobierno federal no ha atendido y menos resuelto, como los de tipo laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los mineros de Cananea (Sonora).
También se visibilizan los miles de afectados por los megaproyectos, como el caso de la Tribu Yaqui en Sonora, y los inconformes por la imposición de las “reformas estructurales”, en especial la energética. De esta última ya fue cancelada la única vía institucional posible: la consulta ciudadana de 2015.
El politólogo Valeriano Ramírez Medina, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indica que el caso Ayotzinapa viene a legitimar otros movimientos sociales. “Recordemos [las matanzas de] Aguas Blancas [Guerrero] y Acteal [Chiapas], también nos movieron y también se generaron conflictos. Tenemos una serie de agravios y agresiones a la sociedad [por las] que decimos ya basta”.
Por acción u omisión del propio gobierno federal, la desaparición forzada de los 43 estudiantes ya es un lastre para la administración federal. El doctor Ramírez Medina advierte que resulta “bastante sospechoso” que se haya dejado tanto tiempo sin una respuesta real, sin una investigación de fondo del hecho, que implicó al menos a la presidencia municipal de Iguala.
En efecto, la respuesta del gobierno federal se dio hasta el quinto día de ocurrida la desaparición colectiva, y cuando la presión de la sociedad iba en aumento. Y es que contrario a otros crímenes perpetrados por el gobierno en contra de jóvenes normalistas, en éste la sociedad sí hizo suyo el reclamo de la presentación con vida de los estudiantes.
El académico Valeriano Ramírez observa que la respuesta tardía se dio por una falla en los sistemas de inteligencia. “El gran problema es que no tenemos una inteligencia policial ni una inteligencia de investigación, no tenemos banco de datos, no tenemos un diagnóstico real sobre la violencia en México”.
Agrega que ello ha ocurrido a raíz del “desmantelamiento que hace 12 años se hizo del Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], cuando se privatizaron los bancos de datos y la seguridad nacional se hizo de manera bastante sesgada. En el sexenio de 2000 a 2006 se generó todo un desmantelamiento de la inteligencia y de la estructura del poder y, de alguna manera, [eso] catapultó el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado”.
El doctor en ciencia política critica que en 2 años no se haya podido reconstruir el diagnóstico real de cuáles son los grupos criminales, qué armas tienen, cuántos son, dónde actúan, cómo actúan, qué intereses protegen y con quién están coludidos.
“Estamos pensando en el trasiego del narcotraficante, pero resulta que desde hace más de 6 años el crimen organizado no se dedica únicamente al narcotráfico, se dedica a la extorsión, homicidio, renta, a una amplia lista de acciones que afectan la seguridad e integridad de las comunidades.”
Estado, el responsable
El crimen de Iguala –que incluye la ejecución extrajudicial de tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, así como la desaparición forzada de otros 43– “es responsabilidad del Estado mexicano”, opina el maestro Siddharta Camargo, subdirector de Enfoques y Contenidos de la Educación Normal, en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Agrega que es el Estado el que no solamente no puede garantizarles el derecho a la vida a los ciudadanos mexicanos, sino que incluso se colude con el crimen organizado. Al respecto señala que no se sabe hasta qué dimensiones, hasta qué profundidad se da esa colusión, a grado tal que atenta contra la vida de los ciudadanos.
En entrevista con Contralínea, Camargo indica que “la agresión que sufrieron los muchachos es un balde de agua helada en la cabeza de mucha gente que estaba dormida”.
Al referirse a la agresión policiaca, el doctor Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, señala que es la continuidad de un historial de agresiones. “La normal de Ayotzinapa tiene 500 estudiantes, pero su activismo es enorme”.
Explica que se trata de 54 años de impunidad. Periodo en el que se dio el movimiento guerrillero más importante del país y también la Guerra Sucia, a la que califica como “una guerra en todo el sentido de la palabra”.
Pero esta reciente agresión no sólo fue protagonizada por el gobierno, sino también por el crimen organizado, hecho que descubrió de “manera contundente” el vínculo entre los criminales y los gobernantes.
Colusión gobierno-crimen
“Lo que revela el caso de Ayotzinapa es un proceso que no se da a nivel local, ni siquiera a nivel estatal de Guerrero, sino un proceso que es la penetración del Estado en sus tres niveles por parte de todo tipo de mafias”, explica el doctor Carlos Aguirre Rojas.
Por ello, indica, los políticos mexicanos ya no miran para nada los intereses de la gente, no les interesa representar a la sociedad: miran por los intereses de su partido y de su propia persona. Este grado de descomposición es el que se revela en este caso.
“Si [el gobierno] quisiera ir en serio debería revelar esta red no a nivel local ni a nivel estatal, sino a nivel de todo el país, y desmantelarla; pero si ellos mismos son uno de los personajes beneficiarios de esa alianza o penetración de las mafias con el Estado, dudo que ello se pueda dar si no es por la presión social desde abajo.”
Para el doctor en pedagogía Siddharta Camargo, los estudiantes organizados y críticos se encuentran en riesgo inminente de sufrir violencia extrema. Por ello, observa, en el caso Ayotzinapa no sólo está la mano del gobierno: “Ya no son los cuerpos represivos del Estado nada más, sino que ahora hay un enemigo mayor, más loco, que ejerce una violencia inconmensurable. Y estos muchachos [estudiantes normalistas] que van a las comunidades rurales están ahí en medio”.
Siddharta Camargo apunta que en esta violencia también han participado los medios de comunicación: “Cuando vemos esta andanada mediática contra el magisterio, vemos en realidad a este México conservador, este México racista, clasista y misógino hablando”.
El politólogo Valeriano Ramírez Medina señala que lo sucedido en Iguala parece un escarmiento y un mensaje a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de que no fueran a la Montaña y que no se metan en los intereses del crimen organizado. Intereses que finalmente se protegían desde el propio gobierno.
Indignación, insuficiente
A pesar de este contexto, que incluye el hartazgo y la resistencia social de algunos sectores, el doctor Guillermo Garduño opina que la indignación por el caso Ayotzinapa y por las agresiones previas contra la sociedad no alcanza para detonar un movimiento masivo.
“La indignación está en el país porque esto es un hecho injustificable. Pero en el ámbito de Guerrero es chacotería. Es absolutamente cotidiano. No se le ve más allá. Los movimientos que se producen, las cosas que se dan, todo es un movimiento cotidiano en el estado.”
El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, considera que “el reclamo es justo, pero va a terminar en estructuras negociadas. Y una vez que se determine esto [lo qué pasó con los 43 estudiantes que fueron detenidos-desaparecidos por policías municipales de Iguala] habrá indemnizaciones a ciertos grupos… Y esperemos la siguiente [matanza]”.
Agrega que “una vez que se descomprima [la situación], con un cambio en las fracciones del PRD [Partido de la Revolución Democrática], se dará un reacomodo. Este reacomodo será para preparar el proceso electoral del próximo año y a partir de ello elegir al nuevo gobernador y bajo otra serie de planteamientos distribuir los espacios. En esa situación tanto puede volver el PRI [Partido Revolucionario Institucional] como puede producirse otro tipo de alianzas como las que se dieron la vez pasada”.
Garduño considera que no hay condiciones que hagan prever que se mantenga la movilización social. Para ello, indica se requeriría que un grupo –por ejemplo, Ayotzinapa– se convirtiera en poder político en México. “Pero no lo veo factible”.
Por su parte, el doctor Valeriano Ramírez incluso le pone fecha al cese de las protestas públicas por este caso: “Somos resilientes, después del 20 de noviembre ya estaremos en la navidad. En enero volvemos a la realidad concreta y ahí tendremos otra vez a un proceso de reconstrucción y construcción”.
Caso Ayotzinapa: gobierno recula en su política educativa
Uno de los objetivos ocultos de la reforma educativa que aprobó el actual gobierno federal es la desaparición total de las normales rurales. En entrevista, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas explica que “el propio secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha amenazado a las normales rurales”.
Ello, dice, porque “en el proyecto de reforma educativa que él impulsó y que se aprobó el año pasado uno de los blancos, uno de los objetivos en contra de los cuales se desarrolló esta reforma tecnocrática, que quiere hacer una educación apolítica, acrítica totalmente, eran las normales rurales más allá de que él declare lo contrario”.
Dicho compromiso representa un viraje total para su política educativa, en un contexto en el cual se ha puesto la atención nacional e internacional en las normales rurales y en el que también se desarrolla el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional.
“Las normales rurales siempre han sido un espacio de desarrollo de pensamiento crítico de los problemas que suceden en la sociedad”, explica el investigador Aguirre Rojas.
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kikka-roja.blogspot.com
9 noviembre, 2014 Autor: Trabajo Conjunto D, P, Portada, Sociedad
Mauricio Romero, @mauricio_contra/ Érika Ramírez, @erika_contra
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, podría convertirse en el detonante de una revuelta popular nacional. Además de la indignación que encarna el ataque policiaco –que también cobró la vida de seis civiles, tres de ellos normalistas–, las manifestaciones han abierto un espacio para expresar el descontento de sectores agraviados con anterioridad.
“México es una especie de volcán a punto de estallar, como una olla de presión que sólo busca las condiciones propicias para que se pueda dar un estallido social equiparable a 1810 o a 1910. No tanto por lo de Ayotzinapa, sino que esto podría ser la gota que derramara el vaso para que ese descontento acumulado por décadas irrumpa y se dé en grandes proporciones”, reflexiona el doctor en economía y especialista en movimientos sociales Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La descomposición social tiene su máxima expresión en la ingobernabilidad que se vive en estados como Guerrero y Michoacán, y en zonas como el llamado Triángulo de Oro (Chihuahua, Durango, Sinaloa) o Ciudad Juárez (Chihuahua), dominadas por la colusión entre el crimen organizado y el gobierno. También, en los miles de civiles asesinados y desaparecidos en el contexto de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, que inició el pasado gobierno de Felipe Calderón.
El doctor Aguirre Rojas observa que ante este panorama de violencia extrema el gobierno federal ha instrumentado una estrategia de recuperación del territorio, cuyo objetivo no es tanto el combate a la delincuencia sino la centralización del poder.
“Ahora, con lo ocurrido en la Normal de Ayotzinapa, el Estado utiliza esto como un mecanismo para hacerse presente en Guerrero y criminalizar la protesta social. Por eso eligieron muchachos que son gente crítica que no se contenta fácilmente con la situación, para restaurar un dominio autoritario, feroz.”
Estrategia que inició con la caída del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y la llegada del actual gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. Una táctica previamente ensayada en Michoacán, tras la salida de Fausto Vallejo y el interinato de Salvador Jara Guerrero.
Movimientos sociales
Aún con esas estrategias que buscan controlar la crisis de violencia que generó la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, el gobierno se enfrenta a un contexto adverso. Las protestas por la desaparición de los 43 normalistas han revivido e intensificado otros conflictos sociales.
Así, salen a flote problemas que el propio gobierno federal no ha atendido y menos resuelto, como los de tipo laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los mineros de Cananea (Sonora).
También se visibilizan los miles de afectados por los megaproyectos, como el caso de la Tribu Yaqui en Sonora, y los inconformes por la imposición de las “reformas estructurales”, en especial la energética. De esta última ya fue cancelada la única vía institucional posible: la consulta ciudadana de 2015.
El politólogo Valeriano Ramírez Medina, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indica que el caso Ayotzinapa viene a legitimar otros movimientos sociales. “Recordemos [las matanzas de] Aguas Blancas [Guerrero] y Acteal [Chiapas], también nos movieron y también se generaron conflictos. Tenemos una serie de agravios y agresiones a la sociedad [por las] que decimos ya basta”.
Por acción u omisión del propio gobierno federal, la desaparición forzada de los 43 estudiantes ya es un lastre para la administración federal. El doctor Ramírez Medina advierte que resulta “bastante sospechoso” que se haya dejado tanto tiempo sin una respuesta real, sin una investigación de fondo del hecho, que implicó al menos a la presidencia municipal de Iguala.
En efecto, la respuesta del gobierno federal se dio hasta el quinto día de ocurrida la desaparición colectiva, y cuando la presión de la sociedad iba en aumento. Y es que contrario a otros crímenes perpetrados por el gobierno en contra de jóvenes normalistas, en éste la sociedad sí hizo suyo el reclamo de la presentación con vida de los estudiantes.
El académico Valeriano Ramírez observa que la respuesta tardía se dio por una falla en los sistemas de inteligencia. “El gran problema es que no tenemos una inteligencia policial ni una inteligencia de investigación, no tenemos banco de datos, no tenemos un diagnóstico real sobre la violencia en México”.
Agrega que ello ha ocurrido a raíz del “desmantelamiento que hace 12 años se hizo del Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], cuando se privatizaron los bancos de datos y la seguridad nacional se hizo de manera bastante sesgada. En el sexenio de 2000 a 2006 se generó todo un desmantelamiento de la inteligencia y de la estructura del poder y, de alguna manera, [eso] catapultó el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado”.
El doctor en ciencia política critica que en 2 años no se haya podido reconstruir el diagnóstico real de cuáles son los grupos criminales, qué armas tienen, cuántos son, dónde actúan, cómo actúan, qué intereses protegen y con quién están coludidos.
“Estamos pensando en el trasiego del narcotraficante, pero resulta que desde hace más de 6 años el crimen organizado no se dedica únicamente al narcotráfico, se dedica a la extorsión, homicidio, renta, a una amplia lista de acciones que afectan la seguridad e integridad de las comunidades.”
Estado, el responsable
El crimen de Iguala –que incluye la ejecución extrajudicial de tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, así como la desaparición forzada de otros 43– “es responsabilidad del Estado mexicano”, opina el maestro Siddharta Camargo, subdirector de Enfoques y Contenidos de la Educación Normal, en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Agrega que es el Estado el que no solamente no puede garantizarles el derecho a la vida a los ciudadanos mexicanos, sino que incluso se colude con el crimen organizado. Al respecto señala que no se sabe hasta qué dimensiones, hasta qué profundidad se da esa colusión, a grado tal que atenta contra la vida de los ciudadanos.
En entrevista con Contralínea, Camargo indica que “la agresión que sufrieron los muchachos es un balde de agua helada en la cabeza de mucha gente que estaba dormida”.
Al referirse a la agresión policiaca, el doctor Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, señala que es la continuidad de un historial de agresiones. “La normal de Ayotzinapa tiene 500 estudiantes, pero su activismo es enorme”.
Explica que se trata de 54 años de impunidad. Periodo en el que se dio el movimiento guerrillero más importante del país y también la Guerra Sucia, a la que califica como “una guerra en todo el sentido de la palabra”.
Pero esta reciente agresión no sólo fue protagonizada por el gobierno, sino también por el crimen organizado, hecho que descubrió de “manera contundente” el vínculo entre los criminales y los gobernantes.
Colusión gobierno-crimen
“Lo que revela el caso de Ayotzinapa es un proceso que no se da a nivel local, ni siquiera a nivel estatal de Guerrero, sino un proceso que es la penetración del Estado en sus tres niveles por parte de todo tipo de mafias”, explica el doctor Carlos Aguirre Rojas.
Por ello, indica, los políticos mexicanos ya no miran para nada los intereses de la gente, no les interesa representar a la sociedad: miran por los intereses de su partido y de su propia persona. Este grado de descomposición es el que se revela en este caso.
“Si [el gobierno] quisiera ir en serio debería revelar esta red no a nivel local ni a nivel estatal, sino a nivel de todo el país, y desmantelarla; pero si ellos mismos son uno de los personajes beneficiarios de esa alianza o penetración de las mafias con el Estado, dudo que ello se pueda dar si no es por la presión social desde abajo.”
Para el doctor en pedagogía Siddharta Camargo, los estudiantes organizados y críticos se encuentran en riesgo inminente de sufrir violencia extrema. Por ello, observa, en el caso Ayotzinapa no sólo está la mano del gobierno: “Ya no son los cuerpos represivos del Estado nada más, sino que ahora hay un enemigo mayor, más loco, que ejerce una violencia inconmensurable. Y estos muchachos [estudiantes normalistas] que van a las comunidades rurales están ahí en medio”.
Siddharta Camargo apunta que en esta violencia también han participado los medios de comunicación: “Cuando vemos esta andanada mediática contra el magisterio, vemos en realidad a este México conservador, este México racista, clasista y misógino hablando”.
El politólogo Valeriano Ramírez Medina señala que lo sucedido en Iguala parece un escarmiento y un mensaje a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de que no fueran a la Montaña y que no se metan en los intereses del crimen organizado. Intereses que finalmente se protegían desde el propio gobierno.
Indignación, insuficiente
A pesar de este contexto, que incluye el hartazgo y la resistencia social de algunos sectores, el doctor Guillermo Garduño opina que la indignación por el caso Ayotzinapa y por las agresiones previas contra la sociedad no alcanza para detonar un movimiento masivo.
“La indignación está en el país porque esto es un hecho injustificable. Pero en el ámbito de Guerrero es chacotería. Es absolutamente cotidiano. No se le ve más allá. Los movimientos que se producen, las cosas que se dan, todo es un movimiento cotidiano en el estado.”
El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, considera que “el reclamo es justo, pero va a terminar en estructuras negociadas. Y una vez que se determine esto [lo qué pasó con los 43 estudiantes que fueron detenidos-desaparecidos por policías municipales de Iguala] habrá indemnizaciones a ciertos grupos… Y esperemos la siguiente [matanza]”.
Agrega que “una vez que se descomprima [la situación], con un cambio en las fracciones del PRD [Partido de la Revolución Democrática], se dará un reacomodo. Este reacomodo será para preparar el proceso electoral del próximo año y a partir de ello elegir al nuevo gobernador y bajo otra serie de planteamientos distribuir los espacios. En esa situación tanto puede volver el PRI [Partido Revolucionario Institucional] como puede producirse otro tipo de alianzas como las que se dieron la vez pasada”.
Garduño considera que no hay condiciones que hagan prever que se mantenga la movilización social. Para ello, indica se requeriría que un grupo –por ejemplo, Ayotzinapa– se convirtiera en poder político en México. “Pero no lo veo factible”.
Por su parte, el doctor Valeriano Ramírez incluso le pone fecha al cese de las protestas públicas por este caso: “Somos resilientes, después del 20 de noviembre ya estaremos en la navidad. En enero volvemos a la realidad concreta y ahí tendremos otra vez a un proceso de reconstrucción y construcción”.
Caso Ayotzinapa: gobierno recula en su política educativa
Uno de los objetivos ocultos de la reforma educativa que aprobó el actual gobierno federal es la desaparición total de las normales rurales. En entrevista, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas explica que “el propio secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha amenazado a las normales rurales”.
Ello, dice, porque “en el proyecto de reforma educativa que él impulsó y que se aprobó el año pasado uno de los blancos, uno de los objetivos en contra de los cuales se desarrolló esta reforma tecnocrática, que quiere hacer una educación apolítica, acrítica totalmente, eran las normales rurales más allá de que él declare lo contrario”.
Sin embargo, por la agresión policiaca que sufrieron los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto firmó una minuta con los padres de los desaparecidos y los estudiantes que representan a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en el cual se compromete a entregar los recursos necesarios para este tipo de escuelas.
Dicho compromiso representa un viraje total para su política educativa, en un contexto en el cual se ha puesto la atención nacional e internacional en las normales rurales y en el que también se desarrolla el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional.
“Las normales rurales siempre han sido un espacio de desarrollo de pensamiento crítico de los problemas que suceden en la sociedad”, explica el investigador Aguirre Rojas.
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