- La reforma no será aprobada según los términos de Calderón
- El SME acusa a Carlos Romero Deschamps de “colaboracionista”
Patricia Muñoz Ríos
El sindicato petrolero está siendo “colaboracionista” con el gobierno de Felipe Calderón para que la reforma energética sea aprobada, pero los electricistas y numerosas organizaciones obreras, campesinas y civiles darán la pelea para enfrentar esta embestida. Aun cuando el comité que encabeza Carlos Romero Deschamps “no quiere dar la cara”, lo harán otros trabajadores, que ya preparan demandas en organismos internacionales en contra de esa “iniciativa anticonstitucional”.
El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, dijo lo anterior y apuntó que en junio se presentarán denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas contra el gobierno mexicano por el “atropello” a los intereses de la nación. Apuntó que han preparado una demanda de amparo que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por el SME, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear y diputados contra los contratos de servicios múltiples en Pemex y las licitaciones para el control de operación de ductos de la paraestal.
En entrevista, Esparza dijo que buscó al dirigente de los petroleros para fijar una postura común de las organizaciones sindicales ante la reforma energética, “pero Romero Deschamps ni siquiera quiso sentarse a discutir esta posibilidad. Probablemente la posición del líder petrolero tiene que ver con sus problemas de demandas por desfalcos financieros y por ello no ha querido dar la cara”. El sindicato petrolero, sostuvo, ha permitido la desincorporación de la paraestatal, “ha aceptado los contratos de servicios múltiples, aunque ello signifique pérdida de fuentes de empleo, y también ha permitido el crecimiento sin medida de la terciarización en la empresa y otros atropellos”.
El líder del SME consideró que no es posible que una reforma como la que plantea el Ejecutivo, que viola preceptos constitucionales y afecta la renta petrolera, sea aprobada “sin la opinión de los trabajadores, que han dejado la mayor parte de su vida en la construcción de Pemex”. La dirigencia sindical que encabeza Romero Deschamps, añadió, “debería estar preocupada porque, si pasan estas reformas y le dan participación abierta a las empresas privadas, la fuerza de trabajo la van a ir desplazando y mañana no van a poder sostener las prestaciones que contiene el contrato colectivo de trabajo”
Manifestó que “probablemente” sí habrá reforma energética, pero no será en los términos en los que la está planteando el gobierno federal. Indicó que las fracciones legislativas del PRI están divididas, ya que por un lado está el grupo de Franciso Labastida, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, en favor de la iniciativa, y por otro “se está consolidando un grupo de priístas con visión nacionalista, que no van a dejar al reforma pase como quiere el gobierno calderonista”. Advirtió que Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado, es de los principales promotores del desmantalamiento de Pemex y del sector eléctrico, y “es él precisamente quien no tiene argumentos para decir que no hay dinero para sacar adelante a la empresa, cuando se conoce de sobra que tiene gran rentabilidad.”
Sangran a Pemex fiestas del 1º de mayo y el 18 de marzoPatricia Muñoz Ríos
Por concepto de “ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el desfile del primero de mayo” Pemex ha entregado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirige Carlos Romero Deschamps, más de 22 millones de pesos cada año de 2000 a 2008, es decir, más de 176 millones de pesos en ese lapso.
- Pemex se convertiría en mero administrador de contratos, señala
- Carlos Rojas, en contra de las empresas espejos
- Formula severa crítica a las iniciativas de reforma de Felipe Calderón
Andrea Becerril Las cinco iniciativas de Felipe Calderón pretenden crear una industria petrolera privada, paralela a la reservada constitucionalmente a Pemex, lo que dejaría a la paraestatal como mera administradora de contratos y la obligaría a compartir las ganancias del mercado interno y la renta petrolera, sostiene el presidente de la Fundación Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez.En un adelanto de la ponencia que presentará mañana en el Senado, durante el quinto foro de discusión de la reforma de Pemex, se manifiesta contra la creación de empresas espejos que impulsan los gobernadores de su partido, el PRI, ya que, alertó, “podrían encubrir otra forma de privatización” y violan diversos artículos de la Carta Magna. Un grupo de gobernadores priístas ha venido pugnando por esta opción y la propia dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, planteó durante el primer foro de análisis la posibilidad de que “los gobiernos de los estados” participen en “paraestatales locales de servicios”. Rojas Gutiérrez, sin embargo, advierte que las denominadas empresas espejos atentan contra la integridad de la industria petrolera nacional, “cuyas actividades deben estar exclusivamente a cargo de organismos descentralizados del sector público”. Las empresas espejos, detalla Rojas, están consideradas en la reforma de Calderón, específicamente en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex, que la facultan para constituir o desaparecer libremente filiales paraestatales sin seguir los procedimientos marcados en la Ley de Entidades Paraestatales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ese planteamiento constituye “otro inexplicable régimen arbitrario de excepción jurídica” y podría dar lugar a las empresas espejos”, otra forma de privatización “encubierta”, sin sustento económico y orgánico, que deja traslucir incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo, con el sindicato. Tal pretensión, agregó, pasa por encima de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y de otras leyes secundarias.En su ponencia, el ex director de Pemex señala unos 20 “propósitos implícitos” en la reforma de Calderón, mediante los cuales se pretende “dar la vuelta a preceptos de la Carta Magna” para privatizar Pemex y debilitar la industria petrolera.Destaca que hay “un hábil entramado jurídico” que no permite el análisis individual de las cinco iniciativas de Calderón, ya que fueron construidas “de abajo hacia arriba, en función de lo que se requería que fuera o hiciera Pemex”.En ese sentido, tanto en la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo como en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía las modificaciones propuestas van encaminadas a posibilitar contratos de servicios para que empresas privadas puedan refinar crudo, “contraviniendo la integridad de la industria petrolera y cediendo el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera”. Se trata de un mercado interno de un millón y medio de barriles diarios de crudo, el cual se pretende entregar a las trasnacionales para que lo refinen y sean propietarias de las instalaciones y equipos, al igual que de los ductos, en el caso de los particulares a los que Pemex cedería el transporte y almacenamiento de crudo.
Rojas Gutiérrez indica, asimismo, que las iniciativas de Calderón abren la puerta a “los conocidos internacionalmente como risk contracts”, es decir, contratos de riesgo para trabajar en cualquier materia o área de Pemex. En la reforma presidencial, detalla, se habla de contratos incentivados que la paraestatal podrá celebrar y en los que “se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”. Explica que esos contratos, usualmente aplicados a la exploración y desarrollo de yacimientos petroleros, permiten que las empresas privadas realicen las actividades que consideran pertinentes y significarían para Pemex ceder la dirección, operación y control de esas áreas, “como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos”. El presidente de la Fundación Colosio resalta otro riesgo de las iniciativas de Calderón, ya que implican abrir unilateralmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo en el que México reservó la exploración, explotación y comercialización del petróleo.De aprobarse las iniciativas del Ejecutivo, “el Estado mexicano estaría eliminado parcialmente la reserva de mercado establecida en el capítulo de energía y petroquímica básica, y esa apertura ya no podría ser revertida unilateralmente”. Además, subraya, en caso de controversias éstas serían ventiladas ante paneles arbitrales internacionales y no ante los tribunales mexicanos.
Kikka Roja
