Lo culpan de encubrir a un cura que habría violado a 90 niños
Acusan a Rivera de dar protección a pederasta
También involucran a Roger Mahony, arzobispo de Los Angeles
ALMA E. MUÑOZ Acusan a Rivera de dar protección a pederasta
También involucran a Roger Mahony, arzobispo de Los Angeles
El cardenal Norberto Rivera Carrera Foto María Luisa Severiano /Archivo
El cardenal Norberto Rivera Carrera fue denunciado ayer en la Corte Superior de California por ocho delitos de ''conspiración a la pederastia''. La Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, lo acusó, junto con el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Angeles, de encubrir a sacerdotes pederastas. Lo anterior, con base en la supuesta protección que hace 11 años brindaron al cura mexicano -prófugo de la justicia estadunidense- Carlos Nicolás Aguilar Rivera, inculpado por violar a cerca de 90 menores tanto en México como en el país vecino. Sobre el arzobispo mexicano pesan ocho cargos, mientras para el cardenal Mahony son siete. Entre ellos: retención de pruebas, conspiración internacional, empleador y protector de delincuente, complicidad, conspiración internacional y negligencia. Ante los hechos, el cardenal Rivera Carrera estableció cerca del mediodía contacto con un grupo de abogados para conocer el manejo de las cuestiones legales en California. El vocero de la Arquidiócesis Primada de México, sacerdote Hugo Valdemar, aseguró en entrevista que el jerarca católico se encuentra ''muy tranquilo porque no hay tal encubrimiento, ni nunca ha participado en complot alguno para dar asilo a sacerdotes delincuentes, acusados de abusos sexuales, y así nos defenderemos''. Manifestó que conocer de la denuncia presentada a instancias de una de las víctimas del presunto pederasta, Joaquín Aguilar, a través de los medios de comunicación, ''lo primero que nos causó fue una gran sorpresa''. Sobre todo por ''el profundo desprecio a las leyes mexicanas y al Poder Judicial de nuestro país'' que muestran Joaquín Aguilar y la SNAP, al interponer la demanda en una corte extranjera sobre un supuesto delito cometido en la ciudad de México. Calificó de ''grave y desproporcionada'' la acusación al cardenal Rivera pues, hasta donde sabemos, en México ''no prosperaron'' las cuatro denuncias que se interpusieron en contra del sacerdote Aguilar, por supuesta corrupción de menores y ataques al pudor. Hizo saber que una vez que se notifique oficialmente al cardenal de las acusaciones en su contra, la Arquidiócesis de México se reserva dar respuesta adecuada a los requerimientos legales que juzgue convenientes. Especialmente porque, planteó, están seguros de que detrás de la denuncia hay ''grupos que utilizan a las víctimas de abuso sexual para atacar a la Iglesia''. Erick Barragán, director de la SNAP, afirmó vía telefónica que hubo una clara protección del cardenal Rivera, cuando fungía como obispo de la diócesis de Tehuacán, y del arzobispo Mahony hacia el sacerdote Nicolás Aguilar, porque impidieron, con diversos traslados como titular de parroquia de un país a otro, que el clérigo pudiera ser enjuiciado. Dijo que los jerarcas católicos actuaron tal como se hace desde el Vaticano para proteger a los curas pederastas, y que el caso de Joaquín Aguilar -coincidió con el abogado de la víctima, Jeff Anderson- es una oportunidad para actuar realmente contra los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. La denuncia presentada ayer está sustentada en testimonios, cartas y reportes policiales de Los Angeles, detallados en más de 300 hojas, y certifica 127 pasos que determinaron la trayectoria del supuesto pederasta y la implicación directa del cardenal Rivera. Joaquín Aguilar dijo haber conocido a Nicolás Aguilar Rivera en la parroquia del Perpetuo Socorro, ubicada en Lago Ayarza 35, colonia Torre Blanca, delegación Miguel Hidalgo, donde prestaba sus servicios como monaguillo a los 13 años de edad. Allí fue abusado sexualmente por el presbítero. Su familia interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades mexicanas. El proceso abarcó 1994 y parte de 1995, pero no prosperó y el sacerdote reapareció más tarde en Tehuacán, Puebla. Aseguró que el ataque ocurrió después de que el cura fue atendido en una clínica para tratar de ayudarle a superar sus obsesiones. Manifestó que tras lo ocurrido comprobó que México ''no está preparado'' para hacer frente a los delitos sexuales cometidos por religiosos, pues las leyes del país no sirvieron para hacerle justicia, como tampoco le prestaron auxilio sacerdotes, obispos e inclusive el propio cardenal Rivera, cuando se los requirió. Por eso, afirmó, decidió acudir a la SNAP y a través de exhaustivos análisis determinaron actuar en Los Angeles, porque constataron una implicación directa del cardenal Mahony. Además, porque en esa ciudad se presentó una demanda penal en contra del inculpado, el 7 de mayo de 1988, sustentada en 19 cargos por ataques sexuales cometidos contra 26 infantes durante los nueve meses previos que tuvo bajo su titularidad las parroquias, primero, de Nuestra Señora de Guadalupe, y después St. Agatha. Dos días antes de que pudiera ser aprehendido huyó a México y se ocultó en la iglesia de Santa Clara Huitziltepec, protegido por un amigo de la infancia, el también sacerdote Gilberto Nájera. El inculpado fue enviado a Estados Unidos por disposición del entonces obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, luego de que se le acusó de haber violado al hijo de una maestra cercana al arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca, y después de estar involucrado en escándalos sexuales con jóvenes. Luego del ataque a Joaquín Aguilar, el padre Nicolás fue trasladado a San Vicente Ferrer, también en Puebla, para hacerse cargo del templo del lugar. El 27 de noviembre de 1997, cuatro menores de edad acudieron junto con sus padres y familiares a la agencia del Ministerio Público de Tehuacán, para denunciarlo penalmente como responsable de abusos sexuales, y de un grupo de 60 infantes más, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 13 años cuando estudiaban el catecismo. Hoy, Joaquín Aguilar, acompañado por Erick Barragán y Jeff Anderson, llevarán a la Arquidiócesis de México, como ayer hicieron a la de Los Angeles, copia de la denuncia interpuesta y ofrecerán una conferencia de prensa.
Un intercambio epistolar entre el arzobispo de Los Angeles, California, Roger Mahony, y el entonces obispo de Tehuacán, Puebla, Norberto Rivera Carrera, en marzo de 1988, revela que el hoy cardenal mexicano omitió alertar al religioso estadunidense sobre el comportamiento del sacerdote Carlos Nicolás Aguilar Rivera. Además, evidencia que el obispo aseguró ''no estar en posibilidades de localizar'' al hoy acusado, pese a una petición expresa de Mahony para que le ayudara a presentarlo ante la justicia de Los Angeles, y respondiera a las acusaciones en su contra por ''haber molestado sexualmente'' a un ''número grande, casi imposible de determinar'', de jóvenes acólitos en las dos parroquias estadunidenses a donde fue trasladado desde Puebla. Carlos Nicolás Aguilar nació el 10 de septiembre de 1941 en Huehuetlán el Chico, Puebla. Se ordenó sacerdote el 12 de julio de 1970, y 16 años después apareció brutalmente golpeado, con la cabeza rota y enmedio de un charco de sangre en una residencia parroquial de Cuacnopalan, en donde prestó servicios como párroco durante diez años. La policía sospechó de uno o más jóvenes visitantes del rectorado, pero el cura pidió que el caso no fuera a juicio. Algunos sacerdotes de la región confirmaron de manera anónima -y así se registra en diversos medios informativos- que lo sucedido no fue un intento de asesinato, ''sino una orgía sexual. Hasta llegó la Judicial y ellos dijeron que el padre era puto. Se dijo que encontraron un revoltijo en un catre y que el papel higiénico del baño de la sacristía estaba amarillo, como con semen'', aseguraron. Anteriormente, al párroco se le imputó la violación de un menor, hijo de una maestra del poblado, que a su vez conocía a una persona muy allegada al arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca. Este acudió muy enojado a Tehuacán para exigirle al obispo Rivera Carrera que sacara del lugar al presbítero, en medio de amenazas de vecinos del lugar que pretendían cobrarse la afrenta. En 1987 el hoy cardenal aprobó el traslado del sacerdote Aguilar a la arquidiócesis de Los Angeles, donde abusó de 26 menores en tan sólo nueve meses, primero como responsable de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y dos meses después de St. Agatha. Se presentó en su contra una demanda penal, el 7 de mayo de 1988, sustentada en 19 cargos por los ataques sexuales cometidos. Sin embargo, dos días antes de que la policía de Los Angeles lo detuviera huyó nuevamente a México y se ocultó en Santa Clara Huitziltepec, con su amigo de la infancia, el también párroco Gilberto Nájera. Norberto Rivera tomó posesión como arzobispo primado de la ciudad de México el 26 de julio de 1995. Cinco años atrás, Alfonso Sánchez denunció a Nicolás Aguilar por ataque sexual, en la agencia número 30 del Ministerio Público, en la delegación Miguel Hidalgo. Sánchez padeció abuso a los 13 años de edad, en la recámara que el clérigo (en ese entonces tenía 50 años) habitaba en la iglesia de San Antonio de las Huertas, ubicada en la calzada México-Tacuba número 70. Antes de llegar a dicha parroquia, el presunto pederasta estuvo a cargo de la del Perpetuo Socorro, ubicada en Lago Ayarza número 35, colonia Torre Blanca, donde Joaquín Aguilar, a los 13 años, prestaba sus servicios como monaguillo. Allí se convirtió en una víctima más del presbítero. Su familia interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades mexicanas. El proceso abarcó 1994 y parte de 1995, pero no prosperó y el sacerdote reapareció luego en Tehuacán. El 27 de noviembre de 1997, cuatro menores de edad acudieron junto con sus padres y familiares a la agencia del Ministerio Público de esa ciudad, para también denunciar al religioso -que entonces tenía a su cargo la parroquia del poblado de San Vicente Ferrer- como responsable de abusos sexuales en su agravio, y de un grupo de 60 infantes más, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y los 13 años. Se inició la averiguación previa número 3497/997/DRS y se turnó la indagatoria a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, zona sur, en Tepexi de Rodríguez, Puebla, instancia que descubrió, tras una serie de pruebas a los pequeños, que efectivamente tenían indicios de abuso sexual y corrupción. Autoridades eclesiásticas señalaron que el sacerdote había sido recluido en un hospital por estar enfermo, cuando en realidad fue enviado al poblado de Santa Clara Huitziltepec, con su amigo Gilberto. Fue hasta septiembre de 2001 cuando Aguilar Rivera se vio obligado a declarar ante el juez primero de defensa social en Tehuacán, Carlos Guillermo Ramírez, en la causa penal 6/1998/1, únicamente acusado de ''ataques al pudor''. Por ser delito menor se le fijó una fianza de 8 mil 500 pesos y quedó en libertad. Sorpresivamente, el 23 de marzo de 2002, la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, en el expediente 1073/2001, le decretó auto de formal prisión como responsable de corrupción de menores, sin que se lograra su aprehensión. El arzobispo Mahony evidenció en su carta de 30 de marzo de 1988, dirigida al obispo Rivera Carrera, su molestia porque el prelado mexicano no le notificó, aunque así se lo asegurara, sobre la "problemática homosexual del padre Aguilar", pues de haberlo sabido no lo habría recibido en su arquidiócesis de Los Angeles. El paquete de cartas forma parte de las pruebas presentadas en una corte californiana en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera.
La denuncia presentada en Estados Unidos en contra de los arzobispos de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, y de Los Angeles, Roger Mahony, por su presunto encubrimiento al sacerdote mexicano acusado de pederastia en ambas naciones, Nicolás Aguilar Rivera, le recuerda a la Iglesia católica, una vez más, su crisis institucional ante la falta de mecanismos claros de revisión de la creciente problemática interna que vive y pretende ocultar. Organismos no gubernamentales promotores de derechos humanos precisaron que el abuso sexual infantil por parte de sacerdotes y aun jerarcas católicos, como es el caso del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, entre otros, y el ocultamiento de estos delitos pese a la existencia de pruebas y denuncias de la feligresía, son sólo algunos de los grandes temas pendientes que tiene que revisar a fondo esta agrupación religiosa. La Red Todos los Derechos Para Todos consideró que el número de denuncias pone de nuevo en evidencia que la Iglesia católica no ha sido consecuente con sus pronunciamientos, sobre todo por su negativa de presentar ante las autoridades judiciales civiles a los clérigos acusados de cualquier tipo de abuso sexual, lo cual demuestra que hay complicidad de los jerarcas ''bajo un discurso de tratar de proteger la buena imagen de la institución''. El secretario ejecutivo del organismo, Edgar Cortez, puntualizó que es insostenible ese argumento de la cúpula católica, porque el abuso sexual en contra de menores por parte de cualquier persona hace urgente su comparecencia ante las instancias judiciales para responder de sus delitos, y ''evitar así darle a la investidura del sacerdote una especie de fuero''. Señaló que en la Iglesia, como en todo colectivo, ''funciona mucho la conciencia de gremio y de autoprotección'', lo cual genera discursos en torno a los sucesos que se tratan de justificar o defender, cuando en realidad se trata de hechos ''totalmente indefendibles y recriminables, pero además en donde tiene que haber justicia real y efectiva''.
Tehuacán, Pue., 19 de septiembre. El sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abusar sexualmente de más de 60 menores de edad, vecinos de dos comunidades adscritas a la diócesis de Tehuacán, constantemente visita esta región sur del estado de Puebla, ya que se comunica con clérigos y asociaciones de laicos para venderles discos compactos de música religiosa, los que entrega personalmente cuando le hacen algún pedido. Por ello se supone que el cura vive en algún lugar de la diócesis o en un sitio cercano. Sin embargo, entre los miembros del obispado de Tehuacán se mantiene en hermetismo cuál es su paradero. Este martes, varios miembros de la Iglesia católica se negaron a tocar el tema, luego de conocerse que el cardenal Norberto Rivera Carrera fue denunciado en una corte de Los Angeles por ''conspiración a la pederastia'', por supuestamente haber dado protección a Nicolás Aguilar cuando estaba asignado en dicha ciudad. Una fuente que pidió anonimato aseguró que hace 20 días sostuvo una comunicación telefónica con Nicolás Aguilar, de 65 años de edad, pues éste pretendió venderle música religiosa, práctica que según el informante realiza constantemente con religiosos y laicos. Indicó que cuando alguien le compra los artículos que ofrece se traslada a Tehuacán a entregar la mercancía. De acuerdo con una nota que la agencia Notimex difundió en noviembre de 2005, el vocero de la arquidiócesis de la ciudad de México, Hugo Valdemar, dijo que el sacerdote Nicolás Aguilar aún pertenecía a la diócesis de Tehuacán. Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que investigó presuntos delitos cometidos por Aguilar, 60 niños sufrieron abuso sexual por parte de este sacerdote, quien tuvo a su cargo las parroquias de las comunidades San Nicolás Tolentino, en 1997, y de Cuacnopalan, en 1986, ambas pertenecientes a la diócesis de Tehuacán. Cuatro niños de entre 12 y 13 años de edad acusaron de pederastia a Aguilar Rivera el 27 de noviembre de 1997, por lo que sus padres los llevaron a la agencia del Ministerio Público de esta ciudad para interponer una denuncia contra el clérigo, en la cual relataron que fueron obligados a mantener relaciones sexuales con el sacerdote. Joaquín Aguilar, titular de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), aseguró que fue víctima de abuso sexual por parte del cura, y las secuelas aún lo persiguen a él y a su familia, pues padecieron múltiples ofensas por decidirse a denunciar. Los hechos se asentaron en la averiguación previa 3497/997/DRS, que posteriormente se turnó a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Sur, en Tepexi de Rodríguez, desde donde se ordenó practicar las pruebas periciales necesarias, cuyo resultado determinó que los menores presentaban indicios de abuso sexual. Varios señalamientos indican que cuando fue obispo de Tehuacán, el ahora cardenal Norberto Rivera Carrera protegió al sacerdote y permitió su transferencia a la diócesis de Los Angeles, donde posteriormente se le acusó de haber atacado a 26 niños. No se descarta que la transferencia fuese resultado de que el sacerdote era señalado por sus víctimas e inclusive sufrió un atentado en la parroquia de Cuacnopalan, luego de lo cual viajó a Los Angeles. Nueve meses después, el 8 de mayo de 1988, debió regresar a México, pues un día antes se abrieron 19 procesos en su contra por abuso sexual infantil, según consta en el Estudio-243.PGR, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Entre los datos que ligan a Norberto Rivera con Nicolás Aguilar está el que en 1995, cuando el primero se convirtió en cardenal y arzobispo primado de México, el segundo encontró asilo en la parroquia del Perpetuo Socorro de la ciudad de México, de donde es oriundo Alfonso Sánchez, quien también denunció al cura en la agencia número 30 del Ministerio Público de la delegación Miguel Hidalgo. Fue hasta 2001 cuando se giró orden de aprehensión al cura por parte del juez Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, ante quien se presentó a declarar el 6 de septiembre de ese año, y en lo que se considera dentro del expediente del IFAI como acto poco usual, se le dictó auto de formal prisión por el delito de ataques al pudor, sin tomar en cuenta el ilícito realmente grave, que sería la corrupción de menores. El indiciado cubrió 8 mil 500 pesos de multa y salió libre, pero el Ministerio Público apeló el actuar del juez y se le dictó un nuevo auto de formal prisión el 20 de marzo de 2002, fecha desde la cual el sacerdote se encuentra prófugo de la justicia. El pasado 30 de marzo, día en que llegó a Tehuacán el nuevo obispo, Rodrigo Aguilar, Norberto Rivera Carrera visitó a la diócesis para participar en los oficios religiosos. En esa ocasión se deslindó de toda relación con el sacerdote, al expresar que quien comete un delito debe ser sancionado, y sostuvo que toda víctima de abuso sexual tiene derecho a que se le haga justicia. Para María de Jesús González, madre de uno de los afectados, la justicia aún no llega y desde la diócesis el padre Teodoro Lima le dijo que la Iglesia católica no podía pagar el costo del tratamiento sicológico de su hijo.
Las pesquisas podrían llevar a indagar extensiones de red de pornografía infantil
Investigará la Corte posible colusión de Marín y funcionarios contra Cacho
Se superó el "obstáculo legal" que representó el origen de las grabaciones telefónicas
La grave violación a los derechos de la niñez mexicana, el trasfondo de las discusiones
JESUS ARANDA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer, por siete votos contra tres, "ampliar la investigación" sobre la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, con el propósito de determinar si existió una acción concertada entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y los titulares del tribunal superior de justicia y la procuraduría estatales en perjuicio de la periodista. Después de una intensa discusión, el pleno superó el "obstáculo legal" que representaba el uso de la grabación de la conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif -en la cual quedó en evidencia la intención específica del mandatario poblano "de satisfacer componendas privadas para perjudicar a la periodista"- como una "pista" que permita profundizar la investigación para determinar si el gobernador violó los principios constitucionales de federalismo y división de poderes, así como la independencia y autonomía judiciales. Luego de rechazar el proyecto elaborado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia -que exculpaba a Marín de la acusación de violación grave de las garantías individuales de la periodista-, los ministros encargaron a José de Jesús Gudiño Pelayo la elaboración de un nuevo proyecto que abarque la integración de una nueva comisión investigadora y los alcances de la misma. Trascendió que el nuevo proyecto estaría listo en una semana para su discusión y que éste propondrá que sean los mismos magistrados integrantes de la comisión investigadora -Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín- los que continúen con la indagatoria. El pleno tendrá que fijar una postura respecto a la exigencia de los ministros Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel de que la comisión de magistrados investigue la red de pornografía infantil y de pederastia en la que presuntamente participan funcionarios, la cual fue denunciada en el libro Los demonios del edén, que fue "el detonante" de ésta situación. Pederastas en la mira De ser aceptada la propuesta, el máximo tribunal investigaría también la "violación grave a las garantías individuales de la niñez mexicana". Presente en la sesión, Lydia Cacho, acompañada de sus abogados, seguía las intervenciones de los ministros, las cuales se centraron en la posibilidad de que la conversación telefónica referida pudiera ser tomada en cuenta o no, con las consecuencias que ello implicaba. Hubo ministros, como José Ramón Cossío, Juan Díaz Romero, Silva Meza y el propio Gudiño, que ofrecieron diversas opciones para que no quedara el precedente de que una prueba obtenida ilícitamente fuera usada en un procedimiento penal. Sin embargo, Góngora aseveró que si la Corte "únicamente se pronuncia por el respeto del derecho a la intimidad del gobernador, sin tomar en cuenta las características especiales del caso, desconocería diversos derechos de la periodista, entre los cuales destaca el de debido proceso y libertad de expresión". Defensa de la libertad de expresión Trajo a colación el caso Watergate, que derivó en la salida de Richard Nixon de la presidencia de Estados Unidos, al señalar que "la presunción de inmunidad debe ser considerada a la luz de las exigencias históricas del estado de derecho" y que, por tanto, no podía ignorarse que la citada conversación "contiene información en la que se advierte que el gobernador de una entidad aparentemente conviene en utilizar el aparato gubernamental en contra de una periodista". Góngora subrayó que existe interés general de la ciudadanía en preservar la libertad de expresión "cuando se utiliza para denunciar delitos como la pornografía infantil y la pederastia que afectan a los niños mexicanos". Es "claro que la defensa al derecho de libertad de expresión resulta un factor fundamental para que el Estado mexicano pueda consolidar la democracia", subrayó. Y cuestionó el proyecto de Ortiz Mayagoitia, porque no tomó en cuenta la relevancia del contenido de las supuestas conversaciones y la personalidad de las partes involucradas. La mayoría rechazó el argumento de Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y del ministro presidente Mariano Azuela, de que si hubo irregularidades procesales podían ser impugnadas mediante un juicio de amparo. Y aunque la ministra Luna Ramos había argumentado en este tenor inicialmente, al votar se pronunció por ampliar la indagatoria. Cuando el pleno votó, Lydia Cacho no ocultó su emoción: abrazó a su defensor, Xavier Olea, y se le escapó una lágrima. Minutos después, la procuradora del estado de Puebla, Blanca Laura Villeda, descalificó la resolución al señalar: "Yo, como juez que fui y como procuradora, estoy acostumbrada a pruebas, no a pistas ni a pesquisas", en alusión a que el pleno consideró que la conversación referida era una pista suficiente para ampliar la indagatoria.
Aportará más pruebas contra el gobernador Marín
Lydia Cacho: Gamboa, Herrera y Salazar deben aclarar nexos
JESUS ARANDA Y GABRIEL LEON
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ampliar la investigación sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho le permitirá aportar más pruebas sobre responsabilidad de funcionarios públicos del gobierno Puebla, en particular del mandatario Mario Marín, involucrados en tráfico de influencias y otros delitos "que ahora vamos a poder demostrar", afirmó la periodista. Entre las pruebas que aportará ante la Corte y la Procuraduría General de la República (PGR) destacan aquellas que permitirán conocer cómo fue y es amenazado personal del gobierno de Puebla para rendir falsos testimonios; cómo se suplantó a testigos, y que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ya se allegó las grabaciones de las pláticas entre el empresario Kamel Nacif y el pederasta Jean Succar Kuri para determinar si lo relatado en libro Los demonios del edén es cierto. Y añadió: "hoy nos hizo el gran favor Kamel Nacif de admitir públicamente que todas las llamadas son auténticas, lo que es un paso mayúsculo, porque nos está diciendo que sus conversaciones con Mario Marín son auténticas, al igual que el resto de las pláticas que sostuvo para armar mi detención, mi tortura y violación en la cárcel, la cual fue impedida por las propias presas y custodias". Entrevistada al término de la sesión de la SCJN en la que por mayoría de siete votos contra tres el pleno resolvió investigar la participación del gobernador de Puebla para perjudicarla, Cacho confió en que las fiscalías especiales de la PGR relacionadas con el caso confirmen la acción ilegal de Marín y de otros funcionarios poblanos para afectar sus derechos. -¿Qué opina de la postura del ministro Juan N. Silva Meza de que también se investigue la red de pornografía infantil y pederastia en la cual están implicados funcionarios y empresarios? -Es importantísima su postura y tiene que ver con la visión ética del mundo. Demuestra que es una persona de altísima calidad moral. Destacó, por otra parte, que ahora que la SCJN abrió la posibilidad de tomar en cuenta el contenido de las llamadas grabadas entre Marín y Nacif, "no veo por qué no se debe tomar en cuenta el contenido de las otras llamadas" en las que participan el coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Emilio Gamboa, y los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera, y de Chiapas, Pablo Salazar.
El cardenal Norberto Rivera Carrera fue denunciado ayer en la Corte Superior de California por ocho delitos de ''conspiración a la pederastia''. La Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, lo acusó, junto con el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Angeles, de encubrir a sacerdotes pederastas. Lo anterior, con base en la supuesta protección que hace 11 años brindaron al cura mexicano -prófugo de la justicia estadunidense- Carlos Nicolás Aguilar Rivera, inculpado por violar a cerca de 90 menores tanto en México como en el país vecino. Sobre el arzobispo mexicano pesan ocho cargos, mientras para el cardenal Mahony son siete. Entre ellos: retención de pruebas, conspiración internacional, empleador y protector de delincuente, complicidad, conspiración internacional y negligencia. Ante los hechos, el cardenal Rivera Carrera estableció cerca del mediodía contacto con un grupo de abogados para conocer el manejo de las cuestiones legales en California. El vocero de la Arquidiócesis Primada de México, sacerdote Hugo Valdemar, aseguró en entrevista que el jerarca católico se encuentra ''muy tranquilo porque no hay tal encubrimiento, ni nunca ha participado en complot alguno para dar asilo a sacerdotes delincuentes, acusados de abusos sexuales, y así nos defenderemos''. Manifestó que conocer de la denuncia presentada a instancias de una de las víctimas del presunto pederasta, Joaquín Aguilar, a través de los medios de comunicación, ''lo primero que nos causó fue una gran sorpresa''. Sobre todo por ''el profundo desprecio a las leyes mexicanas y al Poder Judicial de nuestro país'' que muestran Joaquín Aguilar y la SNAP, al interponer la demanda en una corte extranjera sobre un supuesto delito cometido en la ciudad de México. Calificó de ''grave y desproporcionada'' la acusación al cardenal Rivera pues, hasta donde sabemos, en México ''no prosperaron'' las cuatro denuncias que se interpusieron en contra del sacerdote Aguilar, por supuesta corrupción de menores y ataques al pudor. Hizo saber que una vez que se notifique oficialmente al cardenal de las acusaciones en su contra, la Arquidiócesis de México se reserva dar respuesta adecuada a los requerimientos legales que juzgue convenientes. Especialmente porque, planteó, están seguros de que detrás de la denuncia hay ''grupos que utilizan a las víctimas de abuso sexual para atacar a la Iglesia''. Erick Barragán, director de la SNAP, afirmó vía telefónica que hubo una clara protección del cardenal Rivera, cuando fungía como obispo de la diócesis de Tehuacán, y del arzobispo Mahony hacia el sacerdote Nicolás Aguilar, porque impidieron, con diversos traslados como titular de parroquia de un país a otro, que el clérigo pudiera ser enjuiciado. Dijo que los jerarcas católicos actuaron tal como se hace desde el Vaticano para proteger a los curas pederastas, y que el caso de Joaquín Aguilar -coincidió con el abogado de la víctima, Jeff Anderson- es una oportunidad para actuar realmente contra los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. La denuncia presentada ayer está sustentada en testimonios, cartas y reportes policiales de Los Angeles, detallados en más de 300 hojas, y certifica 127 pasos que determinaron la trayectoria del supuesto pederasta y la implicación directa del cardenal Rivera. Joaquín Aguilar dijo haber conocido a Nicolás Aguilar Rivera en la parroquia del Perpetuo Socorro, ubicada en Lago Ayarza 35, colonia Torre Blanca, delegación Miguel Hidalgo, donde prestaba sus servicios como monaguillo a los 13 años de edad. Allí fue abusado sexualmente por el presbítero. Su familia interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades mexicanas. El proceso abarcó 1994 y parte de 1995, pero no prosperó y el sacerdote reapareció más tarde en Tehuacán, Puebla. Aseguró que el ataque ocurrió después de que el cura fue atendido en una clínica para tratar de ayudarle a superar sus obsesiones. Manifestó que tras lo ocurrido comprobó que México ''no está preparado'' para hacer frente a los delitos sexuales cometidos por religiosos, pues las leyes del país no sirvieron para hacerle justicia, como tampoco le prestaron auxilio sacerdotes, obispos e inclusive el propio cardenal Rivera, cuando se los requirió. Por eso, afirmó, decidió acudir a la SNAP y a través de exhaustivos análisis determinaron actuar en Los Angeles, porque constataron una implicación directa del cardenal Mahony. Además, porque en esa ciudad se presentó una demanda penal en contra del inculpado, el 7 de mayo de 1988, sustentada en 19 cargos por ataques sexuales cometidos contra 26 infantes durante los nueve meses previos que tuvo bajo su titularidad las parroquias, primero, de Nuestra Señora de Guadalupe, y después St. Agatha. Dos días antes de que pudiera ser aprehendido huyó a México y se ocultó en la iglesia de Santa Clara Huitziltepec, protegido por un amigo de la infancia, el también sacerdote Gilberto Nájera. El inculpado fue enviado a Estados Unidos por disposición del entonces obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, luego de que se le acusó de haber violado al hijo de una maestra cercana al arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca, y después de estar involucrado en escándalos sexuales con jóvenes. Luego del ataque a Joaquín Aguilar, el padre Nicolás fue trasladado a San Vicente Ferrer, también en Puebla, para hacerse cargo del templo del lugar. El 27 de noviembre de 1997, cuatro menores de edad acudieron junto con sus padres y familiares a la agencia del Ministerio Público de Tehuacán, para denunciarlo penalmente como responsable de abusos sexuales, y de un grupo de 60 infantes más, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 13 años cuando estudiaban el catecismo. Hoy, Joaquín Aguilar, acompañado por Erick Barragán y Jeff Anderson, llevarán a la Arquidiócesis de México, como ayer hicieron a la de Los Angeles, copia de la denuncia interpuesta y ofrecerán una conferencia de prensa.
También dijo no poder localizarlo, cuando era requerido por la justicia de Los Angeles
Rivera no alertó a Mahony sobre el comportamiento del cura denunciado
En un intercambio de cartas, en 1988, el estadunidense manifiesta su molestia por esta omisión
ALMA E. MUÑOZ Rivera no alertó a Mahony sobre el comportamiento del cura denunciado
En un intercambio de cartas, en 1988, el estadunidense manifiesta su molestia por esta omisión
Un intercambio epistolar entre el arzobispo de Los Angeles, California, Roger Mahony, y el entonces obispo de Tehuacán, Puebla, Norberto Rivera Carrera, en marzo de 1988, revela que el hoy cardenal mexicano omitió alertar al religioso estadunidense sobre el comportamiento del sacerdote Carlos Nicolás Aguilar Rivera. Además, evidencia que el obispo aseguró ''no estar en posibilidades de localizar'' al hoy acusado, pese a una petición expresa de Mahony para que le ayudara a presentarlo ante la justicia de Los Angeles, y respondiera a las acusaciones en su contra por ''haber molestado sexualmente'' a un ''número grande, casi imposible de determinar'', de jóvenes acólitos en las dos parroquias estadunidenses a donde fue trasladado desde Puebla. Carlos Nicolás Aguilar nació el 10 de septiembre de 1941 en Huehuetlán el Chico, Puebla. Se ordenó sacerdote el 12 de julio de 1970, y 16 años después apareció brutalmente golpeado, con la cabeza rota y enmedio de un charco de sangre en una residencia parroquial de Cuacnopalan, en donde prestó servicios como párroco durante diez años. La policía sospechó de uno o más jóvenes visitantes del rectorado, pero el cura pidió que el caso no fuera a juicio. Algunos sacerdotes de la región confirmaron de manera anónima -y así se registra en diversos medios informativos- que lo sucedido no fue un intento de asesinato, ''sino una orgía sexual. Hasta llegó la Judicial y ellos dijeron que el padre era puto. Se dijo que encontraron un revoltijo en un catre y que el papel higiénico del baño de la sacristía estaba amarillo, como con semen'', aseguraron. Anteriormente, al párroco se le imputó la violación de un menor, hijo de una maestra del poblado, que a su vez conocía a una persona muy allegada al arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca. Este acudió muy enojado a Tehuacán para exigirle al obispo Rivera Carrera que sacara del lugar al presbítero, en medio de amenazas de vecinos del lugar que pretendían cobrarse la afrenta. En 1987 el hoy cardenal aprobó el traslado del sacerdote Aguilar a la arquidiócesis de Los Angeles, donde abusó de 26 menores en tan sólo nueve meses, primero como responsable de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y dos meses después de St. Agatha. Se presentó en su contra una demanda penal, el 7 de mayo de 1988, sustentada en 19 cargos por los ataques sexuales cometidos. Sin embargo, dos días antes de que la policía de Los Angeles lo detuviera huyó nuevamente a México y se ocultó en Santa Clara Huitziltepec, con su amigo de la infancia, el también párroco Gilberto Nájera. Norberto Rivera tomó posesión como arzobispo primado de la ciudad de México el 26 de julio de 1995. Cinco años atrás, Alfonso Sánchez denunció a Nicolás Aguilar por ataque sexual, en la agencia número 30 del Ministerio Público, en la delegación Miguel Hidalgo. Sánchez padeció abuso a los 13 años de edad, en la recámara que el clérigo (en ese entonces tenía 50 años) habitaba en la iglesia de San Antonio de las Huertas, ubicada en la calzada México-Tacuba número 70. Antes de llegar a dicha parroquia, el presunto pederasta estuvo a cargo de la del Perpetuo Socorro, ubicada en Lago Ayarza número 35, colonia Torre Blanca, donde Joaquín Aguilar, a los 13 años, prestaba sus servicios como monaguillo. Allí se convirtió en una víctima más del presbítero. Su familia interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades mexicanas. El proceso abarcó 1994 y parte de 1995, pero no prosperó y el sacerdote reapareció luego en Tehuacán. El 27 de noviembre de 1997, cuatro menores de edad acudieron junto con sus padres y familiares a la agencia del Ministerio Público de esa ciudad, para también denunciar al religioso -que entonces tenía a su cargo la parroquia del poblado de San Vicente Ferrer- como responsable de abusos sexuales en su agravio, y de un grupo de 60 infantes más, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y los 13 años. Se inició la averiguación previa número 3497/997/DRS y se turnó la indagatoria a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, zona sur, en Tepexi de Rodríguez, Puebla, instancia que descubrió, tras una serie de pruebas a los pequeños, que efectivamente tenían indicios de abuso sexual y corrupción. Autoridades eclesiásticas señalaron que el sacerdote había sido recluido en un hospital por estar enfermo, cuando en realidad fue enviado al poblado de Santa Clara Huitziltepec, con su amigo Gilberto. Fue hasta septiembre de 2001 cuando Aguilar Rivera se vio obligado a declarar ante el juez primero de defensa social en Tehuacán, Carlos Guillermo Ramírez, en la causa penal 6/1998/1, únicamente acusado de ''ataques al pudor''. Por ser delito menor se le fijó una fianza de 8 mil 500 pesos y quedó en libertad. Sorpresivamente, el 23 de marzo de 2002, la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, en el expediente 1073/2001, le decretó auto de formal prisión como responsable de corrupción de menores, sin que se lograra su aprehensión. El arzobispo Mahony evidenció en su carta de 30 de marzo de 1988, dirigida al obispo Rivera Carrera, su molestia porque el prelado mexicano no le notificó, aunque así se lo asegurara, sobre la "problemática homosexual del padre Aguilar", pues de haberlo sabido no lo habría recibido en su arquidiócesis de Los Angeles. El paquete de cartas forma parte de las pruebas presentadas en una corte californiana en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera.
Los sacerdotes no tienen fuero, advierte Edgar Cortez
Queda al descubierto la crisis institucional de la Iglesia: ONG
GABRIEL LEON ZARAGOZA Queda al descubierto la crisis institucional de la Iglesia: ONG
La denuncia presentada en Estados Unidos en contra de los arzobispos de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, y de Los Angeles, Roger Mahony, por su presunto encubrimiento al sacerdote mexicano acusado de pederastia en ambas naciones, Nicolás Aguilar Rivera, le recuerda a la Iglesia católica, una vez más, su crisis institucional ante la falta de mecanismos claros de revisión de la creciente problemática interna que vive y pretende ocultar. Organismos no gubernamentales promotores de derechos humanos precisaron que el abuso sexual infantil por parte de sacerdotes y aun jerarcas católicos, como es el caso del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, entre otros, y el ocultamiento de estos delitos pese a la existencia de pruebas y denuncias de la feligresía, son sólo algunos de los grandes temas pendientes que tiene que revisar a fondo esta agrupación religiosa. La Red Todos los Derechos Para Todos consideró que el número de denuncias pone de nuevo en evidencia que la Iglesia católica no ha sido consecuente con sus pronunciamientos, sobre todo por su negativa de presentar ante las autoridades judiciales civiles a los clérigos acusados de cualquier tipo de abuso sexual, lo cual demuestra que hay complicidad de los jerarcas ''bajo un discurso de tratar de proteger la buena imagen de la institución''. El secretario ejecutivo del organismo, Edgar Cortez, puntualizó que es insostenible ese argumento de la cúpula católica, porque el abuso sexual en contra de menores por parte de cualquier persona hace urgente su comparecencia ante las instancias judiciales para responder de sus delitos, y ''evitar así darle a la investidura del sacerdote una especie de fuero''. Señaló que en la Iglesia, como en todo colectivo, ''funciona mucho la conciencia de gremio y de autoprotección'', lo cual genera discursos en torno a los sucesos que se tratan de justificar o defender, cuando en realidad se trata de hechos ''totalmente indefendibles y recriminables, pero además en donde tiene que haber justicia real y efectiva''.
El cura prófugo los entrega personalmente, dicen
El presunto pederasta vende discos en Tehuacán
LA JORNADA DE ORIENTE El presunto pederasta vende discos en Tehuacán
Tehuacán, Pue., 19 de septiembre. El sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abusar sexualmente de más de 60 menores de edad, vecinos de dos comunidades adscritas a la diócesis de Tehuacán, constantemente visita esta región sur del estado de Puebla, ya que se comunica con clérigos y asociaciones de laicos para venderles discos compactos de música religiosa, los que entrega personalmente cuando le hacen algún pedido. Por ello se supone que el cura vive en algún lugar de la diócesis o en un sitio cercano. Sin embargo, entre los miembros del obispado de Tehuacán se mantiene en hermetismo cuál es su paradero. Este martes, varios miembros de la Iglesia católica se negaron a tocar el tema, luego de conocerse que el cardenal Norberto Rivera Carrera fue denunciado en una corte de Los Angeles por ''conspiración a la pederastia'', por supuestamente haber dado protección a Nicolás Aguilar cuando estaba asignado en dicha ciudad. Una fuente que pidió anonimato aseguró que hace 20 días sostuvo una comunicación telefónica con Nicolás Aguilar, de 65 años de edad, pues éste pretendió venderle música religiosa, práctica que según el informante realiza constantemente con religiosos y laicos. Indicó que cuando alguien le compra los artículos que ofrece se traslada a Tehuacán a entregar la mercancía. De acuerdo con una nota que la agencia Notimex difundió en noviembre de 2005, el vocero de la arquidiócesis de la ciudad de México, Hugo Valdemar, dijo que el sacerdote Nicolás Aguilar aún pertenecía a la diócesis de Tehuacán. Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que investigó presuntos delitos cometidos por Aguilar, 60 niños sufrieron abuso sexual por parte de este sacerdote, quien tuvo a su cargo las parroquias de las comunidades San Nicolás Tolentino, en 1997, y de Cuacnopalan, en 1986, ambas pertenecientes a la diócesis de Tehuacán. Cuatro niños de entre 12 y 13 años de edad acusaron de pederastia a Aguilar Rivera el 27 de noviembre de 1997, por lo que sus padres los llevaron a la agencia del Ministerio Público de esta ciudad para interponer una denuncia contra el clérigo, en la cual relataron que fueron obligados a mantener relaciones sexuales con el sacerdote. Joaquín Aguilar, titular de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), aseguró que fue víctima de abuso sexual por parte del cura, y las secuelas aún lo persiguen a él y a su familia, pues padecieron múltiples ofensas por decidirse a denunciar. Los hechos se asentaron en la averiguación previa 3497/997/DRS, que posteriormente se turnó a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Sur, en Tepexi de Rodríguez, desde donde se ordenó practicar las pruebas periciales necesarias, cuyo resultado determinó que los menores presentaban indicios de abuso sexual. Varios señalamientos indican que cuando fue obispo de Tehuacán, el ahora cardenal Norberto Rivera Carrera protegió al sacerdote y permitió su transferencia a la diócesis de Los Angeles, donde posteriormente se le acusó de haber atacado a 26 niños. No se descarta que la transferencia fuese resultado de que el sacerdote era señalado por sus víctimas e inclusive sufrió un atentado en la parroquia de Cuacnopalan, luego de lo cual viajó a Los Angeles. Nueve meses después, el 8 de mayo de 1988, debió regresar a México, pues un día antes se abrieron 19 procesos en su contra por abuso sexual infantil, según consta en el Estudio-243.PGR, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Entre los datos que ligan a Norberto Rivera con Nicolás Aguilar está el que en 1995, cuando el primero se convirtió en cardenal y arzobispo primado de México, el segundo encontró asilo en la parroquia del Perpetuo Socorro de la ciudad de México, de donde es oriundo Alfonso Sánchez, quien también denunció al cura en la agencia número 30 del Ministerio Público de la delegación Miguel Hidalgo. Fue hasta 2001 cuando se giró orden de aprehensión al cura por parte del juez Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, ante quien se presentó a declarar el 6 de septiembre de ese año, y en lo que se considera dentro del expediente del IFAI como acto poco usual, se le dictó auto de formal prisión por el delito de ataques al pudor, sin tomar en cuenta el ilícito realmente grave, que sería la corrupción de menores. El indiciado cubrió 8 mil 500 pesos de multa y salió libre, pero el Ministerio Público apeló el actuar del juez y se le dictó un nuevo auto de formal prisión el 20 de marzo de 2002, fecha desde la cual el sacerdote se encuentra prófugo de la justicia. El pasado 30 de marzo, día en que llegó a Tehuacán el nuevo obispo, Rodrigo Aguilar, Norberto Rivera Carrera visitó a la diócesis para participar en los oficios religiosos. En esa ocasión se deslindó de toda relación con el sacerdote, al expresar que quien comete un delito debe ser sancionado, y sostuvo que toda víctima de abuso sexual tiene derecho a que se le haga justicia. Para María de Jesús González, madre de uno de los afectados, la justicia aún no llega y desde la diócesis el padre Teodoro Lima le dijo que la Iglesia católica no podía pagar el costo del tratamiento sicológico de su hijo.
Las pesquisas podrían llevar a indagar extensiones de red de pornografía infantil
Investigará la Corte posible colusión de Marín y funcionarios contra Cacho
Se superó el "obstáculo legal" que representó el origen de las grabaciones telefónicas
La grave violación a los derechos de la niñez mexicana, el trasfondo de las discusiones
JESUS ARANDA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer, por siete votos contra tres, "ampliar la investigación" sobre la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, con el propósito de determinar si existió una acción concertada entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y los titulares del tribunal superior de justicia y la procuraduría estatales en perjuicio de la periodista. Después de una intensa discusión, el pleno superó el "obstáculo legal" que representaba el uso de la grabación de la conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif -en la cual quedó en evidencia la intención específica del mandatario poblano "de satisfacer componendas privadas para perjudicar a la periodista"- como una "pista" que permita profundizar la investigación para determinar si el gobernador violó los principios constitucionales de federalismo y división de poderes, así como la independencia y autonomía judiciales. Luego de rechazar el proyecto elaborado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia -que exculpaba a Marín de la acusación de violación grave de las garantías individuales de la periodista-, los ministros encargaron a José de Jesús Gudiño Pelayo la elaboración de un nuevo proyecto que abarque la integración de una nueva comisión investigadora y los alcances de la misma. Trascendió que el nuevo proyecto estaría listo en una semana para su discusión y que éste propondrá que sean los mismos magistrados integrantes de la comisión investigadora -Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín- los que continúen con la indagatoria. El pleno tendrá que fijar una postura respecto a la exigencia de los ministros Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel de que la comisión de magistrados investigue la red de pornografía infantil y de pederastia en la que presuntamente participan funcionarios, la cual fue denunciada en el libro Los demonios del edén, que fue "el detonante" de ésta situación. Pederastas en la mira De ser aceptada la propuesta, el máximo tribunal investigaría también la "violación grave a las garantías individuales de la niñez mexicana". Presente en la sesión, Lydia Cacho, acompañada de sus abogados, seguía las intervenciones de los ministros, las cuales se centraron en la posibilidad de que la conversación telefónica referida pudiera ser tomada en cuenta o no, con las consecuencias que ello implicaba. Hubo ministros, como José Ramón Cossío, Juan Díaz Romero, Silva Meza y el propio Gudiño, que ofrecieron diversas opciones para que no quedara el precedente de que una prueba obtenida ilícitamente fuera usada en un procedimiento penal. Sin embargo, Góngora aseveró que si la Corte "únicamente se pronuncia por el respeto del derecho a la intimidad del gobernador, sin tomar en cuenta las características especiales del caso, desconocería diversos derechos de la periodista, entre los cuales destaca el de debido proceso y libertad de expresión". Defensa de la libertad de expresión Trajo a colación el caso Watergate, que derivó en la salida de Richard Nixon de la presidencia de Estados Unidos, al señalar que "la presunción de inmunidad debe ser considerada a la luz de las exigencias históricas del estado de derecho" y que, por tanto, no podía ignorarse que la citada conversación "contiene información en la que se advierte que el gobernador de una entidad aparentemente conviene en utilizar el aparato gubernamental en contra de una periodista". Góngora subrayó que existe interés general de la ciudadanía en preservar la libertad de expresión "cuando se utiliza para denunciar delitos como la pornografía infantil y la pederastia que afectan a los niños mexicanos". Es "claro que la defensa al derecho de libertad de expresión resulta un factor fundamental para que el Estado mexicano pueda consolidar la democracia", subrayó. Y cuestionó el proyecto de Ortiz Mayagoitia, porque no tomó en cuenta la relevancia del contenido de las supuestas conversaciones y la personalidad de las partes involucradas. La mayoría rechazó el argumento de Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y del ministro presidente Mariano Azuela, de que si hubo irregularidades procesales podían ser impugnadas mediante un juicio de amparo. Y aunque la ministra Luna Ramos había argumentado en este tenor inicialmente, al votar se pronunció por ampliar la indagatoria. Cuando el pleno votó, Lydia Cacho no ocultó su emoción: abrazó a su defensor, Xavier Olea, y se le escapó una lágrima. Minutos después, la procuradora del estado de Puebla, Blanca Laura Villeda, descalificó la resolución al señalar: "Yo, como juez que fui y como procuradora, estoy acostumbrada a pruebas, no a pistas ni a pesquisas", en alusión a que el pleno consideró que la conversación referida era una pista suficiente para ampliar la indagatoria.
Aportará más pruebas contra el gobernador Marín
Lydia Cacho: Gamboa, Herrera y Salazar deben aclarar nexos
JESUS ARANDA Y GABRIEL LEON
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ampliar la investigación sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho le permitirá aportar más pruebas sobre responsabilidad de funcionarios públicos del gobierno Puebla, en particular del mandatario Mario Marín, involucrados en tráfico de influencias y otros delitos "que ahora vamos a poder demostrar", afirmó la periodista. Entre las pruebas que aportará ante la Corte y la Procuraduría General de la República (PGR) destacan aquellas que permitirán conocer cómo fue y es amenazado personal del gobierno de Puebla para rendir falsos testimonios; cómo se suplantó a testigos, y que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ya se allegó las grabaciones de las pláticas entre el empresario Kamel Nacif y el pederasta Jean Succar Kuri para determinar si lo relatado en libro Los demonios del edén es cierto. Y añadió: "hoy nos hizo el gran favor Kamel Nacif de admitir públicamente que todas las llamadas son auténticas, lo que es un paso mayúsculo, porque nos está diciendo que sus conversaciones con Mario Marín son auténticas, al igual que el resto de las pláticas que sostuvo para armar mi detención, mi tortura y violación en la cárcel, la cual fue impedida por las propias presas y custodias". Entrevistada al término de la sesión de la SCJN en la que por mayoría de siete votos contra tres el pleno resolvió investigar la participación del gobernador de Puebla para perjudicarla, Cacho confió en que las fiscalías especiales de la PGR relacionadas con el caso confirmen la acción ilegal de Marín y de otros funcionarios poblanos para afectar sus derechos. -¿Qué opina de la postura del ministro Juan N. Silva Meza de que también se investigue la red de pornografía infantil y pederastia en la cual están implicados funcionarios y empresarios? -Es importantísima su postura y tiene que ver con la visión ética del mundo. Demuestra que es una persona de altísima calidad moral. Destacó, por otra parte, que ahora que la SCJN abrió la posibilidad de tomar en cuenta el contenido de las llamadas grabadas entre Marín y Nacif, "no veo por qué no se debe tomar en cuenta el contenido de las otras llamadas" en las que participan el coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Emilio Gamboa, y los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera, y de Chiapas, Pablo Salazar.
ÉSTO LES EXPLOTÓ EN LA CARA POR DESGRACIADOS, ¡PINCHES CURAS! ¡ECHENSE AGUA FRIA! PERO EN LA CARCEL JUNTO CON LA RED DE PEDERASTAS, Y PARA LOS QUE ABUSAN DE SUS PROPIOS HIJOS Y FAMILIARES ¡¡PUDRANSE!!
México merece una investigación a fondo; le ayudaría al propio cardenal, dice Monreal
No se puede encubrir a pederastas, aun si son religiosos: senador; AN evade el tema
Ricardo Monreal afirma que el PRD no condena a Norberto Rivera
La directiva nacional del PAN y el coordinador del equipo de transición de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, evadieron ayer dar una opinión sobre la denuncia en contra del cardenal Norberto Rivera, con el argumento de que no hay información suficiente, mientras senadores e integrantes de PRD, PRI y PASC consideraron que debe investigarse a fondo la acusación que implica al prelado en la protección y encubrimiento de un sacerdote pederasta. En la sede del blanquiazul, Arturo García Portillo, secretario de Elecciones, señaló que no han analizado las acusaciones en contra de Rivera Carrera. "Lo leí como todos, hoy, en algunas noticias", pero "la información es muy escasa como para poder tener claridad del tema". Al preguntarle si el PAN estaría dispuesto a defender al jerarca religioso, respondió que lo desconoce, y es mejor esperar a que haya más información. En sintonía con el CEN del PAN, Juan Camilo Mouriño expuso que no hay suficiente información como para poder dar una opinión formal u oficial. Mientras, en el Senado el perredista Ricardo Monreal señaló que "México merece una investigación a fondo, que le ayudaría al propio cardenal Rivera, con el propósito de que no quede en duda su calidad de dirigente religioso de la principal Iglesia del país". Sobre todo, agregó, se requiere esta investigación porque se vive una profunda crisis política en el país, "de las que destruyen todo, y por ello son necesarias la transparencia y la rendición de cuentas". Aclaró que el PRD no condena a Rivera Carrera, ya que se trata sólo de una denuncia que apenas está en proceso, y "hay que escuchar del acusado la explicación que tenga que dar para el deslinde de responsabilidades". El señalamiento de que protegió al cura Carlos Nicolás Aguilar Rivera -prófugo de la justicia y acusado de violar a 90 menores- en estos momentos es muy delicado, "porque polariza aún más los ánimos y provoca que al deterioro de los líderes políticos pudiera sumarse también el de los religiosos", abundó Monreal. Por separado, el senador priísta Carlos Jiménez Macías coincidió en que se trata de un asunto muy delicado, penoso, del que es difícil formular afirmación alguna. Sin embargo, expresó que tratándose de un problema tan grave, como la protección de quienes abusan de niños y jóvenes, "nadie puede estar por encima de la ley ni caben jerarquías religiosas ni de ningún tipo". Ante la ley, recalcó el priísta, todos son iguales, y de ninguna manera puede encubrirse a pederastas bajo oficios religiosos. Jiménez Macías agregó que los senadores deben cumplir con su tarea, ya que hay una falta de legislación en materia de violación y explotación sexual de menores. "Debemos mejorar las leyes, establecer mayores penalidades y evitar que se proteja a los pederastas". Luciano Pascoe, vocero del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, demandó por su lado una investigación profunda sobre las acusaciones que hay en contra del cardenal, para que se esclarezcan los hechos. La jerarquía de la Iglesia católica tendría que colaborar en las pesquisas, comentó al tiempo de pedir que se esperen los resultados para determinar si Norberto Rivera encubrió a un sacerdote pederasta. Si esto se comprueba, sería dramático, puntualizó. Por lo demás, sostuvo que los integrantes de la Iglesia tienen que sujetarse a la ley. No puede haber encubrimiento de delitos y atropellos, subrayó, luego de exigir que el gobierno federal desmantele las redes de pederastas y que la Procuraduría General de la República tenga una acción más decidida en estos casos.
Claudia Herrera, Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Claudia Herrera, Andrea Becerril y Georgina Saldierna
JUAN CAMILO MOURIÑO, mejor que no diga nada porque a leguas se vé que es un junior bueno para nada, lo único que tiene es dinero y una bola de viejillos españoles que le aconsejan. Esos son los patrones de calderón, no me imagino cómo le hará para aguantar tanta exigencia. Esa es la "experiencia" de calderón de aquí en adelante serán puras fallas de éstos mediocres panistas. Apuesta: ¡A que no contaban con su yunque!
Entradas
