Patricia Dávila
La vertiente petrolera y la eléctrica del proyecto energético calderonista coinciden al menos en dos aspectos: privilegian exclusivamente el interés empresarial y, sobre todo, ofrecen una generosa porción del botín a un emporio de casa, el Grupo Energético del Sureste, el negocio de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño
OAXACA, OAX., El grupo Grupo Energético del Sureste (GES), perteneciente a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, es una de las empresas que desarrollan en esta entidad el segundo proyecto de generación de energía eólica más grande del mundo y que, mediante engaños, lograron que indígenas zapotecos y huaves del Istmo de Tehuantepec firmaran contratos en blanco a fin de rentar sus tierras a 100 pesos anuales por hectárea.
El Parque Eólico del Istmo de Tehuantepec es parte del Plan Puebla Panamá reactivado por el gobierno de Felipe Calderón, quien considera la generación de energía como una prioridad en el Plan Nacional del Desarrollo 2006-2012. Se planea que abarque un total de 120 mil 852 hectáreas, de las cuales, según la empresa española Preneal México, ya están rentando 40 mil. GES se encargará de armar 6 mil aerogeneradores que producirán más de 5 mil megavatios (MW) de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España (2 mil 836 MW) y Estados Unidos (2 mil 610 MW), y muy cercana a la de Alemania, la mayor del mundo con 6 mil 107 MW. Un MW equivale a un millón de vatios. En el proyecto La Venta II, GES cobró 1.2 millones de pesos por montar cada aerogenerador, pero actualmente cobra 1.5 millones por cada uno en La Venta IV y el nuevo megaproyecto. Como subcontratista, GES también da mantenimiento a las estaciones eólicas y asesora a las empresas sobre los sistemas de control del parque eólico en las subestaciones. Para ello, cuenta con 10 especialistas europeos y una cuadrilla de 20 trabajadores. Incluso tiene un cubículo dentro de la subestación eléctrica La Venta II, afirma un habitante del poblado, Alejo Girón.
Durante un recorrido por la zona, Proceso visitó la bodega que GES instaló en La Venta desde finales de 2004. Es una casa de una sola planta, ubicada en la calle principal del pueblo, donde permanecen estacionados varios vehículos de doble tracción con el logotipo del grupo. Sin embargo, el trabajo de mantenimiento de GES no ha sido muy eficaz: a finales de 2007 se cayó un aerogenerador de La Venta I y las aspas de otro en la Venta II. Además de ser la única empresa que maneja el montaje de aerogeneradores, GES se prepara con el fin producirlos; para ello adquirió 20 hectáreas sobre la carretera Mérida-Progreso, donde instalará una fábrica de torres eólicas de “última generación” (Proceso 1627). En las copias de seis títulos de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, cuya copia tiene Proceso, consta que las empresas –en su mayoría españolas– utilizarán dicha energía para su propio consumo y comercializarán los excedentes.
Dichas empresas iniciaron las gestiones para quedarse con los contratos en 2001, año en que Juan Camilo Mouriño asumió la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Ahí facilitó a las trasnacionales su llegada al istmo; todas hicieron antesala con él”, asegura Javier Balderas Castillo, abogado de la asociación Derechos Humanos Tepeyac, que lleva el litigio de 180 campesinos que desde diciembre de 2007 demandan legalmente la anulación de sus contratos con las empresas que desarrollan el megaproyecto. Asesorados por Balderas, campesinos de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, San Blas Atempa, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar integraron el Frente por la Defensa de la Tierra para impedir que se concrete lo que consideran un despojo de sus tierras. Ellos denunciaron cómo las compañías Unión Fenosa, Iberdrola, Cisa-Gamesa, Eoliatec del Istmo, Preneal, Eléctrica Francia y Bii Nee Stipa, con ayuda de la notaria pública número 67, Aurelia Benítez Castillejos, obligaron a los indígenas a firmar contratos en blanco. Según las copias de los contratos de arrendamiento firmados por los campesinos con esos emporios energéticos, las condiciones son muy similares y en todos los casos ventajosas para las empresas.
Por ejemplo, se estipula que la renta inicial por hectárea es de 100 pesos al año, y se ofrecen mil pesos por hectárea cuando el parque esté en operación. Además, se estipula que se pagarán entre 8 mil y 18 mil pesos anuales por aerogenerador y 13 mil 100 pesos por cada hectárea afectada con caminos. El problema es que, para el pago, la empresa contabiliza estrictamente la superficie utilizada para el camino: 12 metros de ancho por 300 de largo, aunque a su paso afecte todo el terreno. Además, se restringe el derecho de los campesinos al usufructo de sus tierras. De acuerdo con la décima quinta cláusula del contrato celebrado entre Cisa-Gamesa y Manuel Sánchez Castillo, “el desarrollador podrá ceder los derechos derivados de este contrato a sus filiales, socios, asociados o a las sociedades mercantiles que le sean convenientes (…). Si el propietario desea ceder los derechos (…) deberá recabar el consentimiento escrito del desarrollador o sus cesionarios, mediante las pruebas conducentes”. El asesor jurídico Balderas Castillo indica que los campesinos tampoco pueden heredar o vender sus tierras libremente, ya que la empresa tiene preferencia.
Resistencia y represión
A mediados de 1994 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación en el poblado de La Venta, a 30 kilómetros de Juchitán, la primera planta eólica en América Latina que se integró a la red de servicio público. Se trata de la central eoloeléctrica La Venta I, constituida por siete aerogeneradores de 225 kW (kilovatios) cada uno. A partir de entonces se realizaron en esa planta mediciones precisas sobre el potencial de producción de energía en esta zona, que registra una velocidad promedio del viento de 25 metros por segundo y un factor de planta anual (días de viento) de 60%, muy superior, por ejemplo, al de California (25%). Fue hasta 2002, al comprobar con datos de la CFE que la cantidad de energía producida por La Venta I era redituable, que la asamblea ejidal del poblado envió a su presidente de Vigilancia, Arturo Hernández, a solicitar que el organismo federal condonara los pagos por la electricidad consumida en la operación del pozo de la comunidad. En aquel entonces cada recibo llegaba por 5 mil pesos. Hernández viajó con un grupo de ejidatarios a la Ciudad de México para entrevistarse con el director general de la CFE –Alfredo Elías Ayub–, quien no accedió a condonar el adeudo pero, aseguran los campesinos, a cambio prometió pavimentar siete kilómetros de calles en la comunidad.
Pero el funcionario no cumplió su oferta. Peor aún, a su regreso los ejidatarios enfrentaron 12 órdenes de aprehensión por obstruir vías generales de comunicación e instalaciones del gobierno federal. “No se nos dio ni el agua ni el pavimento”, recuerda Alejo Girón Carrasco, habitante de La Venta, y asegura que este fue el comienzo de la represión contra los 362 ejidatarios y 100 posesionarios de la zona que no se resignan a perder sus tierras. En los primeros meses de 2004 se planteó el proyecto La Venta II, inicialmente calculado en 2 mil 80 hectáreas, casi la mitad del ejido (que mide 5 mil 633 hectáreas). Sin embargo, como no logró reunir todas las firmas necesarias para el arrendamiento de tierras, la CFE se vio obligada a licitar nuevamente el proyecto, considerando sólo 850 hectáreas, entre las cuales quedaron 200 pertenecientes a campesinos que aún ahora se niegan a firmar. El contrato se le asignó a la empresa española Preneal México. Por luchar contra la imposición de La Venta II, en 2004 la Policía Federal Preventiva (PFP) reactivó la orden de aprehensión que dos años antes se le giró al dirigente Arturo Hernández. Para entonces, las órdenes de aprehensión contra ejidatarios se elevaron a 72 y aún están vigentes.
Alejo Girón relata cómo se llevaron a cabo los que él llama “los negocios sucios de la energía limpia”:
“Las trasnacionales iniciaron el proceso para apoderarse de las tierras de La Venta II en septiembre de 2005. Para lograrlo ‘compraron’ al entonces comisariado ejidal, Carlos Antonio Ordaz, quien además de encargarse de convencer a quien se opusiera, falsificó las actas de asamblea de los ejidatarios para autorizar la entrada de las empresas”. En el más reciente acto de oposición a esa planta generadora, el año pasado el exmilitar Manuel Santiago, de 56 años, bloqueó las instalaciones de la subestación de la CFE en La Venta II, armado con una pistola calibre 38 al cinto. Desesperado por rescatar las tierras de su familia, instaló cercas de alambre de púas en las dos entradas y vigilaba la subestación día y noche. Así estuvo una semana.
Habitantes de La Venta recuerdan que trabajadores de la CFE intentaban dialogar con él. Uno de ellos afirma que “también tuvieron que intervenir empleados de GES –la empresa de los Mouriño–, quienes tenían que dar mantenimiento a la planta y tomar datos de la cantidad de energía producida y trasmitida”.
Finalmente, la familia de Santiago lo convenció de que liberara las instalaciones.
Daño ecológico
En 2006 dos empresas, Eléctrica del Valle de México y Parque Eólico Bii Nee Xtipa, contrataron a la consultoría Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGA) a fin de que desarrollara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La primera empresa requería del documento para formalizar su proyectos de La Mata, con 75 aerogeneradores, y el segundo para la operación del propio parque en La Ventosa, Juchitán. El problema es que para elaborar ambos documentos SIGA utilizó como machote el proyecto “Terminal de Almacenamiento y Distribución de Gas Licuado de Petróleo”, ubicado en Veracruz, cuando el estudio ambiental debió realizarse en Oaxaca, afirma Sofía Olhovich, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agrega que el istmo es el corredor migratorio de aves más importante del mundo, con registros de 690 mil aves rapaces que pasan diariamente por ahí, a una altura de entre 60 y 400 metros (según la página 302 de la MIA correspondiente a La Venta II). Así, el proyecto eólico constituye para esas aves un grave riesgo de colisión porque los aerogeneradores miden casi 50 metros de alto. Igualmente, las obras de La Venta IV están desfigurando la zona, ya que constantemente el nivel del agua sube casi a la superficie. Cuando los constructores no pueden controlarlo, abandonan la zona ya perforada y comienzan a preparar otra. No es todo. Para llegar a La Venta IV es necesario recorrer aproximadamente 40 kilómetros de terracería. Los camiones de volteo que continuamente pasan con material hacia el poblado La Venta provocan tal polvareda que una gruesa capa ya cubrió más de 100 hectáreas de pastizal, ahora inservibles para la alimentación del ganado y la fauna local.
Manuel Carrasco, propietario de 34 hectáreas de pastizal, se negó a firmar el contrato de arrendamiento. “Esta parte de La Venta es una zona de productores de leche (con una cuota de 12 mil litros diarios), pero a partir de que empezaron los trabajos (del proyecto La Venta IV), los ganaderos están optando por vender sus reses. En mi caso tengo que comprar pacas de alimento, pero me resulta muy caro”, se queja. En el municipio de Juchitán, donde también se instalan aerogeneradores, una de las principales opositoras al proyecto es Faustina López Martínez. Entrevistada en el patio de su casa, dice que su cuñado Celestino Bartolo la convenció de firmar, ya que “a él le dijeron que era un programa similar a Procampo”. La señora López habla zapoteco. Auxiliada por un traductor explica que ella posee tres terrenos, de 6, 7 y 13 hectáreas, que le rinden 24 carretas de maíz y 24 de calabaza. Después de la cosecha vende como pastura lo que queda en el terreno.
Cuenta que a su casa llegaron “el licenciado Felipe y su esposa Aurelia Benítez Castillejos” (la notaria pública 67). En su mismo patio, dice, la pareja trató de convencerla para que entrara al proyecto. Más tarde llegaron dos jóvenes de la empresa Unión Fenosa, la subieron a un coche y la llevaron a Tehuantepec, donde le dieron una hoja. “El papel estaba en blanco. No había ninguna letra. Ahí firmé”. Sólo después de eso le dijeron “que recibiría mil pesos al año por cada terreno” y ella se dio cuenta del engaño. Entonces empezó su lucha por conservar sus tierras. Odilón Santiago Martínez, propietario de seis hectáreas en Juchitán, vive de lo que produce: sandía, melón, calabaza y maíz. A él también lo fueron a buscar a su casa para que firmara el contrato. Un trabajador de Porfirio Montero, quien anduvo convenciendo a los pobladores le rentaran sus tierras a Unión Fenosa, le dijo que le iban a dar dinero para trabajar las tierras. “Ahí mismo firmé el contrato –admite el campesino–; me dieron 2 mil pesos por las seis hectáreas. Pensé que era el programa Procampo”.
Con trabajos, explica en español que nunca ha tenido copia del contrato.
–¿Qué va a hacer si la compañía decide venir a instalarse?
–No le voy a dar permiso de entrar. Ya firmé, pero aunque me den 50 mil pesos, ya no los quiero.
A unas horas de Juchitán, en el poblado de Unión Hidalgo, trabajan las siguientes empresas: Cisa-Gamesa en el norte, Preneal en el sur y Unión Fenosa en el oeste. Aquí los campesinos fueron engañados por coyotes como Juan Bartolo, contratado por las empresas. Él dijo que éstas les iban a dar 1.3% del ingreso bruto por la generación de energía eólica a los pobladores. Veinte de los que firmaron el contrato ahora demandan que se anule. La mayoría de ellos no saben leer ni escribir y menos firmar; sólo ponen su huella dactilar. Uno de esos campesinos es Perfecto Vázquez, quien en septiembre de 2004 signó el contrato por la renta de sus 47 hectáreas, en las que mantiene 120 cabezas de ganado y obtiene 140 litros de leche al día. El rancho le da 400 pesos diarios, y la venta de ganado 80 mil al año. Por ese terreno Vázquez cobró 12 mil 600 pesos en tres años, o sea 268 pesos anuales por hectárea.
“Nunca me dieron contrato –asegura–, sólo hojas en blanco del libro de la notaria Aurelia Benítez. Como éramos muchos, nos dijo: ‘¡Firma aquí, luego lo rellenamos’. Al año me trajeron un contrato. Aunque no le entiendo bien, me di cuenta de que me iban a chingar. (Creí que me iban a pagar) por las 47 hectáreas que pasara el camino, pero no, si el camino es de un total de 400 metros cuadrados, ni media hectárea voy a cobrar”. Como empieza a trabajar a las 3 de la mañana en el cuidado de sus animales, llega agotado a su casa al medio día. A la una de la tarde, mientras descansa en su hamaca, advierte que las empresas españolas “no van a entrar. Si me matan ahí, que me maten, pero me voy a llevar a unos dos o tres por delante”.
Sin embargo, tiene el semblante triste y una mirada evasiva que trata de contener las lágrimas.
Beneficio empresarial
En la comunidad huave de San Francisco del Mar nadie ha firmado el contrato, pues aseguran que los aerogeneradores invadirán 2 mil 500 metros de playas. También se negaron San Mateo del Mar y Niltepec. En esta última comunidad los emporios energéticos tratan de rentar 2 mil hectáreas, afirma Santiago Cruz Núñez, presidente de bienes comunales. Por el contrario, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, otras comunidades huaves, ya firmaron contratos con algunas de las empresas mencionadas. Con quien el Grupo GES y las empresas españolas no tienen problema alguno es con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en el título número E/531/AUT/2006, otorgado a Eurus, señala en la “condición” tercera: “La energía eléctrica que genere la permisionaria deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de sus socios”, en este caso 14 plantas de Cemex México, Inmobiliaria Río La Silla y TEG Energía. También deja abierta la posibilidad de que Eurus extienda el servicio a Cales y Morteros Porter y Porter y Control Administrativo Mexicano. Este título autoriza 300 aerogeneradores para generar 876 GWh al año (un gigavatio equivale a un millón de kilovatios-hora).
El permiso número E/322/AUT/2005, otorgado a Eoliatec del Istmo, asienta que sus socios son Compañía Siderúrgica de California, Eoliatec de México, Eoliatec del Istmo, Fimex, Portola Packagind Inc. México, Productora de Hierro Maleable y 13 empresas más. Este permiso comprende 124 aerogeneradores con capacidad total de 163.68 MW, con una producción estimada de 573.4 GWh al año.
El permiso E/548/AUT/2006, concedido a Bee Nii Stipa, le autoriza 31 aerogeneradores para producir 100.130 GWh al año. Esta energía será canalizada a seis plantas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como a Famosa Monterrey, Plásticos Técnicos Mexicanos, Panamco Bajío, Panamco Golfo, Propimex e inmuebles del Golfo. Así mismo, uno de los primeros permisos emitidos, el E/070/AUT/98, permite a la empresa Fuerza Eólica del Istmo instalar 60 aerogeneradores para producir 150 GWh, principalmente destinados a la Cooperativa Manufacturera de Cementos Portland La Cruz Azul, Fuerza Eólica y diez compañías más. A su vez, Vientos del Istmo –gracias a su permiso E/AUT/2005– vendió su producción de energía a 87 tiendas Soriana en todo el país, a 35 sucursales de Desarrollo Lácteo S.P.R. de R.L., Almerimex, Automercadeo de México y The Original Mexican Jean Company. El último de los permisos de los que Proceso obtuvo copia, el E/575/PP/2007, está a nombre del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ampara tres aerogeneradores con capacidad para generar 21.9 GWh. Esta energía es la única que se venderá a la CFE para integrarla a la red de servicio público, según consta en la primera condición del documento.
El Parque Eólico del Istmo de Tehuantepec es parte del Plan Puebla Panamá reactivado por el gobierno de Felipe Calderón, quien considera la generación de energía como una prioridad en el Plan Nacional del Desarrollo 2006-2012. Se planea que abarque un total de 120 mil 852 hectáreas, de las cuales, según la empresa española Preneal México, ya están rentando 40 mil. GES se encargará de armar 6 mil aerogeneradores que producirán más de 5 mil megavatios (MW) de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España (2 mil 836 MW) y Estados Unidos (2 mil 610 MW), y muy cercana a la de Alemania, la mayor del mundo con 6 mil 107 MW. Un MW equivale a un millón de vatios. En el proyecto La Venta II, GES cobró 1.2 millones de pesos por montar cada aerogenerador, pero actualmente cobra 1.5 millones por cada uno en La Venta IV y el nuevo megaproyecto. Como subcontratista, GES también da mantenimiento a las estaciones eólicas y asesora a las empresas sobre los sistemas de control del parque eólico en las subestaciones. Para ello, cuenta con 10 especialistas europeos y una cuadrilla de 20 trabajadores. Incluso tiene un cubículo dentro de la subestación eléctrica La Venta II, afirma un habitante del poblado, Alejo Girón.
Durante un recorrido por la zona, Proceso visitó la bodega que GES instaló en La Venta desde finales de 2004. Es una casa de una sola planta, ubicada en la calle principal del pueblo, donde permanecen estacionados varios vehículos de doble tracción con el logotipo del grupo. Sin embargo, el trabajo de mantenimiento de GES no ha sido muy eficaz: a finales de 2007 se cayó un aerogenerador de La Venta I y las aspas de otro en la Venta II. Además de ser la única empresa que maneja el montaje de aerogeneradores, GES se prepara con el fin producirlos; para ello adquirió 20 hectáreas sobre la carretera Mérida-Progreso, donde instalará una fábrica de torres eólicas de “última generación” (Proceso 1627). En las copias de seis títulos de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, cuya copia tiene Proceso, consta que las empresas –en su mayoría españolas– utilizarán dicha energía para su propio consumo y comercializarán los excedentes.
Dichas empresas iniciaron las gestiones para quedarse con los contratos en 2001, año en que Juan Camilo Mouriño asumió la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Ahí facilitó a las trasnacionales su llegada al istmo; todas hicieron antesala con él”, asegura Javier Balderas Castillo, abogado de la asociación Derechos Humanos Tepeyac, que lleva el litigio de 180 campesinos que desde diciembre de 2007 demandan legalmente la anulación de sus contratos con las empresas que desarrollan el megaproyecto. Asesorados por Balderas, campesinos de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, San Blas Atempa, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar integraron el Frente por la Defensa de la Tierra para impedir que se concrete lo que consideran un despojo de sus tierras. Ellos denunciaron cómo las compañías Unión Fenosa, Iberdrola, Cisa-Gamesa, Eoliatec del Istmo, Preneal, Eléctrica Francia y Bii Nee Stipa, con ayuda de la notaria pública número 67, Aurelia Benítez Castillejos, obligaron a los indígenas a firmar contratos en blanco. Según las copias de los contratos de arrendamiento firmados por los campesinos con esos emporios energéticos, las condiciones son muy similares y en todos los casos ventajosas para las empresas.
Por ejemplo, se estipula que la renta inicial por hectárea es de 100 pesos al año, y se ofrecen mil pesos por hectárea cuando el parque esté en operación. Además, se estipula que se pagarán entre 8 mil y 18 mil pesos anuales por aerogenerador y 13 mil 100 pesos por cada hectárea afectada con caminos. El problema es que, para el pago, la empresa contabiliza estrictamente la superficie utilizada para el camino: 12 metros de ancho por 300 de largo, aunque a su paso afecte todo el terreno. Además, se restringe el derecho de los campesinos al usufructo de sus tierras. De acuerdo con la décima quinta cláusula del contrato celebrado entre Cisa-Gamesa y Manuel Sánchez Castillo, “el desarrollador podrá ceder los derechos derivados de este contrato a sus filiales, socios, asociados o a las sociedades mercantiles que le sean convenientes (…). Si el propietario desea ceder los derechos (…) deberá recabar el consentimiento escrito del desarrollador o sus cesionarios, mediante las pruebas conducentes”. El asesor jurídico Balderas Castillo indica que los campesinos tampoco pueden heredar o vender sus tierras libremente, ya que la empresa tiene preferencia.
Resistencia y represión
A mediados de 1994 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación en el poblado de La Venta, a 30 kilómetros de Juchitán, la primera planta eólica en América Latina que se integró a la red de servicio público. Se trata de la central eoloeléctrica La Venta I, constituida por siete aerogeneradores de 225 kW (kilovatios) cada uno. A partir de entonces se realizaron en esa planta mediciones precisas sobre el potencial de producción de energía en esta zona, que registra una velocidad promedio del viento de 25 metros por segundo y un factor de planta anual (días de viento) de 60%, muy superior, por ejemplo, al de California (25%). Fue hasta 2002, al comprobar con datos de la CFE que la cantidad de energía producida por La Venta I era redituable, que la asamblea ejidal del poblado envió a su presidente de Vigilancia, Arturo Hernández, a solicitar que el organismo federal condonara los pagos por la electricidad consumida en la operación del pozo de la comunidad. En aquel entonces cada recibo llegaba por 5 mil pesos. Hernández viajó con un grupo de ejidatarios a la Ciudad de México para entrevistarse con el director general de la CFE –Alfredo Elías Ayub–, quien no accedió a condonar el adeudo pero, aseguran los campesinos, a cambio prometió pavimentar siete kilómetros de calles en la comunidad.
Pero el funcionario no cumplió su oferta. Peor aún, a su regreso los ejidatarios enfrentaron 12 órdenes de aprehensión por obstruir vías generales de comunicación e instalaciones del gobierno federal. “No se nos dio ni el agua ni el pavimento”, recuerda Alejo Girón Carrasco, habitante de La Venta, y asegura que este fue el comienzo de la represión contra los 362 ejidatarios y 100 posesionarios de la zona que no se resignan a perder sus tierras. En los primeros meses de 2004 se planteó el proyecto La Venta II, inicialmente calculado en 2 mil 80 hectáreas, casi la mitad del ejido (que mide 5 mil 633 hectáreas). Sin embargo, como no logró reunir todas las firmas necesarias para el arrendamiento de tierras, la CFE se vio obligada a licitar nuevamente el proyecto, considerando sólo 850 hectáreas, entre las cuales quedaron 200 pertenecientes a campesinos que aún ahora se niegan a firmar. El contrato se le asignó a la empresa española Preneal México. Por luchar contra la imposición de La Venta II, en 2004 la Policía Federal Preventiva (PFP) reactivó la orden de aprehensión que dos años antes se le giró al dirigente Arturo Hernández. Para entonces, las órdenes de aprehensión contra ejidatarios se elevaron a 72 y aún están vigentes.
Alejo Girón relata cómo se llevaron a cabo los que él llama “los negocios sucios de la energía limpia”:
“Las trasnacionales iniciaron el proceso para apoderarse de las tierras de La Venta II en septiembre de 2005. Para lograrlo ‘compraron’ al entonces comisariado ejidal, Carlos Antonio Ordaz, quien además de encargarse de convencer a quien se opusiera, falsificó las actas de asamblea de los ejidatarios para autorizar la entrada de las empresas”. En el más reciente acto de oposición a esa planta generadora, el año pasado el exmilitar Manuel Santiago, de 56 años, bloqueó las instalaciones de la subestación de la CFE en La Venta II, armado con una pistola calibre 38 al cinto. Desesperado por rescatar las tierras de su familia, instaló cercas de alambre de púas en las dos entradas y vigilaba la subestación día y noche. Así estuvo una semana.
Habitantes de La Venta recuerdan que trabajadores de la CFE intentaban dialogar con él. Uno de ellos afirma que “también tuvieron que intervenir empleados de GES –la empresa de los Mouriño–, quienes tenían que dar mantenimiento a la planta y tomar datos de la cantidad de energía producida y trasmitida”.
Finalmente, la familia de Santiago lo convenció de que liberara las instalaciones.
Daño ecológico
En 2006 dos empresas, Eléctrica del Valle de México y Parque Eólico Bii Nee Xtipa, contrataron a la consultoría Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGA) a fin de que desarrollara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La primera empresa requería del documento para formalizar su proyectos de La Mata, con 75 aerogeneradores, y el segundo para la operación del propio parque en La Ventosa, Juchitán. El problema es que para elaborar ambos documentos SIGA utilizó como machote el proyecto “Terminal de Almacenamiento y Distribución de Gas Licuado de Petróleo”, ubicado en Veracruz, cuando el estudio ambiental debió realizarse en Oaxaca, afirma Sofía Olhovich, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agrega que el istmo es el corredor migratorio de aves más importante del mundo, con registros de 690 mil aves rapaces que pasan diariamente por ahí, a una altura de entre 60 y 400 metros (según la página 302 de la MIA correspondiente a La Venta II). Así, el proyecto eólico constituye para esas aves un grave riesgo de colisión porque los aerogeneradores miden casi 50 metros de alto. Igualmente, las obras de La Venta IV están desfigurando la zona, ya que constantemente el nivel del agua sube casi a la superficie. Cuando los constructores no pueden controlarlo, abandonan la zona ya perforada y comienzan a preparar otra. No es todo. Para llegar a La Venta IV es necesario recorrer aproximadamente 40 kilómetros de terracería. Los camiones de volteo que continuamente pasan con material hacia el poblado La Venta provocan tal polvareda que una gruesa capa ya cubrió más de 100 hectáreas de pastizal, ahora inservibles para la alimentación del ganado y la fauna local.
Manuel Carrasco, propietario de 34 hectáreas de pastizal, se negó a firmar el contrato de arrendamiento. “Esta parte de La Venta es una zona de productores de leche (con una cuota de 12 mil litros diarios), pero a partir de que empezaron los trabajos (del proyecto La Venta IV), los ganaderos están optando por vender sus reses. En mi caso tengo que comprar pacas de alimento, pero me resulta muy caro”, se queja. En el municipio de Juchitán, donde también se instalan aerogeneradores, una de las principales opositoras al proyecto es Faustina López Martínez. Entrevistada en el patio de su casa, dice que su cuñado Celestino Bartolo la convenció de firmar, ya que “a él le dijeron que era un programa similar a Procampo”. La señora López habla zapoteco. Auxiliada por un traductor explica que ella posee tres terrenos, de 6, 7 y 13 hectáreas, que le rinden 24 carretas de maíz y 24 de calabaza. Después de la cosecha vende como pastura lo que queda en el terreno.
Cuenta que a su casa llegaron “el licenciado Felipe y su esposa Aurelia Benítez Castillejos” (la notaria pública 67). En su mismo patio, dice, la pareja trató de convencerla para que entrara al proyecto. Más tarde llegaron dos jóvenes de la empresa Unión Fenosa, la subieron a un coche y la llevaron a Tehuantepec, donde le dieron una hoja. “El papel estaba en blanco. No había ninguna letra. Ahí firmé”. Sólo después de eso le dijeron “que recibiría mil pesos al año por cada terreno” y ella se dio cuenta del engaño. Entonces empezó su lucha por conservar sus tierras. Odilón Santiago Martínez, propietario de seis hectáreas en Juchitán, vive de lo que produce: sandía, melón, calabaza y maíz. A él también lo fueron a buscar a su casa para que firmara el contrato. Un trabajador de Porfirio Montero, quien anduvo convenciendo a los pobladores le rentaran sus tierras a Unión Fenosa, le dijo que le iban a dar dinero para trabajar las tierras. “Ahí mismo firmé el contrato –admite el campesino–; me dieron 2 mil pesos por las seis hectáreas. Pensé que era el programa Procampo”.
Con trabajos, explica en español que nunca ha tenido copia del contrato.
–¿Qué va a hacer si la compañía decide venir a instalarse?
–No le voy a dar permiso de entrar. Ya firmé, pero aunque me den 50 mil pesos, ya no los quiero.
A unas horas de Juchitán, en el poblado de Unión Hidalgo, trabajan las siguientes empresas: Cisa-Gamesa en el norte, Preneal en el sur y Unión Fenosa en el oeste. Aquí los campesinos fueron engañados por coyotes como Juan Bartolo, contratado por las empresas. Él dijo que éstas les iban a dar 1.3% del ingreso bruto por la generación de energía eólica a los pobladores. Veinte de los que firmaron el contrato ahora demandan que se anule. La mayoría de ellos no saben leer ni escribir y menos firmar; sólo ponen su huella dactilar. Uno de esos campesinos es Perfecto Vázquez, quien en septiembre de 2004 signó el contrato por la renta de sus 47 hectáreas, en las que mantiene 120 cabezas de ganado y obtiene 140 litros de leche al día. El rancho le da 400 pesos diarios, y la venta de ganado 80 mil al año. Por ese terreno Vázquez cobró 12 mil 600 pesos en tres años, o sea 268 pesos anuales por hectárea.
“Nunca me dieron contrato –asegura–, sólo hojas en blanco del libro de la notaria Aurelia Benítez. Como éramos muchos, nos dijo: ‘¡Firma aquí, luego lo rellenamos’. Al año me trajeron un contrato. Aunque no le entiendo bien, me di cuenta de que me iban a chingar. (Creí que me iban a pagar) por las 47 hectáreas que pasara el camino, pero no, si el camino es de un total de 400 metros cuadrados, ni media hectárea voy a cobrar”. Como empieza a trabajar a las 3 de la mañana en el cuidado de sus animales, llega agotado a su casa al medio día. A la una de la tarde, mientras descansa en su hamaca, advierte que las empresas españolas “no van a entrar. Si me matan ahí, que me maten, pero me voy a llevar a unos dos o tres por delante”.
Sin embargo, tiene el semblante triste y una mirada evasiva que trata de contener las lágrimas.
Beneficio empresarial
En la comunidad huave de San Francisco del Mar nadie ha firmado el contrato, pues aseguran que los aerogeneradores invadirán 2 mil 500 metros de playas. También se negaron San Mateo del Mar y Niltepec. En esta última comunidad los emporios energéticos tratan de rentar 2 mil hectáreas, afirma Santiago Cruz Núñez, presidente de bienes comunales. Por el contrario, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, otras comunidades huaves, ya firmaron contratos con algunas de las empresas mencionadas. Con quien el Grupo GES y las empresas españolas no tienen problema alguno es con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en el título número E/531/AUT/2006, otorgado a Eurus, señala en la “condición” tercera: “La energía eléctrica que genere la permisionaria deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de sus socios”, en este caso 14 plantas de Cemex México, Inmobiliaria Río La Silla y TEG Energía. También deja abierta la posibilidad de que Eurus extienda el servicio a Cales y Morteros Porter y Porter y Control Administrativo Mexicano. Este título autoriza 300 aerogeneradores para generar 876 GWh al año (un gigavatio equivale a un millón de kilovatios-hora).
El permiso número E/322/AUT/2005, otorgado a Eoliatec del Istmo, asienta que sus socios son Compañía Siderúrgica de California, Eoliatec de México, Eoliatec del Istmo, Fimex, Portola Packagind Inc. México, Productora de Hierro Maleable y 13 empresas más. Este permiso comprende 124 aerogeneradores con capacidad total de 163.68 MW, con una producción estimada de 573.4 GWh al año.
El permiso E/548/AUT/2006, concedido a Bee Nii Stipa, le autoriza 31 aerogeneradores para producir 100.130 GWh al año. Esta energía será canalizada a seis plantas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como a Famosa Monterrey, Plásticos Técnicos Mexicanos, Panamco Bajío, Panamco Golfo, Propimex e inmuebles del Golfo. Así mismo, uno de los primeros permisos emitidos, el E/070/AUT/98, permite a la empresa Fuerza Eólica del Istmo instalar 60 aerogeneradores para producir 150 GWh, principalmente destinados a la Cooperativa Manufacturera de Cementos Portland La Cruz Azul, Fuerza Eólica y diez compañías más. A su vez, Vientos del Istmo –gracias a su permiso E/AUT/2005– vendió su producción de energía a 87 tiendas Soriana en todo el país, a 35 sucursales de Desarrollo Lácteo S.P.R. de R.L., Almerimex, Automercadeo de México y The Original Mexican Jean Company. El último de los permisos de los que Proceso obtuvo copia, el E/575/PP/2007, está a nombre del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ampara tres aerogeneradores con capacidad para generar 21.9 GWh. Esta energía es la única que se venderá a la CFE para integrarla a la red de servicio público, según consta en la primera condición del documento.
Kikka Roja
