Agustín Basave
01-Jun-2009
Hay un estudio de la ONU que estima que 60% de nuestros municipios están penetrados o controlados por narcotraficantes, y supongo que el 40% restante están en zonas a donde los capos no han llegado. ¿Por qué no se ha dado entonces un michoacanazo en otras entidades federativas?
Una de dos: o el gobierno federal le tuvo miedo al PRI o está preparando el golpe en su contra. Lo digo porque era tan insistente el rumor de que se fraguaba una acción judicial para detener un conspicuo priista que me parece imposible considerarlo infundado. Desde las altas esferas del poder se filtró la especie de que había una lista de ocho narcogobernadores, y de que se aprehendería a uno de ellos de filiación priista antes de las elecciones. Y sin embargo, hasta ahora el principal blanco de las autoridades ha sido el PRD: los colaboradores del presidente municipal cancunense, el dirigente tamaulipeco, el hermano del senador zacatecano y, ahora, los funcionarios y los alcaldes michoacanos. Alguien podría decir que la mayoría de los ediles en este último caso son de extracción priista, pero el trancazo mediático es sin duda contra el gobierno de un estado emblemáticamente perredista.
Para mi sorpresa, algunos analistas descartan el móvil electoral en Michoacán. ¿De veras piensan que esta acción espectacular se hizo la semana pasada porque fue imposible hacerla un poco antes o un poco después? Por favor, no me digan que no hubo cálculo político. No digo que el operativo se haya diseñado políticamente sino que los lugares y los tiempos fueron electoralmente calculados. ¿O acaso piensan que el gobierno no sopesó la oportunidad del operativo en términos de las preferencias de los votantes, que no escogió deliberadamente la tierra del presidente en vez de un estado panista para dar un golpe de esa magnitud y que no optó por realizarlo la semana pasada por los votos que les daría a su partido de cara al 5 de julio? Pero permítaseme trascender las preguntas retóricas: ¿por qué contra el PRD? Si para el PAN el enemigo a vencer en los próximos comicios es el PRI, ¿por qué no se ha cumplido la amenaza de pegarle a uno de los muchos narcopriistas? Las únicas explicaciones posibles son o que se va a cumplir en un personaje menor para no romper la alianza legislativa entre panistas y priistas, o que se está preparando el terreno de la opinión pública para ir contra un personaje mayor. Ya se le pegó varias veces al PRD —quizá por ser el receptor de buena parte de los puntos que el PRI ha perdido en las encuestas— e incluso se tocó al PAN en Morelos, y si bien queda claro que los perredistas tienen razón en protestar de que al gobernador michoacano se le trató con rudeza innecesaria mientras que al morelense se le tuvieron todas las consideraciones, la opinión pública no dará mucho crédito a los priistas cuando les toque el turno y se quejen de que la persecución tiene motivación electoral. Obvio.
Muchos aplaudimos la determinación del gobierno federal de luchar contra el crimen organizado. Pero ya nos dimos cuenta del tamaño del animal, y por eso sabemos que falta mucho por hacer. Hay un estudio de la ONU que estima que 60% de nuestros municipios están penetrados o controlados por narcotraficantes, y supongo que el 40% restante están en zonas a donde los capos no han llegado o donde los ayuntamientos pueden hacerse de la vista gorda, porque no habría manera en que un funcionario municipal pudiera seguir vivo si los enfrentara. ¿Por qué no se ha dado entonces un michoacanazo en otras entidades federativas? Si los jefes del aparato de seguridad confiesan a los columnistas que ya conocen con bastante precisión quiénes son los implicados, y si no se trata de lanzar una peligrosa ofensiva simultánea contra el narcotráfico en muchos frentes sino de mermar su base política, ¿cuál es la preocupación?
He aquí el equívoco: se preocupan por lo menos y no por lo más. Dicen que no pueden actuar contra todos los políticos coludidos con los cárteles de la droga porque el país se convulsionaría y aprovechan el pretexto para actuar con criterio selectivo y electorero, pero no parecen mortificarse por la ingobernabilidad que la crisis económica está gestando. Por eso yo propongo una estrategia de impunidad cero: que hagan el trabajo de inteligencia que haga falta para lanzar antes de que termine este año o a principios del próximo, al margen de campañas electorales, un megaoperativo contra todos los narcopolíticos que han detectado. Que mientras los ponen a disposición de los jueces, se presente en un mensaje a la nación la evidencia de las complicidades de chile rojo, de dulce azul y de manteca amarilla. Con una limpia pareja, averiguaciones bien hechas y juicios apegados estrictamente a la ley, el narco se debilitaría, la sociedad se fortalecería y el presidente, sin la cachucha del PAN y con la de estadista, recibiría el apoyo popular necesario para librar 2010 y terminar bien su sexenio. La participación social impediría que los intereses políticos afectados pusieran en jaque al Estado y al mismo tiempo contrarrestaría las tentaciones autoritarias de excepcionalidad o militarización, de modo que las instituciones democráticas seguirían operando. Y por si fuera poco, la zarandeada a los partidos los forzaría a refundarse y a entender que aquel que se atreviera a deshacerse de su escoria tendría ventaja de cara a 2012. Saldríamos así del falso dilema en que nos pone la decepción que nos provocan y la conciencia de que sin ellos la democracia degenera en autocracia o en oclocracia: tendríamos partidos, pero no estos partidos. Tendríamos representantes, pero no estos representantes. La condición es que cambiemos nosotros y los cambiemos a ellos, obligándolos a pagar su corrupción con la cárcel o al menos con el fin de su carrera. De una vez, ¿no?
abasave@prodigy.net.mx
Propongo una estrategia de impunidad cero: que hagan el trabajo de inteligencia necesario para lanzar antes de que termine 2009 o a principios del próximo, al margen de campañas electorales, un megaoperativo contra todos los narcopolíticos.
Una de dos: o el gobierno federal le tuvo miedo al PRI o está preparando el golpe en su contra. Lo digo porque era tan insistente el rumor de que se fraguaba una acción judicial para detener un conspicuo priista que me parece imposible considerarlo infundado. Desde las altas esferas del poder se filtró la especie de que había una lista de ocho narcogobernadores, y de que se aprehendería a uno de ellos de filiación priista antes de las elecciones. Y sin embargo, hasta ahora el principal blanco de las autoridades ha sido el PRD: los colaboradores del presidente municipal cancunense, el dirigente tamaulipeco, el hermano del senador zacatecano y, ahora, los funcionarios y los alcaldes michoacanos. Alguien podría decir que la mayoría de los ediles en este último caso son de extracción priista, pero el trancazo mediático es sin duda contra el gobierno de un estado emblemáticamente perredista.
Para mi sorpresa, algunos analistas descartan el móvil electoral en Michoacán. ¿De veras piensan que esta acción espectacular se hizo la semana pasada porque fue imposible hacerla un poco antes o un poco después? Por favor, no me digan que no hubo cálculo político. No digo que el operativo se haya diseñado políticamente sino que los lugares y los tiempos fueron electoralmente calculados. ¿O acaso piensan que el gobierno no sopesó la oportunidad del operativo en términos de las preferencias de los votantes, que no escogió deliberadamente la tierra del presidente en vez de un estado panista para dar un golpe de esa magnitud y que no optó por realizarlo la semana pasada por los votos que les daría a su partido de cara al 5 de julio? Pero permítaseme trascender las preguntas retóricas: ¿por qué contra el PRD? Si para el PAN el enemigo a vencer en los próximos comicios es el PRI, ¿por qué no se ha cumplido la amenaza de pegarle a uno de los muchos narcopriistas? Las únicas explicaciones posibles son o que se va a cumplir en un personaje menor para no romper la alianza legislativa entre panistas y priistas, o que se está preparando el terreno de la opinión pública para ir contra un personaje mayor. Ya se le pegó varias veces al PRD —quizá por ser el receptor de buena parte de los puntos que el PRI ha perdido en las encuestas— e incluso se tocó al PAN en Morelos, y si bien queda claro que los perredistas tienen razón en protestar de que al gobernador michoacano se le trató con rudeza innecesaria mientras que al morelense se le tuvieron todas las consideraciones, la opinión pública no dará mucho crédito a los priistas cuando les toque el turno y se quejen de que la persecución tiene motivación electoral. Obvio.
Muchos aplaudimos la determinación del gobierno federal de luchar contra el crimen organizado. Pero ya nos dimos cuenta del tamaño del animal, y por eso sabemos que falta mucho por hacer. Hay un estudio de la ONU que estima que 60% de nuestros municipios están penetrados o controlados por narcotraficantes, y supongo que el 40% restante están en zonas a donde los capos no han llegado o donde los ayuntamientos pueden hacerse de la vista gorda, porque no habría manera en que un funcionario municipal pudiera seguir vivo si los enfrentara. ¿Por qué no se ha dado entonces un michoacanazo en otras entidades federativas? Si los jefes del aparato de seguridad confiesan a los columnistas que ya conocen con bastante precisión quiénes son los implicados, y si no se trata de lanzar una peligrosa ofensiva simultánea contra el narcotráfico en muchos frentes sino de mermar su base política, ¿cuál es la preocupación?
He aquí el equívoco: se preocupan por lo menos y no por lo más. Dicen que no pueden actuar contra todos los políticos coludidos con los cárteles de la droga porque el país se convulsionaría y aprovechan el pretexto para actuar con criterio selectivo y electorero, pero no parecen mortificarse por la ingobernabilidad que la crisis económica está gestando. Por eso yo propongo una estrategia de impunidad cero: que hagan el trabajo de inteligencia que haga falta para lanzar antes de que termine este año o a principios del próximo, al margen de campañas electorales, un megaoperativo contra todos los narcopolíticos que han detectado. Que mientras los ponen a disposición de los jueces, se presente en un mensaje a la nación la evidencia de las complicidades de chile rojo, de dulce azul y de manteca amarilla. Con una limpia pareja, averiguaciones bien hechas y juicios apegados estrictamente a la ley, el narco se debilitaría, la sociedad se fortalecería y el presidente, sin la cachucha del PAN y con la de estadista, recibiría el apoyo popular necesario para librar 2010 y terminar bien su sexenio. La participación social impediría que los intereses políticos afectados pusieran en jaque al Estado y al mismo tiempo contrarrestaría las tentaciones autoritarias de excepcionalidad o militarización, de modo que las instituciones democráticas seguirían operando. Y por si fuera poco, la zarandeada a los partidos los forzaría a refundarse y a entender que aquel que se atreviera a deshacerse de su escoria tendría ventaja de cara a 2012. Saldríamos así del falso dilema en que nos pone la decepción que nos provocan y la conciencia de que sin ellos la democracia degenera en autocracia o en oclocracia: tendríamos partidos, pero no estos partidos. Tendríamos representantes, pero no estos representantes. La condición es que cambiemos nosotros y los cambiemos a ellos, obligándolos a pagar su corrupción con la cárcel o al menos con el fin de su carrera. De una vez, ¿no?
abasave@prodigy.net.mx
Propongo una estrategia de impunidad cero: que hagan el trabajo de inteligencia necesario para lanzar antes de que termine 2009 o a principios del próximo, al margen de campañas electorales, un megaoperativo contra todos los narcopolíticos.
kikka-roja.blogspot.com/
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