¡¡ Que se chinguen, televisa y tv azteca !!
- Arrogancia, prepotencia e injurias enmarcaron los reclamos de concesionarios de radio y televisión
- Senado y poderes fácticos chocan en el marco de la reforma electoral
- La libertad de expresión, bandera de empresarios y conductores; al final reconocieron que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda política en medios electrónicos
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
“Tienen ustedes un bien propiedad de la nación”, les recordó Pablo Gómez a los empresarios Foto: Issac Esquivel/Cuartoscuro
Las grandes cadenas de televisión y radio enviaron ayer al Senado de la República a sus representantes legales y a la mayoría de los conductores y comentaristas de sus principales noticieros, con el fin de exigir que se posponga la aprobación de la reforma electoral bajo el argumento –esgrimido entre otros por Joaquín López Dóriga– de que restringe la libertad de expresión. Sin embargo, los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acabaron por reconocer que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos. Los senadores que dictaminan esa reforma constitucional se enfrentaron a un poder fáctico que ayer tuvo nombres y apellidos, presionó a fondo y no dudó en cuestionar, amenazar e inclusive insultar a los legisladores, a los que se acusó de tratar de regresar a la era de la URSS. La respuesta más puntual de los senadores la dieron el perredista Pablo Gómez, el panista Ricardo García Cervantes y María de los Angeles Moreno, del PRI. Gómez Alvarez les recordó a los empresarios que tienen bajo concesión un bien propiedad de la nación. Ante ello, la postura de los visitantes fue subiendo de tono. “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar”, advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.
“¡Nos van a arruinar los ratings!”
Antes, el dueño de una de las radiodifusoras más poderosas del país, Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, resumió el descontento de los concesionarios: “¡Nos van a quitar 30 por ciento del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings!”, exclamó. Sostuvo que pasará lo mismo que con el programa radiofónico La Hora Nacional, porque nadie verá los anuncios de los partidos. Entre aplausos de los comunicadores que llenaron el salón del quinto piso de la Torre de El Caballito, donde las comisiones dictaminadoras recibieron a los representantes de los concesionarios, Azcárraga –quien aclaró que nada tiene que ver con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean– sostuvo que la reforma “es casi expropiatoria” y aseguró que llevará a la quiebra a 950 estaciones de radio. Hasta antes de la intervención del empresario, los concesionarios, sus comentaristas y conductores de noticieros se habían centrado en defender la libertad de expresión, apoyados por senadores de Convergencia y del Verde Ecologista, entre estos últimos, Javier Orozco, uno de los impulsores de la llamada ley Televisa, que luego invalidó la Suprema Corte de Justicia.
La defensa de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que por varios días fue su tema favorito, ayer quedó en el olvido. Poco después de las 2 de la tarde, los directivos de la CIRT y su séquito de “estrellas” mediáticas fueron recibidos por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que previamente presentaron los cambios al proyecto de reforma electoral consensuados entre las tres principales fuerzas políticas. El presidente de la CIRT, Enrique Pereda, se quejó de que no fueron consultados para llevar a cabo un cambio tan importante, que da a los partidos políticos el derecho de “usar la radio y la televisión” a través de los tiempos del Estado. Francisco Aguirre, presidente del Grupo Radiocentro, y Francisco Ibarra, de Grupo Acir, reforzaron los cuestionamientos y acusaron a los legisladores de no sujetar a los partidos a reglas de transparencia. Tristán Canales, de TvAzteca, preguntó si no es mucho 48 minutos al día en cada estación de radio y televisión. López Dóriga criticó a su vez el contenido del artículo 41, en el que se prohíbe difundir mensajes en radio y televisión “susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadadanos, ni a favor ni en contra de partidos o candidatos”. Sostuvo que esa redacción atenta contra la libertad de expresión, pues la crítica a políticos equivaldría a violar la Constitución, “lo que me parece algo gravísimo”. Un poco después, Paty Chapoy, del programa Ventaneando, de Tv Azteca, reforzó esa idea al preguntar a los senadores si se convertiría en “criminal” al hablar de políticos y señalar –por ejemplo– que un gobernador “es guapo”.
El senador Ricardo Monreal Avila aclaró a López Dóriga que la redacción del artículo 41 constitucional fue modificada para evitar que la prohibición del pago de propaganda electoral en radio y televisión se interprete como la prohibición de la crítica a políticos en los medios electrónicos. Igualmente, el senador del Partido Revolucionario Institucional Jesús Murillo Karam respondió a los concesionarios que no hay intención alguna de atentar contra la libertad de expresión y aclaró que en este sexenio el ahorro por la disminución de gastos en campañas será de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, los concesionarios de radio y televisión siguieron insistiendo. Javier Tejado Dondé, funcionario de Televisa, acusó a los senadores de pretender estatizar la radio y la televisión, de otorgar en realidad más recursos a los partidos políticos, y deseó que la reunión no fuera sólo “para tapar el ojo al macho”. Pero fue la intervención de Pedro Ferriz de Con la que mostró la verdadera y furibunda cara de los concesionarios. Representante de la emisora beneficiada durante el sexenio foxista, el conductor dijo a los legisladores: “Se me hace una postura pueril y ridícula que le pasen a terceros el costo de los gastos de campaña”.
También, a gritos, señaló: “Ya estoy cansado de tanta palabrería. Nosotros pagamos impuestos, nadie nos ha regalado nada, se los recuerdo”. Además, acusó a los representantes populares de frenar el desarrollo del país y les reprochó que no hubieran permitido a Felipe Calderón rendir su Informe de gobierno. A los empresarios de la radio y la televisión se sumaron los legisladores de los partidos Verde y Convergencia. Dante Delgado, de esta última fuerza política, se sumó a la demanda de los concesionarios de posponer la aprobación de la reforma. Entonces, el perredista Pablo Gómez hizo frente a la andanada. De entrada, señaló que la Constitución es muy clara al precisar que la soberanía reside en el pueblo y que el Congreso tiene la representación popular y es sujeto de “críticas, insultos y denuestos, porque forman parte de la libertad de expresión”. Recordó también que la libertad de expresión de que hoy se goza en el país fue producto de un movimiento democrático que costó muchas vidas, y que lo que se quiere restringir en la reforma electoral es el poder del dinero, para que los partidos no estén bajo la presión de tener que conseguir donde sea y como sea recursos económicos para poder aparecer en las pantallas. Están en contra de que se legisle, sostuvo Gómez, porque “ustedes recibían en conjunto miles de millones de pesos, la mayoría, las grandes cadenas de televisión”. Mordaz, el perredista les pidió no preocuparse, ya que no es ahora cuando se busca modificar al duopolio televisivo. “Eso será después, en la ley de radio y televisión”.
La priísta María de los Angeles Moreno aclaró a su vez que no se intenta tener el control de los órganos electorales, sino que sean instituciones ciudadanizadas, y el panista Ricardo García Cervantes cerró la pinza al desmentir a Tejado Dondé y señalarle que es falso que se vaya a duplicar el gasto de campaña en los procesos electorales. “Vamos a salir al paso a cualquier intención ilegítima que irrumpa en procesos electorales y la principal irrupción es el dinero, porque no se sabe si es dinero sucio o limpio”, agregó. Después de casi cuatro horas, el poder mediático abandonó la sede senatorial; querían seguir hablando, pero el priísta Pedro Joaquín Coldwell dio por concluido el encuentro. Al despedirse, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Pereda, le pidió a varios senadores no aprobar “con prisas” la reforma electoral. Pero no tuvo éxito, el dictamen se aprobó horas después.
CIRT: en defensa del dineroAyer, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), encabezados por las dos principales empresas televisivas del país, comparecieron ante las comisiones dictaminadoras del Senado que discuten la aprobación de la llamada reforma electoral. El encuentro, una culminación de la campaña de presiones, chantajes y mentiras emprendida por las propias televisoras para impedir que el Congreso apruebe la supresión de la libre contratación de publicidad electoral en los medios electrónicos, derivó en una manifestación inequívoca de insolencia, característica de los dueños del dinero y de sus empleados, en la que se denostó al Poder Legislativo y a sus integrantes, se impugnó la Constitución y se distorsionó la verdad en cadena nacional. Con la insolencia característica de los dueños del dinero, los concesionarios, sus ejecutivos y hasta sus estrellas del espectáculo y la farándula hicieron uso y abuso de las radiofrecuencias –que son una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público– para efectuar una defensa multitudinaria, y en ocasiones vitriólica, de sus intereses económicos privados, y para denostar el proyecto legal que propone eliminar los gastos publicitarios discrecionales en las elecciones y canalizar la propaganda partidaria a los tiempos oficiales del Estado. Se ampararon en la pretendida defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia política, para abogar por lo contrario: el mantenimiento de un orden mediático que excluye a la enorme mayoría de la población, que desinforma a conciencia y que ha dado surgimiento a fortunas económicas e influencias políticas incompatibles con la democracia y la transparencia.
Tales discursos exhibieron su falsedad minutos después de pronunciados, cuando el duopolio televisivo censuró sin ningún pudor la intervención del senador panista Ricardo García Cervantes, contraria a sus intereses. La misma actitud censora se impuso el 1º de septiembre para sacar del aire la intervención de la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arguyendo que no se les había ordenado cadena nacional, y en cambio ayer la hicieron motu proprio. Los propietarios de medios electrónicos y sus ayudantes hablaron en nombre de una ciudadanía que ha sido por décadas desinformada, engañada e intoxicada por los contenidos transmitidos a través de los canales del duopolio televisivo y parte importante de los concesionarios radiales. Como si no hubiesen sido los mismos consorcios los que han restringido o suprimido la libertad de expresión de los comunicadores y cancelado el derecho ciudadano a la información. Como si la televisión privada y parte de la radio comercial, que hoy se benefician con la libertad de expresión arduamente conquistada por generaciones de mexicanos a un costo humano enorme –incluida la pérdida de muchas vidas– no fueran un lastre histórico para el desarrollo de la democracia en el país, un obstáculo a veces insalvable para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y un factor de palmaria inequidad pues, en la lógica mediática actual, los dueños de medios gozan de una libertad de expresión inimaginable para el resto de los ciudadanos.
En esa historia vergonzosa y exasperante destacan episodios como el autismo cómplice de la televisión ante la represión del movimiento estudiantil de 1968 y ante la guerra sucia que siguió en los sexenios siguientes; la convalidación de Televisa al fraude electoral de 1988; las distorsiones de Tv Azteca con motivo del asesinato de Francisco Stanley, y el vergonzoso linchamiento mediático de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial del año pasado. A este respecto, en el proceso electoral de 2006 se puso de manifiesto un fenómeno alarmante e inaceptable: como lo admitió un legislador panista, uno de los componentes fundamentales del triunfo oficial de Felipe Calderón fue el poder del dinero, dinero que se empleó en la compra masiva de mensajes publicitarios que denigraban la imagen de su principal oponente. Se violentó, de esa manera, el principio básico de que la soberanía emana del pueblo en su conjunto, no de los potentados, y que los procesos electorales sirven para poner de manifiesto la voluntad ciudadana, no la de los grandes capitales. En abril de 2006 los empresarios televisivos emplearon su colosal e ilegítimo poder fáctico para someter al Senado, el cual aprobó un engendro popularmente llamado ley Televisa, por medio del cual se regalaba a los grandes concesionarios una enorme tajada de frecuencias que son de propiedad pública. La legislación era tan impresentable que fue devuelta al Legislativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, los intereses mencionados pretendieron, una vez más, intimidar y chantajear a los senadores. Lograron, en cambio, poner en evidencia ante la opinión pública que tras sus alegatos no hay más que descarnados intereses comerciales, monetarios y de poder. Es posible que su arrogancia haya logrado otro efecto indeseado: el de fortalecer el acuerdo entre las bancadas legislativas para acabar con el injustificable gasto publicitario pagado por los contribuyentes y capitalizado por los accionistas de las grandes cadenas televisivas y radiales.
La estructura de la propiedad de los medios electrónicos –especialmente los televisivos– y las formas de concesión del espacio radioeléctrico en el país deben ser modificadas a fondo para suprimir el poder fáctico que ejercen los propietarios de las empresas mediáticas, ensanchar la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo, y para hacer posible la democratización efectiva del país. En lo inmediato, los senadores tienen ante sí la obligación moral y política de preservar la soberanía popular que representan de los embates de corporaciones insaciables, y de defender su propio trabajo de concertación legislativa que, en esta ocasión, es digno de reconocimiento.
Difunden en la CIRT lista de gente afín a esa industriaEnrique Méndez y Roberto Garduño Andrés Massieu, secretario técnico de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y ex secretario privado de Carlos Salinas de Gortari, envió a los integrantes de ese organismo empresarial una serie de líneas de comunicación contra la reforma electoral y en defensa del presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde. Mediante un correo electrónico, Massieu propuso a los concesionarios de medios electrónicos de comunicación un listado de personajes afines a los intereses de las empresas del ramo, con objeto de abrirles espacios para confrontar la iniciativa de reforma electoral que actualmente se discute en el Congreso. El 6 de septiembre, el funcionario de la CIRT transmitió un correo electrónico a los concesionarios con la siguiente recomendación: “Estimados (as). En adición a los documentos que les hice llegar, les envío una lista de propuesta de personalidades a las cuales sería conveniente abrirles espacios. Agradezco su atención”.
(¿Y LOS DE IZQUIERDA? VAYA LISTA DE PALEROS)Los personajes referidos son: Alejandro Rossi, Alvaro Matute, Angeles Mastretta, Benito Nacif, Blanca Heredia, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Carlos Marín, Carlos Tello Díaz, Ciro Gómez Leyva.También Denisse Maerker, Enrique Alducin, Enrique Florescano, Enrique Krauze, Federico Reyes Heroles, Fernando Escalante, Francisco Abundis, Germán Dehesa, Héctor Aguilar Camín, Ignacio Almada y Jacqueline Peschard. Agrega a Javier Aparicio, Jean Meyer, Jorge Buendía, Jorge G. Castañeda, Jorge Fernández Menéndez, Josefina Zoraida Vázquez, Leo Zuckerman, Leonardo Curzio, Luis de la Barreda Solórzano, Luis González de Alba, Luis Miguel Aguilar, Luis Rubio, Marco Levario, María Amparo Casar, Miguel González Compeán, Olga Elizabeth Hansberg, Peter Bauer, Raúl Trejo Delarbre, Ricardo Raphael, Roberto Diego Ortega, Roy Campos, Sergio López Ayón, Soledad Loaeza y Ulises Beltrán.En el texto que recibieron los integrantes de la CIRT se desglosa el financiamiento para las elecciones presidenciales. Se manifiesta que por 180 días de proceso electoral el gasto total ascendería a 5 mil 339 millones de pesos, cifra que, dividida por el número de días implicaría un gasto diario de 29 millones 660 mil pesos.Según su evaluación, con la reforma propuesta por el Senado, que llevaría las campañas políticas a sólo 90 días, el gasto total sería de 3 mil 651 millones de pesos, que representaría una erogación diaria de 40 millones 57 mil pesos. En medio de la polémica derivada por la respuesta de los concesionarios de radio y televisión, destaca la actuación del diputado priísta Eduardo Sánchez Hernández, quien fue en su encargo más reciente vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. El legislador, quien continúa defendiendo los intereses de la industria, demostró que la defensa de los empresarios de la radio y la televisión al IFE es sólo coyuntural, pues en febrero pasado presentó una iniciativa de reforma a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para acotar, precisamente, las funciones del instituto.
Cobertura sorpresiva El despliegue de las dos grandes televisoras y de las principales cadenas de radiodifusión fue ayer impresionante. Joaquín López Dóriga y otros conductores de radio transmitieron en vivo el encuentro que los concesionarios sostuvieron con los integrantes de las cuatro comisiones que dictaminan la reforma electoral.
Permanece al margen el gobierno federalFabiola Martínez
El gobierno federal aseguró que permanece al margen de las diferencias surgidas entre la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Poder Legislativo acerca de la reforma electoral. Sin embargo, fuentes consultadas informaron que el presidente de los concesionarios (agrupados en la CIRT), Enrique Pereda, ha mantenido comunicación con funcionarios públicos en un intento de acercamiento para conocer, de primera mano, la postura del gobierno federal frente al proyecto de dictamen de la reforma electoral, en particular la prohibición de contratar tiempo en radio y televisión.
Amenazan medios trabajo legislativo, afirman expertosAlonso Urrutia
La presencia de representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), acompañados por los principales conductores de los medios de comunicación, en la reunión con las comisiones unidas del Senado que dictaminan la reforma electoral fue una expresión “amenazadora frente al trabajo legislativo de un poder del Estado”.Pretenden mantener intacta la influencia de los poderes fácticos en los procesos electorales, no sólo en cuanto a ganancias económicas sino en lo político, manifestaron, por separado, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Beatriz Solís, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Exitosa fiesta de disfraces la de ayer en el Senado de la República, donde las puertas fueron abiertas de par en par para que la cúpula, con el indeleble sello de Televisa-Tv Azteca, de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRT, presumiera su capa de piel de oveja y enseñara su máscara de demócrata, defensora de la libertad de expresión y adalid de la constitucionalidad.
El cardenal Norberto Rivera Carrera incurrió en una serie de contradicciones ante la Corte Superior de Los Ángeles sobre Nicolás Aguilar Rivera, sacerdote acusado de abusar sexualmente de cerca de un centenar de menores, tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con documentos que ayer hicieron públicos la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes Católicos (SNAP, por sus siglas en inglés) y Joaquín Aguilar –querellante ante el tribunal estadunidense del cardenal Rivera Carrera y de la diócesis de Tehuacán, Puebla, por supuesto encubrimiento a Nicolás Aguilar, su agresor sexual–, en su primera declaración por escrito el prelado argumentó que había rumores de que el presbítero permitía que “hombres adultos” pernoctaran con él en la parroquia San Sebastián Mártir, de Cuaucnopalan, Puebla, en los 80. Pero una denuncia entregada por la defensa jurídica del cardenal establece que se trataba de “chamacos”. Además, persiste la duda sobre si el jerarca mexicano entregó una carta a su homólogo de Los Ángeles, Roger Mahony, advirtiéndole sobre el comportamiento de aquel sacerdote, cuando le informó sobre la intención de trasladarlo a la arquidiócesis de dicha ciudad estadunidense, pues el papel, escrito con máquina mecánica, no trae membrete ni sello episcopal alguno, sólo la firma de Rivera Carrera. A la presentación de los documentos acudieron denunciantes de abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica, como José Barba, víctima de Marcial Maciel; Alberto Athié, ex sacerdote que renunció a sus votos por la falta de castigo para quienes comenten ese tipo de agresiones, así como Lizet y José Bonilla –éste último representante legal de Joaquín Aguilar en México–, padres de un menor presuntamente violado por un profesor del Colegio Oxford, de los Legionarios de Cristo, entre otros.
“Tienen ustedes un bien propiedad de la nación”, les recordó Pablo Gómez a los empresarios Foto: Issac Esquivel/Cuartoscuro
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