KIKKA: 10/28/07

domingo, 28 de octubre de 2007

Reventon en el Zócalo contra el TLCAN

Realizan en el Zócalo tocada en defensa del agro
Al ritmo de la música recuerdan al gobierno que existen los campesinos

Gabriel León Zaragoza
Javier Gurruchaga en el concierto Salvemos al campo para salvar a México Foto: Francisco Olvera

Miles de personas bailaron en la plancha del Zócalo capitalino durante ocho horas en el concierto Salvemos al campo para salvar a México, donde una docena de bandas mexicanas de música juvenil propalaron la alerta de la situación que enfrenta el medio rural y sus productos, así como el latente riesgo de que desaparezcan los productores de maíz una vez que se libere en 2008 el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Convocados por organizaciones campesinas y ecologistas, intelectuales, artistas, actores y actrices, los asistentes a la Plaza de la Constitución no sólo acudieron a disfrutar de los ritmos de la música vernácula y del son, ska, reggae y rock, sino a pronunciarse además por la defensa del país y su soberanía alimentaria, “y recordarle a nuestros gobiernos que también existen los campesinos”. En el concierto, que forma parte de la campaña nacional Sin maíz no hay país, ¡Pon a México en tu boca!, y que comenzó el pasado 25 de junio, la audiencia se solidarizó con la recolección de firmas que emprenden los convocantes para demandar a la administración federal que se retire del acuerdo comercial el capítulo agropecuario.

Saludaron además el anuncio de la Feria Nacional Campesina a realizarse en el Zócalo del 8 al 10 de noviembre, donde se espera la asistencia de productores de todas las regiones del país para acercarle a los capitalinos “una muestra de la riqueza del agro”. En la apertura del acto, la mención desde el escenario del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, y sus comentarios en torno a que en el país no hay ninguna oposición contra el apartado agrícola del TLCAN, obtuvieron sonora rechifla de los asistentes, que a gritos consignaron que “le estamos demostrando que los mexicanos sí estamos muy concientizados de las afectaciones que están teniendo lugar en el país con la apertura comercial” con Estados Unidos y Canadá.

Como preámbulo al concierto, por los organizadores, Lorena Paz, del Instituto Maya, señaló que los pueblos son lo que cosechan y lo que comen, por tanto, al ser México un país de origen del maíz y del grano, la base del consumo nacional, “la alimentación del pueblo está en peligro de muerte y los campesinos en extinción”. En su discurso destacó que de no haber una respuesta contundente de la sociedad mexicana en defensa de sus orígenes, a partir del primero de enero “se abrirán las fronteras del país a la importación indiscriminada de maíz y frijol de Estados Unidos, como está previsto en el TLCAN. Esto va a arrasar con nuestra producción nacional y obligarnos a consumir granos de baja calidad al precio que decidan las empresas trasnacionales de alimentos.

“Si no peleamos por sacar a nuestro maíz y frijol del TLCAN estaremos de rodillas ante Estados Unidos, habremos perdido nuestra soberanía alimentaria y dependeremos totalmente de otros países para comer”, alerto, y criticó que los gobiernos del PRI y el PAN desde hace mucho tiempo hayan renunciado a garantizar esta seguridad a la población.

Kikka Roja

Intensa Represión Social con el PAN En El Poder

Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades
Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas
La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista

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La senadora Rosario Ibarra en una protesta de madres de desaparecidos políticos, el 10 de mayo de 2002 Foto: José Núñez

En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí. Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos. Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad. En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.

La sentencia más alta

En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses. Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.

De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura. En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse. A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.

Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores. Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía. En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.

En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.

Kikka Roja