Proceso
En menos de medio año Jalisco ha sido escenario de dos multihomicidios perpetrados por Los Zetas y sus aliados del Cártel del Milenio contra la gente de Joaquín El Chapo Guzmán que dejan inermes a las autoridades estatales y aun a las federales. El hallazgo de 18 cuerpos descuartizados en la carretera a Chapala el miércoles 9 fue una suerte de reedición de la matanza de Los Arcos del Milenio, ocurrida en noviembre último. Lo grave de todo es que las autoridades sabían que se preparaba una matanza y no hicieron nada para evitarla.
GUADALAJARA, JAL.- Hace cinco meses, la víspera de que se localizaran los 26 cadáveres en los Arcos del Milenio, las autoridades judiciales recibieron denuncias sobre algunos levantones en varios municipios jaliscienses pero no les dieron seguimiento. La historia se repitió hace unos días, cuando varias decenas de personas fueron secuestradas y el miércoles 9 aparecieron 18 en dos camionetas en la carretera a Chapala y dos más cerca de El Arenal.
Hasta la madrugada del sábado 12 aún no aparecían todos los secuestrados, entre ellos una mujer. Y aun cuando los familiares de uno de los plagiados pagaron el rescate, nunca regresó. Sus restos, desmembrados, aparecieron junto con los de otras 17 personas el miércoles 9. Cinco de ellos fueron decapitados vivos, otros tenían el tiro de gracia, según los peritos.
La Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) sabía lo que estaba sucediendo en Ajijic, San Nicolás de los Ibarra, San Antonio y San Juan Cosalá, entre los municipios de Chapala y Jocotepec, en la ribera del lago, donde grupos de desconocidos estaban levantando gente, según testimonios de algunos plagiados que escaparon de sus captores el martes 8.
La “siembra” de cadáveres se volvió a presentar de manera similar a la de noviembre pasado en los Arcos del Milenio, en esta ciudad, sólo que ahora los cadáveres fueron abandonados en el kilómetro 25 de la carretera a Chapala y en una brecha que va a la comunidad de La Querencia, en territorio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Un grupo de desconocidos dejaron ahí dos vehículos cargados con 18 cuerpos humanos –13 más o menos completos y cinco descuartizados y sin cabeza– la mañana del miércoles 9.
Y aunque la PGJ admite que desde el 27 de abril tenía información sobre varios levantones en el municipio de Chapala, sus agentes no fueron a investigar ni informaron a la comunidad sobre lo que estaba pasando.
Según los testimonios de los lugareños recogidos por los medios locales, hace más de 15 días dos adolescentes y un adulto fueron levantados por hombres armados en San Juan Cosalá. Y pese a que los familiares presentaron la denuncia ante la procuraduría del estado, los peritos comenzaron a investigar sólo cuando aparecieron las camionetas con los 18 cadáveres.
El viernes 11 por la noche aun se veía en el poblado una manta con los nombres de los desaparecidos: Liliana, Pedro y Armando. Sus familiares no saben si están vivos; sólo claman que los tres son inocentes y exigen a sus captores que los liberen.
Para las autoridades de Jalisco las ejecuciones son resultado de un encontronazo entre chapos-golfos y zetas-milenios que se disputan el territorio jalisciense. Los reportes policiacos indican que las bandas habían planeado levantar a medio centenar de personas y llevarlas a una casa de Ahuisculco, municipio de Tala, donde serían ejecutados.
De acuerdo con el plan, los cuerpos serían tirados en lugares próximos a la zona metropolitana de Guadalajara el jueves 10. Pero la fuga de 10 personas el martes 8 alteró el plan original, que abarcaba la ejecución de 50 personas.
Para la procuraduría estatal el multihomicidio es una respuesta de Los Zetas y sus aliados del Cártel del Milenio a la banda de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyos sicarios ejecutaron el pasado 4 de abril a 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese día aparecieron 14 cuerpos en una camioneta abandonada y nueve más colgados en un puente peatonal.
La fuga
El miércoles 9 por la mañana los pobladores de Ixtlahuacán de los Membrillos supieron del hallazgo de los 18 cuerpos mutilados. La PGJ aseguró una Ford Ecosport en la que se encontraron cinco cabezas humanas, piernas, brazos y otros restos, así como otra camioneta Toyota oscura tipo Sienna con los demás cuerpos.
Las unidades fueron trasladadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con su “carga” para realizar los peritajes de ley y para evitar que los reporteros y fotógrafos se enteraran del hallazgo.
En su edición del jueves 10 el periódico Mural publicó una nota en la cual indicaba que, según versiones extraoficiales, en las dos camionetas había mensajes contra Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y José Ángel Carrasco Coronel, sobrino del desaparecido Ignacio Nacho Coronel, líderes del Cártel de Sinaloa.
La nota aludió también a la presunta protección del gobierno de Jalisco a ese grupo. El procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, rechazó el señalamiento y negó que se hubieran encontrado mensajes o amenazas contra autoridades estatales.
Ese mismo día aparecieron otros dos cuerpos en el municipio del Arenal; ambos tenían el tiro de gracia. La policía los relacionó con el mismo hecho. Coronado Olmos declaró que al parecer la mayoría de los muertos no tenía que ver con la delincuencia organizada.
El miércoles 9, el mismo procurador admitió que era imposible precisar el número de víctimas pues sus cuerpos estaban desmembrados. Tras reunirse con el gabinete de Seguridad, encabezado por el gobernador, Emilio González Márquez, en Casa Jalisco, Tomás Coronado dijo que el hallazgo estaba relacionado con el descubrimiento de una decena de personas secuestradas en el poblado de Ahuisculco, en Tala, de donde algunos lograron escapar de sus captores durante la mañana del martes 8.
Incluso declaró que el mismo día en la población de Navajas, en el mismo municipio de Tala, fue capturada Laura Rosales Sánchez, de 25 años y oriunda del lugar, quien cuidaba a los secuestrados en la vivienda propiedad de su familia.
Estaban encerrados en una vieja finca marcada con el número 34 de la calle Ignacio Zaragoza, a unos metros de una escuela primaria y del lienzo charro Nati Cano. En el interior de la vivienda asegurada los policías y empleados del Servicio Médico Forense buscaron indicios de personas asesinadas. No encontraron ninguna pista.
Según testimonios recabados por Proceso, antes de la llegada de las autoridades a ese poblado, al menos ocho de los afectados acudieron directamente a las casas de algunos pobladores para pedir comida y solicitar permiso para realizar una llamada telefónica a sus familiares… y a la policía:
“Vimos que cuatro de los secuestrados entraron por la parte de la huerta a mi finca y nos asustamos. Les ofrecimos un poco de agua y les pedimos que, por favor, salieran de la casa; nos daba miedo que permanecieran en ella”, relata una de las personas que brindó auxilio a los secuestrados.
El delegado municipal de Ahuisculco, Fernando Ortega, y varios pobladores localizaron a los fugados y los llevaron al ayuntamiento. Ahí les dieron agua y comida y los interrogaron. Algunos iban totalmente desnudos. Uno de ellos llegó a la carretera Tala-Guadalajara para pedir ayuda.
Eran las 10 de la noche del martes 8 y las unidades de la policía estatal aún montaban guardia en la zona. Durante más de cuatro horas Ahuisculco fue tomado virtualmente por agentes policiacos y soldados. Estos últimos bloquearon las cinco entradas a la ranchería, donde habitan poco menos de mil personas.
Sin embargo, ni la fuga de varios secuestrados ni el despliegue policiaco-militar pudo disuadir el plan de “siembra” de cadáveres establecido para el jueves 10; sólo se adelantó un día, según informó el diario El Occidental el miércoles 9, y aludió al decomiso de un narcolaboratorio localizado en Acatlán de Juárez tras la captura de Laura Rosales.
Una procuraduría negligente
En sus declaraciones, Laura Rosales relató que fue su hermano Ángel Rosales –al que apodan El Terrillo y a quien la policía considera el líder de Los Zetas en Chapala– el que se encargó de “reunir” a las víctimas “por órdenes de su patrón”, aunque no dio su nombre. Dijo también que su hermano iba a ejecutar a los plagiados para luego abandonar los cadáveres en dos vehículos en Ixtlahuacán.
Según el procurador, la detenida admitió que trabajaba para Los Zetas y aludió a las ejecuciones realizadas por la gente del Cártel de Sinaloa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la respuesta que preparaban sus rivales en Jalisco “para que todo mundo supiera las cosas. Ahí están los resultados”, dijo el funcionario.
Las autoridades estatales consideran posible que entre las personas que custodiaba Laura Rosales en Ahuisculco se encontraran algunos de los levantados en la ribera de Chapala entre el 24 de abril y el martes 8, la víspera del hallazgo de los 18 cuerpos mutilados.
El mismo martes 8, habitantes de esa zona de Chapala llamaron a la redacción de Proceso Jalisco para denunciar los levantones en la región y para quejarse de la nula respuesta de la PGJ.
El miércoles 9 por la tarde, Tomás Coronado dijo que desde finales de abril la procuraduría recibió denuncias sobre desapariciones en Chapala. Al principio dijo que eran 15, pero luego corrigió y dijo que eran 30. Admitió también que en la región Valles se reportaban 12 quejas similares.
A decir de los vecinos de Chapala, la PGJ actuó con negligencia, aun cuando en esa zona residen miles de extranjeros. Se comportó como en noviembre pasado, cuando a pesar de que tenía 10 denuncias sobre desaparición de personas, actuó sólo cuando aparecieron 26 cuerpos abandonados en las inmediaciones de los Arcos del Milenio la madrugada del 24 de noviembre (Proceso 1830 y 1831).
Esa vez el forense Alfredo Rodríguez criticó la incapacidad de las autoridades estatales para enfrentar ataques directos a la población, mientras el investigador de la Universidad de Guadalajara Dante Haro calificó el multihomicidio como un acto de narcoterrorismo en el marco de la guerra entre chapos y zetas.
Hasta el sábado 12 sólo se habían identificado los cuerpos de varios meseros de entre 16 y 28 años que trabajaban en el restaurante Piedra de la Iguana, en un lugar conocido como Piedra Barrenada, al borde del lago de Chapala, y varios estudiantes.
Uno de ellos, Jesús Martínez Delgado, de 18 años, cursaba el quinto semestre de ingeniería en la Universidad de Guadalajara y había sido levantado el domingo 6; otro era Juan Luis Sandoval, de 16 años, quien también cursaba ingeniería, y David Martínez Velázquez, de 18, recién egresado de preparatoria.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal se vio más activa que la PGJ al capturar a cuatro presuntos sicarios de Los Zetas implicados en los levantones y en la masacre. Se trata de Héctor Manuel López, de 31 años y con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo a negocios; Milton Everado Castro, de 21; Ramón Parada Talamantes, de 44, y César Alejandro Rodríguez Cervantes, El Moco, de 20. Este último fue captado en video cuando retiraba efectivo de un cajero automático con la tarjeta de una de las víctimas. Todos residían en Tala.
El viernes 11 la PGJ giró órdenes de aprehensión contra Armando Rafael Figueroa Martínez, El Cali, El Colchón o El R20; Juan Carlos Antonio Mercado, El Chato o El Molino, y Ángel Rosales Sánchez, El Jabalino, El R25 o El Terrillo, hermano de Laura Rosales.
El día anterior, la Secretaría de Seguridad Pública estatal localizó una casa rodante en San Nicolás de los Ibarra, municipio de Chapala, presuntamente robada semanas atrás. Los agentes encontraron en su interior un arsenal que incluía siete fusiles AR-15, tres AK-47, varias granadas de fragmentación, cuatro pistolas de diferentes calibres y cargadores para los “cuernos de chivo”, así como parque.
El mismo jueves 10, la Procuraduría General de la República confirmó que personal asignado a la institución se sumaba a las investigaciones, si bien aclaró que no atraería el caso del multihomicidio.
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kikka-roja.blogspot.com
En menos de medio año Jalisco ha sido escenario de dos multihomicidios perpetrados por Los Zetas y sus aliados del Cártel del Milenio contra la gente de Joaquín El Chapo Guzmán que dejan inermes a las autoridades estatales y aun a las federales. El hallazgo de 18 cuerpos descuartizados en la carretera a Chapala el miércoles 9 fue una suerte de reedición de la matanza de Los Arcos del Milenio, ocurrida en noviembre último. Lo grave de todo es que las autoridades sabían que se preparaba una matanza y no hicieron nada para evitarla.
GUADALAJARA, JAL.- Hace cinco meses, la víspera de que se localizaran los 26 cadáveres en los Arcos del Milenio, las autoridades judiciales recibieron denuncias sobre algunos levantones en varios municipios jaliscienses pero no les dieron seguimiento. La historia se repitió hace unos días, cuando varias decenas de personas fueron secuestradas y el miércoles 9 aparecieron 18 en dos camionetas en la carretera a Chapala y dos más cerca de El Arenal.
Hasta la madrugada del sábado 12 aún no aparecían todos los secuestrados, entre ellos una mujer. Y aun cuando los familiares de uno de los plagiados pagaron el rescate, nunca regresó. Sus restos, desmembrados, aparecieron junto con los de otras 17 personas el miércoles 9. Cinco de ellos fueron decapitados vivos, otros tenían el tiro de gracia, según los peritos.
La Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) sabía lo que estaba sucediendo en Ajijic, San Nicolás de los Ibarra, San Antonio y San Juan Cosalá, entre los municipios de Chapala y Jocotepec, en la ribera del lago, donde grupos de desconocidos estaban levantando gente, según testimonios de algunos plagiados que escaparon de sus captores el martes 8.
La “siembra” de cadáveres se volvió a presentar de manera similar a la de noviembre pasado en los Arcos del Milenio, en esta ciudad, sólo que ahora los cadáveres fueron abandonados en el kilómetro 25 de la carretera a Chapala y en una brecha que va a la comunidad de La Querencia, en territorio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Un grupo de desconocidos dejaron ahí dos vehículos cargados con 18 cuerpos humanos –13 más o menos completos y cinco descuartizados y sin cabeza– la mañana del miércoles 9.
Y aunque la PGJ admite que desde el 27 de abril tenía información sobre varios levantones en el municipio de Chapala, sus agentes no fueron a investigar ni informaron a la comunidad sobre lo que estaba pasando.
Según los testimonios de los lugareños recogidos por los medios locales, hace más de 15 días dos adolescentes y un adulto fueron levantados por hombres armados en San Juan Cosalá. Y pese a que los familiares presentaron la denuncia ante la procuraduría del estado, los peritos comenzaron a investigar sólo cuando aparecieron las camionetas con los 18 cadáveres.
El viernes 11 por la noche aun se veía en el poblado una manta con los nombres de los desaparecidos: Liliana, Pedro y Armando. Sus familiares no saben si están vivos; sólo claman que los tres son inocentes y exigen a sus captores que los liberen.
Para las autoridades de Jalisco las ejecuciones son resultado de un encontronazo entre chapos-golfos y zetas-milenios que se disputan el territorio jalisciense. Los reportes policiacos indican que las bandas habían planeado levantar a medio centenar de personas y llevarlas a una casa de Ahuisculco, municipio de Tala, donde serían ejecutados.
De acuerdo con el plan, los cuerpos serían tirados en lugares próximos a la zona metropolitana de Guadalajara el jueves 10. Pero la fuga de 10 personas el martes 8 alteró el plan original, que abarcaba la ejecución de 50 personas.
Para la procuraduría estatal el multihomicidio es una respuesta de Los Zetas y sus aliados del Cártel del Milenio a la banda de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyos sicarios ejecutaron el pasado 4 de abril a 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese día aparecieron 14 cuerpos en una camioneta abandonada y nueve más colgados en un puente peatonal.
La fuga
El miércoles 9 por la mañana los pobladores de Ixtlahuacán de los Membrillos supieron del hallazgo de los 18 cuerpos mutilados. La PGJ aseguró una Ford Ecosport en la que se encontraron cinco cabezas humanas, piernas, brazos y otros restos, así como otra camioneta Toyota oscura tipo Sienna con los demás cuerpos.
Las unidades fueron trasladadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con su “carga” para realizar los peritajes de ley y para evitar que los reporteros y fotógrafos se enteraran del hallazgo.
En su edición del jueves 10 el periódico Mural publicó una nota en la cual indicaba que, según versiones extraoficiales, en las dos camionetas había mensajes contra Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y José Ángel Carrasco Coronel, sobrino del desaparecido Ignacio Nacho Coronel, líderes del Cártel de Sinaloa.
La nota aludió también a la presunta protección del gobierno de Jalisco a ese grupo. El procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, rechazó el señalamiento y negó que se hubieran encontrado mensajes o amenazas contra autoridades estatales.
Ese mismo día aparecieron otros dos cuerpos en el municipio del Arenal; ambos tenían el tiro de gracia. La policía los relacionó con el mismo hecho. Coronado Olmos declaró que al parecer la mayoría de los muertos no tenía que ver con la delincuencia organizada.
El miércoles 9, el mismo procurador admitió que era imposible precisar el número de víctimas pues sus cuerpos estaban desmembrados. Tras reunirse con el gabinete de Seguridad, encabezado por el gobernador, Emilio González Márquez, en Casa Jalisco, Tomás Coronado dijo que el hallazgo estaba relacionado con el descubrimiento de una decena de personas secuestradas en el poblado de Ahuisculco, en Tala, de donde algunos lograron escapar de sus captores durante la mañana del martes 8.
Incluso declaró que el mismo día en la población de Navajas, en el mismo municipio de Tala, fue capturada Laura Rosales Sánchez, de 25 años y oriunda del lugar, quien cuidaba a los secuestrados en la vivienda propiedad de su familia.
Estaban encerrados en una vieja finca marcada con el número 34 de la calle Ignacio Zaragoza, a unos metros de una escuela primaria y del lienzo charro Nati Cano. En el interior de la vivienda asegurada los policías y empleados del Servicio Médico Forense buscaron indicios de personas asesinadas. No encontraron ninguna pista.
Según testimonios recabados por Proceso, antes de la llegada de las autoridades a ese poblado, al menos ocho de los afectados acudieron directamente a las casas de algunos pobladores para pedir comida y solicitar permiso para realizar una llamada telefónica a sus familiares… y a la policía:
“Vimos que cuatro de los secuestrados entraron por la parte de la huerta a mi finca y nos asustamos. Les ofrecimos un poco de agua y les pedimos que, por favor, salieran de la casa; nos daba miedo que permanecieran en ella”, relata una de las personas que brindó auxilio a los secuestrados.
El delegado municipal de Ahuisculco, Fernando Ortega, y varios pobladores localizaron a los fugados y los llevaron al ayuntamiento. Ahí les dieron agua y comida y los interrogaron. Algunos iban totalmente desnudos. Uno de ellos llegó a la carretera Tala-Guadalajara para pedir ayuda.
Eran las 10 de la noche del martes 8 y las unidades de la policía estatal aún montaban guardia en la zona. Durante más de cuatro horas Ahuisculco fue tomado virtualmente por agentes policiacos y soldados. Estos últimos bloquearon las cinco entradas a la ranchería, donde habitan poco menos de mil personas.
Sin embargo, ni la fuga de varios secuestrados ni el despliegue policiaco-militar pudo disuadir el plan de “siembra” de cadáveres establecido para el jueves 10; sólo se adelantó un día, según informó el diario El Occidental el miércoles 9, y aludió al decomiso de un narcolaboratorio localizado en Acatlán de Juárez tras la captura de Laura Rosales.
Una procuraduría negligente
En sus declaraciones, Laura Rosales relató que fue su hermano Ángel Rosales –al que apodan El Terrillo y a quien la policía considera el líder de Los Zetas en Chapala– el que se encargó de “reunir” a las víctimas “por órdenes de su patrón”, aunque no dio su nombre. Dijo también que su hermano iba a ejecutar a los plagiados para luego abandonar los cadáveres en dos vehículos en Ixtlahuacán.
Según el procurador, la detenida admitió que trabajaba para Los Zetas y aludió a las ejecuciones realizadas por la gente del Cártel de Sinaloa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la respuesta que preparaban sus rivales en Jalisco “para que todo mundo supiera las cosas. Ahí están los resultados”, dijo el funcionario.
Las autoridades estatales consideran posible que entre las personas que custodiaba Laura Rosales en Ahuisculco se encontraran algunos de los levantados en la ribera de Chapala entre el 24 de abril y el martes 8, la víspera del hallazgo de los 18 cuerpos mutilados.
El mismo martes 8, habitantes de esa zona de Chapala llamaron a la redacción de Proceso Jalisco para denunciar los levantones en la región y para quejarse de la nula respuesta de la PGJ.
El miércoles 9 por la tarde, Tomás Coronado dijo que desde finales de abril la procuraduría recibió denuncias sobre desapariciones en Chapala. Al principio dijo que eran 15, pero luego corrigió y dijo que eran 30. Admitió también que en la región Valles se reportaban 12 quejas similares.
A decir de los vecinos de Chapala, la PGJ actuó con negligencia, aun cuando en esa zona residen miles de extranjeros. Se comportó como en noviembre pasado, cuando a pesar de que tenía 10 denuncias sobre desaparición de personas, actuó sólo cuando aparecieron 26 cuerpos abandonados en las inmediaciones de los Arcos del Milenio la madrugada del 24 de noviembre (Proceso 1830 y 1831).
Esa vez el forense Alfredo Rodríguez criticó la incapacidad de las autoridades estatales para enfrentar ataques directos a la población, mientras el investigador de la Universidad de Guadalajara Dante Haro calificó el multihomicidio como un acto de narcoterrorismo en el marco de la guerra entre chapos y zetas.
Hasta el sábado 12 sólo se habían identificado los cuerpos de varios meseros de entre 16 y 28 años que trabajaban en el restaurante Piedra de la Iguana, en un lugar conocido como Piedra Barrenada, al borde del lago de Chapala, y varios estudiantes.
Uno de ellos, Jesús Martínez Delgado, de 18 años, cursaba el quinto semestre de ingeniería en la Universidad de Guadalajara y había sido levantado el domingo 6; otro era Juan Luis Sandoval, de 16 años, quien también cursaba ingeniería, y David Martínez Velázquez, de 18, recién egresado de preparatoria.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal se vio más activa que la PGJ al capturar a cuatro presuntos sicarios de Los Zetas implicados en los levantones y en la masacre. Se trata de Héctor Manuel López, de 31 años y con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo a negocios; Milton Everado Castro, de 21; Ramón Parada Talamantes, de 44, y César Alejandro Rodríguez Cervantes, El Moco, de 20. Este último fue captado en video cuando retiraba efectivo de un cajero automático con la tarjeta de una de las víctimas. Todos residían en Tala.
El viernes 11 la PGJ giró órdenes de aprehensión contra Armando Rafael Figueroa Martínez, El Cali, El Colchón o El R20; Juan Carlos Antonio Mercado, El Chato o El Molino, y Ángel Rosales Sánchez, El Jabalino, El R25 o El Terrillo, hermano de Laura Rosales.
El día anterior, la Secretaría de Seguridad Pública estatal localizó una casa rodante en San Nicolás de los Ibarra, municipio de Chapala, presuntamente robada semanas atrás. Los agentes encontraron en su interior un arsenal que incluía siete fusiles AR-15, tres AK-47, varias granadas de fragmentación, cuatro pistolas de diferentes calibres y cargadores para los “cuernos de chivo”, así como parque.
El mismo jueves 10, la Procuraduría General de la República confirmó que personal asignado a la institución se sumaba a las investigaciones, si bien aclaró que no atraería el caso del multihomicidio.
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