- - . KIKKA: 06/02/08

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lunes, 2 de junio de 2008

PROCESO : Despojo con el sello de los Mouriño

Despojo con el sello de los Mouriño
Patricia Dávila
La vertiente petrolera y la eléctrica del proyecto energético calderonista coinciden al menos en dos aspectos: privilegian exclusivamente el interés empresarial y, sobre todo, ofrecen una generosa porción del botín a un emporio de casa, el Grupo Energético del Sureste, el negocio de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño

OAXACA, OAX., El grupo Grupo Energético del Sureste (GES), perteneciente a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, es una de las empresas que desarrollan en esta entidad el segundo proyecto de generación de energía eólica más grande del mundo y que, mediante engaños, lograron que indígenas zapotecos y huaves del Istmo de Tehuantepec firmaran contratos en blanco a fin de rentar sus tierras a 100 pesos anuales por hectárea.

El Parque Eólico del Istmo de Tehuantepec es parte del Plan Puebla Panamá reactivado por el gobierno de Felipe Calderón, quien considera la generación de energía como una prioridad en el Plan Nacional del Desarrollo 2006-2012. Se planea que abarque un total de 120 mil 852 hectáreas, de las cuales, según la empresa española Preneal México, ya están rentando 40 mil. GES se encargará de armar 6 mil aerogeneradores que producirán más de 5 mil megavatios (MW) de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España (2 mil 836 MW) y Estados Unidos (2 mil 610 MW), y muy cercana a la de Alemania, la mayor del mundo con 6 mil 107 MW. Un MW equivale a un millón de vatios. En el proyecto La Venta II, GES cobró 1.2 millones de pesos por montar cada aerogenerador, pero actualmente cobra 1.5 millones por cada uno en La Venta IV y el nuevo megaproyecto. Como subcontratista, GES también da mantenimiento a las estaciones eólicas y asesora a las empresas sobre los sistemas de control del parque eólico en las subestaciones. Para ello, cuenta con 10 especialistas europeos y una cuadrilla de 20 trabajadores. Incluso tiene un cubículo dentro de la subestación eléctrica La Venta II, afirma un habitante del poblado, Alejo Girón.

Durante un recorrido por la zona, Proceso visitó la bodega que GES instaló en La Venta desde finales de 2004. Es una casa de una sola planta, ubicada en la calle principal del pueblo, donde permanecen estacionados varios vehículos de doble tracción con el logotipo del grupo. Sin embargo, el trabajo de mantenimiento de GES no ha sido muy eficaz: a finales de 2007 se cayó un aerogenerador de La Venta I y las aspas de otro en la Venta II. Además de ser la única empresa que maneja el montaje de aerogeneradores, GES se prepara con el fin producirlos; para ello adquirió 20 hectáreas sobre la carretera Mérida-Progreso, donde instalará una fábrica de torres eólicas de “última generación” (Proceso 1627). En las copias de seis títulos de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, cuya copia tiene Proceso, consta que las empresas –en su mayoría españolas– utilizarán dicha energía para su propio consumo y comercializarán los excedentes.

Dichas empresas iniciaron las gestiones para quedarse con los contratos en 2001, año en que Juan Camilo Mouriño asumió la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Ahí facilitó a las trasnacionales su llegada al istmo; todas hicieron antesala con él”, asegura Javier Balderas Castillo, abogado de la asociación Derechos Humanos Tepeyac, que lleva el litigio de 180 campesinos que desde diciembre de 2007 demandan legalmente la anulación de sus contratos con las empresas que desarrollan el megaproyecto. Asesorados por Balderas, campesinos de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, San Blas Atempa, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar integraron el Frente por la Defensa de la Tierra para impedir que se concrete lo que consideran un despojo de sus tierras. Ellos denunciaron cómo las compañías Unión Fenosa, Iberdrola, Cisa-Gamesa, Eoliatec del Istmo, Preneal, Eléctrica Francia y Bii Nee Stipa, con ayuda de la notaria pública número 67, Aurelia Benítez Castillejos, obligaron a los indígenas a firmar contratos en blanco. Según las copias de los contratos de arrendamiento firmados por los campesinos con esos emporios energéticos, las condiciones son muy similares y en todos los casos ventajosas para las empresas.

Por ejemplo, se estipula que la renta inicial por hectárea es de 100 pesos al año, y se ofrecen mil pesos por hectárea cuando el parque esté en operación. Además, se estipula que se pagarán entre 8 mil y 18 mil pesos anuales por aerogenerador y 13 mil 100 pesos por cada hectárea afectada con caminos. El problema es que, para el pago, la empresa contabiliza estrictamente la superficie utilizada para el camino: 12 metros de ancho por 300 de largo, aunque a su paso afecte todo el terreno. Además, se restringe el derecho de los campesinos al usufructo de sus tierras. De acuerdo con la décima quinta cláusula del contrato celebrado entre Cisa-Gamesa y Manuel Sánchez Castillo, “el desarrollador podrá ceder los derechos derivados de este contrato a sus filiales, socios, asociados o a las sociedades mercantiles que le sean convenientes (…). Si el propietario desea ceder los derechos (…) deberá recabar el consentimiento escrito del desarrollador o sus cesionarios, mediante las pruebas conducentes”. El asesor jurídico Balderas Castillo indica que los campesinos tampoco pueden heredar o vender sus tierras libremente, ya que la empresa tiene preferencia.

Resistencia y represión

A mediados de 1994 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación en el poblado de La Venta, a 30 kilómetros de Juchitán, la primera planta eólica en América Latina que se integró a la red de servicio público. Se trata de la central eoloeléctrica La Venta I, constituida por siete aerogeneradores de 225 kW (kilovatios) cada uno. A partir de entonces se realizaron en esa planta mediciones precisas sobre el potencial de producción de energía en esta zona, que registra una velocidad promedio del viento de 25 metros por segundo y un factor de planta anual (días de viento) de 60%, muy superior, por ejemplo, al de California (25%). Fue hasta 2002, al comprobar con datos de la CFE que la cantidad de energía producida por La Venta I era redituable, que la asamblea ejidal del poblado envió a su presidente de Vigilancia, Arturo Hernández, a solicitar que el organismo federal condonara los pagos por la electricidad consumida en la operación del pozo de la comunidad. En aquel entonces cada recibo llegaba por 5 mil pesos. Hernández viajó con un grupo de ejidatarios a la Ciudad de México para entrevistarse con el director general de la CFE –Alfredo Elías Ayub–, quien no accedió a condonar el adeudo pero, aseguran los campesinos, a cambio prometió pavimentar siete kilómetros de calles en la comunidad.

Pero el funcionario no cumplió su oferta. Peor aún, a su regreso los ejidatarios enfrentaron 12 órdenes de aprehensión por obstruir vías generales de comunicación e instalaciones del gobierno federal. “No se nos dio ni el agua ni el pavimento”, recuerda Alejo Girón Carrasco, habitante de La Venta, y asegura que este fue el comienzo de la represión contra los 362 ejidatarios y 100 posesionarios de la zona que no se resignan a perder sus tierras. En los primeros meses de 2004 se planteó el proyecto La Venta II, inicialmente calculado en 2 mil 80 hectáreas, casi la mitad del ejido (que mide 5 mil 633 hectáreas). Sin embargo, como no logró reunir todas las firmas necesarias para el arrendamiento de tierras, la CFE se vio obligada a licitar nuevamente el proyecto, considerando sólo 850 hectáreas, entre las cuales quedaron 200 pertenecientes a campesinos que aún ahora se niegan a firmar. El contrato se le asignó a la empresa española Preneal México. Por luchar contra la imposición de La Venta II, en 2004 la Policía Federal Preventiva (PFP) reactivó la orden de aprehensión que dos años antes se le giró al dirigente Arturo Hernández. Para entonces, las órdenes de aprehensión contra ejidatarios se elevaron a 72 y aún están vigentes.

Alejo Girón relata cómo se llevaron a cabo los que él llama “los negocios sucios de la energía limpia”:

“Las trasnacionales iniciaron el proceso para apoderarse de las tierras de La Venta II en septiembre de 2005. Para lograrlo ‘compraron’ al entonces comisariado ejidal, Carlos Antonio Ordaz, quien además de encargarse de convencer a quien se opusiera, falsificó las actas de asamblea de los ejidatarios para autorizar la entrada de las empresas”. En el más reciente acto de oposición a esa planta generadora, el año pasado el exmilitar Manuel Santiago, de 56 años, bloqueó las instalaciones de la subestación de la CFE en La Venta II, armado con una pistola calibre 38 al cinto. Desesperado por rescatar las tierras de su familia, instaló cercas de alambre de púas en las dos entradas y vigilaba la subestación día y noche. Así estuvo una semana.

Habitantes de La Venta recuerdan que trabajadores de la CFE intentaban dialogar con él. Uno de ellos afirma que “también tuvieron que intervenir empleados de GES –la empresa de los Mouriño–, quienes tenían que dar mantenimiento a la planta y tomar datos de la cantidad de energía producida y trasmitida”.

Finalmente, la familia de Santiago lo convenció de que liberara las instalaciones.

Daño ecológico

En 2006 dos empresas, Eléctrica del Valle de México y Parque Eólico Bii Nee Xtipa, contrataron a la consultoría Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGA) a fin de que desarrollara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La primera empresa requería del documento para formalizar su proyectos de La Mata, con 75 aerogeneradores, y el segundo para la operación del propio parque en La Ventosa, Juchitán. El problema es que para elaborar ambos documentos SIGA utilizó como machote el proyecto “Terminal de Almacenamiento y Distribución de Gas Licuado de Petróleo”, ubicado en Veracruz, cuando el estudio ambiental debió realizarse en Oaxaca, afirma Sofía Olhovich, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agrega que el istmo es el corredor migratorio de aves más importante del mundo, con registros de 690 mil aves rapaces que pasan diariamente por ahí, a una altura de entre 60 y 400 metros (según la página 302 de la MIA correspondiente a La Venta II). Así, el proyecto eólico constituye para esas aves un grave riesgo de colisión porque los aerogeneradores miden casi 50 metros de alto. Igualmente, las obras de La Venta IV están desfigurando la zona, ya que constantemente el nivel del agua sube casi a la superficie. Cuando los constructores no pueden controlarlo, abandonan la zona ya perforada y comienzan a preparar otra. No es todo. Para llegar a La Venta IV es necesario recorrer aproximadamente 40 kilómetros de terracería. Los camiones de volteo que continuamente pasan con material hacia el poblado La Venta provocan tal polvareda que una gruesa capa ya cubrió más de 100 hectáreas de pastizal, ahora inservibles para la alimentación del ganado y la fauna local.

Manuel Carrasco, propietario de 34 hectáreas de pastizal, se negó a firmar el contrato de arrendamiento. “Esta parte de La Venta es una zona de productores de leche (con una cuota de 12 mil litros diarios), pero a partir de que empezaron los trabajos (del proyecto La Venta IV), los ganaderos están optando por vender sus reses. En mi caso tengo que comprar pacas de alimento, pero me resulta muy caro”, se queja. En el municipio de Juchitán, donde también se instalan aerogeneradores, una de las principales opositoras al proyecto es Faustina López Martínez. Entrevistada en el patio de su casa, dice que su cuñado Celestino Bartolo la convenció de firmar, ya que “a él le dijeron que era un programa similar a Procampo”. La señora López habla zapoteco. Auxiliada por un traductor explica que ella posee tres terrenos, de 6, 7 y 13 hectáreas, que le rinden 24 carretas de maíz y 24 de calabaza. Después de la cosecha vende como pastura lo que queda en el terreno.

Cuenta que a su casa llegaron “el licenciado Felipe y su esposa Aurelia Benítez Castillejos” (la notaria pública 67). En su mismo patio, dice, la pareja trató de convencerla para que entrara al proyecto. Más tarde llegaron dos jóvenes de la empresa Unión Fenosa, la subieron a un coche y la llevaron a Tehuantepec, donde le dieron una hoja. “El papel estaba en blanco. No había ninguna letra. Ahí firmé”. Sólo después de eso le dijeron “que recibiría mil pesos al año por cada terreno” y ella se dio cuenta del engaño. Entonces empezó su lucha por conservar sus tierras. Odilón Santiago Martínez, propietario de seis hectáreas en Juchitán, vive de lo que produce: sandía, melón, calabaza y maíz. A él también lo fueron a buscar a su casa para que firmara el contrato. Un trabajador de Porfirio Montero, quien anduvo convenciendo a los pobladores le rentaran sus tierras a Unión Fenosa, le dijo que le iban a dar dinero para trabajar las tierras. “Ahí mismo firmé el contrato –admite el campesino–; me dieron 2 mil pesos por las seis hectáreas. Pensé que era el programa Procampo”.

Con trabajos, explica en español que nunca ha tenido copia del contrato.

–¿Qué va a hacer si la compañía decide venir a instalarse?
–No le voy a dar permiso de entrar. Ya firmé, pero aunque me den 50 mil pesos, ya no los quiero.

A unas horas de Juchitán, en el poblado de Unión Hidalgo, trabajan las siguientes empresas: Cisa-Gamesa en el norte, Preneal en el sur y Unión Fenosa en el oeste. Aquí los campesinos fueron engañados por coyotes como Juan Bartolo, contratado por las empresas. Él dijo que éstas les iban a dar 1.3% del ingreso bruto por la generación de energía eólica a los pobladores. Veinte de los que firmaron el contrato ahora demandan que se anule. La mayoría de ellos no saben leer ni escribir y menos firmar; sólo ponen su huella dactilar. Uno de esos campesinos es Perfecto Vázquez, quien en septiembre de 2004 signó el contrato por la renta de sus 47 hectáreas, en las que mantiene 120 cabezas de ganado y obtiene 140 litros de leche al día. El rancho le da 400 pesos diarios, y la venta de ganado 80 mil al año. Por ese terreno Vázquez cobró 12 mil 600 pesos en tres años, o sea 268 pesos anuales por hectárea.

“Nunca me dieron contrato –asegura–, sólo hojas en blanco del libro de la notaria Aurelia Benítez. Como éramos muchos, nos dijo: ‘¡Firma aquí, luego lo rellenamos’. Al año me trajeron un contrato. Aunque no le entiendo bien, me di cuenta de que me iban a chingar. (Creí que me iban a pagar) por las 47 hectáreas que pasara el camino, pero no, si el camino es de un total de 400 metros cuadrados, ni media hectárea voy a cobrar”. Como empieza a trabajar a las 3 de la mañana en el cuidado de sus animales, llega agotado a su casa al medio día. A la una de la tarde, mientras descansa en su hamaca, advierte que las empresas españolas “no van a entrar. Si me matan ahí, que me maten, pero me voy a llevar a unos dos o tres por delante”.

Sin embargo, tiene el semblante triste y una mirada evasiva que trata de contener las lágrimas.

Beneficio empresarial

En la comunidad huave de San Francisco del Mar nadie ha firmado el contrato, pues aseguran que los aerogeneradores invadirán 2 mil 500 metros de playas. También se negaron San Mateo del Mar y Niltepec. En esta última comunidad los emporios energéticos tratan de rentar 2 mil hectáreas, afirma Santiago Cruz Núñez, presidente de bienes comunales. Por el contrario, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, otras comunidades huaves, ya firmaron contratos con algunas de las empresas mencionadas. Con quien el Grupo GES y las empresas españolas no tienen problema alguno es con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en el título número E/531/AUT/2006, otorgado a Eurus, señala en la “condición” tercera: “La energía eléctrica que genere la permisionaria deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de sus socios”, en este caso 14 plantas de Cemex México, Inmobiliaria Río La Silla y TEG Energía. También deja abierta la posibilidad de que Eurus extienda el servicio a Cales y Morteros Porter y Porter y Control Administrativo Mexicano. Este título autoriza 300 aerogeneradores para generar 876 GWh al año (un gigavatio equivale a un millón de kilovatios-hora).

El permiso número E/322/AUT/2005, otorgado a Eoliatec del Istmo, asienta que sus socios son Compañía Siderúrgica de California, Eoliatec de México, Eoliatec del Istmo, Fimex, Portola Packagind Inc. México, Productora de Hierro Maleable y 13 empresas más. Este permiso comprende 124 aerogeneradores con capacidad total de 163.68 MW, con una producción estimada de 573.4 GWh al año.

El permiso E/548/AUT/2006, concedido a Bee Nii Stipa, le autoriza 31 aerogeneradores para producir 100.130 GWh al año. Esta energía será canalizada a seis plantas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como a Famosa Monterrey, Plásticos Técnicos Mexicanos, Panamco Bajío, Panamco Golfo, Propimex e inmuebles del Golfo. Así mismo, uno de los primeros permisos emitidos, el E/070/AUT/98, permite a la empresa Fuerza Eólica del Istmo instalar 60 aerogeneradores para producir 150 GWh, principalmente destinados a la Cooperativa Manufacturera de Cementos Portland La Cruz Azul, Fuerza Eólica y diez compañías más. A su vez, Vientos del Istmo –gracias a su permiso E/AUT/2005– vendió su producción de energía a 87 tiendas Soriana en todo el país, a 35 sucursales de Desarrollo Lácteo S.P.R. de R.L., Almerimex, Automercadeo de México y The Original Mexican Jean Company. El último de los permisos de los que Proceso obtuvo copia, el E/575/PP/2007, está a nombre del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ampara tres aerogeneradores con capacidad para generar 21.9 GWh. Esta energía es la única que se venderá a la CFE para integrarla a la red de servicio público, según consta en la primera condición del documento.

Kikka Roja

AMLO no respetara acuerdos PLAN MERIDA y MOURIÑO ahora le copia

  • Inaceptables, las condiciones al Plan Mérida: Mouriño
  • México dice no aceptará condiciones de EEUU en plan antidrogas
INICIATIVA PLAN MERIDA : AMLO NO RESPETARA ACUERDOS CON BUSH
ENTONCES pa que fregados Felipe Calderón tan CARIÑOSO con el gobierno gringo, ya sabemos que el gobierno espurio de Calderón-Mouriño, es un vendepatrias y entreguista, QUE DEMONIOS LE PASA A MOURIÑO.

Si ya les dolió que se pongan más vaselina. El plan Mérida va enfocado a vender PEMEX a los gringos, para eso quieren a los militares gringos cuidando instalaciones petroleras, ahora salen con que ya les dió miedo que se queden con todo el territorio mexicano. Nada más falta que llegue el ejército ESPAÑOL a defender sus propiedades petroleras que les prometieron.

¡¡chiiin gada maadre!!

Incorporar medidas o evaluaciones unilaterales y condicionar el ejercicio de los recursos comprometidos es “profundamente contrario a su objetivo y espíritu", sostuvo.

La Jornada On Line y Notimex Publicado: 02/06/2008 15:18

México, DF. Al emitir un mensaje sobre el Plan Mérida, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló que como parte de la estrategia gubernamental de México contra el narcotráfico éste es uno de los componentes más significativos de cooperación internacional para enfrentar dicho flagelo que afecta tanto al país como a Estados Unidos. Sin embargo, calificó de "inaceptables" las condiciones actuales en que se encuentra tal proyecto en las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y dejó en claro que "México no solicitó asistencia unilateral".

El funcionario federal indicó que la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio de los recursos comprometidos "resultaría al mismo tiempo profundamente contraria a su objetivo y espíritu", y a la vez contraproducente.

Señaló que eso es aún más evidente "cuando tales presuntas condicionalidades se refieren al logro de metas de políticas mucho más amplias, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a nuestra lucha común". Al defender la propuesta hecha por el gobierno encabezado por Felipe Calderón, Mouriño Terrazo destacó que esta acción se enmarca en el contexto de que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en cuanto a consumo de narcóticos, por lo cual la demanda de drogas en aquel país es la fuente principal a abordar con dicho plan, toda vez que ésta constituye la fuente principal de financiamiento a las organizaciones criminales involucradas en esta actividad. El combate frontal que el gobierno de México ha emprendido en contra del nacrotráfico atiende a dicha realidad, declaró el secretario, quien agregó que la naturaleza misma de dicho fenómeno implica un gran esfuerzo de las autoridades por combatirlo.

En ese sentido, destacó que actualmente las actividades ligadas al crimen organizado representan un reto global que solamente pueden ser enfrentadas mediante una operación internacional. Asimismo, el titular de la SG defendió dicho proyecto toda vez que éste fue presentado por el presidente Felipe Calderón en respuesta a los retos que derivan de esta realidad inmediata en el mercado de drogas. Respaldó también este plan porque "abre la posibilidad de completar la operación bilateral para enfrentar con esfuerzos coordinados la amenaza común (del narcotráfico) con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía" de ambos países.

México dice no aceptará condiciones de EEUU en plan antidrogas
MEXICO DF (Reuters) - México dijo el lunes que no aceptará condiciones de Estados Unidos en un plan de ayuda al combate contra el narcotráfico que discute actualmente el Congreso de ese país.
El presidente George W. Bush propuso en octubre un paquete de 1,400 millones de dólares en ayuda a México para el combate al narcotráfico que incluía entrenamiento, equipamiento y aviones. La medida fijaba un monto inicial de 500 millones de dólares en el año fiscal que termina el 30 de septiembre. Pero el Senado de Estados Unidos aprobó en mayo la llamada "Iniciativa Mérida" recortando el monto inicial a 350 millones de dólares, además de establecer el cumplimiento de algunos puntos sobre derechos humanos. "La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos, resultaría al mismo tiempo profundamente contraria a su objetivo y espíritu," dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. "Sería por ello inaceptable," agregó el secretario en un mensaje a la prensa. Entre las condiciones que aprobó el Senado de Estados Unidos para entregar los fondos es que México lleve a la justicia civil casos de militares acusados de violaciones a derechos humanos y garantizar el no uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno del conservador Felipe Calderón tiene desplegados cerca de 25,000 policías y militares principalmente en la frontera, pese a lo cual la violencia de los cárteles no cesa y en lo que va del año han muerto cerca de 1,400 personas. Otras condiciones al plan son la creación de un comité conformado por miembros de la sociedad para dar seguimiento a los operativos antidrogas y que sea reforzada la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos u Ombudsman. Mouriño dijo que el Gobierno mexicano seguirá con atención el debate de la iniciativa en el Congreso de Estados Unidos y que evaluará con cuidado la aprobación final del proyecto. "De ello dependerá la decisión que se adoptará respecto a este aspecto de la Iniciativa Mérida," dijo el funcionario. El Gobierno atribye el incremento de la violencia a los operativos y a movimientos dentro de los cárteles de la droga. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez, Editado por Juana Casas)

de Noticias de hoy de Notimex / La Jornada On Line
No importa que gobierne el PAN o el PRD, trabajo parejo para todos, dijo el presidente al entregar piso firme en 3 mil 100 viviendas en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerreo.
POS A QUIEN LE PROMETIERON EL PTROLEO
DE TODAS MANERAS FE-CAL USURPADOR SIEMPRE MIENTE
Kikka Roja

AUDIO: entrevista a Sergio Aguayo | Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes

  • Su actuación al frente de la CNDH es “vergonzosa”, señalan
  • Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes
  • Intervino en la salida del representante de la ONU para derechos humanos

AUDIO SERGIO AGUAYO : LA ONU PIDIÓ UN MILLON DE DOLARES: NO HAY EVIDENCIAS


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Sergio Aguayo: La salida de México de Amerigo Incalcaterra: Jose Luis Soberanes lo lanzó

Víctor Ballinas

Ampliar la imagen Miguel Concha, Luis Arriaga y Clara Jusidman, durante la conferencia de prensa Miguel Concha, Luis Arriaga y Clara Jusidman, durante la conferencia de prensa Foto: María Luisa Severiano

Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hicieron ayer un “serio llamado” al Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.

Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.

Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”. Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”. Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.

Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.

Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.


MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
La CNDH y la ONU

Antes de dar por concluida su misión el 23 de mayo, el representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, entregó al semanario Proceso, que lo publicó dos días más tarde, en su número 1647, un texto que resume su visión sobre la materia de que se ocupó en los tres años recientes: “… por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos”.

Apreciaciones de semejante jaez las hizo Incalcaterra durante su desempeño, iniciado en octubre del 2005. No esperó a retirarse para expresar su parecer. Tampoco dejó de trabajar, en sus casi 32 meses en México, para contribuir a que el gobierno, las instituciones, los organismos civiles y la sociedad en general cobraran conciencia de esa realidad y se afanaran en superarla. Con todo, a los ojos de autoridades gubernamentales el funcionario de la ONU se tornó incómodo, y fue pedido su traslado, a que accedió la señora Louisa Arbour después de su visita a México en febrero pasado, en aras de mantener en nivel adecuado la relación institucional con el gobierno mexicano. Aunque la Cancillería , de modo displicente, y el propio Incalcaterra en apego a las buenas maneras, negaron que su salida de México resultara de una ilegítima presión gubernamental, tras su partida quedó claro que se forzó el fin de su misión. El trabajo de Incalcaterra no sólo incomodaba al gobierno sino también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. Inconforme desde el principio con la apertura de una oficina mexicana de la ONU en el ramo de su competencia, como si la promoción de los derechos humanos en su más amplia acepción (que incluye la propuesta y adopción de políticas públicas en la materia) fuera de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte, Soberanes aspira notoriamente a una hegemonía cabal en ese ámbito, que mediante el control de comisiones locales y agrupaciones civiles, le permita aminorar y aun eliminar la crítica a sus procedimientos.

El activismo de Incalcaterra iba en sentido contrario a ese anhelo pues el representante de la señora Arbour se reunía con el sector que más severamente examina las acciones y omisiones de la CNDH. En esa línea de conducta, el diplomático italiano dio la bienvenida al informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la oficina del ombudsman, que había causado enojo en la Comisión. Probablemente Soberanes había manifestado antes y de otros modos su descontento con Incalcaterra, pero en esta oportunidad expresó por escrito, de modo formal, su “inconformidad” ante el “respaldo público al documento” de HRW “en donde se denosta (sic, en vez de denuesta) a la…CNDH a través de un análisis superficial basado en argumentos y datos ciertamente erróneos”. Llamó la atención de Soberanes que Incalcaterra “recomiende que atendamos las sugerencias de HRW, dejando la impresión de que ‘ la ONU valida el informe de HRW que reprueba a la CNDH ’, con lo cual comete “un grave error” y desatiende “su responsabilidad… de dar seguimiento a las recomendaciones de los relatores especiales”. En suma, el ombudsman solicitó a la señora Arbour tomar nota “de la situación referida” para evitar que funcionarios de la oficina de la Alta Comisionada “incumplan con su mandato y dañen de esta manera la imagen” de instituciones como la CNDH. Ya ido Incalcaterra, Soberanes parece prepararse para evitar que eso ocurra de nuevo. Al efecto, mencionó la oficina mexicana de la ONU en un contexto conspiracional.

Consultado sobre el retiro de ese funcionario, el presidente de la CNDH escribió para Reforma un artículo en que asegura que “entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos por el equivalente a un millón de dólares a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”. Y crípticamente se pregunta a continuación: “¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso sino ilegal?”.

Al dejarnos a oscuras sobre esas organizaciones privadas que asumirían “de ese modo” un papel ilegal y peligroso sin aclarar de qué habla, Soberanes parece haber dejado suelta a la loca de la casa, la imaginación, pues no cita su fuente, sólo un vago “se menciona”. Su versión difícilmente corresponde con la realidad, pues el Congreso norteamericano es refractario a la ONU , por lo que no se ve cómo el Senado asignaría dinero de los contribuyentes a una oficina de aquel organismo impopular en los medios conservadores norteamericanos. Rápidamente hemos comprobado que esa fantasía, con la que tomaron el pelo a Soberanes y él quiso hacer lo mismo con nosotros, no contiene un ápice de verdad. La oficina que presuntamente repartiría alegremente un millón de dólares a discreción desmintió “categóricamente” tales versiones, es decir a Soberanes (única persona que se ha referido al tema) e informó “a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento”.

Kikka Roja

Marcela Gomez Zalce : Elba, Carlos, Napoleón y Francisco

Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamp, Napoleón Gómez y Francisco Hernández Juárez
• El descrédito de un monstruo
• Zape diplomático…

La unión, mi estimado, hace la fuerza. Lástima que los tiempos se pasaron y la divertida tenebra sindical se quedó en un wishful thinking de verdaderamente aglutinar a todos los líderes en un frente común, que se vino orquestando hace varios meses y hoy trae otra simpática cara… quizá porque la intervención del tesorito presidencial de Bucareli y la del senador superpoderoso Manlio Fabio Beltrones entraron en la mezcla de volátiles intereses que llegaron a conectarse hasta Washington… desde donde el culebrón estaba siendo observado en, digamos, conexión directa.

La atractiva pregunta para este agitado inicio de semana, my friend, es de quién fue la singular idea de cerrar frentes sindicales y cual fue el motivo de la genialidad… y ya encarrerados, por qué reventar un asunto que estaba durmiendo el sueño de mejores tiempos en la real politik.

Eso explicaría aquella divina frase de Elba Esther, en el marco de su encerrona del 24 Consejo Nacional Extraordinario del sindicato magisterial, al enviar un atento saludo, en forma de misil, al senador sonorense al calificarlo como el enemigo número 1 del SNTE. Sobre todo cuando Beltrones ya comenzaba a armar su red al interior de los controles del sindicato de Gordillo en diversos estados tricolores para pavimentar su caminito electoral rumbo a 2009 pero… eso no es todo.

Manlio Fabio, amable lector, ya entablaba un diálogo distinto con el célebre líder indomable —a quien estos priistas abandonaron dándole la espalda en el sexenio de Fox ante el escándalo del Pemexgate reloaded— por la seductora tenebra de la posibilidad de que dos de los sindicatos más poderosos del país (el SNTE y los petroleros) cerraran filas, invitando a otros para (mostrarle músculo a Felipe) darle flit al desprestigiado Congreso del Trabajo y armar un nuevo frente sindical.

Cuando todo iba viento en popa, Gordillo mandó emisarios a Vancouver, Canadá, para invitar a los mineros de Napoleón Gómez Urrutia a sumarse al reventón mientras se hacía lo propio con Francisco Hernández Juárez… Do I have your full atention, now…?

El culebrón estaba tan adelantado, my friend, que se elaboraron a toda velocidad documentos sobre los estatutos del nuevo monstruo del cual el vocero sería Juan S. Millán, aunque se esperaban los tiempos adecuados para anunciarlo. En esa maravillosa ruta avanzada, el tesorín presidencial de Bucareli estuvo al tanto... lo mismo que algunos divertidos azules. El asunto cobró tanta importancia, que en Washington varios de sus legisladores conocieron la tenebra donde uno de los puntos principales era la reafirmación de la… autonomía sindical, más allá de los nuevos retos en pleno siglo XXI donde el CT es ya un instrumento inservible del gobierno y ni hablar del desdén y olvido de las causas de los trabajadores.

Las ingenuas preguntitas son varias, pero la trascendente es ¿quién se benefició de la anticipada filtración del llamativo plan sindical…? Porque aún faltaba almidón y planchado en algunos puntos estatutarios donde había diferencias. Y una de las cuestiones sopesadas en la estupenda táctica, my friend, era evitar el desprestigio, impopularidad y descrédito público de una foto como la de ese monstruo de dos cabezas Gordillo-Romero lo que...

Según los pícaros tubazos mediáticos contra esta fabulosa dupla, aunado a la creciente intransigencia, hostigamiento y presión mediática de los usual media suspects sobre el sindicato minero de Gómez Urrutia, pasando por singulares cosillas contra Francisco Hernández Juárez, algún irreflexivo travieso activó los focos rojos de este tablero sindical… que le reventará a un gobierno frágil, vulnerable, secuestrado y reventado por el poder… del no poder.

Lo más encantador desatado por la filtración es que sin lugar a dudas, this experiment is out of the lab.

Y un incendio sindical incontrolable es letal para la salud... de cualquier régimen. Y éste no es la excepción. Sobre todo porque en 18 meses, aunque no lo parezca, Felipe, su achispado Gymboree y su bola de disfuncionales profundos van, peligrosamente, en caída libre…

¿Vamos bien o me regreso?

Por la Mirilla

Espléndido el revire de acuse de recibo del embajador Tony Garza —que no habla sin línea del gobierno norteamericano— sobre la lamentable palabrería presidencial sobre el problema de las drogas y el narcotráfico que afecta ambas naciones. El diplomático zape fue para matizar eso de que México pone los muertos y EU los consumidores… lo demás, fue lo de menos.
gomezalce@aol.com



Kikka Roja

PROCESO : Policía federal: 8 policias asesinados en Culiacan: García Luna sin información de inteligencia

MENSAJES EN MANTAS DE LOS POLICIAS HONESTOS
"en manos de quién estamos"


fotos la Jornada
Policía federal
jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- El asesinato de ocho policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la madrugada del 27 de mayo pasado en Culiacán, la baja más grave en los operativos policiales y militares contra el narcotráfico, fue una muestra de las debilidades con las que el gobierno de Felipe Calderón se embarcó en la guerra contra el narcotráfico. La más acusada es la falta de información de inteligencia con la que se mueven los policías adscritos a la SSP a cargo de Genaro García Luna.

García Luna, quien pretende pasar como el modernizador de la policía mexicana, lleva lo que va de la década vendiendo la idea de que su modelo policial está basado en la ciencia y en la investigación, producto de la información de inteligencia. Así lo hizo en el sexenio pasado con Vicente Fox, a quien convenció de “transformar” la desprestigiada Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación (AFI). Más tarde que temprano la AFI se entrampó en acusaciones de corrupción y de protección a la delincuencia organizada por parte de algunos de sus integrantes, que siguieron siendo los mismos de la antigua corporación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Después convenció a Calderón de que había que unificar en un solo cuerpo a todas las policías federales; en particular a la propia AFI y a la Policía Federal Preventiva (PFP), creada hace apenas una década. Para esta idea, Calderón le ha autorizado millonarias partidas presupuestarias y a año y medio no se ve para cuándo pueda cumplir con lo que él mismo se propuso. Pese a ello, desde hace algunos meses García Luna ya dispuso “la creación” de la “Policía Federal”, a pesar que el Congreso no ha reformado la Ley General de la SSP para darle existencia legal al “nuevo” cuerpo, que en realidad tiene su origen en los militares transferidos desde el Ejército y la Marina. Muy en su estilo, lo que hizo García Luna fue cambiar de gris a azul el uniforme de la PFP y nombrarla “Policía Federal”, y como tal destacarla por todo el país. Y poco a poco les ha incorporado a los egresados de los cursos que organiza en la Academia de la PFP en San Luis Potosí.

En todos esos movimientos, ha insistido en que su modelo es el de una policía basada en la inteligencia y no en la reacción. Pero lo que ocurrió en Culiacán lo desdice. Una veintena de sus policías fue emboscada por una célula de los hermanos Beltrán Leyva, el mismo grupo al que la SSP le adjudica la ejecución de Edgar Millán, coordinador de seguridad regional de la “Policía Federal”. Los policías respondieron a una llamada anónima. Llegaron al lugar sin datos corroborados por sistemas de inteligencia. Fueron acribillados en cuanto llegaron. Les dispararon de frente y por detrás con armamento más potente del que llevaban. No es la primera vez que los narcotraficantes asesinan a agentes federales. Ha ocurrido en el mismo Sinaloa, pero también en otros estados de la República y en el propio Distrito Federal, como el caso de Millán, el tercer hombre en importancia de la SSP después del propio García Luna y del subsecretario de Inteligencia Policial, Facundo Rosas. Son muchas y significativas las bajas de García Luna en los operativos. Y no son, precisamente, resultado de lo dice el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora: “Le vamos ganando al narco, aunque no lo parezca”. Lo que pasa es que la sociedad, despistada, no se da cuenta. (30 de mayo de 2008)

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

FELIPE CALDERÓN DEBERÍA DECIR A LOS POLICIAS QUE NO SON PARTE DEL NARCO QUE ¡¡ EL GOLPE AVISA !!

YA NO VA HABER MUERTITOS Y TAMPOCO POLICIAS HONESTOS

Kikka Roja

Alaska (Fangoria) se desnuda contra las corridas de toros: la tauromaquia es cruel

  • Presenta la cantante española una campaña en la que aparece sin ropa y con tres banderillas clavadas en su espalda
La campaña promovida por Alaska tiene como lema `La verdad al desnudo: la tauromaquia es cruel´(Foto: EFE)

EFE El Universal Madrid Lunes 02 de junio de 2008
10:44 La cantante española Alaska presentó hoy una campaña contra las corridas de toros en la que aparece fotografiada desnuda y con tres banderillas clavadas en su espalda, y afirmó que habría que poner "unas pequeñas banderillas a escala a los que dicen que el toro no sufre". La artista de origen mexicano, identificada con la "movida" madrileña de los años 80, protagoniza esta campaña contra las corridas con el lema "La verdad al desnudo: la tauromaquia es cruel".

La imagen de Alaska desnuda y con las banderillas clavadas es "una forma de hacer ruido" contra un espectáculo en el que el torero corre un riesgo "asumido y consentido" mientras que "el animal no ha pedido estar ahí". La cantante, fundadora de los grupos musicales Alaska y los Pegamoides, Dinarama y Fangoria, dijo que no es amiga de ningún torero, pero sí "casi hija de uno", pues su madre estuvo casada con un torero antes de con su padre: "Crecí en México yendo a corridas de toros, a los chiqueros, viendo a los toros antes de salir y después. Aún así, me resulta inaceptable". La campaña de Alaska coincide con la Feria de San Isidro, en la plaza de Las Ventas en Madrid, el mayor espectáculo taurino del mundo, que se celebra todos los años coincidiendo con la festividad del patrón de la capital española.

Kikka Roja

México SA: Atracos en Jalisco

México SA

Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
  • Expulsados resuelven los problemas de América Latina
  • Atracos en Jalisco
Dos migrantes esperan en Tijuana, después de haber sido deportados desde Estados Unidos Dos migrantes esperan en Tijuana, después de haber sido deportados desde Estados Unidos Foto: Ap

Más de 340 mil millones de dólares acumulados en los últimos ochos años (limpios de polvo, paja y condiciones) “despreocuparon” a los gobiernos latinoamericanos de sus responsabilidades legales, económicas y sociales con sus “representados”. Cada día más haraganes en estos renglones, se acostumbraron a que fueran los expulsados de su propia tierra quienes les resolvieran buena parte de la problemática social y de las cuentas macroeconómicas en sus respectivos países, mientras ellos reforzaban su actuación gerencial a favor del gran capital.

Verdaderos ríos humanos fluyen por toda América Latina para desembocar en territorio estadunidense (y europeo, en menor medida), con el único objetivo de acceder a lo que en sus respectivos países les es negado. Alrededor de 20 millones de latinoamericanos han sido expulsados de su tierra (mexicanos, buena parte de ellos) en los últimos años, y la mayoría se ha asentado (con o sin permiso) en Estados Unidos, de donde puntualmente envían remesas a sus respectivas familias.

En los últimos ocho años, los expulsados de su tierra enviaron (a México alrededor del 40 por ciento de ese monto) poco más de 340 mil millones de dólares, recursos frescos, sin condicionalidad alguna, que mejoraron no sólo el perfil familiar, sino el balance social y macroeconómico de sus respectivos países, amén de aligerar el de por sí deficitario balance de empleo. México, por ejemplo, ¿podría desestimar los casi 120 mil millones de dólares por ellos inyectados a la economía en el periodo referido? A cambio, los emigrantes han recibido nada, pues en lugar de tomar cartas en el asunto para revertir, o cuando menos reducir, la vergonzosa expulsión de mano de obra, los gobiernos latinoamericanos presumen el resultado como un activo más de sus “logros”.

Pues bien, esos holgazanes cuan gerenciales gobiernos latinoamericanos corren el riesgo de que sea la realidad misma la que revierta sus “logros”, al registrarse un descenso paulatino en los montos remitidos. ¿Qué pasaría con un eventual regreso masivo de latinoamericanos a sus respectivos países, ante un crack económico estadunidense, acompañado de mayores medidas “antiinmigrantes” por parte del gobierno de aquel país y crecientes índices de xenofobia? ¿Cómo reaccionaría la economía regional, cuando las remesas representan una creciente proporción del PIB? (3 por ciento en México, 12 por ciento en Centroamérica).

La Cepal lo condensa así: el monto de remesas a Latinoamérica y el Caribe alcanzó un total de 66 mil 500 millones de dólares en 2007, 6 por ciento más con relación a 2006. Ese año los expulsados de su tierra enviaron a casa un tercio más que la inversión extranjera directa y más de diez veces de la asistencia oficial para el desarrollo, haciendo que 2007 fuese el quinto año consecutivo en el cual el insumo de remesas superase la suma combinada de la IDE y la AOD a la región. Además, hay que tener en cuenta que el volumen real es mayor en cerca de 10 por ciento al oficialmente reportado, debido a las dificultades que conlleva estimar el valor de las remesas que se transportan a mano a través de las fronteras.

En 2008 el panorama no es tan grato por efecto de la recesión estadunidense. El organismo subraya que si los envíos de dinero se reducen, puede darse un “contagio” con efecto recesivo en las naciones que las reciben. “Una recesión en la potencia del norte, que concentra 87 por ciento de la emigración extra-regional latinoamericana, reduciría el empleo y afectaría los salarios de los inmigrantes de ese país. La evidencia muestra que se gasta en consumo entre 70 y 80 por ciento de las remesas y el resto se ahorra y/o invierte en vivienda, educación y otros rubros”.

Recuerda la Cepal que entre 1870 y 1913, cuando América Latina era “tierra de oportunidades”, el ingreso per cápita promedio de los países del sur y norte de Europa (Italia, España, Portugal, Noruega y Suecia) era similar al de economías como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

La situación se revirtió en las últimas décadas del siglo XX. América Latina se convirtió en exportadora neta de personas –también de capital– ante el reducido crecimiento, el aumento de la volatilidad económica y la frecuencia de crisis financieras. Influyeron la persistente pobreza, la alta desigualdad de ingresos, el desempleo crónico, la informalidad, las crisis políticas, la violencia, los conflictos armados y el colapso de democracias, lo que no se ha enmendado en el siglo XXI.

Las rebanadas del pastel

Las del góber piadoso de Jalisco, Emilio González Márquez, no son remesas, sino abiertos actos ilegales que “le valen madre” y que nadie detiene ni sanciona. De tiempo atrás el panista debería estar fuera de palacio de gobierno y dentro de una prisión estatal, pero en vía de mientras, por cortesía de los siempre queridos y respetados lectores, y con música de fondo de Paquita la del Barrio (“me estás oyendo inútil”), va el siguiente recuento del atraco, en vía de incrementarse, cometido por el tal “mocho-gobernador” en contra de los jaliscienses: “regalos en sólo un año de gobierno. Iglesias (católica, but of course): 90 millones para la construcción del Santuario de los Mártires, 30 millones para la Ruta del Peregrino (faltan 60 millones para 2009-2010), un millón para la iglesia de Yahualica y 800 mil pesos para figuras navideñas para el Vaticano; empresarios: 50 millones a Expo Guadalajara y 35 millones a la empresa Flextronics; Televisoras: 45 millones al Teletón (Televisa, 2007 y 2008), 55 millones a Espacio 2007 (Televisa), 12 millones a la telenovela Las tontas no van al cielo (Televisa), 3.5 millones al Juguetón/TV Azteca), 102 mil pesos a la telenovela Tengo todo excepto a ti; 4.1 millones al concurso 13 maravillas de México; 2 millones de dólares (22 millones de pesos) a MTV para ‘evento en Jalisco’. Total: 341.2 millones de pesos… y más de 4 mil quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Y tú, ¿tienes el valor, o te vale?



Kikka Roja

Gustavo Esteva: Calder'on pone en venta a México

Gustavo Esteva
gustavoesteva@gmail.com
Giro democrático
No debemos llamarnos a engaño con la “reforma energética”. Las cartas están sobre la mesa.

Calderón, igual que sus predecesores, está convencido de que el capital privado es mejor que el Estado para administrar los recursos públicos. Por el carácter simbólico del petróleo y la contracampaña para defenderlo se ha visto obligado a empacar la operación en una presentación mentirosa. Pero reitera a todos los vientos el sentido y propósitos de la acción, que desde hace 25 años han traducido activamente en política los presidentes del neoliberalismo.

El país entero está en venta, no sólo Pemex. En amplias áreas se ha entrado en la etapa de entregar la mercancía que ya se vendió. En Chiapas, los paramilitares, la policía y el ejército se emplean ahora para expulsar a quienes están en porciones que en los mapas oficiales tienen ya el letrero: “Vendida”. El grandioso plan presidencial para garantizar el abasto de alimentos no es sino un uso perverso de la “crisis” para llevar adelante una política que ha estado destruyendo nuestras capacidades productivas y la vida campesina y entregando la soberanía alimentaria a unas cuantas compañías, predominantemente extranjeras.

La legítima defensa de Pemex, en nombre de la independencia y la soberanía nacionales, impulsa una defensa incondicional del Estado, al que se sigue atribuyendo la principal responsabilidad de la transformación social. Sin embargo, como ni el capital ni el Estado son meras abstracciones y los personifican fuerzas y personas concretas, los ciudadanos se ven así colocados ante una falsa disyuntiva. Tienen que optar por Slim, Halliburton, Exxon y sus socios, o por Calderón, Marín, Ulises Ruiz, el sindicato más corrupto del país y los demás operadores del Estado…

Algo semejante ocurre con el TLC. Al criticar con razón las innumerables barbaridades que se cometen en nombre del libre comercio, se apela al proteccionismo, que nunca protegió a la gente. Se nos condena así a elegir entre corporaciones privadas y burócratas incompetentes y corruptos.

El capital y el Estado no son los únicos actores de la realidad social y política. Existen también los ciudadanos. Es absurdo reducirlos a la condición de súbditos de ambos, sin más funciones que elegir periódicamente a sus opresores bajo procedimientos manipulados y fraudulentos, denunciar inútilmente sus crímenes y reclamarles lo que hacen o dejan de hacer. Carece de sentido rendirse a la ilusión de que un día sustituiremos a quienes ocupan hoy el Estado por hombres impolutos, incorruptibles y progresistas que harán bien todo lo que hoy está mal.

Bien está que se haya abierto un diálogo público sobre Pemex. Pero se ha convertido en debate entre especialistas al que la mayoría de los mexicanos no tiene acceso y carece de poder vinculatorio. La consulta popular es muy útil: permite precisar la voluntad ciudadana. Pero ni siquiera eso basta. Es el Congreso de Beltrones y Gamboa el que finalmente decidirá qué hacer. ¿Quién puede confiar en ellos? Debemos aprender de la experiencia. Ninguna reforma legal en la historia del país tuvo tanto apoyo como la iniciativa Cocopa para el reconocimiento de los pueblos indios. Miles de organizaciones y millones de personas la apoyaron explícitamente. No hubo una sola organización que se opusiera públicamente a una reforma constitucional acordada con el gobierno y los partidos. Pero el Congreso aprobó una contrarreforma y la Corte se desentendió del asunto. Sería absurdo caer de nuevo en la ingenuidad de ponerse en sus manos.

Las cuestiones constitucionales, decía Lasalle hace 150 años, no son asuntos de derecho, sino de poder. No pueden confiarse a un grupo: competen a todos.

El camino a seguir es claro, aunque no es fácil atrevernos a verlo. No podemos confiar en los poderes constituidos ni en los partidos o los medios. Han demostrado ya, hasta el cansancio, que no merecen nuestra confianza. Es la hora de hacer valer una fuerza política que en forma pacífica y democrática obligue a quienes aún tienen facultades formales de gobierno a actuar en el sentido que necesitan y quieren los mexicanos.

Esta fuerza política no puede estar colgada de un líder carismático o un esquema partidario. Ha de ser la articulación autónoma y descentralizada de organizaciones ciudadanas, puestas en movimiento desde la base social por una iniciativa coherente, desde abajo y a la izquierda, que exprese en propuestas sencillas, comprensibles para todos, formas viables de concertar los empeños y llevarlos a buen fin.

Parece mucho esperar. No estamos acostumbrados a ejercer realmente la democracia, la voluntad ciudadana. Pero podemos despejar ese camino y hacerlo transitable si lo acotamos con precisión y mostramos, en forma contundente, que no hay otro remedio: ha llegado la hora de actuar.


Kikka Roja