La trayectoria de Gabriel Quadri, aspirante presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal) que controla la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, desmiente sus banderas de “candidato ciudadano”, “ambientalista” y “académico”.
En el debate del domingo 6, la panista Josefina Vázquez Mota fue la única que se animó a fijarse en él. Y lo hizo sólo para señalar que su patrona es la maestra, dueña del partido que lo postula y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Crecido, aun cuando los demás candidatos le hicieron el vacío pese a las puyas que les lanzó calificándolos peyorativamente de políticos, poco se ha dicho sobre el pasado de Quadri.
Pese a que se presentó como ciudadano y dijo que no es un político, se desempeñó como alto funcionario en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Ecología (INE), cargo de indiscutible envergadura política.
Desde hace 17 años, organismos ciudadanos y ambientalistas lo señalan como corrupto y lo consideran un político pragmático, de extrema derecha y ecocida. Sus acciones, sostienen, provocaron daños ambientales, erogaciones millonarias al Estado mexicano, malformaciones en niños de San Luis Potosí y contaminación de agua en territorios del norte del país.
El pasado 27 de abril, en la Ciudad de México, Quadri presumió en la Casa Lamm que ninguno de los contendientes presidenciales sabe de medio ambiente y sustentabilidad como él.
“El día que quieran les doy clases de sustentabilidad. Difícilmente otro candidato sabe más de ese tema que yo. Perdón que lo diga con arrogancia, pero eso sí lo puedo decir: ningún otro candidato está tan preparado como yo.”
Quadri era el menos conocido de los aspirantes –si acaso se sabía que ocupó algunos puestos en la burocracia, en la academia y en el sector privado– hasta el debate del domingo 6, tras el cual se le evaluó como una “sorpresa” por las ideas y críticas que expuso ese día.
Su primer puesto público fue en el INE, donde se mantuvo como director de 1994 a 1997, en el sexenio zedillista y al amparo de la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias.
Trabajó en el Banco de México y fue director de la empresa EcoSecurtities. También fue académico en la UNAM, el ITAM y la UIA.
De 1998 a 2003 trabajó para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Luego fundó su propia consultoría, denominada SIGEA Carbón, que tiene la misma línea que EcoSecurtities.
No obstante su largo paso por la burocracia, desde el inicio de su campaña presidencial viaja en una combi enarbolando las banderas de “candidato ciudadano”, “académico” y “ambientalista”. Incluso inició su proselitismo en los arrecifes de Veracruz, donde buceó para resaltar que México no tiene políticas de mares”; también ha dicho que el país carece de políticas públicas de ciudades, de aguas, y que las propuestas para la preservación ecológica son escasas.
Y aun cuando insiste en que él no es político, el martes 8, cuando visitó la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, una alumna le dijo, diccionario en mano:
“Usted ha dicho que es ciudadano y los demás son los políticos de siempre. Según el diccionario, político es aquel que interviene en los asuntos del Estado y en los negocios del gobierno. Entonces usted, desde que aceptó la candidatura de su partido, se convierte en un político.”
Quadri repuso: “Me agarraron en curva. Está bien. Sí, soy un político, pero lo soy desde hace mes y medio. No soy un político de siempre, soy un político nuevo que está haciendo una candidatura nueva”.
Los negocios públicos
El involucramiento de Gabriel Quadri en negocios públicos data de por lo menos tres lustros, cuando fue director del INE y grupos de ciudadanos afectados por sus decisiones lo cuestionaron, en particular por la instalación del tiradero tóxico aprobado por él en San José de la Paila, en Coahuila.
Campesinos de una comunidad asentada en Parras de la Fuente, colindante con General Cepeda, en esa entidad pidieron el apoyo a Jesús González Schmal, quien encabezó la defensa jurídica de los agraviados por el entonces funcionario del INE.
“La labor de Quadri (en ese instituto) fue pavorosa. Fue él quien autorizó el establecimiento de un Centro Integral de Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari), cuya función era reciclar o inhibir desechos tóxicos, pero que no eran más que un tiradero”, relata González Schmal.
La autorización fue combatida por los colonos y el alcalde de General Cepeda, ya que investigadores de diferentes universidades determinaron que se provocaría un grave daño ambiental que afectaría no sólo a la comunidad, sino a la ciudad de Torreón, a unos 200 kilómetros, por los cauces naturales del agua.
A través de la empresa Servicios Ambientales de Coahuila (SAC) conformada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre todo con inversionistas estadunidenses, el Cimari se apropió de 30 mil hectáreas ejidales y se instaló en una zona estratégica, a pocos kilómetros de la ruta del ferrocarril a la Ciudad de México y de dos carreteras.
Quadri litigó como titular del INE para que no se reconociera personalidad jurídica al ayuntamiento que negaba la autorización. Y lo logró. Sin embargo, luego de seis años de litigios, el municipio ganó el juicio de nulidad 6117/03-17-06-4/541/04-PL-06-04-RF del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, que dejó sin efectos la autorización del INE.
Desde la solicitud de permiso que pidió la SAC quedó claro que su propósito era importar desechos estadunidenses, incluso presentó una lista de 15 empresas estadunidenses que serían sus clientes, entre ellas Halliburton, Chevron, Caterpiller, Dupont y Whirpool.
Según González Schmal, quien busca un escaño en el Senado impulsado por el Movimiento Progresista, la empresa se quejó de haber invertido 25 millones de dólares, pero en el lugar no había inversión física.
“Esa inversión fue seguramente para comprar los permisos que Quadri les pudo haber facilitado. Con el movimiento dejamos en la cuerda floja a Quadri, quien ya tenía problemas por el confinamiento de Guadalcázar en San Luis Potosí. Julia Carabias (titular de la Semarnap) tuvo que echarlo”, dice.
Añade: “Es necesario saber quién es Quadri, quien ahora se rasga las vestiduras y se dice ciudadano honrado y académico. En realidad es un vividor, un negociante que está lucrando con el tema ambiental; es un hombre muy peligroso”.
Cuando González Schmal dio parte de esta información en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui el viernes 11, Quadri reaccionó de inmediato e intentó descalificarlo: “Van a empezar a buscar detalles de mi vida personal. Son los políticos de siempre, va a haber más virulencia. Hay que estar preparados”.
Dijo que González Schmal, a quien calificó como un político tradicional, fue el responsable de que el Cimari no se instalara, por lo que ahora los residuos tóxicos van a ríos y cañadas.
Lo cierto es que cuando era titular del INE, a través del Oficio BOO.E.21.4722/97, la Comisión Nacional del Agua recomendó al organismo ambiental que no autorizara el Cimari porque los mantos freáticos estaban a 18 metros de profundidad.
Un ecocidio vigente
Los señalamientos contra Quadri no son nuevos. En los noventa, grupos campesinos y ciudadanos de Nuevo León lo denunciaron por el confinamiento de Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V. (Rimsa), que se mantiene en operación a pesar de las múltiples anomalías registradas desde que inició sus operaciones.
La historia de Rimsa data de mediados de los ochenta, cuando confinó de manera inadecuada miles de toneladas de basura tóxica en Espinazo, Nuevo León. Luego, en 1987, con el huracán Gilberto, la crecida barrió el sitio de manera que los tambos quedaron regados a varios kilómetros.
Sin embargo pudo instalarse en el Cañón de San Bernabé, en Mina Nuevo León. La afectación motivó una respuesta ciudadana que exigió a las autoridades ambientales la clausura sin conseguirlo.
De acuerdo con Raúl Rubio Cano, el periodista que documentó el caso, Rimsa confinó de manera tan irregular que el ganado comenzó a morir, mientras que los campesinos eran despojados de sus tierras por la empresa. Los que se resistían a vender fueron privados de acceso a sus estancias con hombres armados. El INE de Quadri desdeñó las denuncias.
Rubio Cano consiguió un estudio realizado por el Texas Center for Policy Studies sobre ese caso, que incluye datos de 1994:
“Rimsa dispone de instalaciones para tratamiento, reciclaje, disposición y mezcla de combustibles. Debido a que la información en México sobre la cantidad generada y lugar en donde se manejan los residuos es bastante limitada y, en su mayoría, no reportada, no es posible determinar exactamente la cantidad procesada y dispuesta por esta empresa.
“De todas formas, Rimsa sostiene que sus instalaciones son capaces de tratar entre 600 mil y 800 mil toneladas de residuos peligrosos al año. El INE reporta la capacidad mensual de disposición de Rimsa como 100 mil toneladas.”
Los problemas con la empresa continuaron pese a la resistencia ciudadana. Las seguridades brindadas por las autoridades ambientales y la pasividad de las locales, dio paso a un desastre ambiental, cuando Pemex contrató el confinamiento para depositar en Port Arthur Texas residuos de hexaclorados (altamente cancerígenos) que no llevó a Texas, sino que trasladó desde el Complejo Pajaritos, en Veracruz, hasta las instalaciones de Rimsa. En el trayecto se derramaron.
Lo anterior derivó en una sanción consistente en prohibir la contratación por dos años de Rimsa en todo el gobierno federal, publicada el 25 de julio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
“Lo más grave es que Quadri puso en peligro toda la zona metropolitana de Monterrey”, dice Rubio. Hasta hoy Rimsa sigue operando.
Neoliberal pragmático
En el altiplano central potosino, un vertedero tóxico operado primero por la empresa mexicana Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, S.A. de C.V. (Coterin), y después por la estadunidense Metalcald, provocó un severo daño ambiental que derivó en malformaciones de niños de comunidades aledañas al tiradero.
Propiedad de la familia Aldrett de León, a Coterin se le había suspendido otro tiradero en Mexquitic, San Luis Potosí, donde enterraron 70 mil toneladas de desechos tóxicos. Nadie los detuvo. En 1990, mediante engaños, la firma hizo perforaciones al predio La Pedrera, una superficie de 814 hectáreas, localizado en el municipio de Guadalcázar.
A los pocos días sepultaron miles de tambos con residuos peligrosos, muchos de origen desconocido. En un año había ya 55 mil tambos, con 20 mil 500 toneladas de desechos industriales y 170 toneladas de medicamentos caducos.
Las lluvias de 1991 sacaron a flote el problema. El agua se llevó los tambos que contaminaron la represa de abastecimiento de parcelas de la comunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 21/92 sobre ese caso, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue, antecedente de la Semarnat) clausuró el tiradero.
Al año siguiente, Metalcald, cuyo inversionista principal era el estadunidense Grant Kesler, se asoció con la empresa Environ Technologies Inc., con sede en Utah, que en junio de 1993 adquirió Cotrin, no obstante que el gobierno estatal les recomendó no invertir en La Pedrera porque el sitio era geohidrológicamente inadecuado.
En esa transacción participaron funcionarios como Humberto Rodarte Ramón, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien había clausurado el tiradero. Rodarte recibió una comisión de 100 mil dólares. En 1999 la Semarnat lo denunció por la vía penal.
El caso está documentado en el libro Enfrentando la globalización, publicado por Porrúa en 2003. El primer capítulo, titulado “El conflicto del basurero tóxico en Guadalcázar”, fue escrito por Fernando Bejarano, coordinador de la investigación.
Pese a las recomendaciones, la Semarnat y el INE favorecieron a Metalcald para que reabriera el tiradero. En un convenio la empresa se comprometió a efectuar una auditoría ambiental, que se realizó entre finales de 1994 y principios de 1995. Según el estudió, el sitio era apto para la reapertura.
En entrevista con Proceso, Bejarano sostiene que la auditoría se hizo a modo para que Metalcald volviera a operar, legitimada por el INE de Gabriel Quadri y de la Profepa. La empresa sobornó inclusive al gobernador Horacio Sánchez Unzueta y a varios regidores.
Y aunque Sánchez Unzueta declaró la zona Área Natural Protegida, Metalcald argumentó, ante el arbitraje comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue una “expropiación indirecta” de su inversión y ganó el litigio. El Estado mexicano debió pagar 16 millones de dólares de indemnización a la empresa.
Bejarano, quien hoy coordina proyectos en la Red de Acción y Plaguicidas en México (Rapam), tuvo acceso al expediente del litigio por la demanda comercial interpuesta por Metalcald, en la que se acreditó que la empresa ni siquiera tenía experiencia en el ramo e infló su experiencia mediante un juego de imagen para atraer inversionistas. El entonces titular del INE, Gabriel Quadri, fue quien la ayudó.
Bejarano remata: “Como ambientalistas no reconocemos su trabajo. Es un ambientalista de extrema derecha, un neoliberal pragmático que no se ha preocupado nunca por la salud de las personas ni por el medio ambiente”.
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