- De modo falaz difundió información de que el agua de tres delegaciones contiene heces
- El GDF procederá legalmente contra el titular de la Cofepris
- Interpondrá querellas ante el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de la Función Pública
- El panista Miguel Ángel Toscano incurrió en responsabilidad administrativa: Javier Martínez
- resultados-df-agua-no-contaminada-COFEPRIS OCULTÓ INFORMACIÓN
Ayer por la tarde, León Javier Martínez, director de Servicios Legales del gobierno de la ciudad, dio a conocer la estrategia que se seguirá contra el director de la Cofrepis, Miguel Ángel ToscanoFoto Notimex
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Miguel Ángel Toscano, director de la Cofepris, difundió información de que el agua para consumo humano que se distribuye en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta contiene hecesFoto Notimex
Bertha T. Ramírez, Raúl Llanos, Rocío González y Alfredo Méndez
El Gobierno del Distrito Federal interpondrá dos denuncias en contra del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris), Miguel Ángel Toscano, la primera de carácter civil ante el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad (TSJDF), y la segunda, de tipo administrativo, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por difundir información de manera falaz de que el agua para consumo humano que se distribuye en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta contiene heces fecales.
Así lo precisó el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la administración capitalina, León Javier Martínez, quien detalló que la demanda civil se interpondrá este viernes, y en ella se alegará que tanto el boletín que sobre ese asunto emitió la Cofepris, como las posteriores declaraciones del propio Toscano, carecen de sustento y causan daño moral al gobierno de la ciudad.
De hecho, se incluirán en esa querella los estudios técnicos de que dispone el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), que demuestran que no existe dicha contaminación, como falazmente señala la Cofepris.
En la queja ante la SFP, se alegará que el funcionario federal incurre en responsabilidad administrativa, ya que señalar que la red de agua potable presenta heces fecales en tres delegaciones políticas carece de sustento, es falaz, pero, suponiendo sin conceder que fuera cierto, Toscano tenía la obligación de informar oportunamente al Gobierno del Distrito Federal, específicamente al Sistema de Aguas, que existían esas contaminaciones, para que de inmediato las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto.
El PRD mantendrá denuncia
El vocero de la fracción mayoritaria del PRD en la Asamblea Legislativa, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que no desistirán de la denuncia que presentaron en días recientes en la Procuraduría General de la República en contra del funcionario de la Cofepris, y que a la brevedad habrán de ratificarla.
Incluso agregó que los estudios dados a conocer por la Universidad Autónoma Metropolitana sobre de que el agua de las demarcaciones citadas es potable dejan al descubierto que Toscano actuó por interés político, por lo que una vez que los estudios del SACM y de la Cofepris coincidan con estos mismos resultados, no sólo pedirán que renuncie al cargo, sino que promoverán su inhabilitación para ocupar otro cargo en la administración pública.
En la PGR, fuentes de esta dependencia informaron que la denuncia del diputado local fue turnada a la unidad de delitos cometidos por servidores públicos, donde se abrió una averiguación previa por probable ejercicio indebido del servicio público, previsto en la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal.
Añadieron que esos delitos alcanzan una penalidad que oscila entre dos y siete años de prisión, además de multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, e implica la destitución e inhabilitación por dos a siete años.
Así lo precisó el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la administración capitalina, León Javier Martínez, quien detalló que la demanda civil se interpondrá este viernes, y en ella se alegará que tanto el boletín que sobre ese asunto emitió la Cofepris, como las posteriores declaraciones del propio Toscano, carecen de sustento y causan daño moral al gobierno de la ciudad.
De hecho, se incluirán en esa querella los estudios técnicos de que dispone el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), que demuestran que no existe dicha contaminación, como falazmente señala la Cofepris.
En la queja ante la SFP, se alegará que el funcionario federal incurre en responsabilidad administrativa, ya que señalar que la red de agua potable presenta heces fecales en tres delegaciones políticas carece de sustento, es falaz, pero, suponiendo sin conceder que fuera cierto, Toscano tenía la obligación de informar oportunamente al Gobierno del Distrito Federal, específicamente al Sistema de Aguas, que existían esas contaminaciones, para que de inmediato las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto.
El PRD mantendrá denuncia
El vocero de la fracción mayoritaria del PRD en la Asamblea Legislativa, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que no desistirán de la denuncia que presentaron en días recientes en la Procuraduría General de la República en contra del funcionario de la Cofepris, y que a la brevedad habrán de ratificarla.
Incluso agregó que los estudios dados a conocer por la Universidad Autónoma Metropolitana sobre de que el agua de las demarcaciones citadas es potable dejan al descubierto que Toscano actuó por interés político, por lo que una vez que los estudios del SACM y de la Cofepris coincidan con estos mismos resultados, no sólo pedirán que renuncie al cargo, sino que promoverán su inhabilitación para ocupar otro cargo en la administración pública.
En la PGR, fuentes de esta dependencia informaron que la denuncia del diputado local fue turnada a la unidad de delitos cometidos por servidores públicos, donde se abrió una averiguación previa por probable ejercicio indebido del servicio público, previsto en la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal.
Añadieron que esos delitos alcanzan una penalidad que oscila entre dos y siete años de prisión, además de multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, e implica la destitución e inhabilitación por dos a siete años.
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