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miércoles, 16 de enero de 2008

Sergio Aguayo Quezada : Las boletas : Demanda para saber qué pasó

Las boletas

Los derechos no se mendigan, se conquistan… y litigar contra la destrucción de las boletas electorales de 2006 trasciende el acre debate sobre quién ganó para inscribirse en la defensa de un derecho fundamental.

En Fundar –un centro de investigación cuyo consejo presido—, decidimos seguir el ejemplo de Rafael Rodríguez Castañeda de Proceso, John Ackerman y otros y presentamos una demanda contra el Instituto Federal Electoral (IFE) exigiendo el acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. El jueves 10 de enero un juez federal, Álvaro Tovilla León, ordenó frenar la destrucción de las papeletas en tanto el asunto esté en litigio. Algunos ya interpretan la demanda como necedad o toma de partido sin darse cuenta que se trata de defender, con métodos pacíficos, el derecho a tener acceso a información que nos permitirá entender mejor un parteaguas en la construcción de la casa común. Estoy terminando un libro que incluye la sistematización de lo conocido sobre cuatro grandes fraudes del siglo XX. Revisé las elecciones presidenciales de 1929, 1940, 1952 y 1988 para establecer los factores comunes que permitirán revisar el 2006 con un marco teórico adecuado. Encontré cinco constantes o variables: (1) la intervención del Gobierno a favor de un candidato para lo cual transfirió fondos públicos, compró o coaccionó el voto y utilizó –o amenazó con hacerlo— la fuerza pública; (2) la participación ilegal de empresarios y otros actores privados; (3) la parcialidad de los árbitros electorales; (4) la complicidad de una parte de la comunidad internacional; y (5) el férreo control de la información. Quienes cometieron los fraudes electorales pusieron un gran empeño en controlar la información creyendo que, de esa manera, ahogarían las protestas e inconformidades y lograrían que el hecho fuera olvidado por una sociedad poco participativa y satisfecha con los logros de la Revolución Mexicana.

Para modular la verdad a su antojo construyeron una metodología, manipularon el grueso del contenido de noticias y de trabajos académicos, intimidaron y/o corrompieron a periodistas e intelectuales… y destruyeron evidencia (una parte de esa historia la cuenta Jacinto Murguía en su espléndido libro La otra guerra secreta: los archivos prohibidos de la prensa y el poder). La medida del éxito obtenido por el régimen en los tres primeros fraudes se aprecia en unas líneas de aquella obra de Mauricio Magdaleno dedicada al fraude cometido contra José Vasconcelos. Lo más terrible de la derrota de 1929, escribió, fue “salir sin el menor disimulo a la calle y hablar y gritar rabiosamente nuestra desesperación. Nadie nos hizo caso, como si lo de 1929 no hubiese existido nunca” (Las palabras perdidas). En 1988 la situación cambió porque se había emancipado un número suficiente de medios, periodistas e intelectuales para hacer imposible el ocultamiento de toda la verdad.

El 88 terminó siendo un detonante de la transición y caló muy hondo la ignominiosa quema de las boletas electorales de 1988 aprobada por el PRI y el PAN. Con tropiezos y retrocesos la democracia ha ido instalándose y durante el sexenio de Vicente Fox, y gracias al impulso de académicos y medios impresos, se lograron avances indudables en la transparencia. Pese a ello, entre las nuevas camadas de gobernantes abundan quienes recurren a mañas, antiguas o novedosas, para mantener aprisionada la información. Es por ello que Fundar creó un Programa de Litigio Estratégico que lleva casos paradigmáticos a tribunales. En los últimos años Fundar ha demandado, entre otros, al Instituto Federal de Acceso a la Información, al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Gobierno de Coahuila… y al IFE que ha peleado como pantera en celo para evitar que los ciudadanos tengamos acceso a los paquetes electorales. Han utilizado todo tipo de argumentos para justificar la destrucción de las boletas y se han quejado del costo económico que tiene la preservación de esas boletas. En sus cálculos no entra el costo para la cultura democrática de la fenomenal revolcada recibida por la calidad democrática en 2006.

Roy Campos de Consulta Mitofsky me autorizó a utilizar para esta columna los resultados de una encuesta que levantó en diciembre de 2007 acerca de “la opinión ciudadana sobre la limpieza de las elecciones que se celebran en México y el efecto que estas opiniones generan sobre una posible participación en nuevos comicios”. Los resultados, a publicarse en los próximos días, son tan inquietantes que merecerían incluirse en la agenda de la próxima reunión del Consejo General del IFE. Roy Campos encontró que si en estos momentos se realizaran comicios, el 69 por ciento de la población los vería como “poco limpios”, “nada limpios” o “fraudulentos”. Lo notable es que también lo piensa el ¡57 por ciento de los panistas! Resulta lógico que esa percepción reduzca el deseo de visitar las urnas. Cuando en México se habla de fraude lo común es que se piense en quién ganó o perdió. Se pasa por alto que el fraude más nocivo y corrosivo es aquel que violenta el principio básico de que las elecciones deben ser limpias y confiables. Cuando la violación se consuma se daña la legitimidad del gobernante y se alimenta la pasividad y el cinismo. Si somos un país de escépticos es porque la impunidad ha sido el cobertor que ha arropado a los fraudulentos de todo un siglo. La transparencia es el antídoto más poderoso contra la impunidad porque si se supiera que se conocería toda la información sobre unos comicios, los delincuentes electorales se irían con más cuidado. Una precisión como preámbulo a la reiteración. La batalla jurídica sobre 2006 ya terminó; existe un presidente constitucional que despachará en Los Pinos hasta el año 2012.

El litigio por las boletas forma parte de la construcción de una verdad histórica que está en gestación. El 2006 ya es excepcional por la cantidad de evidencia que ha ido saliendo, pero le falta el premio mayor. Si la Lotería Nacional se la llevó el grupo de Elba Esther Gordillo, que la sociedad se quede con el privilegio de revisar las boletas. Es un ingrediente central para establecer si en el 2006 hubo fraude o si fue una elección impecable manchada por un mal perdedor. El fondo también está en un principio que le escuché, hace ya muchos años, a un inolvidable profesor: “los derechos no se mendigan, se conquistan”. Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx


GRATITUD Y FELICITACION PARA EL SR.SERGIO AGUAYO

Kikka Roja

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