Jose Angel Cordova peor que monja : pruebas obligatorias de VIH

• La Ssa debería vigilar el respeto de los derechos humanos de grupos vulnerables, aseguran
• Condenan activistas propuesta de volver obligatoria la prueba del sida
• El señalamiento de José Ángel Córdova contraviene la NOM sobre prevención y control del mal, declaran
• Los exámenes forzosos no funcionan, debe impulsarse la prevención: CNDH
• El Estado no puede suplir las decisiones que deben tomar los individuos, afirma el organismo

Ángeles Cruz Martínez(Enviada)

Activistas y pacientes con VIH-sida señalaron que las pruebas para detectar el mal deben ser voluntarias y confidenciales. En la imagen, protesta de seropositivos en Paseo de la Reforma por el desabasto de fármacos Foto: Archivo La Jornada León, Gto., 29 de noviembre. Un rechazo unánime de activistas, hombres y mujeres que viven con VIH/sida, trabajadoras sexuales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), provocó la opinión del secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, respecto de que en algunos casos se debe realizar de manera obligatoria la prueba de detección de la enfermedad. Las organizaciones civiles exigieron al funcionario que rectifique y se retracte de su declaración, porque ningún gobierno puede volver a plantear el tema. Más bien, dijeron, debería hacer respetar los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales, a quienes en los hechos, autoridades municipales del país los obligan a realizarse el examen clínico en contra de su voluntad, a pesar de que con ello se contraviene la Norma Oficial Mexicana 010 sobre prevención y control de la epidemia. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por ejemplo, cada semana, las trabajadoras sexuales pagan 250 pesos a los servicios de salud estatales por la prueba, pero si quieren “exentar” el requisito tienen que desembolsar 500 pesos, los cuales entregan al director de la zona de tolerancia en esa ciudad, aseguró Oyuki Ávila, del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (Cifam).

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/sida de la CNDH, resaltó que las pruebas obligatorias de detección del mal no sirven para nada. Lo que se requiere para detener el crecimiento de la epidemia en el país es “impulsar la educación sexual; difundir la información científica y objetiva sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad, y sensibilizar a las personas sobre el posible riesgo en que se pueden encontrar a causa de sus prácticas sexuales”.La única excepción que reconoce la norma es cuando existe una orden judicial, en el caso, por ejemplo, de la investigación de delitos sexuales y para asegurar que la víctima no fue contagiada de alguna enfermedad. En ningún otro caso se puede exigir el examen, subrayó.Recordó, además, que existe el periodo conocido como de “ventana”, en el que a pesar de que la persona sea portadora del virus, puede pasar desapercibido en el laboratorio. Por ello y porque viola los derechos humanos, es inviable incluirla entre los requisitos para contraer matrimonio ni como control sanitario. En entrevista, el funcionario puntualizó que el Estado no puede suplir las decisiones que deben tomar los individuos en ejercicio de su libre albedrío. Más bien, dijo, les debe proporcionar las herramientas a fin de que puedan tomar sus propias decisiones.Además, “es ingenuo pensar que en una relación de pareja la vida sexual empieza cuando se corta el listón el día del matrimonio civil. Muchas parejas ya tienen una vida en común previa”, y recordó el reciente caso de Chihuahua, donde se pretendió negar la realización del trámite civil a una pareja –uno de cuyos miembros vive con VIH/sida– que llevaba una convivencia de 12 años.

Respecto de las y los trabajadores sexuales, mencionó que reportan una de las más bajas prevalencias de la infección por VIH. Obligarlos a practicarse el examen sólo genera una “falsa seguridad” de protección y favorece la extorsión policiaca. A su vez, Hilda Esquivel, presidenta de la organización Mexicanas Positivas por la Vida, señaló que si bien la epidemia está aumentando entre las mujeres y se habla de la feminización del mal, no se trata de que “se nos utilice y nos conviertan en víctimas” y tampoco, agregó, deben buscarse culpables. La prueba de detección debe ser voluntaria, subrayó. Del total de casos de sida registrados en el país, 115 mil 651 –17 por ciento son mujeres–, en su mayoría infectadas por vía sexual. Más tarde, una vez que trascendió entre los congresistas la declaración que hizo el secretario Córdova, durante una entrevista de prensa al término de la ceremonia inaugural, integrantes de organizaciones civiles organizaron una conferencia de prensa en la que rechazaron cualquier posibilidad de que se institucionalice la obligatoriedad de la prueba de detección del VIH. “Y tan bien que iba, pero dio un pasito para adelante y 10 para atrás”, señaló Juan Jacobo Hernández, del Colectivo Sol. Le exigió al secretario que rectifique, “porque (esa opinión) no va a pasar”. A su vez, Arturo Díaz, de Mexsida, comentó que ni en Cuba, donde en los primeros años se realizó una detección obligatoria, se mantiene una medida como ésta. En todos los tonos, los activistas señalaron que México ha firmado compromisos internacionales, entre los que se encuentran el de garantizar la voluntariedad de la prueba, su confidencialidad y el respeto a los derechos humanos de las personas.

En tanto, hoy mismo, se reunió en la ciudad de México el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, y por unanimidad aprobó el proyecto de modificación de la NOM 010, en el que se confirma que como medida de control, la prueba de detección del VIH no se solicitará como requisito para contraer matrimonio, obtener empleo o acceder a bienes y servicios de cualquier tipo.Además, se debe regir por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad. Debe ser voluntaria y es obligación de los servicios de salud ofrecerla a todas las personas.

Kikka Roja

Infamia en la Corte : Lydia Cacho

Editorial
Infamia en la Corte

En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”. De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal. La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.

El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población. No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder. Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.

Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido : El paso atrás

El paso atrás

Luis Javier Garrido

El primer año del gobierno impuesto a México por los grupos oligárquicos tras el fraude electoral de 2006 se termina en medio de un desastre institucional, con una incapacidad manifiesta de los personeros de la extrema derecha que se apoderaron del gobierno para enfrentar los graves problemas nacionales y sin que la clase política en su conjunto pueda enfrentar el desafío, como evidencia el fracaso de la llamada “reforma electoral”.

1. México se encuentra varado tras el primer año del gobierno ilegítimo, sin tener políticas nacionales ante la embestida del capital trasnacional y sin la posibilidad de salir por la vía legal del desastre institucional en el que se halla, pues se ha instaurado un régimen de simulación en el que la mayor parte de los integrantes de la “clase política” están dispuestos a seguir desmantelando al Estado nacional e ir entregando los recursos estratégicos de la nación al capital trasnacional: desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia dela Nación hasta los legisladores de todos los partidos.

2. Los Pinos ya no es el centro del poder político nacional, pues mientras Felipe Calderón sigue obsesionado por su carácter de ilegítimo, atendiendo cuestiones de partido y actuando como aspirante a jefe de facción, los miembros de la burocracia política en su conjunto despachan los asuntos oficiales, sin que se sepa bien quién tiene autoridad sobre quién, y sobre todo sin poder hacer valer, como algunos pretenden, la autoridad del Estado, pues salvo algunas raras excepciones todos se hallan doblegados ante los poderes fácticos nacionales y trasnacionales.

3. México sigue siendo un país de reglas “no escritas”, de componendas y concertacesiones, en el que la Constitución y las leyes no se respetan, y en el que las mafias, que gobiernan por un acuerdo de intereses, no asumen tener más mandato que el de quienes detentan el poder económico, sin darse cuenta de que el descontento popular sigue creciendo.

4. El ejemplo más claro del fracaso institucional lo constituye la llamada “reforma electoral de 2007”, que se planteó como un gran cambio tras el macrofraude de 2006, y que está concluyendo luego de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial el 13 de noviembre, con la aprobación de ridículos cambios reglamentarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ante las promesas de los legisladores y las expectativas despertadas por sus declaraciones se termina como un paso atrás muy claro ante los poderes fácticos y las mafias de interés que se han apoderado del Estado: con un “más de lo mismo”. Fue un verdadero “parto de los montes” o, como dirían los franceses, los legisladores “dieron a luz un ratón”.

5. La fracasada reforma dejó intactas las instancias que permitieron el fraude de 2006, por lo que nada impide que éste pueda volver a repetirse. Las perversiones del sistema podrán continuar, pues el Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalemente, en lo relativo al papel de los medios.

6. El IFE seguirá además bajo el control de los partidos políticos –y en particular del o de los partidos en el gobierno–, pues ése fue el escenario que pactaron Salinas y el PAN en 1988 –y que funcionó desde entonces en todas las elecciones–, lo que muchos no acaban de entender. De manera que la defenestración de Luis Carlos Ugalde como un pequeño delincuente electoral más en la historia mexicana no tiene trascendencia alguna, pues no sólo no se le procesó ni encarceló por los gravísimos delitos cometidos contra la nación, tanto por él como por Fox y Calderón, sino que se le protegió buscándole chamba en Estados Unidos.

7. Los concesionarios de los medios, que en 2006 fueron uno de los instrumentos del fraude, pues violando la ley recibieron dinero sucio e hicieron campañas ilegales para imponer a Calderón, y que los legisladores de los tres partidos –PRI, PAN y PRD– indicaron iban a someter a la legalidad prohibiéndoles en la reforma constitucional contratar publicidad electoral, reaccionaron entonces en violenta andanada que ahora han repetido al redactarse el Cofipe, la cual culminó con el violento discurso contra los partidos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tv Azteca ante Calderón el jueves 22, y que ha terminado por doblegar a los legisladores, que pretendían legislar en lo relativo, ya no a los espacios publicitarios, sino al resto de la programación que los medios quieren seguir utilizando para fines políticos.

8. Los dueños de Televisa, de Tv Azteca y de las radiodifusoras están haciendo valer su prerrogativa de imponerle gobernantes al país y para ello vociferan una y otra vez que se está tratando de coartar la libertad de expresión. Los noticiarios de la televisora del Ajusco –escribió el comentarista de Televisa Ciro Gómez Leyva– “son espacios de interés para facilitar buenos negocios económicos y políticos” y se encuentran por lo tanto, “bien lejos de los compromisos esenciales de la tarea periodística” (Milenio Diario, 28/11/07), sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de los de Televisa.

9. El retroceso que vive el país es descomunal, pues los integrantes de la “clase política” no sólo no afectaron, como lo habían ofrecido, las prerrogativas anticonstitucionales que tienen de hecho los dueños del duopolio. sino porque están dejando la impresión de que quisieron y no pudieron: de que una vez más se doblegaron ante los poderes fácticos.

10. Y la lección, una vez más, es la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.

Kikka Roja