Sergio Aguayo Quezada

País secuestrado

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México ha sido secuestrado por los poderes fácticos. Ahora que la Suprema Corte decidirá sobre la Ley Televisa y renace la esperanza de que en su decisión contará, sobre todo, el interés nacional.

En febrero, el presidente Felipe Calderón reconoció que una parte de México está secuestrado por el crimen organizado. Lo mismo podría decirse de otros ámbitos. Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, acuñó el término de capitalismo entre cuates (“crony capitalism”) para describir el trato preferencial y privilegiado que algunos empresarios reciben del gobierno. En ese marco el éxito en los negocios ya no depende de la innovación y la eficiencia sino de los favores recibidos de la autoridad. Lo ilustro con una historia real. El 21 de febrero del 2005 se legalizó la empresa Apuestas Internacionales controlada por Televisa y socios. Ese mismo día solicitó a la secretaría de Gobernación 130 permisos para instalar el mismo número de salas de juego. Tres meses después, el 25 de mayo, recibió sus concesiones con una vigencia hasta el 24 de mayo de 2030, prorrogables 15 años más. El negocio es tan jugoso que la influyente casa de bolsa Merril Lynch sacó su calculadora y estimó que por esa actividad los ingresos de Televisa llegarán en el 2010 a los 15 mil millones de pesos. Una ganancia estratosférica nacida de la "buena voluntad" de unos cuantos funcionarios. Este tipo de negocios son comunes en el capitalismo entre cuates y explica los incrementos en las fortunas personales de los principales accionistas de las dos empresas. Según la revista Forbes, en el 2000 Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) tenía mil 400 millones de dólares; para cuando terminó el sexenio su fortuna se había triplicado para llegar a los 4 mil 600 millones. Emilio Azcárraga Jean de Televisa, por su parte, pasó de 1.5 a 2.1 mil millones de dólares.

La generosidad de Vicente Fox con las televisoras fue más allá de las casas de juego. En el 2002 firmó el llamado "decretazo" que redujo de tres horas a 18 minutos el tiempo gratuito que los medios entregan al estado. Luego permitió que TV Azteca tomara el cerro del Chiquihuite arrebatándole al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Finalmente, se hizo el desentendido mientras se violaban normas que limitan la cantidad de minutos dedicados a la publicidad. Resulta comprensible que en el ocaso del sexenio las televisoras decidieran hacerse una ley a su conveniencia. En diciembre del 2005 los diputados de todas las fracciones (y eso incluye a la fracción perredista dirigida por Pablo Gómez) aprobaran en 7 minutos y por unanimidad las reformas que ahora conocemos como Ley Televisa. En el 2006 lograron la rúbrica del Senado en medio de una polémica que exhibió la incompetencia, mezquindad o cobardía de buena parte de la clase política: presidente de la república, diputados, senadores, candidatos a la presidencia y partidos bajaron la cabeza o fingieron ignorancia para permitir que los intereses de unos cuantos prevalecieran sobre el interés general. México secuestrado. La sumisión era lo habitual; lo inédito salió de una protesta sin precedentes. El manotazo era tan ofensivo que la reacción rebasó el conocido texto de los "abajo firmantes" que envían cartas a la redacción o se cooperan para publicar desplegados. Los medios públicos salieron del marasmo y se opusieron a la ley con firmeza e imaginación (las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio repitieron 24 horas una misma melodía para subrayar cuánto se acentuaría la homogeneidad en el mensaje) y 47 senadores de diversos partidos presentaron ante la Suprema Corte una controversia constitucional mostrando una dignidad poco común en la clase política.

La justicia es lentísima. Pasaron los meses y se generalizó la creencia de que la Suprema Corte evadía el asunto y terminaría capitulando por medio de algún legalismo evasor. Si las televisoras ya habían avasallado al poder ejecutivo y legislativo, era natural que doblegaran al judicial cuya fortaleza y autonomía es reciente y está poco consolidada. Este fin de semana se difundió el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano quien concluyó que algunos aspectos de esa ley son inconstitucionales. Reaparece el debate que tendrá como momento culminante la discusión que realizarán dos mujeres y ocho hombres (el onceavo ministro está enfermo) del proyecto de Aguirre Anguiano. Luego sabremos cuánto dejan de la Ley Televisa. En realidad, estarán decidiendo sobre las reglas básicas de la economía y la política. No está a discusión la economía de mercado sino la perpetuación de ese capitalismo entre cuates que distorsiona la competencia y acentúa las inequidades. Hay razones objetivas para sostener que los ministros ya decidieron irse el fondo del asunto. El principal indicador está en las reglas a que someterán el proceso: suspenderán todas sus actividades para concentrarse en el estudio de caso, invitarán al pleno a especialistas para que eluciden aspectos técnicos y, lo más importante de todo, transmitirán las audiencias y deliberaciones por el canal del Poder Judicial. Transparentar el proceso dificulta los arreglos en la penumbra porque somete sus acciones y razones al escrutinio público. Es una muestra de seguridad en sí mismos, es la mejor forma de blindar su autonomía.

Mientras nuestras fuerzas armadas rescatan a balazos algunas porciones del México secuestrado por el crimen organizado, el tribunal superior decidirá si se liberan las partes de México secuestradas por los oligopolios y sus prácticas monopólicas. Está en la balanza es si México es o no patrimonio de unas cuantas empresas.

El reconocimiento

Reapareció el Santiago Creel extraviado. Creel irrumpió a la vida pública como un abogado dispuesto a jugársela por la democracia. Después le llovieron los cargos y se obsesionó con llegar a Los Pinos y creyó que el éxito se facilitaría si se aliaba con los poderes fácticos y autorizó, días antes de dejar Gobernación, los 130 permisos de casas de juego que se convirtieron en un lastre para su búsqueda de la candidatura del PAN a la presidencia. Ahora rectifica y hace pronunciamientos de una contundencia poco común para quien coordina la fracción del PAN en el Senado: asegura que la Ley Televisa fue producto de "una imposición" más que de "una negociación". En el contexto actual esa toma de posición adquiere tal trascendencia que sería mezquino no reconocérselo.

Kikka Roja