En su primer aniversario y por internet, el video Esta Máscara es mia
... la vida sin lucha libre no es vida... Alfonso Morales y Arturo Rivera ya juntensen por favor!
martes, 6 de febrero de 2007
El hijo del santo : Paga su Predial
De la revista eme-equis
En su primer aniversario y por internet, el video Esta Máscara es mia
... la vida sin lucha libre no es vida... Alfonso Morales y Arturo Rivera ya juntensen por favor!
En su primer aniversario y por internet, el video Esta Máscara es mia
... la vida sin lucha libre no es vida... Alfonso Morales y Arturo Rivera ya juntensen por favor!
Ya ni la Burla Perdonan: No se engorilen
Elecciones 2007
Mi opinión de las elecciones en Yucatán. Vamos por partes:
El país de nunca JabazMi opinión de las elecciones en Yucatán. Vamos por partes:
- Caricaturista que le tira pa la izquierda
- Leonel Cota Montaño no es tonto
- Es cercano a AMLO, no debe ser tan al garete el negocito
- la lógica indica que el PRD debe obtener lugar en Yucatán
- la trifulca aquí no es tan grande, botan de un patín a la doña y se acabó, no tiene la afiliación.
Nerilicón
- Caricaturista que le tira pa la derecha
- Espino es del Yunque, recuerden cuando valió queso Germán Martínez
- El gober de YuNcatán es amigo de Calderón, recuerden la puñalada a Creel
- el desmadre aquí si esta pelón, por que el duopolio político es de puros mochos y potentados dueños de la península, que odian a muerte a los descarriados sin religión.
Ana Rosa Payán PRD es la santurrona mayor, Patrón Laviada (el gober) es el que rellena las urnas. Todo depende de que las familias libanesas, judias o árabes se pongan de acuerdo entre Ivonne Ortega Pacheco PRI y Xavier Abreu PAN. Espino aunque siga detrás de la Payán ya se quedó fuera de la jugada. Yucatán nunca ha sido de México, esta es una buena oportunidad de que tiemble tantito el duopolio... ja ja va haber guerra de la chida si la gente vota por el PRD.
Kikka Roja
10 empresas : 95 % del mercado mundial de semillas
ONG advierte que Monsanto intentará acabar con la biodiversidad del maíz
Controlan 10 empresas 95 por ciento del mercado mundial de semillas
ANGELICA ENCISO , LAURA POY , MATILDE PEREZ /III
"La propiedad de las semillas el primer eslabón de la cadena alimentaria tiene implicaciones de muy largo alcance para la seguridad alimentaria global", señala ONG. En la imagen, bodega de maíz en Puebla Foto: José Carlo González
Tan sólo 10 empresas controlan 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales que tiene un valor de 30 mil millones de dólares, mientras hace tres décadas había 7 mil compañías. De ese negocio, los transgénicos representan 21 por ciento del total, alrededor de 6 mil 500 millones de dólares; su importancia radica en que son la base de la alimentación mundial. La lista de esas firmas la encabeza Monsanto, cuyas ventas pasaron de 2 mil 270 millones de dólares en 2003 a 3 mil 550 millones este año; le siguen Dupont/Pionner, con ventas en 2004 de 2 mil 600 millones de dólares, y la suiza Syngenta, que ese mismo año tuvo ventas por mil 239 millones de dólares.
Esas trasnacionales controlan 49 por ciento del mercado global de semillas; además de los transgénicos, comercializan granos mejorados y otros "materiales cultivables". Aunque este comercio es menor en comparación con el de la industria farmacéutica que tiene un valor 446 mil millones de dólares, su importancia se halla en que "la propiedad de las semillas el primer eslabón de la cadena alimentaria tiene implicaciones de muy largo alcance para la seguridad alimentaria global", señala el Grupo ETC (colectivo de acción sobre la erosión, la tecnología y la concentración).
Los gigantes Monsanto, Dupont/Pionner, Bayer, Syngenta y Dow Agrosciences formaron en 1999 la asociación civil Agro Bio México con el fin de "representar a la industria relacionada con la biotecnología agrícola para colaborar en el desarrollo de políticas y regulaciones nacionales que fomenten el cuidado del ambiente y la salud, además de la inversión y la transferencia de tecnología". Tan sólo Monsanto concentra 60 por ciento de las 102 millones de hectáreas que en el mundo se cultivan con transgénicos. Cubre 97 por ciento de la superficie que utiliza maíz transgénico y casi la totalidad de la de soya; con 50 años en México, espera desde hace al menos una década llevar sus productos de maíz al agro nacional. Esta empresa ha crecido por la compra de distintas compañías, pero fue la adquisición en 2005 de la mexicana Seminis la que le ha dado más poderío: controla entre 25 y 38 por ciento del mercado de semillas de frijol, pepino, chile, pimiento, tomate y cebolla. Todavía el año pasado presentó la propuesta de adquisición de la firma Delta Pine, la cual, junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desarrolló la tecnología Terminator una semilla que se aniquila a sí misma para no ser utilizada en posteriores ciclos productivos-; la transacción aún es analizada por la comisión de competencia de ese país. El mayor crecimiento en el cultivo de transgénicos ha ocurrido en Estados Unidos y Canadá. El resto de las naciones que lo siembran en grandes áreas están en vías de desarrollo. Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay y Filipinas aumentaron la superficie cultivada con esos productos durante el último año. Cada uno de esos países rebasó un millón de hectáreas, indica el informe de 2006 de la Internacional Service for the Acquisition of Agribiotech Applications (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas).
Falta en México información sobre alimentos con transgénicos
En tanto, mientras la Unión Europea exige que los alimentos estén etiquetados con el fin de que la población conozca si contienen transgénicos, la apuesta de las trasnacionales de semillas es que los países que tienen al maíz como parte de su alimento lo consuman. En México, donde se destinan 8 millones de hectáreas a la siembra de la gramínea y es el principal alimento, "no tener mecanismos que permitan incrementar la productividad obviamente desabastece el mercado y pone las situaciones que estamos viviendo, la tecnología de la compañía puede ser muy útil", señala Eduardo Pérez Pico, director de desarrollo de Tecnologías Latinoamérica Norte de Monsanto. Mientras en el mundo la cuarta parte de los agricultores aún guardan sus propias semillas para los próximos ciclos, en México lo hacen 85 por ciento y el restante 15 por ciento adquiere el grano a alguna de las trasnacionales, sostiene Silvia Ribeyro, del Grupo ETC. La defensa de Monsanto es que a ningún campesino se le obliga a utilizar el maíz transgénico. "No creo que 10.3 millones de los que ya utilizan nuestras semillas estén equivocados. El 90 por ciento son pequeños productores y han encontrado practicidad en su uso", indica por su parte Pérez Pico. Agrega que en México "ha habido buena adopción" de los transgénicos, ya que desde 1996 los agricultores vienen sembrando algodón y soya; recuerda que los primeros experimentos con maíz se hicieron en 1997, pero después entró la moratoria. "Los productores han manifestado su interés en sembrar maíz porque han visto beneficios en los otros productos y en el maíz biotecnológico en otras partes del mundo".
Riberyro considera que la concentración en este sector es grave, porque no sólo se genera la dependencia de los campesinos a la adquisición de las semillas, sino también porque, en el caso de maíz, si se hacen los cultivos comerciales, Monsanto va a "intentar contaminar, acabar con la biodiversidad de la gramínea, para extender la presencia de sus productos y obligar a que la gente compre semilla comercial, aunque no tenga por costumbre hacerlo. Es un grano que los campesinos acostumbran guardar y seleccionan para sus próximas siembras".
Kikka Roja
Controlan 10 empresas 95 por ciento del mercado mundial de semillas
ANGELICA ENCISO , LAURA POY , MATILDE PEREZ /III
"La propiedad de las semillas el primer eslabón de la cadena alimentaria tiene implicaciones de muy largo alcance para la seguridad alimentaria global", señala ONG. En la imagen, bodega de maíz en Puebla Foto: José Carlo GonzálezTan sólo 10 empresas controlan 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales que tiene un valor de 30 mil millones de dólares, mientras hace tres décadas había 7 mil compañías. De ese negocio, los transgénicos representan 21 por ciento del total, alrededor de 6 mil 500 millones de dólares; su importancia radica en que son la base de la alimentación mundial. La lista de esas firmas la encabeza Monsanto, cuyas ventas pasaron de 2 mil 270 millones de dólares en 2003 a 3 mil 550 millones este año; le siguen Dupont/Pionner, con ventas en 2004 de 2 mil 600 millones de dólares, y la suiza Syngenta, que ese mismo año tuvo ventas por mil 239 millones de dólares.
Esas trasnacionales controlan 49 por ciento del mercado global de semillas; además de los transgénicos, comercializan granos mejorados y otros "materiales cultivables". Aunque este comercio es menor en comparación con el de la industria farmacéutica que tiene un valor 446 mil millones de dólares, su importancia se halla en que "la propiedad de las semillas el primer eslabón de la cadena alimentaria tiene implicaciones de muy largo alcance para la seguridad alimentaria global", señala el Grupo ETC (colectivo de acción sobre la erosión, la tecnología y la concentración).
Los gigantes Monsanto, Dupont/Pionner, Bayer, Syngenta y Dow Agrosciences formaron en 1999 la asociación civil Agro Bio México con el fin de "representar a la industria relacionada con la biotecnología agrícola para colaborar en el desarrollo de políticas y regulaciones nacionales que fomenten el cuidado del ambiente y la salud, además de la inversión y la transferencia de tecnología". Tan sólo Monsanto concentra 60 por ciento de las 102 millones de hectáreas que en el mundo se cultivan con transgénicos. Cubre 97 por ciento de la superficie que utiliza maíz transgénico y casi la totalidad de la de soya; con 50 años en México, espera desde hace al menos una década llevar sus productos de maíz al agro nacional. Esta empresa ha crecido por la compra de distintas compañías, pero fue la adquisición en 2005 de la mexicana Seminis la que le ha dado más poderío: controla entre 25 y 38 por ciento del mercado de semillas de frijol, pepino, chile, pimiento, tomate y cebolla. Todavía el año pasado presentó la propuesta de adquisición de la firma Delta Pine, la cual, junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desarrolló la tecnología Terminator una semilla que se aniquila a sí misma para no ser utilizada en posteriores ciclos productivos-; la transacción aún es analizada por la comisión de competencia de ese país. El mayor crecimiento en el cultivo de transgénicos ha ocurrido en Estados Unidos y Canadá. El resto de las naciones que lo siembran en grandes áreas están en vías de desarrollo. Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay y Filipinas aumentaron la superficie cultivada con esos productos durante el último año. Cada uno de esos países rebasó un millón de hectáreas, indica el informe de 2006 de la Internacional Service for the Acquisition of Agribiotech Applications (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas).
Falta en México información sobre alimentos con transgénicos
En tanto, mientras la Unión Europea exige que los alimentos estén etiquetados con el fin de que la población conozca si contienen transgénicos, la apuesta de las trasnacionales de semillas es que los países que tienen al maíz como parte de su alimento lo consuman. En México, donde se destinan 8 millones de hectáreas a la siembra de la gramínea y es el principal alimento, "no tener mecanismos que permitan incrementar la productividad obviamente desabastece el mercado y pone las situaciones que estamos viviendo, la tecnología de la compañía puede ser muy útil", señala Eduardo Pérez Pico, director de desarrollo de Tecnologías Latinoamérica Norte de Monsanto. Mientras en el mundo la cuarta parte de los agricultores aún guardan sus propias semillas para los próximos ciclos, en México lo hacen 85 por ciento y el restante 15 por ciento adquiere el grano a alguna de las trasnacionales, sostiene Silvia Ribeyro, del Grupo ETC. La defensa de Monsanto es que a ningún campesino se le obliga a utilizar el maíz transgénico. "No creo que 10.3 millones de los que ya utilizan nuestras semillas estén equivocados. El 90 por ciento son pequeños productores y han encontrado practicidad en su uso", indica por su parte Pérez Pico. Agrega que en México "ha habido buena adopción" de los transgénicos, ya que desde 1996 los agricultores vienen sembrando algodón y soya; recuerda que los primeros experimentos con maíz se hicieron en 1997, pero después entró la moratoria. "Los productores han manifestado su interés en sembrar maíz porque han visto beneficios en los otros productos y en el maíz biotecnológico en otras partes del mundo".
Riberyro considera que la concentración en este sector es grave, porque no sólo se genera la dependencia de los campesinos a la adquisición de las semillas, sino también porque, en el caso de maíz, si se hacen los cultivos comerciales, Monsanto va a "intentar contaminar, acabar con la biodiversidad de la gramínea, para extender la presencia de sus productos y obligar a que la gente compre semilla comercial, aunque no tenga por costumbre hacerlo. Es un grano que los campesinos acostumbran guardar y seleccionan para sus próximas siembras".
Kikka Roja
La verdad sea dicha : 5
Programa episodio 5
Andrés Manuel López Obrador www.amlo.org.mx
E MAIL : laverdadseadicha@gobiernolegitimo.org.mx
laverdadseadicha.org.mx
gobiernolegitimo.org.mx
AMLO Tv, Martes 1 de la madrugada 1 a.m. por tv azteca canal 13
Link video.google.com
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Kikka Roja
Andrés Manuel López Obrador www.amlo.org.mx
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- CRONICA DE LA MEGA MARCHA contra el golpe a la Economía Popular
- NOTI-CREAS con Loaré de mole Se hizo sobre la marcha
- LAS ANDANZAS DE LA DERECHA
- OAXACA Resiste y denuncia con pruebas los asesinatos por Ulises Ruiz Ortíz
- Aporta tu material,(periodistas, fotógrafos, artistas, directores) envialo a San Luis Potosi # 84 col. Roma
SONRIAN POR QUE VAMOS A GANAR
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Kikka Roja
Pablo Gómez
Pablo Gómez: los excesos salariales han sido de todos
Por Óscar Camacho GuzmánFotografía Jaime Bóites
Si todo cuaja, si de verdad –como dice el senador del PRD Pablo Gómez–, “ya existe un acuerdo entre el PAN y el PRD”, los tiempos de los salarios altos en la casta política del país estarán por llegar a su fin a partir de abril próximo.“Sí, sí; creo que en abril estarán aprobadas las reformas… esto ya no puede seguir así, es una inmoralidad y hay que pararla ya”, comenta Gómez, al hablar de un asunto que durante años y años no ha sido otra cosa que una ofensa para los mexicanos: los altos salarios que se asigna la clase política del país.
De acuerdo con el senador perredista, las pláticas para aprobar una serie de reformas constitucionales que pongan freno y regulen los altos sueldos están ya “acordadas en prácticamente todo” entre PAN y PRD. Incluso señala que los panistas no están de acuerdo en que se instaure una comisión especial que asuma las facultades de ley para determinar los nuevos salarios que deberán pagarse a los funcionarios públicos, tal y como está consignado en la iniciativa que Felipe Calderón envió en días pasados al Congreso de la Unión.
“Eso sería un retroceso. Los diputados no abdicarán de la facultad que tienen para determinar los sueldos de los funcionarios. Por el contrario, el objetivo será fortalecer esas facultades de los diputados. En eso están de acuerdo todos, los panistas”.
–¿Cuáles son los puntos centrales de las reformas que ya han acordado PAN y PRD?
–Básicamente tres puntos. El primero será establecer un precepto constitucional que abarque los sueldos de todos los funcionarios del estado México… todo. Y que establezca que las legislaturas de los estados, del Distrito Federal y de la federación establecerán las leyes que regirán las políticas de sueldos. Ahora bien, para meter a los municipios en este régimen de política salarial, se necesita que los Congresos de las estados emitan las leyes salariales de los ayuntamientos, porque en la mayoría de estos actualmente se establecen libremente los sueldos.
Otro acuerdo importante es darle a los estados y a la federación la capacidad para definir los sueldos de las empresas descentralizadas y cualquier organismo público. Eso también ya está acordado.
Y luego viene la cuestión de límites, de topes a los sueldos. El PRD propuso que los límites se establezcan en términos numéricos, de salarios mínimos. El PAN dice que el referente sea el salario que tiene asignado el presidente de la República. Que ese sea el sueldo más alto y a partir de ahí, los demás.
–¿Qué harán con las compensaciones, las primas, los bonos que actualmente se dan muchos políticos y funcionarios fuera de su salario?
–Desaparecerán. El salario será un único ingreso. Esto es necesario para darle transparencia a la política de sueldos porque, por ejemplo, ahora los ministros de la Corte ganan 180 mil pesos de sueldo, pero otro tanto por otras vías, y eso es indebido, incorrecto, inmoral.
–¿Tocarán estas reformas las pensiones de los ex presidentes?
–Claro. Pero no sólo las pensiones de los ex presidentes, sino también la de todo el sector financiero, de organismos públicos en donde se han asignado jubilaciones y haberes vitalicios en forma ilegal.
–¿Se puede hacer todo eso?, ¿se puede aplicar en forma retroactiva la ley?
–Las leyes no, pero la Constitución sí. Si la Constitución no pudiera ser aplicada en forma retroactiva, no hubiera podido haber reforma agraria o expropiación del petróleo, por ejemplo.
–¿A qué excesos hemos llegado que se hace necesaria esta ley?
–Los excesos se dan y se han dado en todos los niveles. De todos.
–…Porque hay quienes señalan al presidente; otros que los senadores; otros que los diputados…
–No. No, mira, los diputados son los que menos ganan. Un diputado gana menos que un director, no le des vueltas. Hay diputados locales que ganan más que un diputado federal…
–Pero comparado con otros salarios, no son nada bajos los sueldos de diputados….
–Bueno, si se le compara con el salario mínimo, todos ganan muchísimo.
–Por eso le pregunto, ¿dónde están los mayores excesos?
–En todos los niveles: en el gobierno federal se dan bonos y recompensas; los ayuntamientos dicen que tienen un sueldo y se dan sobresueldos; los gobiernos de los estados también; el Poder Judicial está saturado de dinero; el sector paraestatal, la banca del Estado. Todos. Lo que predomina en México es la concepción patrimonialista de la burocracia política del Estado. No es nuevo, lo que pasa es que el PAN los seis años de Fox no quiso meterle mano a eso. Al contrario, le dieron vuelo. Y en este momento los panistas ya se dieron cuenta de que por eso camino ningún país va a ningún lado. Porque, además, la crítica del PRD ha sido muy fuerte y el apoyo popular que tenemos alrededor de este planteamiento es inmenso.
–No veo que mencione entre los excesos el sueldo del presidente de la República.
–No, el sueldo del presidente no es excesivo. Lo que es alto es el gasto de la casa presidencial. La casa de Los Pinos es muy onerosa, hay una gran burocracia para servirle.
–No le parece muy alto 150 mil para un presidente.
–Sí, podría ganar cien mil pesos y la Cámara de Diputados lo tendrá que decidir. La Cámara le puede bajar el sueldo de 150 mil a cien mil pesos, pero eso ya es una decisión de los legisladores. Y, además, le puede quitar muchos gastos innecesarios a la casa presidencial.
–¿Como cuales?
–Por ejemplo en el personal que ahí trabaja. Ahí 80 por ciento del personal gana como si fuera director de área. Ahí no hay infantería. Todos son burócratas de postín. Ahí nos ahorraríamos mucho dinero. Como 500 u 800 millones de pesos anuales.
–¿Incluye a los militares?
–No, los militares ganan poco.
–Felipe Calderón dijo que el punto de referencia para bajar los sueldos sería el del presidente…
–Sí, así es. Se pondrá como punto de referencia el sueldo del presidente, pero la Cámara de Diputados dirá cuánto debe ser el sueldo que gane el presidente. `Su sueldo actual no es intocable. Y si se le baja al presidente, pues se le tendrá que bajar a todos los demás.
–¿Cuánto debe ganar el presidente de México con esta reforma, según el PRD?
–Yo creo que unos cien mil pesos estaría bien.
–¿Ya platicaron con el PAN este punto? ¿El PAN está de acuerdo con esto?
–No, no hemos hablado de montos aún. Pero lo que ya está acordado es que sea la Cámara de Diputados la que mantenga la facultad de establecer los salarios de los funcionarios. Y te comento esto porque en la iniciativa de Felipe hay un punto en el que propone que haya una comisión especial para administrar los tabuladores. Eso sería un retroceso, porque con eso se le estarían quitando facultades a la Cámara de Diputados. Y eso no es aceptable.
–¿Qué dice el PAN?
–Está de acuerdo con que sean los diputados.
–¿Cuánto calculan ustedes que se ahorraría el Estado con una reforma de esta naturaleza?
–Creo que la cifra en estos momentos es incalculable. Pero lo que está más que claro es que bajar los salarios de los funcionarios es una necesidad urgente. ¡Urge parar ya esta inmoralidad de que haya en el país estos altos sueldos!
–¿Para cuándo estará lista y aprobada esta reforma?
–No puede pasar de abril. Yo estoy seguro que para entonces habremos aprobado esta reformas.
¿..y el bigote ? ¡Pablo Gómez , otro Guerrero!
Kikka Roja
Feliz cumpleaños MX : 1
www.eme-equis.com.mx
por Fernando Rivera Calderón
Nuevo refranero político mexicano
Kikka Roja
por Fernando Rivera Calderón
Nuevo refranero político mexicano
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Calderón que se duerme, se lo lleva
la corriente.
No todo lo que brilla es tortilla.
No por mucho extraditar amanece
más temprano.
Un capo saca a otro capo.
Las paredes comen.
Chávez que ladra, no muerde.
A quién le dan PAN que no llore.
Al buen entendedor, pocas patadas.
Suerte te dé Fox, que el saber
poco te importa.
Si quieres ser rico, no te des mucho a los libros (este así es, no está manipulado).
Cuando está abierto el cajón,
el más honrado es Hank Rohn.
A grandes males, grandes peores.
Carstens lleno, Calderón contento.
Echando a perder se gobierna.
El que nace pa’ Fecal,
del cielo le caen los votos.
El que se enoja, Peje.
La cobija y Elba Esther,
suavecitas han de ser... ¿?
Cae más pronto un hablador que un Sojo.
Más vale una rosa que un Espino.
Más vale morir de pie que vivir sin tortillas.
El que con Hugo se mete, espinao amanece.
El que Echeverría al último, echeverríe mejor.
El que con niños se empapa,
Norberto lo solapa.
Kikka Roja
AMLO : CND del 21 al 24 de marzo Mexico DF
Noticias / Comunicados
DOCUMENTOS ANEXOS
Documento en formato de texto
Kikka Roja
Invita AMLO al pueblo a participar en la Convención Nacional Democrática, del 21 al 24 de marzo, en el DF Ticul, Yucatán Domingo 04 de febrero de 2007 * Dos temas fundamentales se abordarán en el encuentro: La defensa de la economía popular y la protección del patrimonio nacional Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los simpatizantes del movimiento transformador de México a congregarse, del 21 al 24 de marzo en la Ciudad de México, para participar en la Convención Nacional Democrática que tendrá como temas fundamentales la defensa de la economía popular y la protección del patrimonio nacional. Desde esta tierra maya, señaló que el pelele y su pandilla quieren privatizar la industria eléctrica y el petróleo, por lo que en la Convención miles de mujeres y hombres libres, de buena voluntad, procedentes de todos los pueblos de México, “nos vamos a poner de acuerdo para defender el sector energético”. Por la tarde, en Halachó, hizo énfasis en que “aceptar la entrega del petróleo a los extranjeros sería como firmar el acta de esclavitud para los mexicanos y las nuevas generaciones y no lo vamos a permitir, porque la patria no se vende, se defiende”. En este punto, amplió que el petróleo es el mejor negocio del mundo porque producir un barril cuesta 3 dólares y se vende en 50 dólares, pero ese negocio debe ser, puntualizó, para el bienestar de todos los mexicanos. Antes, en Ticul, dijo también que en el tema de la defensa de la economía popular se dará seguimiento a la propuesta para afrontar la actual situación de emergencia que se vive por la escalada de aumentos a los productos de primera necesidad, la cual se desató a dos meses de iniciar el gobierno usurpador. Recordó que dicha propuesta consiste en cinco puntos básicos: asignar un aumento salarial de emergencia, fijar precios de garantía a los productos del campo, no permitir la libre importación de maíz y fríjol, otorgar subsidios para que baje de precio la tortilla y que se apruebe su iniciativa de Ley de Precios Competitivos para acabar con los monopolios. En el cuarto día de recorrido por Yucatán —con el cual completó 50 municipios visitados, de los 106 que integran la entidad—, López Obrador enfatizó que ya se encuentra al cien por ciento después del fraude electoral y “vamos a traer al pelele al mecate corto, que ni piense que va a hacer lo que quiera”. Comentó que el fraude electoral significó una fuerte afectación a la gente porque con ello se golpeó la esperanza de millones de mexicanos, sobre todo de los más pobres, para quienes la democracia tiene un significado más allá del cambio de partido en el poder. Explicó que para el rico la democracia puede significar que cambie un partido político por otro, pero para el pobre representa la posibilidad de salir adelante, de la sobrevivencia, del bienestar. “Por eso dolió mucho, porque millones de mexicanos, sobre todo la gente mas humilde, esperaba un cambio verdadero”, apuntó. Confió, sin embargo, que más temprano que tarde se logrará una transformación en Yucatán y en el país. “Cuando me dicen que en Yucatán es muy difícil porque el PAN está muy fuerte, yo digo que no porque el PAN es el partido de los de arriba y la mayoría de la gente del estado está en la pobreza”, mencionó. En Yucatán —añadió— sigue la casta divina y ellos sí se han beneficiado del poder, como los Patrón y todos los que pertenecen a la elite, pero la mayoría del pueblo sigue igual o peor porque no ha habido cambios que beneficien a la gente. Antes, en Oxkutzcab, López Obrador sostuvo que para que el país salga adelante y se supere la pobreza que vive el pueblo es necesario un cambio como lo que significó la independencia, la reforma y la revolución, y “lo vamos a lograr pero con una revolución de conciencias, de manera pacifica y con mucha organización y participación ciudadana”. En Halachó aprovechó la ocasión para agradecer al director del periódico Por Esto!, Mario Renato Menéndez Rodríguez, así como a los reporteros, fotógrafos y demás trabajadores de ese rotativo porque, expuso, ayudan a que se dé a conocer otra versión, otra realidad, que muchas veces se esconde en Yucatán. Durante su recorrido de esta semana el Presidente Legítimo se encontró con habitantes de 25 municipios. Para despedirlo, la actriz regional Jazmín López, conocida popularmente como Tina Tuyub, le dedicó una bomba yucateca: “De la tierra del mayab / te llevas y con razón / el cariño de los pobres / y todo su corazón”. La próxima semana López Obrador tiene previsto viajar a Chiapas, donde explicará a la gente el propósito del Gobierno Legítimo y la necesidad de que haya un cambio verdadero en el país. |
DOCUMENTOS ANEXOS
Documento en formato de texto
Kikka Roja
Fecal : Ilegalidades : Engañabobos
Los jueces lo desmienten
Jorge Carrasco Araizaga
A los jueces que llevan procesos federales no les gustó cómo “vendió” Felipe Calderón en Alemania la extradición de 15 personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos. Con tal de aparecer como un paladín, dicen, el presidente tomó decisiones que aún no fundamenta jurídicamente y exageró los riesgos que corren los juzgadores.
Con las extradiciones como anzuelo, Felipe Calderón quiso cautivar a los inversionistas extranjeros; y lo intentó a costa del Poder Judicial de la Federación, del cual dijo en Alemania que está vulnerado por el dominio y voluntad de los jefes del narcotráfico. Pero la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos sorprendió a los jueces que llevaban sus procesos. Hasta el pasado viernes 2 de febrero, dos semanas después de la extradición, varios juzgadores desconocían la resolución del Ejecutivo que permitió dicha entrega. Y contrario a lo asegurado por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, de que se daría protección especial a los jueces que llevan casos de narcotráfico, los juzgadores señalan: “En el caso de las extradiciones a Estados Unidos nosotros no fuimos los villanos, nosotros no autorizamos la entrega, así que no requerimos de medidas especiales”. Ante empresarios alemanes, con quienes se reunió en Berlín el 26 de enero pasado, al comienzo de su primera gira presidencial por Europa, Calderón presentó a los jueces federales y magistrados mexicanos como víctimas de “un problema endémico” derivado del narcotráfico. No reparó en magnificar un asunto que si bien los afectados reconocen que existe, aseguran que no es de las proporciones con las cuales lo presentó. Y se remiten a los datos: sólo se han registrado dos atentados: uno en Sinaloa, donde en 2001 fueron asesinados dos magistrados, y otro el año pasado, cuando fue ejecutado un juez federal adscrito al penal del Altiplano, antes La Palma y Almoloya, en el Estado de México.
Más aún, entre jueces y abogados existen dudas sobre la legalidad con la que actuó el gobierno federal para permitir “la extradición en paquete” de 15 personas acusadas por Estados Unidos de delincuencia organizada, principalmente de narcotráfico, y que se concretó el viernes 19 de enero. Una semana después Calderón se refirió por primera vez al tema. Lo hizo en la sede del Banco Alemán y ante empresarios de distintas empresas trasnacionales. Les aseguró que, “como ningún otro factor”, las extradiciones van a detonar nuevas posibilidades de inversión en México. Las entregas de reos decididas por su gobierno, argumentó el presidente mexicano, se debieron al control que aún ejercían los jefes del narcotráfico. Y expuso que se trataba de “un problema endémico: los líderes, los capos de la droga en México, que estaban en prisión y que tenían el control todavía sobre sus cárteles… estaban amenazando a jueces, fiscales, empresarios, ciudadanos, desde la prisión; incluso, habían ejecutado a varios jueces mexicanos… (Por eso), tomamos la decisión de extraditar a 15 capos del narcotráfico que demandaba la justicia de Estados Unidos”. Ese “argumento de venta” de Calderón en el extranjero no cayó bien entre jueces federales y abogados, quienes advierten que rechazarían la creación de jueces especializados en delincuencia organizada en caso de que el tema sea incluido en la reforma judicial que Calderón se comprometió a presentar el próximo mes, a más tardar.
Dudas sobre la legalidad
Los jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que llevan asuntos de narcotráfico han manifestado desde hace tiempo su resistencia a la creación de juzgados especializados en la materia, e incluso a recibir mayor protección de la que ya tienen. Uno de ellos, que llevaba el juicio de uno de los narcotraficantes extraditados por Calderón, asegura en entrevista: “La extradición fue más política que jurídica”, pues la manera en que se hizo abre muchas interrogantes. “En primer lugar –dice en sus oficinas dentro de un reclusorio capitalino–, es muy difícil que coincidan en un mismo tiempo 15 procesos penales de la misma materia, pues cada uno lleva su propio calendario”. Las extradiciones, continúa, debieron ocurrir una vez agotado el proceso penal en cada caso. “En el juicio que yo llevaba ni siquiera fui notificado por parte del Ministerio Público Federal. No conocí la resolución del Ejecutivo que permitió la extradición”. Además es probable que en algunos casos hubiera amparos en trámite o en otros aun se estuviera en el desahogo de las pruebas, pero ante un hecho consumado los abogados de los extraditados ya no pueden hacer nada, asegura. No es el único juzgador que se refiere a la anomalía. El juez primero de Distrito de Toluca, Mario Acevedo Cedillo, incluso emitió el 26 de enero un acuerdo para apercibir al Ejecutivo de que le informe sobre el paradero de dos de los extraditados, Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, y su hermano Ismael, El Mayel, miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Aunque es público que fueron extraditados, el gobierno de Calderón no le había informado que los internos ya no estaban en el país, por lo que el juzgador no puede integrar el expediente, lo cual significa que para la justicia aún no hay constancia de las extradiciones. Es común que cuando un reo es trasladado a otro penal del país los jueces pidan a sus colegas exhortos para que les sea informada la situación del reo. En este caso los procesados fueron entregados a la justicia estadunidense, pero el gobierno de Calderón no les ha informado a los jueces. Si bien el Ejecutivo federal tiene la facultad de autorizar las extradiciones, hasta ahora en los juzgados consultados no hay un documento que las respalde; los jueces no conocen los motivos jurídicos de Calderón para entregar a los reos requeridos por Estados Unidos. Rafael Heredia Rubio, coordinador de la comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, asegura que no hay suficiente información para saber si las extradiciones fueron legales. “Hay que ver en cada caso si se agotaron los juicios previos, si había amparos en trámite, si había resoluciones que ya habían causado estado o de plano si se les madrugó a los jueces”. Llama la atención, añade, que se haya hecho “un paquete” de extraditados, pero ya no se puede hacer nada, pues es muy difícil que Estados Unidos los regrese, dice Heredia, quien fue consultor de la embajada de Estados Unidos cuando México y ese país negociaron el Tratado de Extradición en 1980.
Ante las dudas sobre el sustento legal de la entrega de los 15 reos mencionados, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados busca que comparezca nuevamente el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien estuvo ante los legisladores hace apenas dos semanas. El referido juez penal federal adscrito a la capital de la República rechaza que sea necesario proteger a los jueces que llevan casos de delincuencia organizada, en particular de narcotráfico, como afirmó Medina Mora al comparecer en la Cámara de Diputados, el 23 de enero. “El Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales, determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer la seguridad en los penales”, aseguró el procurador cuatro días después de las extradiciones.
Más riesgos que ventajas
En respuesta al planteamiento de Medina Mora, los jueces consultados aseguran que a pesar de haber autorizado extradiciones en otros momentos, no cuentan con protección especial. “No hay ánimo de preocupación. De mis colegas, nadie llega a trabajar con un gran aparato de seguridad”, dice el juez penal federal del Distrito Federal, quien también ha llevado casos de delincuencia organizada en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Cuando hay alguna afectación, añade, se llama al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que administra y supervisa el trabajo de los juzgados y tribunales federales. El consejo actualmente está encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, asegura que entre ellos ni siquiera han discutido el aumento de la protección. “El trabajo de jueces y magistrados lleva implícito el riesgo, pero como asociación el tema no ha sido tratado. Tal vez algunos compañeros en lo individual lo han llevado al Consejo de la Judicatura o al circuito al que pertenecen. Nosotros no tenemos noticia de esto ni se nos ha requerido para llevar el tema a otras instancias”, declaró vía telefónica el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca.
Otro juez penal federal que llevaba juicios de algunos de los extraditados por Calderón es todavía más claro: “Pedir más protección es tanto como si nosotros fuéramos los villanos. Nosotros no los extraditamos; es más, ni siquiera vimos la resolución que respaldara esa acción. Fue el Ejecutivo el que los entregó”. De acuerdo con la consejera del CJF, Elvia Díaz de León, hasta agosto de 2005 ese organismo tenía información de que “siete u ocho jueces y magistrados” habían sido amenazados por abogados de los delincuentes o por los mismos procesados. Justo un año después fue asesinado en Toluca el juez de Distrito René Nieto Contreras, responsable de numerosos casos relacionados con delincuencia organizada. Desde entonces el CJF no ha informado oficialmente de más amenazas. Incluso en respuesta a lo señalado por Medina Mora en el Congreso sobre las medidas de seguridad de los jueces, señaló: “La protección a los magistrados y jueces es permanente, no coyuntural”. En un comunicado emitido dos días después de la comparecencia del procurador, el organismo del Poder Judicial aseguró que a propósito de las extradiciones, “no ha recibido petición expresa por parte de algún juzgador para obtener protección o para solicitar licencia de portación de armas”. Y aprovechó para reiterar su rechazo a que se establezcan los llamados “jueces sin rostro”, por tratarse de una clandestinidad que ha mostrado su ineficacia en otros países y va en contra de la transparencia en la administración de la justicia.
A pesar de esa definición del Poder Judicial, algunos juzgadores no descartan que el Ejecutivo insista, no tanto en la figura de los jueces sin rostro, como en la de los jueces especializados en delincuencia organizada. Aseguran que la PGR ya está preparada con una subprocuraduría y agentes del Ministerios Público especializados en el tema. La Agencia Federal de Investigaciones y la nueva policía única que se proyecta también. Pero en el caso de los jueces consideran que sería muy peligroso, pues los asuntos se concentrarían en dos o tres jueces, que serían más vulnerables. “Si el presidente está publicitando en el extranjero que los jueces estamos amenazados por el narcotráfico, es porque trae una propuesta bajo el brazo. Sólo esperamos que el Legislativo no apruebe la idea de los jueces especializados”, dijo el juez federal radicado en el Distrito Federal. Se trata de uno de los 18 jueces de Distrito de la capital que desde 2004 rechazaron el intento del gobierno de Vicente Fox de crear juzgados especializados en delincuencia organizada. En una posición conjunta poco común que plasmaron en un documento que no se hizo público pero al cual este semanario tuvo acceso, todos los jueces de Distrito dedicados a los asuntos penales federales en la capital del país expresaron la inconveniencia de la propuesta. Y la fundamentaron con cifras: “Los 18 juzgados de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en esta capital actualmente conocen de mil 150 asuntos en trámite, y de esos sólo 50 corresponden a delincuencia organizada”.
Eso se traduce, explicaron, en que cada juzgado tiene un promedio de 63 asuntos en trámite. De ellos, menos del 5%, es decir poco menos de tres son de delincuencia organizada. Los jueces aportaron otros datos contundentes: entre 2002 y 2003 a cada juzgado de este tipo se le solicitó, en promedio, sólo una orden de cateo por delincuencia organizada cada ocho meses y una petición de arraigo cada dos meses. Las cifras, dicen los jueces, no han variado significativamente desde entonces. “La problemática actual de la delincuencia organizada –dijeron en ese momento los jueces de Distrito–, al menos en los tribunales de esta ciudad capital, dista mucho de concentrarse en el narcotráfico.” Establecieron también que los delitos contra la salud son mejor atendidos en esta ciudad por los 18 juzgados de Distrito de lo que pudieran serlo en dos o tres juzgados de delincuencia organizada. El número de juzgados no podría ser mayor debido a los pocos casos de delincuencia organizada que llegan a los juzgados en relación con otros delitos. Concentrar esos asuntos, añadieron, automáticamente convertiría a los dos o tres titulares encargados de esos juzgados “en blanco específico e identificable de presiones y eventuales atentados, en lo personal, en su familia y en sus bienes. Por ende, se constituiría en un factor de tensión adicional que a cada momento comprometería la objetividad, imparcialidad e independencia con la que los juzgadores pudieran desempeñar su función”. Sobre la figura de los jueces sin rostro, dijeron: lo único que se lograría sería generar un vínculo de dependencia respecto de los cuerpos encargados de brindarles seguridad. Y si ésta proviene de los cuerpos policiales que dependen del Poder Ejecutivo y coadyuvan con el Ministerio Público, “auténticamente se convertiría en un factor de sospecha constante para quienes fueran inculpados y (para) sus defensores”.
Los jueces desecharon esa figura por el fracaso que tuvo en Italia, Perú y Colombia, donde a pesar del anonimato muchos de los juzgadores encargados de los casos de narcotráfico fueron asesinados, pero también por ser contraria al Estado democrático. Los juzgados especializados en delincuencia organizada, en los que existieran “jueces sin rostro” –dijeron–, son propios de los Estados autoritarios, pues “se configuraría un régimen jurisdiccional de excepción, con el consecuente retroceso que implica volver a los tribunales de naturaleza inquisitorial”.
Proceso No. 01579, 4 febrero 2007, pág 32.
Kikka Roja
Jorge Carrasco Araizaga
A los jueces que llevan procesos federales no les gustó cómo “vendió” Felipe Calderón en Alemania la extradición de 15 personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos. Con tal de aparecer como un paladín, dicen, el presidente tomó decisiones que aún no fundamenta jurídicamente y exageró los riesgos que corren los juzgadores. Con las extradiciones como anzuelo, Felipe Calderón quiso cautivar a los inversionistas extranjeros; y lo intentó a costa del Poder Judicial de la Federación, del cual dijo en Alemania que está vulnerado por el dominio y voluntad de los jefes del narcotráfico. Pero la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos sorprendió a los jueces que llevaban sus procesos. Hasta el pasado viernes 2 de febrero, dos semanas después de la extradición, varios juzgadores desconocían la resolución del Ejecutivo que permitió dicha entrega. Y contrario a lo asegurado por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, de que se daría protección especial a los jueces que llevan casos de narcotráfico, los juzgadores señalan: “En el caso de las extradiciones a Estados Unidos nosotros no fuimos los villanos, nosotros no autorizamos la entrega, así que no requerimos de medidas especiales”. Ante empresarios alemanes, con quienes se reunió en Berlín el 26 de enero pasado, al comienzo de su primera gira presidencial por Europa, Calderón presentó a los jueces federales y magistrados mexicanos como víctimas de “un problema endémico” derivado del narcotráfico. No reparó en magnificar un asunto que si bien los afectados reconocen que existe, aseguran que no es de las proporciones con las cuales lo presentó. Y se remiten a los datos: sólo se han registrado dos atentados: uno en Sinaloa, donde en 2001 fueron asesinados dos magistrados, y otro el año pasado, cuando fue ejecutado un juez federal adscrito al penal del Altiplano, antes La Palma y Almoloya, en el Estado de México.
Más aún, entre jueces y abogados existen dudas sobre la legalidad con la que actuó el gobierno federal para permitir “la extradición en paquete” de 15 personas acusadas por Estados Unidos de delincuencia organizada, principalmente de narcotráfico, y que se concretó el viernes 19 de enero. Una semana después Calderón se refirió por primera vez al tema. Lo hizo en la sede del Banco Alemán y ante empresarios de distintas empresas trasnacionales. Les aseguró que, “como ningún otro factor”, las extradiciones van a detonar nuevas posibilidades de inversión en México. Las entregas de reos decididas por su gobierno, argumentó el presidente mexicano, se debieron al control que aún ejercían los jefes del narcotráfico. Y expuso que se trataba de “un problema endémico: los líderes, los capos de la droga en México, que estaban en prisión y que tenían el control todavía sobre sus cárteles… estaban amenazando a jueces, fiscales, empresarios, ciudadanos, desde la prisión; incluso, habían ejecutado a varios jueces mexicanos… (Por eso), tomamos la decisión de extraditar a 15 capos del narcotráfico que demandaba la justicia de Estados Unidos”. Ese “argumento de venta” de Calderón en el extranjero no cayó bien entre jueces federales y abogados, quienes advierten que rechazarían la creación de jueces especializados en delincuencia organizada en caso de que el tema sea incluido en la reforma judicial que Calderón se comprometió a presentar el próximo mes, a más tardar.
Dudas sobre la legalidad
Los jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que llevan asuntos de narcotráfico han manifestado desde hace tiempo su resistencia a la creación de juzgados especializados en la materia, e incluso a recibir mayor protección de la que ya tienen. Uno de ellos, que llevaba el juicio de uno de los narcotraficantes extraditados por Calderón, asegura en entrevista: “La extradición fue más política que jurídica”, pues la manera en que se hizo abre muchas interrogantes. “En primer lugar –dice en sus oficinas dentro de un reclusorio capitalino–, es muy difícil que coincidan en un mismo tiempo 15 procesos penales de la misma materia, pues cada uno lleva su propio calendario”. Las extradiciones, continúa, debieron ocurrir una vez agotado el proceso penal en cada caso. “En el juicio que yo llevaba ni siquiera fui notificado por parte del Ministerio Público Federal. No conocí la resolución del Ejecutivo que permitió la extradición”. Además es probable que en algunos casos hubiera amparos en trámite o en otros aun se estuviera en el desahogo de las pruebas, pero ante un hecho consumado los abogados de los extraditados ya no pueden hacer nada, asegura. No es el único juzgador que se refiere a la anomalía. El juez primero de Distrito de Toluca, Mario Acevedo Cedillo, incluso emitió el 26 de enero un acuerdo para apercibir al Ejecutivo de que le informe sobre el paradero de dos de los extraditados, Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, y su hermano Ismael, El Mayel, miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Aunque es público que fueron extraditados, el gobierno de Calderón no le había informado que los internos ya no estaban en el país, por lo que el juzgador no puede integrar el expediente, lo cual significa que para la justicia aún no hay constancia de las extradiciones. Es común que cuando un reo es trasladado a otro penal del país los jueces pidan a sus colegas exhortos para que les sea informada la situación del reo. En este caso los procesados fueron entregados a la justicia estadunidense, pero el gobierno de Calderón no les ha informado a los jueces. Si bien el Ejecutivo federal tiene la facultad de autorizar las extradiciones, hasta ahora en los juzgados consultados no hay un documento que las respalde; los jueces no conocen los motivos jurídicos de Calderón para entregar a los reos requeridos por Estados Unidos. Rafael Heredia Rubio, coordinador de la comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, asegura que no hay suficiente información para saber si las extradiciones fueron legales. “Hay que ver en cada caso si se agotaron los juicios previos, si había amparos en trámite, si había resoluciones que ya habían causado estado o de plano si se les madrugó a los jueces”. Llama la atención, añade, que se haya hecho “un paquete” de extraditados, pero ya no se puede hacer nada, pues es muy difícil que Estados Unidos los regrese, dice Heredia, quien fue consultor de la embajada de Estados Unidos cuando México y ese país negociaron el Tratado de Extradición en 1980.
Ante las dudas sobre el sustento legal de la entrega de los 15 reos mencionados, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados busca que comparezca nuevamente el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien estuvo ante los legisladores hace apenas dos semanas. El referido juez penal federal adscrito a la capital de la República rechaza que sea necesario proteger a los jueces que llevan casos de delincuencia organizada, en particular de narcotráfico, como afirmó Medina Mora al comparecer en la Cámara de Diputados, el 23 de enero. “El Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales, determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer la seguridad en los penales”, aseguró el procurador cuatro días después de las extradiciones.
Más riesgos que ventajas
En respuesta al planteamiento de Medina Mora, los jueces consultados aseguran que a pesar de haber autorizado extradiciones en otros momentos, no cuentan con protección especial. “No hay ánimo de preocupación. De mis colegas, nadie llega a trabajar con un gran aparato de seguridad”, dice el juez penal federal del Distrito Federal, quien también ha llevado casos de delincuencia organizada en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Cuando hay alguna afectación, añade, se llama al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que administra y supervisa el trabajo de los juzgados y tribunales federales. El consejo actualmente está encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, asegura que entre ellos ni siquiera han discutido el aumento de la protección. “El trabajo de jueces y magistrados lleva implícito el riesgo, pero como asociación el tema no ha sido tratado. Tal vez algunos compañeros en lo individual lo han llevado al Consejo de la Judicatura o al circuito al que pertenecen. Nosotros no tenemos noticia de esto ni se nos ha requerido para llevar el tema a otras instancias”, declaró vía telefónica el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca.
Otro juez penal federal que llevaba juicios de algunos de los extraditados por Calderón es todavía más claro: “Pedir más protección es tanto como si nosotros fuéramos los villanos. Nosotros no los extraditamos; es más, ni siquiera vimos la resolución que respaldara esa acción. Fue el Ejecutivo el que los entregó”. De acuerdo con la consejera del CJF, Elvia Díaz de León, hasta agosto de 2005 ese organismo tenía información de que “siete u ocho jueces y magistrados” habían sido amenazados por abogados de los delincuentes o por los mismos procesados. Justo un año después fue asesinado en Toluca el juez de Distrito René Nieto Contreras, responsable de numerosos casos relacionados con delincuencia organizada. Desde entonces el CJF no ha informado oficialmente de más amenazas. Incluso en respuesta a lo señalado por Medina Mora en el Congreso sobre las medidas de seguridad de los jueces, señaló: “La protección a los magistrados y jueces es permanente, no coyuntural”. En un comunicado emitido dos días después de la comparecencia del procurador, el organismo del Poder Judicial aseguró que a propósito de las extradiciones, “no ha recibido petición expresa por parte de algún juzgador para obtener protección o para solicitar licencia de portación de armas”. Y aprovechó para reiterar su rechazo a que se establezcan los llamados “jueces sin rostro”, por tratarse de una clandestinidad que ha mostrado su ineficacia en otros países y va en contra de la transparencia en la administración de la justicia.
A pesar de esa definición del Poder Judicial, algunos juzgadores no descartan que el Ejecutivo insista, no tanto en la figura de los jueces sin rostro, como en la de los jueces especializados en delincuencia organizada. Aseguran que la PGR ya está preparada con una subprocuraduría y agentes del Ministerios Público especializados en el tema. La Agencia Federal de Investigaciones y la nueva policía única que se proyecta también. Pero en el caso de los jueces consideran que sería muy peligroso, pues los asuntos se concentrarían en dos o tres jueces, que serían más vulnerables. “Si el presidente está publicitando en el extranjero que los jueces estamos amenazados por el narcotráfico, es porque trae una propuesta bajo el brazo. Sólo esperamos que el Legislativo no apruebe la idea de los jueces especializados”, dijo el juez federal radicado en el Distrito Federal. Se trata de uno de los 18 jueces de Distrito de la capital que desde 2004 rechazaron el intento del gobierno de Vicente Fox de crear juzgados especializados en delincuencia organizada. En una posición conjunta poco común que plasmaron en un documento que no se hizo público pero al cual este semanario tuvo acceso, todos los jueces de Distrito dedicados a los asuntos penales federales en la capital del país expresaron la inconveniencia de la propuesta. Y la fundamentaron con cifras: “Los 18 juzgados de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en esta capital actualmente conocen de mil 150 asuntos en trámite, y de esos sólo 50 corresponden a delincuencia organizada”.
Eso se traduce, explicaron, en que cada juzgado tiene un promedio de 63 asuntos en trámite. De ellos, menos del 5%, es decir poco menos de tres son de delincuencia organizada. Los jueces aportaron otros datos contundentes: entre 2002 y 2003 a cada juzgado de este tipo se le solicitó, en promedio, sólo una orden de cateo por delincuencia organizada cada ocho meses y una petición de arraigo cada dos meses. Las cifras, dicen los jueces, no han variado significativamente desde entonces. “La problemática actual de la delincuencia organizada –dijeron en ese momento los jueces de Distrito–, al menos en los tribunales de esta ciudad capital, dista mucho de concentrarse en el narcotráfico.” Establecieron también que los delitos contra la salud son mejor atendidos en esta ciudad por los 18 juzgados de Distrito de lo que pudieran serlo en dos o tres juzgados de delincuencia organizada. El número de juzgados no podría ser mayor debido a los pocos casos de delincuencia organizada que llegan a los juzgados en relación con otros delitos. Concentrar esos asuntos, añadieron, automáticamente convertiría a los dos o tres titulares encargados de esos juzgados “en blanco específico e identificable de presiones y eventuales atentados, en lo personal, en su familia y en sus bienes. Por ende, se constituiría en un factor de tensión adicional que a cada momento comprometería la objetividad, imparcialidad e independencia con la que los juzgadores pudieran desempeñar su función”. Sobre la figura de los jueces sin rostro, dijeron: lo único que se lograría sería generar un vínculo de dependencia respecto de los cuerpos encargados de brindarles seguridad. Y si ésta proviene de los cuerpos policiales que dependen del Poder Ejecutivo y coadyuvan con el Ministerio Público, “auténticamente se convertiría en un factor de sospecha constante para quienes fueran inculpados y (para) sus defensores”.Los jueces desecharon esa figura por el fracaso que tuvo en Italia, Perú y Colombia, donde a pesar del anonimato muchos de los juzgadores encargados de los casos de narcotráfico fueron asesinados, pero también por ser contraria al Estado democrático. Los juzgados especializados en delincuencia organizada, en los que existieran “jueces sin rostro” –dijeron–, son propios de los Estados autoritarios, pues “se configuraría un régimen jurisdiccional de excepción, con el consecuente retroceso que implica volver a los tribunales de naturaleza inquisitorial”.
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