Raymundo Riva Palacio
Disipar el humo
Lunes, 01 de Junio de 2009
Un alto funcionario del gobierno federal, sin quitar gravedad al tema de la epidemia, confió que la influenza que les había dado un respiro en la opinión pública por el creciente deterioro de la economía. En ese momento, la popularidad del presidente Felipe Calderón, y del jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, cabalgaba hacia la cima, cuyo activismo los había llevado a niveles récord de popularidad. "Pero esos números van a bajar", creía el funcionario, como parte de un proceso natural. Lo que no estaba calculado es que ese protagonismo, asociado con medidas que detuvieran la actividad productiva, podría tener un final desastroso.
La popularidad de los dos viene en picada, y está tocando los niveles de 60% de aceptación, con un creciente número de personas que piensan que su forma de gobernar no es buena. Los números de las últimas encuestas empiezan a tomar en cuenta los impactos negativos de las medidas adoptadas por la alerta sanitaria, y las dudas que se empiezan a dar sobre la velocidad con la que se tomaron ciertas acciones y si, como ha habido críticas en México y el mundo, se sobre reaccionó ante la epidemia. Una frase común entre los epidemiólogos es que es mejor un exceso que un deceso, con lo que justifican lo draconiano de las medidas frente a un virus cuya letalidad y velocidad de contagio desconocían. Pero hay una secuencia de acciones que sugieren que una parte importante de las medidas fueron motivadas por la política, no por la salud pública.
Ebrard ha confiado en su círculo cercano que la razón por la cual actuó "por librito" en suspender la actividad económica del Distrito Federal, se debía a que el gobierno federal quería responsabilizar a su gobierno de la epidemia. No hay ninguna evidencia que se hubiera dado esa motivación, aunque en algo sí tenía razón: la responsabilidad de su gobierno. Seis días antes de que se decretara la alerta sanitaria, un paciente con el virus de influenza humana murió en un hospital de la ciudad de México, pero el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, ordenó silenciar el caso y prohibió que las medidas de precaución que habían tomado doctores y enfermeras se pusieran en práctica. Ese deceso, si no inició la epidemia en ese momento –faltaría probarlo científicamente-, sí fue una señal de alerta que debió haber sido comunicada a las instancias federales, que también habían fallado en sus sistemas de alerta.
Pero Ebrard no jugó con el "librito"; sino con la demagogia. Cerró restaurantes y centros de consumo en una primera acción, y luego detuvo la actividad productiva casi en su totalidad. Pero no cerró el Metro, que era una fuente de infección más clara. El gobierno federal suspendió clases, y después, presionado políticamente por las acciones de Ebrard, detuvo también la actividad productiva en el país. Las estadísticas sobre casos comprobados dadas a conocer por la Secretaría de Salud federal, muestran que la medida que ayudó a contener los contagios fue la suspensión de clases. Con el transcurso de los días sin clases comenzaron a ser más los casos de recuperación que de infectados. Pero detener la actividad económica –acción que no tomó ningún otro país afectado por la epidemia-, fue un desastre nacional.
Al empezar a evaporarse la paranoia por la influenza y el efímero escándalo por libros y declaraciones que hicieron ver mal a los políticos, comenzó una ofensiva contra la narcopolítica en varios estados, y desde el viernes hay preocupación en el PRI de que con fines electorales, el gobierno federal vaya a realizar un operativo en un gobierno encabezado por un priista, luego de que ya golpeó a dos perredistas y a un panista. En todo ese trayecto, la economía desapareció de la discusión pero no de la realidad, como prueban varios datos económicos que se dieron a conocer la semana pasada, que pasaron bastante desapercibidos. Por ejemplo:
1) El INEGI informó que 222 mil mexicanos ingresaron a las filas del desempleo en abril, con lo cual la tasa de desempleo abierto ascendió a 5.25%, que equivale a 2 millones 373 mil personas y representa el mayor nivel histórico registrado. Los programas del gobierno de apoyo al empleo sólo han podido colocar a 3.3% de los trabajadores, y la estimación para el mes de mayo son peores: una pérdida adicional de 493 mil empleos.
2) El ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, afirmó en un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que el 2009 es un año perdido y que la caída económica equivale a cuatro años de desarrollo. La estimación corregida de la Secretaría de Hacienda del crecimiento del Producto Interno Bruto es de -5.5%, pero de acuerdo con especialistas, al incluir el efecto negativo por las medidas de emergencia sanitaria, la caída podría alcanzar el -9%, el peor rendimiento desde 1932.
3) La armadora General Motors, que está en la verja de la quiebra técnica en Estados Unidos, anunció que todo mayo, junio y julio, su planta en Silao, Guanajuato, estaría en paro técnico, con lo cual evitan los despidos, pero no pagan salarios.
Los tiempos electorales no deberían de ser los rectores de los gobiernos, pero no hay que engañarse: es una realidad mundial cuando se trata de esconder el deterioro económico. Tampoco hay que ser cínicos. Se tiene que analizar públicamente en los foros adecuados el daño que las medidas económicas tomadas por la alerta sanitaria, y cómo aumentaron el impacto de la crisis financiera mundial, porque el colapso económico mexicano no puede ser obra de un arquitecto cortoplacista pensando en su popularidad y las urnas. En un país serio, si se comprobara la sospecha de que la motivación fue política o electoral, tendría que haber consecuencias políticas y electorales. La pregunta es si somos un país serio, capaz de analizar, debates y premiar o castigar.
La popularidad de los dos viene en picada, y está tocando los niveles de 60% de aceptación, con un creciente número de personas que piensan que su forma de gobernar no es buena. Los números de las últimas encuestas empiezan a tomar en cuenta los impactos negativos de las medidas adoptadas por la alerta sanitaria, y las dudas que se empiezan a dar sobre la velocidad con la que se tomaron ciertas acciones y si, como ha habido críticas en México y el mundo, se sobre reaccionó ante la epidemia. Una frase común entre los epidemiólogos es que es mejor un exceso que un deceso, con lo que justifican lo draconiano de las medidas frente a un virus cuya letalidad y velocidad de contagio desconocían. Pero hay una secuencia de acciones que sugieren que una parte importante de las medidas fueron motivadas por la política, no por la salud pública.
Ebrard ha confiado en su círculo cercano que la razón por la cual actuó "por librito" en suspender la actividad económica del Distrito Federal, se debía a que el gobierno federal quería responsabilizar a su gobierno de la epidemia. No hay ninguna evidencia que se hubiera dado esa motivación, aunque en algo sí tenía razón: la responsabilidad de su gobierno. Seis días antes de que se decretara la alerta sanitaria, un paciente con el virus de influenza humana murió en un hospital de la ciudad de México, pero el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, ordenó silenciar el caso y prohibió que las medidas de precaución que habían tomado doctores y enfermeras se pusieran en práctica. Ese deceso, si no inició la epidemia en ese momento –faltaría probarlo científicamente-, sí fue una señal de alerta que debió haber sido comunicada a las instancias federales, que también habían fallado en sus sistemas de alerta.
Pero Ebrard no jugó con el "librito"; sino con la demagogia. Cerró restaurantes y centros de consumo en una primera acción, y luego detuvo la actividad productiva casi en su totalidad. Pero no cerró el Metro, que era una fuente de infección más clara. El gobierno federal suspendió clases, y después, presionado políticamente por las acciones de Ebrard, detuvo también la actividad productiva en el país. Las estadísticas sobre casos comprobados dadas a conocer por la Secretaría de Salud federal, muestran que la medida que ayudó a contener los contagios fue la suspensión de clases. Con el transcurso de los días sin clases comenzaron a ser más los casos de recuperación que de infectados. Pero detener la actividad económica –acción que no tomó ningún otro país afectado por la epidemia-, fue un desastre nacional.
Al empezar a evaporarse la paranoia por la influenza y el efímero escándalo por libros y declaraciones que hicieron ver mal a los políticos, comenzó una ofensiva contra la narcopolítica en varios estados, y desde el viernes hay preocupación en el PRI de que con fines electorales, el gobierno federal vaya a realizar un operativo en un gobierno encabezado por un priista, luego de que ya golpeó a dos perredistas y a un panista. En todo ese trayecto, la economía desapareció de la discusión pero no de la realidad, como prueban varios datos económicos que se dieron a conocer la semana pasada, que pasaron bastante desapercibidos. Por ejemplo:
1) El INEGI informó que 222 mil mexicanos ingresaron a las filas del desempleo en abril, con lo cual la tasa de desempleo abierto ascendió a 5.25%, que equivale a 2 millones 373 mil personas y representa el mayor nivel histórico registrado. Los programas del gobierno de apoyo al empleo sólo han podido colocar a 3.3% de los trabajadores, y la estimación para el mes de mayo son peores: una pérdida adicional de 493 mil empleos.
2) El ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, afirmó en un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que el 2009 es un año perdido y que la caída económica equivale a cuatro años de desarrollo. La estimación corregida de la Secretaría de Hacienda del crecimiento del Producto Interno Bruto es de -5.5%, pero de acuerdo con especialistas, al incluir el efecto negativo por las medidas de emergencia sanitaria, la caída podría alcanzar el -9%, el peor rendimiento desde 1932.
3) La armadora General Motors, que está en la verja de la quiebra técnica en Estados Unidos, anunció que todo mayo, junio y julio, su planta en Silao, Guanajuato, estaría en paro técnico, con lo cual evitan los despidos, pero no pagan salarios.
Los tiempos electorales no deberían de ser los rectores de los gobiernos, pero no hay que engañarse: es una realidad mundial cuando se trata de esconder el deterioro económico. Tampoco hay que ser cínicos. Se tiene que analizar públicamente en los foros adecuados el daño que las medidas económicas tomadas por la alerta sanitaria, y cómo aumentaron el impacto de la crisis financiera mundial, porque el colapso económico mexicano no puede ser obra de un arquitecto cortoplacista pensando en su popularidad y las urnas. En un país serio, si se comprobara la sospecha de que la motivación fue política o electoral, tendría que haber consecuencias políticas y electorales. La pregunta es si somos un país serio, capaz de analizar, debates y premiar o castigar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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