Diputados acuerdan que leyes antiplagio no se apliquen a los luchadores sociales
ESE ES EL PEDO ATORADO... RECUERDEN QUE MEXICO ES EL PAIS DE "TODO ES AL REVES", ADIVINEN A QUIEN VAN A MATAR Y A DESAPARECER PRIMERO, CON SU LEY GESTAPO Y SU PENA DE MUERTE.Roberto Garduño y Enrique Méndez
AL CIUDADANO CON SU LEGITIMA PROTESTA Y SU JUSTO RECLAMO,
LOS PRIMEROS EN MORIR SON LOS POBRES Y LOS RICACHONES SON SUS VERDUGOS.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró solventar las diferencias generadas en el debate del proyecto de dictamen de reforma al artículo 73 constitucional, que aprobó por mayoría la normatividad para combatir el delito de secuestro. En el texto, presentado ayer mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados en primera lectura, se despenaliza la acción de los luchadores sociales, con objeto de que no sean acusados de privación ilegal de la libertad durante la toma de oficinas o la retención de funcionarios, como en la actualidad se contempla.
El texto podrá beneficiar a quienes en la actualidad se encuentren en prisión acusados de secuestro a raíz de su participación en acciones de protesta civil, porque, si bien las leyes no son retroactivas, sí operan en cuanto beneficien a un sentenciado.
Tras una semana de negociaciones y debates en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque los diputados panistas y priístas pretendían mantener las penas contra los luchadores sociales e intentaban restar responsabilidad al gobierno federal en el combate al secuestro, para transmitirla a los estados, éstos cedieron a la presión de perredistas, quienes consideraban que tales medidas, de mantenerse, incidirían en la constitución de un Estado represor.
De tal forma, ante la amenaza de la denuncia pública, los legisladores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional accedieron a la demanda del partido del sol azteca, al aceptar una adición referente a la conveniencia de hacer partícipes del combate al secuestro a los tres órdenes de gobierno.
La responsabilidad del combate a los plagios recaerá en los gobiernos federal y estatales.
“En ese sentido, es importante destacar que la reforma que hoy se propone no rompe con el pacto federal, toda vez que la mayoría de las legislaturas de los estados, en todo caso, deberán aprobarla para que se convierta en texto vigente. En una segunda decisión se advierte que el propósito del dictamen es dotar al Congreso de la Unión de las condiciones suficientes para establecer un marco normativo que permita atacar de manera coordinada y eficiente en toda la República el flagelo que representa la delincuencia organizada y el delito de secuestro, sin vulnerar la libertad de expresión de personas y grupos en el legítimo reclamo de sus derechos, en los términos del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, no se pretende criminalizar la lucha social ni confundir algunos excesos en el ejercicio de la misma, sin que ello implique la probable responsabilidad sobre actos imputables como delitos”, se señala en el texto.
En cuanto a delincuencia organizada, los diputados retomaron un argumento expresado en los considerandos del dictamen relativo a la reforma constitucional al sistema de justicia penal aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2007.
Tal precepto considera: “Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen un régimen determinado”.
De esa forma, la Comisión de Puntos Constitucionales convocó a la elaboración y aprobación del proyecto de dictamen, porque “el crimen organizado había encontrado en el recurso de amparo una vía hacia la impunidad, por un marco jurídico inexacto”, adujo el presidente de la propia comisión, Raymundo Cárdenas Hernández.
El representante perredista expuso que el dictamen pretende perfeccionar la norma actual, pero aclaró que no debe ser utilizado como instrumento persecutorio de los opositores políticos; por ello, se debe agotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá que se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal.
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El texto podrá beneficiar a quienes en la actualidad se encuentren en prisión acusados de secuestro a raíz de su participación en acciones de protesta civil, porque, si bien las leyes no son retroactivas, sí operan en cuanto beneficien a un sentenciado.
Tras una semana de negociaciones y debates en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque los diputados panistas y priístas pretendían mantener las penas contra los luchadores sociales e intentaban restar responsabilidad al gobierno federal en el combate al secuestro, para transmitirla a los estados, éstos cedieron a la presión de perredistas, quienes consideraban que tales medidas, de mantenerse, incidirían en la constitución de un Estado represor.
De tal forma, ante la amenaza de la denuncia pública, los legisladores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional accedieron a la demanda del partido del sol azteca, al aceptar una adición referente a la conveniencia de hacer partícipes del combate al secuestro a los tres órdenes de gobierno.
La responsabilidad del combate a los plagios recaerá en los gobiernos federal y estatales.
“En ese sentido, es importante destacar que la reforma que hoy se propone no rompe con el pacto federal, toda vez que la mayoría de las legislaturas de los estados, en todo caso, deberán aprobarla para que se convierta en texto vigente. En una segunda decisión se advierte que el propósito del dictamen es dotar al Congreso de la Unión de las condiciones suficientes para establecer un marco normativo que permita atacar de manera coordinada y eficiente en toda la República el flagelo que representa la delincuencia organizada y el delito de secuestro, sin vulnerar la libertad de expresión de personas y grupos en el legítimo reclamo de sus derechos, en los términos del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, no se pretende criminalizar la lucha social ni confundir algunos excesos en el ejercicio de la misma, sin que ello implique la probable responsabilidad sobre actos imputables como delitos”, se señala en el texto.
En cuanto a delincuencia organizada, los diputados retomaron un argumento expresado en los considerandos del dictamen relativo a la reforma constitucional al sistema de justicia penal aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2007.
Tal precepto considera: “Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen un régimen determinado”.
De esa forma, la Comisión de Puntos Constitucionales convocó a la elaboración y aprobación del proyecto de dictamen, porque “el crimen organizado había encontrado en el recurso de amparo una vía hacia la impunidad, por un marco jurídico inexacto”, adujo el presidente de la propia comisión, Raymundo Cárdenas Hernández.
El representante perredista expuso que el dictamen pretende perfeccionar la norma actual, pero aclaró que no debe ser utilizado como instrumento persecutorio de los opositores políticos; por ello, se debe agotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá que se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal.
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