Lorenzo Meyer

Yale

Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA

El Estado de la Cuestión. La cuestión a la que se refiere el subtítulo de esta columna es la naturaleza de nuestro actual proceso político. Siguiendo una costumbre ya muy establecida, el primero de mayo una universidad norteamericana –el Centro Macmillan de la Universidad de Yale- patrocinó una reunión de académicos y políticos para discutir la situación política de México bajo el título “El estado de la democracia mexicana. Obstáculos a su consolidación”. Los participantes, convocados a New Haven por John Ackerman, de la UNAM, Susan Stokes, de Yale y dos estudiantes mexicanos de posgrado en esa universidad –Paul Lagunes y Juan Rebolledo-, discutieron la calidad de nuestra democracia. Y resulta que esos obstáculos son significativos y no hay ninguna garantía de que puedan ser sorteados a tiempo y de manera adecuada. En una simple columna no es posible hacer una reseña justa de las tesis de todos los participantes que, salvo por el profesor John Coatsworth, hoy en la Universidad de Columbia, fueron mexicanos. Aquí sólo se presentarán algunos de los puntos o temas abordados por un puñado de participantes.

Lo que se Jugó en 2006. No hace mucho el ex presidente Vicente Fox declaró que si bien él había salido derrotado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación al desafuero promovido por la Presidencia contra el entonces jefe de Gobierno de la capital mexicana, más tarde, el dos de julio de 2006 logró su revancha: la derrota de AMLO en las urnas. En más de un sentido la interpretación foxista de la última elección presidencial dominó la discusión de Yale: las elecciones de 2006 fueron, en lo fundamental, una revancha encabezada por la Presidencia de la República y eso significó un paso atrás en el proceso de modernización política del país. Ver a las elecciones pasadas como desquite implica, entre otras cosas, su desvalorización, con todas las consecuencias negativas que de ello se derivan. Una elección, en particular si se trata de una con carácter fundacional como la de 2006 –fue la primera efectuada en un marco institucional que supuestamente garantizaría la imparcialidad y la democracia-, tiene por meta algo mucho más trascendente que cumplir la venganza de un presidente y de los intereses que le rodeaban. Se suponía que la jornada de 2006 tenía un propósito histórico noble y generoso: servir de modelo y cimiento de todas las elecciones por venir; que ese ejercicio electoral iba a ser una fuente abundante de legitimidad para una estructura gubernamental que, por seguir siendo la misma del antiguo régimen, ya había acumulado fuertes déficit en este campo. Finalmente, se consideraba que sólo logrando las metas anteriores se podría consolidar la democracia y la modernización política de México y el país se pondría, finalmente, a tono con el mundo.

La Realidad. Incluso si, para propósitos del debate, la discusión sobre si hubo un fraude electoral, para John Akerman, la abierta parcialidad presidencial a lo largo de la pasada campaña electoral, aunada a la negativa del IFE y del TEPJF de considerar un recuento a pesar de los evidentes y naturales errores de conteo, dañaron seriamente no sólo el origen del actual sexenio sino algo mucho mas importante: la confianza en el entramado institucional del nuevo régimen. La democracia, para funcionar, requiere de confianza, pero no de confianza ciega sino de una basada en pruebas, hechos y datos irrefutables. Hoy por hoy, la mezcla de errores de conteo con una diferencia mínima entre PAN y PRD, hace literalmente imposible saber, con certeza, qué candidato ganó. Para el autor de esta columna, la voluntad mostrada desde 2004 por Fox y su entorno de impedir, a como diera lugar, la posibilidad de un triunfo electoral de la izquierda, es el indicador que muestra lo estrecho del actual sistema político. En la práctica, para los detentadores del poder político y económico al más alto nivel, la alternancia en la Presidencia sólo es aceptable entre actores con el mismo proyecto –en este caso, PAN y PRI- pero no entre izquierda y derecha. En teoría y en la práctica un límite tan estrecho es incompatible con una democracia bona fide.

Sergio Aguayo interpretó el cambio político mexicano como un enorme proceso de redistribución del poder, pero una redistribución contraria a la democracia y dio las cifras para sustentar su argumento. Así, por ejemplo, en 2003 un 30 por ciento del presupuesto federal se transfirió a los estados. En principio, eso es positivo. Pero no si las transferencias no son supervisadas y vía la corrupción, sirven para fortalecer cacicazgos locales. Un ejemplo es el Estado de México; en ese año, el gobernador Arturo Montiel recibió el equivalente a cinco mil millones de dólares y el 60 por ciento del total se gastó sin supervisión efectiva. Si en 2000 la riqueza de los cinco hombres más ricos de México –Slim, Bailleres, Salinas Pliego, Arango y Azcárraga Jean- equivalía a 13.5 mil millones de dólares, para 2007 la suma se había quintuplicado -69 mil millones- pese a que la economía mexicana apenas creció, en términos reales en alrededor del uno por ciento anual promedio ¡Un auténtico milagro¡

Desde la perspectiva de Denise Dresser, entre los numerosos problemas que enfrenta la actual Administración, sobresale uno derivado justamente de la naturaleza no democrática de la redistribución del poder: uno que la autora bautizó como el de Gulliver con los enanos. La otrora poderosa y gigantesca Presidencia mexicana se encuentra, como el personaje del cuento de Jonathan Swift, derribada e inmovilizada por las numerosas cuerdas –hilos de oro, en varios casos- con que los intereses especiales le han sometido a sus respectivas agendas particulares que nada tienen de democráticas. Y los intereses particulares que inmovilizan al Poder Ejecutivo van desde los individuos super ricos citados por Aguayo hasta las organizaciones corporativas formadas por el viejo régimen priista y que hoy siguen fuertes como el SNTE de Elba Esther Gordillo o el STPRM de Carlos Romero Deschamps. Intereses que van del duopolio televisivo a la Iglesia Católica pasando por los gobernadores –sobre todo de estados donde no ha habido alternancia y donde el PRI lleva ya 78 de dominio ininterrumpido, como Ulises Ruiz en Oaxaca.

Las Visiones de los Políticos. Para Esteban Moctezuma, es secretario de Gobernación, la democratización de México dio un gran salto en el último sexenio priista. Sin embargo, el proceso no siguió al mismo ritmo y el país sigue sin superar su pasado autoritario. Demetrio Sodi –que ha conocido desde dentro a los tres grandes partidos: PRI, PAN y PRD- advirtió que si a nivel nacional la democracia mexicana tiene problemas, a nivel local son peores. Echó mano de su experiencia y concluyó que en su actividad cotidiana las oligarquías que dirigen a todos los partidos no tienen interés real en practicar la vía democrática. Y al abordar el tema de la muy problemática relación entre dinero y elecciones, hizo una afirmación que es, a la vez, un cálculo y un indicador de una enorme deficiencia de nuestra estructura electoral: los candidatos de todos los partidos necesitan cada vez más recursos para hacer frente a unas campañas prolongadas y que giran alrededor de la costosa publicidad televisiva, y el IFE es incapaz de supervisar alrededor del 70 por ciento de lo que se gasta en esos proceso –dinero y recursos en especie. Un terreno tan vital para la equidad en la competencia como es el del dinero, está minado.

Manuel Camacho subrayó la similitud entre el México de hoy y la Rusia de Yeltzin y delineó tres escenarios para el futuro: a) la consolidación de la coalición conservadora con el apoyo del PRI, b) una crisis de gobernabilidad y c) incorporar constructivamente a la izquierda mediante la reforma del régimen, en particular en el marco electoral, sobre todo en lo que toca a las formas de financiamiento y el papel de ese gran formador de opinión: la televisión.

En fin y a riesgo de no hacer justicia a las trece presentaciones, se puede decir que la idea central de lo discutido en Yale fue clara: la democracia mexicana tiene aún demasiados defectos y no es el marco adecuado para encauzar el proceso de globalización al que está sometida su sociedad. Hoy, la velocidad e intensidad del cambio tecnológico, económico, cultural y social hace crujir las estructuras de incluso los sistemas políticos más estables, pero en el caso de aquéllos con fallas estructurales como es el mexicano, las consecuencias pueden ser la ingobernabilidad y la inviabilidad.

Así pues, hay que rectificar el rumbo y eso nos conviene a todos, incluso a los que no quieren darse cuenta.

“Un ejercicio colectivo de evaluación de la democracia mexicana, encontró fallas difíciles pero no imposibles de enfrentar”

PD. El autor va a un congreso en Oriente Medio y esta columna no aparecerá en las próximas dos semanas.

Kikka Roja